Autoescuelas contra las cuerdas

Las movilizaciones de los funcionarios de la Dirección General de Tráfico llevan camino de ahogar al cerca de un centenar de autoescuelas abiertas en Cantabria, que este verano ya han visto reducida la demanda de matrículas en un 60% ante la imposibilidad de los alumnos de realizar el examen práctico de circulación. La situación, si se mantiene el conflicto laboral que este mes de septiembre impedirá que tres días a la semana se lleven a cabo ese tipo de pruebas, amenaza con vaciar las aulas y con crear un tapón de varios meses para obtener el carné de conducir. Pese a ello, la Asociación Cántabra de Escuelas de Conductores confía en que  ningún centro se vea obligado a echar el cierre, pero reclama la revisión del actual modelo de examen de conducir y la eventual externalización de los servicios

Texto de Manuel Casino @mcasino8

Si nadie lo remedia, las tres jornadas de paros semanales convocadas por los examinadores de tráfico durante este mes de septiembre amenazan con dejar sin carné de conducir a miles de aspirantes a conductores en Cantabria y con asfixiar aún más a las autoescuelas, un sector que ya ha vivido su peor verano en décadas por culpa de un conflicto laboral que viene de lejos y al que, por el momento, no se le encuentra una salida clara.

Los examinadores, un colectivo integrado por 773 funcionarios de la Dirección General de  Tráfico (DGT), de los que nueve prestan sus servicios en Cantabria, piden a este organismo que se cumpla el acuerdo alcanzado en noviembre de 2015 cuando, tras seis semanas de huelga, sus entonces responsables se comprometieron a darles mayores garantías de seguridad ante las crecientes agresiones e insultos que, según denunciaban, sufrían por parte de los alumnos, resolver la preocupante falta de personal y otorgarles una compensación retributiva por la carga de trabajo, entre otros aspectos.

Estos compromisos, sin embargo, nunca se cumplieron por lo que la Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra) decidió presionar a la Administración con la convocatoria de paros parciales desde el pasado 19 de junio hasta el 31 de julio, un largo periodo durante el cual los examinadores no han trabajado los lunes, martes y miércoles. Esta inactividad durante buena parte de los meses estivales, tradicionalmente la época en la que la mayoría de los jóvenes aprovechan para sacarse el carné de conducir, ha provocado que los alumnos no se hayan podido examinar con la periodicidad y regularidad que deben y que sus solicitudes de examen práctico –las pruebas teóricas no se han visto afectadas y se realizan con normalidad– se acumulen sin remedio en sus respetivos centros de formación, que ven con indignación e impotencia cómo sus aulas se vacían precisamente cuando tenían que estar más llenas.

Así lo asegura la presidenta de la Asociación Cántabra de Escuelas de Conductores (ACEC), Lucía Ortiz, preocupada por los efectos de unas movilizaciones que han desincentivado a muchos aspirantes a matricularse y que ya empiezan a hacer mella en las economías de sus empresas. “La demanda de matrículas ha caído este verano un 60% con relación al pasado año”, afirma Ortiz, quien, a pesar de todo, se muestra confiada en que ninguna autoescuela cántabra se vea abocada a echar el cierre.

“Creo que medianamente podremos subsistir, al menos durante un tiempo”, avanza la presidenta de esta asociación que representa a más de 80% del cerca de centenar de autoescuelas que operan en Cantabria y que dan empleo a cerca de 300 personas. Su pronóstico, que fía a que el conflicto no se enquiste eternamente, descansa, según explica, en dos circunstancias que le distinguen de otras comunidades en las que, como Cataluña, ya se están produciendo cierres de autoescuelas. De un lado, Ortiz resalta que, con la excepción de una decena de autoescuelas que sí tienen profesores y administrativos contratados, el resto de los centros están gestionados por autónomos con una media de dos trabajadores. “Somos pequeños negocios, la mayoría de ellos familiares, que aguantamos porque no tenemos muchos gastos de personal, más allá de nuestros propios salarios”, resume.

Además, la representante de las autoescuelas apunta al hecho diferencial de que durante agosto no se han dejado de hacer exámenes en Cantabria. “Aunque por vacaciones solo han trabajado entre tres y cinco examinadores, a lo largo del mes se han podido examinar los 839 alumnos perjudicados por los paros de junio y julio. Es lo que nos ha dado la vida y ha impedido que el tapón se haga aún mayor”, concede un tanto aliviada.

Pese a todo, esta mujer que está al frente de ACEC desde 2013 no esconde que las consecuencias de los paros de los examinadores de la DGT se van a notar dentro de unos meses. “De momento ya llevamos un retraso de mes y medio en la presentación de solicitudes de examen práctico de circulación y unos 550 aspirantes, que ya tenían solicitado este examen en junio pero aún no tenían fecha, empezarán a examinarse ahora”, matiza antes de hacer una estimación de lo que les espera a los que ya tienen la teórica aprobada. “Un alumno que se haya examinado a principios de julio no podrá someterse al práctico y tener el carné hasta finales de octubre o principios de noviembre. Con esta demora no es de extrañar que muchos aspirantes prefieran esperar a que la situación se normalice”, subraya.

Externalización del servicio

En este sentido, Ortiz se queja de que estas movilizaciones está ocasionando un claro perjuicio en la dinámica de presentación de solicitudes al examen de circulación. “Si normalmente cada autoescuela presentaba a esta prueba alumnos cada seis o siete días hábiles ahora, por culpa de los paros, este plazo se ha retrasado a una media de 35 días hábiles. Y así es imposible ofrecer una periodicidad de calidad”, lamenta.

Por ello, la presidenta de ACEC urge a Tráfico a buscar una pronta resolución que acabe con un conflicto del que, asegura, las autoescuelas “somos escudos y víctimas, pero no las únicas perjudicadas”.

Así, y además de los alumnos, que no pueden obtener el permiso de conducir, requisito fundamental en muchas ocasiones para poder acceder al mercado laboral u opositar, Ortiz cita a los concesionarios de coches y motos, que han visto reducidas sus ventas ante la falta de nuevos demandantes; y a las empresas de transporte, incapaces en muchos casos de cubrir las vacaciones de sus conductores vehículos pesados porque sencillamente no se expiden nuevos carnés de transportistas.

Pero entre los damnificados la presidenta de las autoescuela cántabras también señala a la propia Administración, que tampoco se embolsa el importe de las tasas por derechos de examen, que en la mayoría de los permisos supera los 91 euros. Un montante cercano a los 550.000 euros si se tiene en cuenta que, según sus cálculos, en Cantabria se expiden anualmente unos 6.000 permisos de circulación.

“Lo que reclamamos es que Tráfico dé un servicio de calidad acorde a las tasas que se abonan”, precisa Ortiz, que asegura que con dos examinadores más bastaría para superar el colapso y prestar un servicio con eficacia.

Entre sus reivindicaciones, las autoescuelas piden a la DGT que mientras se concreta el aumento de plantilla hasta alcanzar los 880 examinadores a finales de 2018 anunciado por su director, Gregorio Serrano, el organismo público subcontrate a empresas externas la realización de los exámenes, al menos en las épocas del año, como suele ser el verano, de mayor actividad.

“Nosotros no defendemos que los exámenes pasen de manos públicas a privadas. Lo que abogamos es por la externalización de los servicios en los momentos de repunte. En definitiva, lo que queremos es que nos examinen”, aclara Ortiz.

Mal dimensionado

Si las movilizaciones convocadas por Asextra se mantienen –en principio estaba anunciada una huelga indefinida que los examinadores decidieron sustituir el pasado 22 de agosto por nuevos paros parciales los lunes, martes y miércoles para “no hacer sufrir” a la ciudadanía–, la presidenta de las autoescuelas de Cantabria confía en que el Gobierno termine por imponer unos servicios mínimos que por el momento no están fijados –la Confederación Nacional de Autoescuela (CNAE) reclamó sin éxito que fuera de al menos el 75% en todas las jefaturas, mientras que los examinadores mostraron su disposición a aceptar como máximo el 20%– y en que el necesario acuerdo no se demore por el bien de sus asociados y alumnos. “Aunque se desconvoque, vamos a tardar varios meses en volver a la normalidad”, anuncia Ortiz, quien recuerda “que ahora, casi dos años después de la anterior huelga de 2015 que se extendió durante 35 días hábiles, empezábamos a ponernos al día en la periodicidad de los exámenes. Y ésta es más dura”, avisa.

En cualquier caso, Ortiz puntualiza que el fin de los paros no da por resuelto el problema. “El servicio de exámenes de la DGT está mal dimensionado y carece de personal suficiente. Por eso quizá sea el momento de evaluar el actual modelo y sopesar otras opciones de eventuales externalizaciones como las que proponemos desde la asociación”, resuelve. “Mientras tanto no nos queda otra que resistir”, concluye esperanzada en que las partes pongan cuanto antes fin a sus diferencias