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Las oposiciones vuelven a contar

Tras varios años en los que tuvieron un peso residual en la actividad de las empresas de formación, las clases para preparar los exámenes de acceso a un puesto de funcionario se han convertido de nuevo en un motor para la actividad de las academias. La presentación de la última oferta de empleo público de l Estado, junto a las previsiones de que comunidad autónoma y ayuntamientos ofrezcan un buen número de plazas en la próxima convocatoria, empiezan a llenar las aulas y a aumentar la actividad en un sector que denuncia una incipiente competencia desleal por parte de particulares que imparten clases al margen de cualquier regulación.

Por Jose Ramón Esquiaga @josesquiaga

Además de comprometer el relevo de profesionales jubilados y dejar en precario algunos departamentos de las diferentes administraciones públicas, la congelación de las ofertas de empleo para acceder al funcionariado dejó vacías las aulas de las academias que ofrecían formación para superar las pruebas de acceso. La que en su momento fue la actividad principal para un número importante de centros formativos, pasó a ser menos que residual para un número muy limitado de estas, llevando al cierre a otras y cambiando la estructura de un sector muy peculiar, en el que el éxito se mide por el número de alumnos que, al superar la correspondiente oposición, dejan de ser clientes para el futuro. La publicación de una notable oferta de empleo público –en cantidad y diversidad de plazas– por parte de la Administración del Estado mandó en junio todas las señales de un cambio de tendencia, que ya venía apuntándose desde hace meses y que ha vuelto a situar a las oposiciones como un importante motor de actividad para los centros de formación.

Aulas vacías

Al contrario de lo que pudiera pensarse, la destrucción de empleo que llevó aparejada la crisis económica no tuvo como consecuencia una mayor demanda de cursos de preparación de oposiciones, debido a que la drástica reducción de oferta de plazas hizo que las convocatorias se redujeran a un mínimo incapaz de incentivar el interés de los candidatos. Las diferentes administraciones –central, autonómica y local– redujeron la oferta a la imprescindible para cumplir con los ratios de reposición que marcaba la ley, lo que desde 2008 llevó a que la convocatoria de pruebas fuera escasísima en número de puestos y muy limitada en cuanto a perfiles profesionales ofertados, al centrarse casi exclusivamente en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado donde la ley no permite reducir efectivos más allá de unas estrictas cotas. Esto tuvo unas drásticas consecuencias para las academias que impartían preparación para las oposiciones: según los cálculos de Montse Peña, presidenta de la Comisión de Formación de CEOE-Cepyme de Cantabria, antes de la crisis operaban en la región no menos  de ocho empresas dedicadas en exclusiva a esa actividad; de aquellas, solo dos continúan en activo, y después de diversificar su oferta con otras áreas formativas.

Montse Peña

Montse Peña, presidenta de la Comisión de Formación de CEOE-Cepyme de Cantabria.

“Para preparar unas oposiciones hace falta invertir tiempo y dinero, y la crisis hizo que escaseasen las dos cosas. Sin oferta de empleo público no había además una expectativa de cuándo podía uno rentabilizar su esfuerzo, y sin esa expectativa las aulas se vaciaron”, explica Montse Peña, que admite que la situación ha empezado a cambiar en los últimos meses, y que lo hará más al calor de la oferta de empleo anunciada por el Gobierno Central, a las que cree que se sumarán otras de las administraciones regional y local, también con un importante número de plazas a partir del año que viene. “Todos estos años sin convocatorias han dejado a la Administración en cuadro, y eso va a obligar a sacar plazas. Hay que tener en cuenta además que a finales de los ochenta y comienzos de los noventa es cuando mayor número de oposiciones se realizaron, y los profesionales que accedieron entonces a una plaza o se están jubilando ahora, o lo harán en un futuro cercano. Aunque no llegaremos a los números de entonces, cuando había convocatorias de 35.000 plazas, estoy convencida de que veremos cifras importantes a partir del año que viene”, asegura.

La oferta de empleo anunciada en julio por el Gobierno central, y pendiente todavía de concretar en las correspondientes convocatorias, suma 20.000 plazas entre reposición de jubilaciones –la mayor parte–, promoción interna y puestos de nueva creación. En conjunto, supone la mayor de la última década, y que la Administración central cree empleo neto por primera vez desde 2010. A estas cantidades habría que añadir la convocatoria de plazas locales y autonómicas –en Cantabria, por ejemplo, el año que viene habrá oposiciones para profesores de Secundaria– lo que en conjunto convertirá al sector público en el gran dinamizador del mercado de trabajo durante 2018.

Todo esto está teniendo ya un efecto sobre la demanda de cursos de preparación. Que exista ya una expectativa de plazas ha dado el empujón definitivo para que los candidatos decidan emplear el tiempo y el dinero necesario para optar a las mismas. Montse Peña considera que un plazo de dos años es un cálculo razonable del tiempo necesario para preparar una oposición con unas expectativas cabales de éxito. En cuanto a la inversión monetaria, y centrándose solo en las tarifas de las academias, esta se movería en el entorno de los 100 euros mensuales, algo por encima o por debajo dependiendo de las plazas y de las pruebas que se exijan para acceder a ellas.

La vuelta de los opositores a las aulas ha llevado a que las academias vuelvan a contratar trabajadores –”en un primer momento se está notando sobre todo en el personal que ofrece información sobre los cursos”, explica Montse Peña– y también a que esta actividad vuelva a tener peso en la oferta de los centros formativos, y a que abran otros nuevos. También a que, al calor de la demanda, empiece a darse lo que desde CEOE-Cepyme de Cantabria se califica como una clara competencia desleal.

Competencia desleal

“Hay quien está dando clases en sus domicilios, o quien alquila un garaje para hacerlo, sin cumplir un mínimo de condiciones, sin darse de alta en el IAE y al margen de cualquier regulación. Son particulares que operan dentro de lo que se conoce como economía sumergida, y que suponen una clara competencia desleal para las empresas que mantienen unos locales con las condiciones que marca la ley, que pagan sus impuestos y que generan empleo”, denuncia la presidenta de la Comisión de Formación de CEOE-Cepyme de Cantabria. Es un problema que, explica, ya se ha puesto en conocimiento del defensor del empresario, una figura que la patronal quiere enfrentarse a problemas de este tipo en todos los sectores. “Todos tenemos que competir con las mismas reglas”, resume Montse Peña.

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