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“El principal culpable de las bajas temerarias es el propio sector”

Enrique Conde, presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos de Cantabria, considera que existen instrumentos legales para atajar las que denomina bajas desproporcionadas, pero pone el acento en la responsabilidad de quienes trabajan en construcción y obra pública: “Hemos devaluado nuestro propio conocimiento”, señala.

Texto de Jose Ramón Esquiaga @josesquiaga

Pregunta.- Desde la perspectiva de su colectivo, ¿qué valoración puede hacerse de la situación del sector de la construcción y de sus perspectivas?
Respuesta.- En Cantabria la actividad de obra pública arrastra un histórico negativo de licitación por parte del Gobierno central. La obra pública regional se ha ido haciendo, acertada o desacertadamente, no entro ahora a valorar eso, aunque haya también obra pendiente. Creemos que la Consejería de Obras Públicas es muy sensible a este tema, y tal vez no lo sea tanto el resto del Gobierno regional. Está intentando sacar obra, pero a nuestra manera de ver les falta apoyo para hacerlo. Esto, unido al déficit que existe en la obra licitada por el Estado, ha condicionado que el balance final sea negativo. En cuanto a perspectivas, creemos que la llegada de Íñigo de la Serna al Ministerio de Fomento ha sido muy positiva, porque conoce los problemas que tiene esta región. No es un tema que sea de aquí o no, es que conoce el déficit de infraestructuras de primera mano. Parece que algo se está moviendo, pero seguimos sin tener obra ya, por ese histórico negativo. Y eso otras comunidades lo tienen. Todo eso se traduce en que el sector sigue mal, con un tremendo exceso de oferta, tanto de empresas como de trabajadores.

P.- ¿Puede cuantificarse ese exceso de profesionales, en lo que tiene que ver con los ingenieros de caminos?
R.- Calculo que tendremos un 10% de nuestros colegiados trabajando en el extranjero. Un 10% es un porcentaje importante, pueden ser un centenar de colegiados. En términos de desempleo podemos hablar de otro 11 o 12%, y ha habido más. Lo peor es la gente joven que se incorpora desde la Universidad y se encuentra sin trabajo. Es difícil incluso encontrar prácticas para los nuevos titulados.

P.- ¿Qué consecuencias está teniendo el problema de las bajas temerarias en el sector?
R.- Yo intento hablar de bajas desmesuradas, porque bajas temerarias es una figura técnica, que existe en la Administración, y que está intentando rechazarse. Ofertas que son un 10, un 15% más bajas que la media de las presentadas. No existiría justificación para que si la media de las ofertas rebaja la cantidad de licitación un 40%, una empresa se descuelgue con un 55%.

P.- Pero eso sucede, y parece que no hay instrumentos legales para evitarlo.
R.- En abril de 2016 la UE sacó una directiva que premia la calidad frente a la economía. El problema es que no hemos tenido Gobierno hasta noviembre, y no se ha traspuesto esa directiva. Pero más allá de la ley, lo que debería existir en la Administración es un control de los contratos que salen a licitación pública. Porque si alguien rebaja un 60% la cantidad de licitación pueden pasar dos cosas: o los técnicos de la Administración no han hecho bien su trabajo cuando han presupuestado la obra, o la empresa que ha hecho la oferta no va a cumplir las condiciones, porque es imposible. Si en la adjudicación se dice que tiene que haber un ingeniero de caminos, un ingeniero de obras públicas y un topógrafo, no puede ser que vayas a la obra y solo tengas un administrativo y un ingeniero. Eso significa que estás haciendo una obra de peor calidad, y que ibas a crear unos puestos de trabajo y no los creas. El principal perjudicado de todo esto es el ciudadano.

P.- En todo esto hay también una clara responsabilidad del sector.
R.- Sin ninguna duda, en el asunto de las bajas el principal culpable es el propio sector, somos nosotros. Detrás de todo esto está la visión que tiene el sector de sí mismo: las empresas creen que el único objetivo es subsistir, que no hay más posibilidad que esa. Esa es una visión muy poco positiva para salir adelante, y que lleva a presentar esas bajas desproporcionadas, y luego a no cumplir. El sector es el primero que ha devaluado su propio conocimiento: si tú no te valoras, eso se transmite a toda la cadena.

P.- Como portavoz de tu colectivo, si tuvieras que hacer una reivindicación a la Administración, ¿cuál sería?
R.- Podría hablar de tal o cual obra pero, de verdad, lo más importante sería hacer que los contratos se cumplan. El gran reto es este, y que se cumpla la ley en materia de pagos. Y ambas cosas no solo en nuestro sector. En pagos, por ejemplo, te encuentras con empresas que pagan a 240 días, y he conocido propuestas de pago a 350 días. Y esto lo sufren sobre todo las empresas pequeñas, que son precisamente las que más dificultades tienen para financiarse.

P.- ¿Qué lectura hace de la anulación de los PGOU de Santander y Laredo y qué alcance puede tener ese problema?
R.- Ahora mismo la falta de confianza de cualquier inversor que venga a Cantabria es tremenda. Que puedan anular un plan ya redactado, que creías definitivo, crea una inseguridad jurídica tremenda. Nosotros conocemos proyectos en marcha, con la inversión hecha, con el terreno comprado, que ahora no sirven. La ordenación del territorio, que es clave, responde a un sistema anclado en el pasado, debería ser más ágil. No puede ser que una tramitación de un plan lleve diez años, que haya municipios con planes de hace 25 años, tirando de modificación de normas urbanísticas… El ciudadano no lo entiende.

P.- ¿Qué opinión le merecen las soluciones que se están poniendo sobre la mesa para arreglar el problema?
R.- No percibo que haya una voluntad real de colaborar para buscar una solución. Lo que hay es un enfrentamiento político. Un problema de este calibre debería requerir un acuerdo por parte de todos, que se sienten los partidos políticos y busquen un acuerdo, cediendo cada uno lo que tenga que ceder. No veo que exista esa voluntad.

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