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Un vuelco al sistema de gestión del IVA

Si no se produce un aplazamiento que ya nadie espera, el próximo 1 de julio las empresas que facturan más de 6 millones de euros y todas aquellas que liquidan mensualmente el IVA estarán obligadas a acogerse al Suministro Inmediato de Información, un sistema que implica remitir cada cuatro días todos sus registros de facturación a la Agencia Tributaria. El cambio, que afectará a cerca de un millar de empresas cántabras, busca agilizar la comunicación entre Hacienda y los contribuyentes, pero los asesores fiscales no ven ninguna ventaja para estos últimos y auguran una huida masiva de todo aquel que pueda eludir la liquidación mensual del IVA, con los consiguientes problemas de financiación para las pymes que elegían este sistema.

Texto de J. Carlos Arrondo

No son pocas las ocasiones en las que una modificación normativa hace que el viejo aforismo de ‘lo mejor es enemigo de lo bueno’ cobre verdadero sentido, especialmente cuando el cambio se acomete con inusual celeridad y sin la suficiente medida de las consecuencias que va a producir. Que la autoridad tributaria establezca como objetivos prioritarios el control y la prevención del fraude fiscal y que para ello, aprovechando la actual generalización del desarrollo tecnológico, trate de perfeccionar la obtención de datos relevantes de los contribuyentes parecen intenciones escasamente discutibles. El Real Decreto 596/2016 ‘para la modernización, mejora e impulso del uso de medios electrónicos en la gestión del Impuesto sobre el Valor Añadido’, aprobado el pasado 2 de diciembre, establece el llamado Suministro Inmediato de Información (SII), un nuevo procedimiento por el que las empresas obligadas a ello, así como quienes quieran acogerse voluntariamente, deberán facilitar a la Agencia Tributaria sus registros de facturación prácticamente en tiempo real. Este nuevo modelo de gestión del IVA nace con la idea de mejorar el caudal, la calidad y la vigencia de la información que los sujetos pasivos proporcionan a la Administración, favoreciéndose la lucha contra el fraude fiscal, al tiempo que se proporciona a los contribuyentes la posibilidad de mejorar la eficiencia de sus rutinas administrativas. Sin embargo, esta visión dista mucho de la que tienen empresas y asesores fiscales, que han acogido la aprobación del SII –que no se esperaba antes de 2018– con desconcierto, y su entrada en vigor con preocupación. Lejos de las bondades que se  están atribuyendo al procedimiento, consideran que en realidad se trata de una ‘monitorización’ de toda su actividad mercantil por parte de la Agencia Tributaria, agravada por unos costes de implantación y el incremento de las cargas administrativas.

A partir de la entrada en vigor del Suministro Inmediato de Información el 1 de julio, unas 63.000 empresas españolas –cerca de un millar cántabras– estarán obligadas a remitir cada cuatro días por vía telemática todos sus registros de facturación a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT). De forma excepcional, en el arranque del sistema, durante el año 2017 el plazo de entrega de los datos será de ocho días. El envío de los datos podrá hacerse de dos formas: desde el propio programa contable, mediante un enlace con la Agencia Tributaria, o cumplimentando un ’formulario web’ en el caso del sujeto pasivo que realice muy pocas operaciones. No se trata de enviar las facturas, sino de la información que contienen, de manera que en la práctica es un nuevo modelo de llevanza de los libros registro del IVA –de facturas expedidas, de facturas recibidas, de bienes de inversión y de determinadas operaciones intracomunitarias– a través de la sede electrónica de la AEAT.

Debido a que en algunos ámbitos se ha utilizado la denominación poco precisa de ‘IVA online’ hay quienes incurren en el error de creer que el SII es un sistema de liquidación automática del impuesto por parte de la Agencia Tributaria. La novedad radica en que los libros registro del IVA de las empresas se irán configurando en una especie de ‘nube’ que no es más que la propia AEAT, pero el envío electrónico de los datos de facturación no exime de la presentación de las autoliquidaciones periódicas.

A quién afecta

Todas aquellas empresas que deban presentar liquidaciones mensuales del IVA quedarán incluidas obligatoriamente en el SII. Afecta, por lo tanto, a las empresas que en el año natural anterior hayan facturado más de 6 millones de euros, a las entidades inscritas en el Régimen Especial de Grupos (REGE) y a aquellas que pertenezcan al Régimen de Devolución Mensual (REDEME). Estos tres bloques de empresas suman actualmente el 80% de la facturación total de los sujetos pasivos del IVA en España, porcentaje que puede variar con la entrada en vigor del nuevo sistema: “Hay muchas pequeñas empresas que están en el REDEME porque necesitan la liquidez de las devoluciones mensuales del IVA. Si no quieren estar en el SII van a tener que dejar el Registro de Devolución Mensual. La Agencia Tributaria ya ha dicho que va a abrir un plazo para poder salir. Va a haber una estampida de empresas del REDEME para que no les metan en el SII y al final lo que se puede generar es un problema de financiación en muchas de ellas”, augura Helena Pujalte, directora del Gabinete de Estudios de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF).

Helena Pujalte, directora del Gabinete de Estudios de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf)

Helena Pujalte, directora del Gabinete de Estudios de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf)

También existe la posibilidad para cualquier otro sujeto pasivo de acogerse voluntariamente al nuevo sistema, opción que implicaría que su obligación de autoliquidación pase a ser mensual y que deba permanecer al menos durante un año en él. Para Helena Pujalte no hay ningún aliciente por el que una empresa que no esté obligada a hacerlo quisiera estar en el SII: “No supone ninguna ventaja para los contribuyentes. Tiene ventajas para la Agencia Tributaria porque en vez de tener que estar solicitando las facturas a los administrados cuando detecta algo irregular, ya las tiene”.

Ventajas en entredicho

La Administración cree que, efectivamente, aporta una innegable mejora en la eficiencia del control  tributario, pero que también ofrece ventajas para las empresas.  En una primera fase tendría la utilidad de que los contribuyentes podrán disponer de unos datos fiscales fiables, surgidos del contraste de la información suministrada por sus clientes y proveedores incluidos en el SII, de manera que se reducirían los errores en el cumplimiento de las obligaciones formales y en las declaraciones.

En una segunda fase, la AEAT tiene prevista la realización de un borrador de liquidación del IVA que sería remitido a los contribuyentes para su aceptación o rectificación. Además, la Agencia Tributaria señala algunos otros beneficios que el SII puede representar para las empresas: la ampliación en diez días del plazo de las autoliquidaciones periódicas del IVA, la reducción del tiempo de espera en las comprobaciones y en las devoluciones y la disminución de las obligaciones formales, al suprimirse la obligación de presentar los modelos 347 (declaración anual de operaciones con terceras personas), 340 (libro registro) y 390 (declaración resumen anual). En suma, el hecho de que la Agencia Tributaria disponga de forma permanente e inmediata de los registros de facturación de las empresas minimizaría el riesgo de cometer errores en las declaraciones, así como los requerimientos de información, con la consiguiente rebaja en las cargas administrativas de las empresas.

Estas posibles ventajas han sido contestadas desde diferentes ámbitos. En su dictamen relativo al Real Decreto 596/2016, el Consejo de Estado alerta de que la reducción de cargas administrativas puede no ser tal y que en realidad suponga un procedimiento “más gravoso y en algún punto desproporcionado” para los afectados. Para Helena Pujalte, las ventajas que se anuncian no compensan los costes asociados a la nueva obligación: “Las empresas y asesores tienen que invertir mucho dinero para adaptar sus sistemas informáticos. Por ejemplo, me comentaba un asesor que a un cliente suyo le querían cobrar 15.000 euros por la actualización de su software. El sistema le vendrá muy bien a la Agencia Tributaria, porque te tiene absolutamente controlado, pero al contribuyente le hace un roto”.

La directora del Gabinete de Estudios de la AEDAF se muestra escéptica con la anunciada reducción en los plazos de devolución y no aprecia que la exoneración de ciertos requisitos formales o la comprometida creación de un borrador de liquidación del IVA sean razones especialmente atractivas para asumir un coste tan alto: “La Agencia Tributaria habla de disminuir los plazos de devolución, pero habrá que ver si se cumple en la práctica. Por otra parte, las empresas y los asesores estamos ya muy acostumbrados a la presentación de los modelos que ahora van a quitar. Son obligaciones que no nos suponen ningún problema, ya tenemos programas que los hacen automáticamente. Sin embargo, tener que ir lanzando a la Agencia cada cuatro días toda la facturación sí que es un engorro para todos. ¿Y qué más me da que digan que con esos datos en el futuro nos van a enviar un borrador si al final vamos a tener que revisarlo?”.

A las críticas al funcionamiento del sistema se han sumado la constatación de que la Orden Ministerial que lo regula –publicada el pasado 6 de febrero– adolece de serios defectos. “Las especificaciones técnicas no se han incluido en la Orden y por tanto no se han publicado en el BOE, sino que serán colgadas en la página de la Agencia. Es decir, el procedimiento queda en manos de sus informáticos, que pueden introducir cambios en el modelo de un día para otro sin tener que publicarlo en el BOE”, explica Helena Pujalte. Esta y otras observaciones obligarán a la publicación de otra Orden –prevista para mayo– que subsane todos estos problemas.

Dado que el SII entrará en vigor el 1 de julio, se atisba una recta final del periodo de adaptación caracterizada por la incertidumbre de unas empresas que aún desconocen cómo será la ejecución de ciertos aspectos prácticos. “En principio suponemos que la nueva Orden Ministerial regulará todo el procedimiento informático, pero hasta que no lo veamos no lo sabremos. Esta Orden se tiene que tramitar, hay unos plazos y estamos en la fecha que estamos”, señala la experta de la Asociación Española de Asesores Fiscales, quien no se explica por qué se ha hecho todo con tanta celeridad: “En noviembre, en el Foro de Asociaciones y Profesionales Tributarios, nos dijeron que el proyecto, que llevaba varios años parado, no se implantaría hasta 2018 y en diciembre se aprobó el Real Decreto. Nadie entiende a qué vienen estas prisas en algo que supone un cambio radical en la gestión de las empresas y tampoco tiene sentido que se implante en mitad de un ejercicio económico, con todos los problemas que eso conlleva”.

Durante el primer semestre de 2017 se ha activado el Proyecto Piloto del SII, un grupo de trabajo en el que un número representativo de entidades incluidas en el sistema y las principales compañías de software que trabajan en España están realizando una serie de pruebas con facturas simuladas. En la página dedicada a este cometido, a 5 de abril se habían recibido un millón de facturas emitidas y 200.000 facturas recibidas. La AEAT ha habilitado también un canal de consultas, que en los dos primeros meses recibió unos seis mil correos, de los que la mitad eran preguntas técnicas de tipo informático y la otra mitad de contenido tributario. Además, está en marcha una web de desarrolladores en la que el resto de empresas informáticas pueden ir haciendo pruebas de los enlaces entre sus programas de gestión y la plataforma que recoge la información en la Agencia. “Se está trabajando en el sistema, pero aún no está en su versión definitiva y sólo quedan dos meses. Estamos esperando a que las empresas informáticas acaben el desarrollo del software para que lo instalen y empecemos a ver cómo funcionamos con él, pero nos preocupa porque todavía no sabemos con qué antelación vamos a tener los programas para conocerlos y probarlos”, apunta Helena Pujalte. El hecho de que aún queden tantos aspectos por aclarar en tan poco tiempo está creando un clima de inquietud entre las empresas afectadas: “No tienen la seguridad de que vaya a funcionar bien, de saber qué pasa si se bloquea la plataforma cuando haya que lanzar las facturas y todo esto es muy importante porque nada menos que están enviando todos los movimientos de su actividad mercantil”.

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