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Colegios y asociaciones profesionales, una cuestión de concepto

Será un camino serpenteante y poco gratificante, pero no quedará otra: los colegios profesionales están en el punto de mira de Europa, que considera que sus estructuras dificultan la competencia. Pero los colegiados se resisten a perder los derechos adquiridos durante siglos y aguantan el envite del Gobierno español, que retiró la reforma legal con la que planteaba adaptarse a los requerimientos de la UE. La alternativa de las asociaciones al modo europeo, que certifican al trabajador y a su oficio y velan por los derechos de unos y otros con el respaldo de las administraciones públicas, no convencen a todos pero hay quien trabaja para que la reforma no les pille de sorpresa y algunos, como los periodistas, recorren el camino contrario y prefieren esperar a que se destape la caja de los truenos convertidos en colegio profesional.

Texto de Laura Velasco @lauripuck

Los colegios profesionales españoles llevan tiempo señalados por Europa. La UE persigue darles un enfoque más liberal, lo que en nuestro país se ha topado con la oposición férrea de los colegiados, que rechazan perder la autonomía que les viene dada por la Ley 2/1974, de 13 de febrero.  Esta presión europea a punto estuvo de desembocar en la ley de Servicios y Colegios Profesionales, pero quedó en amago y no consiguió pasar de anteproyecto. El gobierno del PP, autor del texto, finalmente no se decidió a aprobarlo tras las críticas recibidas por numerosos colectivos, especialmente abogados, arquitectos e ingenieros, lo que pone en relieve el nivel de corporativismo de los sectores profesionales. El anteproyecto se guardó en el cajón a pesar de haber obtenido el dictamen del Consejo de Estado en el año 2014.

La historia de los colegios profesionales siempre ha estado ligada a un sinfín de detractores que, desde su origen, allá por el siglo XI, lo han visto como agrupaciones rígidas y cerradas que chocaban con la doctrina liberal que poco a poco fue imponiéndose en Europa. Pese a todo, los colegios profesionales han ido sobreviviendo a los distintos envites hasta adquirir las funciones que tienen hoy en día, con la salvedad de la Directiva 2006/123/CE, relativa a los servicios en el mercado interior. Esta norma se incorporó parcialmente al derecho español a través de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio; la conocida como Ley Omnibus. La norma obligó a modificar la ley de Colegios Profesionales en sus aspectos básicos, y como consecuencia, la Ley de Cantabria 1/2001, de 16 de mayo, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

¿Qué consecuencias trajo consigo la Ley Ómnibus? La principal fue la eliminación de la colegiación obligatoria para los profesionales, con la salvedad de los que trabajan en el ámbito de la medicina, la jurisprudencia y los arquitectos. La normativa deja marcados a los colegios, hay un antes y un después de la ley Omnibus. “Nos ha partido por la mitad, nos ha obligado a reconsiderar toda nuestra condición”, asegura Martín Vega, decano del Colegio de Ingenieros Industriales de Cantabria, para el que la nueva realidad europea “ha trastocado la vida a los profesionales, ahora la colegiación es un tema más libre, más voluntario, más vinculado a la contraprestación del servicio y ahí tenemos todo el trabajo por hacer”.

Dentro de los sectores que han quedado al margen de la colegiación obligatoria, como es el caso de los ingenieros industriales, planea la duda sobre el criterio de seguridad seguido por el ministerio a la hora de determinar qué profesiones estaban excluidas de la ley, en principio aquellas relacionadas con asuntos defensa nacional, riesgo y seguridad. “Entendíamos que encajábamos en el reglamento de la seguridad industrial –asegura Martín Vega– los proyectos de alta tensión no exigen visado, solo los de explosivos o de seguridad militar…. cuando hablo de la seguridad industrial hablo de la seguridad de las personas, no sólo la que procede del ministerio del interior o justicia”.

Sin colegiación y visados obligatorios, colegios como el de Ingenieros Industriales de Cantabria han tenido que ajustarse el cinturón. Han reducido gastos al máximo, “un ajuste a lo estrictamente necesario y porque gozábamos de una excelente situación patrimonial”, recuerda su decano. “Hay colegios que han empezado a hacer desaparecer delegaciones provinciales y concentrarlas”.

Pero por encima de todo el daño que estos ajustes han causado en los colegios profesionales, el principal perjudicado –aseguran– es el individuo de a pie, aquel a quien va dirigido el servicio. “Al no exigirse regulación o un mínimo control se puede redundar en un empeoramiento de las condiciones de seguridad de las instalaciones”, asegura Vega. Se abre además, según el decano, un tiempo de incertidumbre desde el momento que se permiten convivir profesiones cuyas competencias son asignadas vía decreto por las administraciones y otras titulaciones, especialmente a partir del Plan Bolonia, “que se crean sin ninguna definición concreta y están en el mercado a expensas a hacer un trabajo que a veces entra en competencia con el de las reguladas, sobre todo en situación de crisis. Ahí es donde viene el colegio profesional”.

¿Colegio frente a asociación?

Martín Vega, decano del Colegio de Ingenieros Industriales de Cantabria y presidente de la asociación que también agrupa a este colectivo profesional.

Martín Vega, decano del Colegio de Ingenieros Industriales de Cantabria y presidente de la asociación que también agrupa a este colectivo profesional.

Muchas son las dudas que existen en torno a la organización de los colegios profesionales y sus hermanas pequeñas, las asociaciones. De hecho, hay profesiones que mantienen ambas estructuras. ¿Por qué? ¿Qué añade un colegio a una asociación? Para empezar, una asociación es una entidad privada formada por un conjunto de personas que se unen para la consecución de unos fines comunes. Un colegio, en cambio, se configura como una corporación de derecho público. A diferencia de las primeras, los colegios se crean por ley. Su dimensión pública los equipara a las administraciones públicas de carácter territorial. Además, sus estatutos tienen que estar aprobados e inscritos en el registro de instituciones, hay un reglamento para su funcionamiento, su representatividad. En cambio, las asociaciones se regulan libremente y se marcan los estatutos que estimen la mayoría. En definitiva, los colegios profesionales tienen obligaciones, derechos y procedimientos establecidos y limitados por ley. Precisamente, y aquí está el quid de la cuestión, lo que persigue la directiva europea a través de la ley Omnibus es equiparar el concepto de asociación europea a los colegios en España. Algo que va más allá del mero concepto y que nos lleva a un ámbito mucho más complejo de definiciones ya que el modelo de asociación español y europeo no tienen nada que ver. A definir, por tanto, tres conceptos: colegio, asociación y asociación europea.

En España los colegios surgen como colaboradores de las administraciones, para que estas no tengan que velar por la persona responsable profesional. ”Nos hace entidades de derecho público –recuerda Martín Vega– podemos ejercer en colaboración con la administración ese papel, pero las asociaciones a nivel europeo no son eso. Son libres, la sociedad las tiene reconocidas como garantistas (del servicio)”. Las asociaciones europeas, se configuran como un ente intermedio entre colegios y asociaciones profesionales. Ofrecen garantía de cara al consumidor y avalan profesionalmente al trabajador, sus aptitudes, conocimientos y experiencia, es decir, en cierto modo certifican su currículum vitae. Han conseguido el reconocimiento de las administraciones públicas. “Les validan a efectos de las competencias equivalentes que desarrollan los colegios, -tutela profesional, visado, garantías, control de la profesionalidad, defensa usuario”. Nada que ver con las asociaciones españolas, que “son más ‘castas’ que las europeas”.

A contracorriente

Y mientras Europa camina e intenta arrastrar a España a una liberalización de servicios, la Asociación de la Prensa de Cantabria (APC), ha comenzado a dar los pasos para convertirse en colegio profesional. Un nuevo rumbo que han tomado todas las asociaciones de periodistas a nivel nacional a iniciativa de la Federación de Asociaciones del gremio y que persigue la creación de un futuro Consejo General de Colegios de Periodistas en España. A día de hoy, ya son 7.000 los periodistas colegiados en nuestro país. Desde la asociación cántabra tienen claras las ventajas de este salto. “Creo que un colegio es un reto apasionante, un salto muy importante en la ordenación de la profesión y se garantizan los derechos de información y libertad de expresión. Se hace para defender la profesión no a una persona en concreto”, asegura Dolores Gallardo, presidenta de la APC.

Desde la Asociación de la Prensa de Cantabria creen que algunos de los principales problemas con los que se enfrenta cada día el ejercicio del periodismo, como el código deontológico, la ética profesional o el cuidado del lenguaje se afrontarían con más fuerza y garantías jurídicas. “Los colegios tienen que ser escuchados por ley, las asociaciones no –apunta Gallardo– aumenta la representación oficial de los periodistas ante las instituciones públicas. Es un bien para los periodistas, es una ventaja”.

La Asociación de la Prensa de Cantabria lleva dos años con el proceso de creación de un colegio. Corregida hace unos meses la normativa regional que impedía crear un colegio si no era obligatoria la colegiación para ejercer, ahora esperan un informe de la Universidad de Cantabria donde se definan los pros y los contras de convertirse en colegio. Un documento con el que acudirán a sus asociados, quienes al final tendrán la última palabra. Con ese “esperado” respaldo se dirigirán al gobierno de Cantabria para que se elabore la ley de colegios de periodistas de Cantabria que después tendrá que pasar el trámite parlamentario.

Al colegio pasarían titulados y no titulados de la Asociación de la Prensa: habrá colegiados, asociados y miembros que estén en los dos. La asociación se encargará más de temas sociales, cuadro médico, becas o ayudas y el colegio de la defensa de la profesión, reuniones con el Gobierno, cuestiones deontológicas… ”La información y el periodismo deberían tener la colegiación obligatoria: es una información sensible a la sociedad, se debería cuidar mucho más como servicio público a la sociedad, es una labor esencial”, apuntan desde la APC. Desde la asociación de periodistas esperan un apoyo mayoritario en su transformación hacia colegio profesional. Entre sus 285 miembros, los más receptivos son los nuevos licenciados: “La gente joven está muy interesada; la gente mayor es más reacia”, dice su presidenta. Para Dolores Gallardo convertirse en colegio no va a hacer más rígida la organización, sino más ordenada, unida y protegida la profesión de periodista. Confía en poder tener terminado el proceso entre un año y dos. “El colegio –explica– partirá desde cero y convivirá con la asociación”.

El futuro

Pero Europa está ahí y sigue presionando al Gobierno español para que adopte medidas de liberalización para suavizar la rigidez de algunos elementos de la economía. Uno de los posibles modelos a los que tengan de adaptarse más pronto que tarde los profesionales españoles es el que impera en el resto de países europeos. Los colegios profesionales –y es una percepción casi palpable de la que nadie quiere hablar– acabarán siendo absorbidos por las administraciones públicas, y quedarán las asociaciones, pero no tal y como las conocemos ahora. Ante una nueva vuelta de tuerca desde Europa, “las certificaciones pueden ser una vía”, apunta Martín Vega. “Es necesario equipararnos con Europa como valor intermedio, no sé si con o sin los colegios……los certificados profesionales tienen una validez y profesionales garantistas detrás que dan valor al proyecto”.

 

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