Roberto Media, consejero de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente repasa la actualidad y los principales proyectos de su departamento, que quiere sea profundamente inversor para convertirse en uno de los motores económicos de la región. Entre sus objetivos,  Media habla de la necesidad de construir vivienda pública con el apoyo de la iniciativa privada y de aprobar un plan de carreteras hasta 2030 consensuado, a poder ser, con el resto de grupos parlamentarios. Anuncia que la nueva Ley de Vivienda de Cantabria llegará este año al Parlamento, que será exigente ante el Gobierno central para que cumpla sus acuerdos en materia de infraestructuras, y reitera su compromiso de contar con un nuevo Plan Regional de Ordenación Territorial (PROT) antes del final de esta legislatura.

Manuel Casino |  @mcasino8 | Febrero 2024

Pregunta.– Al poco de tomar posesión de su cargo se comprometió a que su departamento sea uno de los motores económicos de la región durante esta legislatura. ¿Cómo piensa cumplir con este objetivo?
Respuesta.– Con mucha inversión, mucho trabajo y gestionando de forma mucho más rápida el presupuesto de la consejería, que este año asciende a 289 millones de euros, y que queremos poner encima de la mesa cuanto antes para que pueda generar actividad y empleo. Además, intentamos en los últimos meses del pasado año perder la menor cantidad posible de todo ese dinero que se había quedado sin gastar por todos aquellos problemas que arrastró el departamento y pusimos en marcha un importante plan de obras en los municipios. A partir de ahora, que contamos con este presupuesto que es bastante ambicioso, lo que no vamos a dejar es de gastar nada de lo que aparece reflejado en el mismo.

P.– Acaba de citarlo. Su consejería cuenta con un presupuesto de más de 289 millones de euros para este 2024, de los que el 60% están destinados íntegramente a inversiones “reales”. ¿Son las cuentas que necesita Cantabria?
R.– En un departamento como el nuestro nunca todo lo que se pone encima de la mesa es suficiente. Lógicamente, con más dinero podríamos hacer más inversiones, pero creo que los 175 millones de euros destinados a inversiones reales, más los Fondos de Recuperación y Resiliencia previstos en el presupuesto, que superan los 49,5 millones, más otros fondos que se van a ir incorporando a lo largo de esta anualidad procedentes de Europa, fundamentalmente para cubrir el agujero detectado en las ayudas para rehabilitación de viviendas, que rondarán los seis millones de euros, es un montante razonable para encarar el ejercicio.

P.– Una de sus apuestas pasa por dar un impulso a la vivienda pública. De hecho, la semana pasada avanzó su intención de poner en marcha el plan de construcción “más ambicioso de la historia de Cantabria” con la colaboración de sector privado. Sin embargo, ¿no cree que encarecer la vivienda y los alquileres para hacer rentables y atractivas este tipo de promociones pondrá aún más difícil el acceso a ellas de los personas con menos recursos, además de a los jóvenes?
R.– No, para nada. Lo dije el otro día en rueda de prensa. Hemos modificado el módulo autonómico de VPO porque, entre otras cuestiones, seguimos siendo tras esta modificación una de las comunidades autónomas más baratas, solo por detrás de Murcia, Castilla y León y Canarias. Lo que no podemos permitirnos es un mercado en la que la vivienda de protección oficial esté absolutamente por debajo del coste de construcción. Los resultados a la vista están. El anterior gobierno regional no ha construido ni una sola vivienda en los últimos años. El único que ha construido ha sido el Ayuntamiento de Santander. Y no podemos seguir en esa dinámica. Queremos que el Gobierno de Cantabria promueva viviendas y por eso está el plan que ya anunció hace meses la presidenta de 171 viviendas en una primera fase.  En este mes de febrero saldrán a licitación la construcción de las primeras ocho viviendas en Santillana del Mar y otras 19 en Reinosa, y en los próximos meses irán saliendo a concurso, de acuerdo con ese plan, 15 viviendas en Polanco, siete en Piélagos, 27 en Torrelavega, 28 en Santoña, tres en Marina de Cudeyo y cinco en Laredo. Habrá una segunda fase pero para ello necesitamos que estas viviendas sean rentables desde el punto de vista de la promoción. No podemos echar de la construcción de viviendas públicas a la iniciativa privada. Y en Cantabria, por la inacción del anterior Ejecutivo, se les había echado como demuestra que no haya habido ni una sola vivienda promovida por el sector privado en los últimos años. Eso es insostenible.
En cuanto al alquiler, en el caso de Santander y Cantabria estaríamos hablando de precios máximos de 519 euros; en el resto de municipios costeros, de 483; y en los restantes de 451 euros. Entiendo que son precios muy asequibles que no expulsan a nadie del mercado. Cuando echamos a las personas del mercado de VPO es cuando no construyen que, insisto, es lo que ha venido ocurriendo en Cantabria.

P.– Se calcula que en Cantabria existen 28.000 pisos vacíos que ustedes quieren sacar al mercado de alquiler a precios asequibles. ¿Qué tiene que cambiar para que este programa no sea un fracaso, tal y como le ocurrió cuando lo intentó al anterior Ejecutivo?
R.– Lo primero que necesitamos es seguridad jurídica. Se lo dije el otro día a la ministra en la Conferencia Sectorial. La Ley de Vivienda no puede ser una norma absolutamente sectaria e ideologizada. Lo que está claro es que los propietarios que tienen una vivienda vacía no ven, ahora mismo, sacarla al mercado como una posibilidad. Porque no saben si van a cobrar, no saben si la van a poder recuperar y no saben si van a poder sacar un rendimiento con unas mínimas garantías. Lo que tenemos que dar a esos propietarios es garantías. Pero estas garantías no son, como planteaba la ley en Cantabria, multarles por tener viviendas. Cuando una persona ha conseguido un patrimonio, ese patrimonio es suyo y la propiedad privada en España está garantizada por la Constitución. No se puede obligar a sacar sus viviendas al mercado, lo que hay que hacer es incentivarles con medidas fiscales y, sobre todo, de seguridad jurídica. La nueva Ley de Vivienda de Cantabria, que llegará al Parlamento a lo largo de este año, va a aportar esta serie de medidas, que sin duda redundarán en beneficio del mercado. Sobre el programa de Movilización de Vivienda Vacía al que aludía, es muy claro. La realidad es que a este plan autonómico, que garantiza al propietario cobrar la renta de alquiler durante siete años, solo se presentaron siete solicitudes en toda Cantabria. Eso quiere decir que algo ha fallado y es la seguridad jurídica.

El consejero muestra una comparativa gráfica. Foto: Nacho Cubero

P.– El Gobierno también ha modificado la conocida como Ley del Suelo retrotrayendo la regulación a la normativa de 2012 para, entre otros temas, permitir la construcción de vivienda unifamiliar en suelo rústico y dinamizar así económica y socialmente las zonas rurales. ¿No teme que el territorio se llene de hormigón, como aseguran que ocurrirá sus detractores?
R.– Esas dudas se solventan dándose un paseo por cualquier pueblo de Cantabria. Desde 2012 se puede construir en suelo rústico cumpliendo una serie de condiciones. Si haces ese recorrido por cualquier pueblo de la región, ves que no se ha producido ningún ataque a ningún suelo productivo, tal y como nos cuentan los grupos ecologistas y algunos partidos políticos que pretenden aprovecharse de estas cuestiones. Que en Cantabria existe mucha vivienda unifamiliar es de ahora y de siempre. No hay ningún problema en que sea así. Forma parte de nuestra tipología, de nuestro paisaje. El cambio partidista que el Partido Socialista introdujo en esta norma en la anterior legislatura, y pese a que se corrigieron algunas cuestiones durante su tramitación parlamentaria, no ha sido respaldado ni por los propios alcaldes, de todos los partidos políticos, ni por grupos parlamentarios que, aunque apoyaron esta ley, nunca la consideraban suya. Ahora hay una cosa clara. El PP ha ganado las elecciones autonómicas y teníamos un programa electoral en el que dijimos que lo íbamos a hacer. Ahí no hemos engañado a nadie. Los compromisos en política se cumplen. La nueva ley, que está en funcionamiento desde el pasado 1 de enero y que goza de una mayoría amplísima, respeta además la autonomía absoluta de los municipios, de forma que aquel que no quiera que exista en su término municipal un área de desarrollo rural, que es como así se llama en la ley, puede eliminarla. Me gustaría ver qué ayuntamiento en los próximos años, y de qué signo político, decide eliminar estas áreas. Supongo, por las noticias que tengo y por lo que me transmiten los alcaldes, que ningún municipio de Cantabria lo va a hacer. Por lo tanto, la ley no será tan mala, por mucho que algunos se empeñen en transmitir ese miedo que para nada se corresponde con la realidad.

P.– Ha garantizado la aprobación del Plan Regional de Ordenación Territorial de Cantabria (PROT) en esta esta legislatura. ¿Puede ser más concreto?
R.– Ya estamos trabajando en ello y es una garantía que se va a aprobar en esta legislatura. Queremos que sea un PROT que recoja una amplia mayoría del espectro parlamentario y creo que lo vamos a poder conseguir. Lo primero que hemos hecho es recopilar toda la documentación de los últimos ocho años para ver cuál es utilizable y, a partir de ahí, iremos dando los primeros pasos en la definición de este plan, que es el elemento más primordial que tiene la ordenación del territorio en Cantabria. Es un compromiso del Gobierno y Cantabria, cuando termine esta legislatura, tendrá un PROT.

P.– Sostiene que al Gobierno de España se le acumulan los compromisos pendientes con Cantabria en materia de infraestructuras. ¿Vislumbra una salida a este atolladero?
R.– He solicitado una reunión con el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible [el encuentro ya se habrá celebrado días antes de la publicación de esta revista] en la que le trasladaré todas las reivindicaciones. Queremos que se vayan dando pasos. Para nosotros es prioritaria la conexión con el AVE a Reinosa, como también es básica la conexión ferroviaria con Bilbao y conocer qué ha pasado con el estudio informativo de este tren. Además, otro tema que nos preocupa muchísimo es el de la estación intermodal de La Pasiega.

P.– De todas las obras aún sin ejecutar o que no avanzan al ritmo deseado, según ha dicho usted, ¿cuál es la que más le preocupa?
R.– Como he dicho antes, el AVE a Reinosa es un tema que ya no tiene vuelta atrás. Lo que hay que hacer es avanzar en los proyectos y en la ejecución de las obras. Además, está el tema de los soterramientos de las vías, que es muy importante. En Torrelavega ya han empezado las obras de la vía auxiliar y de los servicios afectados y creo que a lo largo de 2025 ya podremos estar en condiciones de ver cómo se licitan estas obras de soterramiento. En el caso de Santander, los plazos ya se han marcado en las últimas reuniones mantenidas entre el Ayuntamiento, Adif y el Gobierno de Cantabria, y se prevé la finalización de las obras en 2028. En cambio, en Camargo, lo que ocurre es que no hay un papel hecho. Hay un borrador para esa integración y soterramiento de las vías por un importe de 12,5 millones de euros, pero que nunca se ha llegado a firmar. Por tanto, la firma de este convenio con el Ministerio va a ser una de mis reivindicaciones. De otro lado, también está la eliminación de los pasos a nivel, que supone un esfuerzo importantísimo para nosotros, incluyendo alguno más de los que estaban previstos por el anterior gobierno. A partir de ahí, el siguiente hito es el tren a Bilbao, en el que queremos poner todo el énfasis.

P.– Europa rechazó a finales del pasado año el tren Santander-Bilbao dejándolo fuera de la Red Básica Ampliada de la Red Transeuropea de Transportes. Esta negativa deja en manos del Ejecutivo central la financiación de esta conexión. Así las cosas, ¿qué esperanzas tiene de que este tren vea la luz?
R.– Hemos visto muchos ministros pasar por Cantabria diciendo que si este tren no lo financiaba Europa lo iba a financiar el Gobierno de España. Por lo tanto, es el momento de que si no lo hace la UE lo haga el Ejecutivo central. En cualquier caso, lo que hay que hacer es avanzar en los proyectos. Ya podemos pensar que lo financie uno u otro, pero si no hay proyecto que financiar no se financiará nada. El estudio informativo tiene que estar acabado, pero a día de hoy no lo conocemos. No sé si algún cántabro lo conocerá, pero desde luego que este Gobierno no lo conoce.

Mi consejería va a pagar la obra de la carretera que une La Solía con La Pasiega y que acaba en Zurita, del orden de 30 millones de euros. Todo esto tiene sentido si existe la estación intermodal.

P.– La nueva delegada del Gobierno, Eugenia Gómez de Diego, aseguró hace unos días que el estudio de viabilidad técnica y económica de la estación intermodal de La Pasiega está “a la espera”. ¿Tiene alguna novedad al respecto?
R.– Estaba a la espera antes de abril; estaba a espera para el verano; estaba a la espera en octubre… Estamos en febrero de 2024 y seguimos a la espera. No creo que un estudio de estas características necesite tantísimo tiempo para su elaboración. El Gobierno de Cantabria y los cántabros merecemos saber cuáles son las conclusiones de ese estudio. Porque aquí se nos ha dicho que era un compromiso irrenunciable de los gobiernos de Cantabria y de España. De hecho, el Ejecutivo central ya ha puesto dinero para financiar parte de las obras de esta infraestructura. Y el Gobierno de Cantabria también esta cumpliendo sus compromisos y está ejecutando la primera fase de La Pasiega. Mi consejería va a pagar la obra de la carretera que une La Solía con La Pasiega y que acaba en Zurita, del orden de 30 millones de euros. Todo esto tiene sentido si existe la estación intermodal. Y eso es una competencia exclusiva del Estado. Son ellos los que nos tienen que decir si lo van a hacer o no. La delegada del Gobierno ha reiterado que es un compromiso del Gobierno central. Pero no puede ser ‘sine die’, algún día habrá que concretarlo. Porque las obras siguen avanzando y a este paso vamos a terminar el envoltorio sin tener el eje principal.

P.– La llegada del AVE a Asturias ha agudizado el aislamiento de Cantabria, que no cuenta con un solo kilómetro de alta velocidad ni un plazo claro para su llegada. ¿Se atreve a poner una fecha para acabar con este retraso?
R.– Lo que yo espero es el compromiso de quien tiene que poner esa fecha, que es el Ministerio de Transportes. Ha habido problemas en la salida del AVE a Palencia y parece que las obras de los tramos avanzan ahora a un ritmo más razonable, pero necesitamos que los correspondientes a la parte de Cantabria se materialicen y que las licitaciones se lleven a cabo. No depende de nosotros, pero vamos a ser muy exigentes para que el Ministerio cumpla con los teóricos plazos, que es verdad que cada poco tiempo van cambiando, pero que necesitamos que sean definitivos. Espero que no tarde mucho en llegar el AVE a Reinosa, pero sobre todo espero en que no tarden mucho en darnos esos plazos para que yo se los pueda transmitir luego a los ciudadanos de Cantabria.

P.– Casi un año después de que saltara el ‘caso Obras Públicas’, los contratos investigados por presuntas irregularidades en su adjudicación siguen pendientes de ejecutar. ¿Por qué?
R.– Antes de volver a sacarlos a licitación, lo primero que hemos tenido que hacer es analizar cómo estaban esos pliegos para saber si había presupuestos inflados o mediciones que no eran las correctas. El primero de ellos ya salió a licitación a finales del pasado año y está a punto de adjudicarse; el resto lo hará a lo largo del primer semestre de este año. Pretendemos ajustarlos de un modo más razonable porque había contratos que se iban solapando unos con otros. Ahora lo que queremos es hacer contratos más grandes y con una finalización común. Esto nos exige una serie de tramitaciones. Hay una planificación que anunciaremos con detalle en las próximas semanas, pero esos contratos van a salir ya, además de forma bastante rápida. El único que va un poco más retrasado es el puente de Pedreña a Somo porque es una obra mucho más compleja.

El consejero Roberto Media, en su despacho. Foto: Nacho Cubero

P.– Acaba de conocerse que prepara el V Plan de Carreteras 2024-2030 que contempla 185 actuaciones, 17 de ellas de nuevos trazados. ¿Cuáles son las obras prioritarias?
R.– No es exactamente así. Hay un borrador de documento elaborado por el anterior Ejecutivo que es el que se ha sometido a evaluación previa medio ambiental y que es el que un medio de comunicación ha utilizado para hacer su información. Lógicamente, muchísimas de esas obras se van a mantener, pero va a ver otra serie de actuaciones que ahí no están previstas, como es la de Reinosa a Potes y alguna otra, a las que nosotros les damos más importancia. Vamos a acortar los plazos de la carretera de Requejada-Suances, donde estamos acabando ya el estudio informativo para someterlo a los trámites ambientales, y espero que en los próximos meses podamos sacarla a licitación. En las próximas semanas se sabrá cuál es el número de actuaciones exactas. En cuanto a los nuevos trazados que recogía ese documento antiguo, debo decir que hay algunos que incluso los ayuntamientos no los quieren. Entonces, antes de incluirlos o no en este nuevo plan habrá que hablarlo con los alcaldes. Lo que queremos es un plan más realista que el anterior, que recoja aquellas carreteras hasta el 2030 que sí podamos ejecutar. Y lo hablaremos previamente con el resto de grupos parlamentarios porque es un plan que no viene hecho solo por el PP. Queremos que sea un plan con vigencia en el futuro y que cuente con el apoyo de los distintos grupos parlamentarios.

P.– En relación con la carretera que conectará Reinosa con Potes, las previsiones del Gobierno regional calculan que se podría estar ejecutado en un periodo de entre 92 y 120 meses. ¿No se pueden agilizar los trámites administrativos para que las inversiones se puedan ejecutar de forma más rápida?
R.– ¡Qué más me gustaría a mí! Para que se haga una idea le diré que desde que se decide iniciar una obra de más de 50.000 euros hasta que se adjudica pasan entre diez y doce meses. Y eso si no se complica nada. En este caso estamos hablando de una obra compleja y no hemos querido engañar a nadie. Ojalá pudiéramos agilizarlos, pero los trámites administrativos son los que son y llevan muchísimo tiempo. Cuando hay que garantizar la seguridad jurídica en todos los trámites, los plazos son los que son.

P.– Tras dos décadas de intentos, parece que soplan buenos vientos para la energía eólica en Cantabria. ¿No cree que ya vamos un poco tarde para subirnos al tren del desarrollo eólico y que hay otras alternativas renovables que despiertan menos rechazo entre la población?
R.– Bueno. Cualquier actividad siempre genera un rechazo. El otro día hemos visto la presentación de una gran proyecto de hidrógeno verde en Torrelavega sobre los terrenos de Sniace que, si conseguimos que sea una realidad, y en eso estamos trabajando todos, va a suponer un antes y un después para la comarca del Besaya. Con los proyectos eólicos ocurre algo parecido. Tenemos un montón de empresas con proyectos eólicos encima de la mesa que han tenido cuando menos el olvido absoluto por parte de la Administración durante muchísimos años. Nosotros llegamos con el compromiso de que todo aquello que fuera utilizable se utilizara. Energía eólica, sí, pero no de cualquier manera. Hoy los ciudadanos de Cantabria son conscientes de que tanto el parque eólico del Escudo como los otros cinco de competencia autonómica que están en sus últimas fase de tramitación tienen la autorización de la CROTU. Queremos que las energías renovables sean un pilar esencial de nuestra acción de gobierno y por ello estamos trabajando. No vamos a levantar aerogeneradores en cualquier lugar, como se pretendió en la anterior legislatura, pero creo que en aquellos emplazamientos que la legislación lo permita es básico avanzar. Todos tenemos que poner nuestra granito de arena para contribuir a esa descarbonización de la que todos hablamos tanto pero cuyos proyectos siempre queremos que estén muy lejos de nuestro territorio. Y me refiero a los de siempre. A los de la Ley del Suelo, a los del no a los eólicos, el no a la depuradora de Vuelta Ostrera, pero sí 300 metros más allá … Los del no a todo, que están haciendo un flaco favor a los cántabros y al desarrollo de la economía de Cantabria. Por nuestra parte, no va a quedar e insisto que, si un proyecto cumple todos los trámites administrativos, tendrá el respaldo del Gobierno de Cantabria. Nos llenamos la boca con la necesidad de ayudar a las empresas y de mantener el tejido productivo y el empleo, pero nuestras empresas, a los costes actuales de la energía, es imposible que puedan ser competitivas. Y o las ayudamos, a van a tener problemas de cara al futuro. Y esas ayudas vendrán cuando aquí produzcamos energía limpia y barata. Todas las empresas altamente electrointensivas con las que nos hemos reunido claman por ello.