El máximo responsable de los arquitectos cántabros reflexiona en esta entrevista sobre el estado de la profesión y su papel para crear entornos saludables, al tiempo que reclama la necesidad de impulsar un ámbito público de reflexión sobre cuestiones que, sostiene, nos afectan decenas y cientos de años después

Manuel Casino | Marzo 2025

Pregunta.– Al asumir la máxima responsabilidad del Colegio, hace poco más de siete meses, defendía la necesidad de pregonar que la arquitectura está considerada un bien de interés general. ¿Cree que lo percibe así la sociedad cántabra?

Respuesta.– La verdad es que no lo tengo muy claro. En algunos momentos pienso que sí, y en otros francamente pienso lo contrario. De hecho, la Ley de Calidad de la Arquitectura, que no es la calidad de la construcción y que se promulgó en 2022 con muchos esfuerzos del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), reconoce este bien como un bien de interés cultural para promover espacios de calidad, tanto públicos como privados. Se trata de eso, no de que el ladrillo sea de buena calidad, sino de que la arquitectura producida, al igual que tenemos arquitectura del pasado en la que reconocemos valores mucho más allá de los materiales, deje su impronta. La arquitectura es un patrimonio colectivo. Lo que ocurre es que, a veces, somos más consumidores que ciudadanos y, cuando hablamos de calidad, nos quedamos en la primera etapa, en la calidad constructiva, que ya está garantizada por otras leyes. Y esta ley a la que me refiero habla del segundo grado, de la calidad de vida que nos procura la arquitectura. La arquitectura es una forma de tener, o no, calidad de vida.

P.– ¿Y cómo andamos en esto?

R.– Pues depende. Cuando se apela al talento de los arquitectos, los resultados de calidad son altísimos. Pero no siempre se apela a estos mecanismos. Creo que los concursos de arquitectura, especialmente si son públicos, están enfocados a conseguir la mejor arquitectura, y la mejor forma de conseguirlo es convocando a las personas que saben de esto para que planteen sus ideas. Esa es la mayor garantía de calidad.

P.– Ya que habla de concursos públicos. Muchos buenos proyectos que concurren a ellos se quedan en el cajón por no poder competir con otros de peor calidad pero menor coste. ¿Habría que regular o poner fin a las bajas temerarias?

R.– Muy interesante. Ahora mismo, en un concurso de arquitectura no puede primar el precio sobre la idea. La Ley de Calidad de la Arquitectura te obliga a que al menos el 51% tenga que ver con calidad arquitectónica. El problema es que no siempre se recurre al concurso, al margen de que desde el CSCAE estamos incidiendo en que los concursos tienen que ser también valorados como lo que son, que es trabajo de quienes trabajan en ellos. Es decir, cuando alguien concurre a un concurso y pasa una primera etapa, ese trabajo no puede ser en balde y debe ser apreciado, aunque finalmente no gane. No podemos olvidar que un concurso de arquitectura es la apuesta de una persona o de un equipo para conseguir algo. Y esa apuesta del talento queda sin reconocimiento, salvo para el ganador. Lo que ocurre, en la práctica, es que un buen precio puede barrer un buen proyecto. Y siempre hay que pensar que la Administración está organizando mecanismos para obtener lo mejor para sus administrados. Y dentro de eso, ya no está solo el precio. De hecho, hay administraciones en las que el concepto de calidad arquitectónica ya ha calado y lo hacen bien, y otras que lo asumen formalmente como una obligación legal, pero que aún no lo han interiorizado. Por resumir, creo que todavía los concursos se ven como algo que complica la vida a la Administración, cuando en el fondo no son complicados de hacer y cuentan para ello con todo el respaldo y apoyo de las organismos de arquitectos y arquitectas. Y luego están los tiempos de convocatoria, que son cortísimos. Es decir, para lo más importante del proceso, que es el proyecto arquitectónico, la Administración da unos tiempos muy, muy reducidos cuando, después, se tarda mucho más en licitar o en aprobar los trámites municipales.

P.– Su profesión, ¿goza ahora de buena salud?

R.– Diría que goza de una buena mala salud. O que su mala salud está mejorando. La profesión ha vivido unos años muy difíciles que han obligado a una reconversión completísima. Es verdad que las obligaciones que los profesionales y empresarios de este país hemos tenido de adaptación a novedades han sido a veces más exigentes que las de la propia Administración, pero a nosotros no nos queda otra. Los últimos años han puesto muy a prueba a los estudios de arquitectura porque las dinámicas de esta profesión van muy rápidas. Tenemos una situación que va mejorando en cuanto a capacidad de trabajo y a su valoración, aunque creo que los honorarios de los arquitectos en estos proyectos están muy pocos valorados para la trascendencia y consecuencias que tienen. Tenemos más ámbito de actividad, pero hay que tener en cuenta que es una profesión con muchísimas competencias. Por tanto, concluiría que la mala salud va mejorando porque el campo de trabajo se ha ampliado muchísimo, porque ha habido una reconversión muy destacada, que aún sigue abierta, y porque somos una profesión en constante contacto con la innovación. Por otro lado, la mala salud también tiene que ver con el incremento de nuestras responsabilidades legales, que no siempre se traducen en una remuneración acorde. Es una cuestión compleja.

«Ahora no se hace lo mismo que hace veinte años para hacer lo mismo. En cambio, en la mente de las personas han quedado los mismos parámetros y honorarios.»

P.– ¿Se consideran mal pagados?

R.– Bueno. Es una profesión que, si trabajas y te organizas bien, tienes capacidad para generar negocio. También es cierto que en realidad es una profesión muy vocacional y, en ocasiones, esta vocación tira más que la razón. Pero desde que desaparecieron las tarifas de arquitectura y se desregularizó el plan de honorarios, lo cierto es que se han quedado con la idea de lo que se cobraba por aquel entonces. Y desde entonces hasta hoy las competencias y el trabajo de los arquitectos se han incrementado muchísimo. Es decir, ahora no se hace lo mismo que hace veinte años para hacer lo mismo. En cambio, en la mente de las personas han quedado los mismos parámetros y honorarios. En los juzgados nos preguntan muchas veces cuánto cuesta un proyecto. Y yo les digo que lo que quiera el proyectista. Es el mercado. Es una pelea que no solo está en España, está en Europa.

P.– Entre sus desafíos, habla de desarrollar un laboratorio de pensamiento arquitectónico. ¿Echa de menos un poco más de reflexión y una mirada a más largo plazo?

R.– Son dos cosas. Sí, hace falta un ámbito público de reflexión sobre cuestiones que nos afectan decenas y cientos de años después. Pero también me refiero al hecho de que en el campus universitario no hay una escuela de arquitectura y que en las actividades o programas que tiene que ver con la arquitectura a menudo no siempre hay arquitectos, o hay muy pocos, porque en sus campus no tienen esta disciplina. Lo que tengo ganas es que ese laboratorio de reflexión sea un poco lo que sería una escuela de arquitectura si existiera en el campus.

P.– A su juicio, ¿cuál es la mayor urgencia a resolver dentro del actual debate que existe en torno a la vivienda?

R.– Lo primero que hay que saber es que las cosas que se resuelven en muchos años no se resuelven en uno. Todos los observatorios en España, incluido el CSCAE, llevan años alertando de este problema y de la necesidad de construir o rehabilitar equis viviendas al año. Así nos lo han dicho también desde Europa. Pero, por las razones que sean, no se ha hecho. Las administraciones españolas no se han dado cuenta de que las cifras pasaban y que nos quedábamos atrás. La cuestión es que este problema no se resuelve a corto plazo. Tu mínima decisión de hoy necesita unos años para dar sus frutos. Y ese es un inconveniente, porque el problema no deja de crecer porque una de las dinámicas de nuestro tiempo es que todo lo que sucede, ya sea bueno o malo, lo hace muy rápido y a gran escala. En ese ámbito, las decisiones que tomemos hoy, que sin duda hay que tomarlas, son a corto, medio y largo plazo porque las tomas hoy o no van a empezar nunca a tener efectos. Los procesos constructivos tardan mucho en ponerse en pie. Ya no digo nada proveer de miles de viviendas que hacen falta. Por tanto, lo primero es asumir que no es posible dejar pasar más tiempo y trascender la política en la medida que ninguna legislatura va a resolver nada. Podrás marcar una tendencia o una intención, pero hay que ser generoso en cada momento, porque el que decide ahora lo hace para muchos años. Por eso, quizá, los consensos y los acuerdos son interesantes.

«Habla por sí solo que en Cantabria tengamos municipios a los que no les interesa renovar su planeamiento porque creen que les complica la vida.»

P.– Hablando de consensos, en Cantabria no faltan quienes lamentan los vaivenes a los que está sometido el suelo cada vez que se produce un cambio de gobierno y reclaman una idea clara y compartida de región para poder competir. ¿La estabilidad normativa en la ordenación del territorio es nuestra gran asignatura pendiente?

R.– Bueno, Lo ha sido durante muchos años. La gran asignatura pendiente ha sido el Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT), establecido por la anterior Ley del Suelo, que nunca se hizo. Es un fracaso no lograr hacer estos desarrollos y no darse cuenta de que su actualización es obligada. Habla por sí solo que en Cantabria tengamos municipios a los que no les interesa renovar su planeamiento porque creen que les complica la vida. Es claro que hay un atraso en ordenación territorial. Y lo que tenemos que pensar es que las decisiones que se toman tienen que ser para mucho tiempo porque, de lo contrario, van a cambiar cada cuatro años. Y entonces no habrá ninguna. Habrá retazos e incoherencias territoriales.

P.– ¿La Ley de Simplificación Administrativa, actualmente en tramitación en el Parlamento, supondrá un antes y un después para el sector?

R.– Espero que para todos los sectores. Es importante que alguien haya detectado que hay procesos que pueden simplificarse en beneficio de todos, incluida la propia Administración. Habrá que ver si se va al fondo, pero la simplificación administrativa debe ser una solución en sí misma y no asumir un fracaso de la Administración sin alterar la propia Administración. El problema de la simplificación es la falta de respuesta a tiempo de unas situaciones. Si la Administración hubiera funcionado correctamente en plazos y en tiempo, no tendríamos a lo mejor ahora que simplificar. Por tanto, esta norma tiene que afectar también a sus mecanismos internos. La Administración tiene que avanzar, ponerse a la altura de los tiempos y de lo que exige a terceros.

P.– En su tramitación, el Gobierno regional ha abierto la puerta a que también sean legales las promociones residenciales en suelo rústico dentro de los Planes Singulares de Interés Regional (PSIR). ¿Qué opinión le merece esta iniciativa?

R.– A ver. Entiendo que en un momento de urgencia como el que parece vivirse ahora se quieran activar diferentes mecanismos, porque la solución no viene solo de la Administración. Lo que ocurre es que el urbanismo y la arquitectura son disciplinas de orden. Y la planificación territorial implica estudios muy sesudos que necesitan estabilidad. Y sobre todo que funcionen con previsiones. Te puedes equivocar en una previsión, pero son cuestiones ordenadas y consecuencia de la reflexión y el trabajo pluridisciplinar de muchas personas. Cuando, en este ámbito de orden, incorporas elementos de desarrollo autónomo que nada tienen que ver con lo planificado, ya no controlas las consecuencias de esa medida. Pueden ser estupendas o un horror, pero quedan fuera del orden establecido. Por eso, a nosotros no nos suelen gustar las propuestas que alteran ese orden que, por otro lado, también es muy costoso para la Administración. En principio, entiendo que hay que ser flexibles para reconvertir suelos que ahora mismo pueden tener otros usos. Pero desde cero, meter una nueva presión sobre suelos rústicos… En el fondo el reto no está en ocupar el suelo libre que a lo mejor nos hace falta dentro de 25 años, sino en reconsiderar todo lo que ya tenemos ocupado y ser muy flexibles y muy firmes. Sé que no es fácil enfrentarse a eso, pero la política es difícil.

P.– El Gobierno de Cantabria ha decidido recientemente subir los precios de la vivienda pública en un 21,7% para hacer atractiva la construcción de VPO a la iniciativa privada. ¿Acertó?

R.– Sí y no. Es un acierto porque la promoción de vivienda se ha encarecido mucho en los últimos años, no solo por los materiales. Hacer una VPO hoy es mucho más caro, y no es el IPC, que hace quince o veinte años porque las exigencias tecnológicas y constructivas son mucho mayores. Ahora todo es mucho más caro y más sofisticado. ¿Es por tanto un acierto adaptar esta realidad al precio máximo? Sí. Lo que ya no me parece acertado es que esta medida deja fuera a una gran parte de la población que antes sí optaba con más facilidad a estos programas. La vivienda de protección está destinada a personas que ya pueden pagar prácticamente en Santander precios de 2.000 metros el metro cuadrado. Eso deja fuera a muchísima gente. La VPO que yo conozco y he practicado como arquitecto en España nunca ha resuelto los problemas de marginalidad. La marginalidad no está en este tipo de viviendas. Creo que hoy en día se ha igualado por lo alto y habría que establecer mecanismos para que pudieran acceder otro tipo de población con rentas menores, gente sencilla y con trabajos normales. Porque la vivienda es una garantía de salud. La buena arquitectura redunda en la salud y la buena vida de las personas. Por eso, alguien que está en un entorno construido pésimo o en una infravivienda tiene muy pocas oportunidades de progresar. Mi no a esta medida es porque creo que deja fuera a más personas que antes.

P.– No faltan quienes opinan que el futuro del sector debería descansar en la rehabilitación antes que en la construcción. ¿Cómo lo ve usted?

R.– Creo que la rehabilitación y la reconversión son obligadas. No me parece una opción por muchas cuestiones. Ya hay ciudades en las que se da lo que llamamos el efecto rosquilla, en los que el centro se convierte en vacío y en la periferia es donde sucede todo. Eso no es hacer ciudad. La integración social y la convivencia son elementos que hacen fuerte a una comunidad. Y eso lo propicia también el espacio, la arquitectura y el urbanismo. Entonces hay que ver qué espacios y estilos de vida resultan con según qué políticas de construcción. En este sentido, sí. Pero la construcción nueva también es necesaria. Son dos mecanismos diferentes. Pero también hay que tener la mente muy flexible para transformar conjuntos. Ninguna de las patas de la construcción se puede dejar. Además, los criterios europeos de circularidad y de empleo de materiales nos obligan a reutilizar estructuras y edificios con mucha flexibilidad y creatividad. Ahí es donde debemos jugar para conseguir con esas transformaciones los mejores resultados.

«A mí me gusta poner a las personas residentes en el centro de las políticas municipales como, incluso, garantía de éxito para quienes vienen a ellas. Y no al revés.»

P.– Dígame entonces, ¿cuál es su modelo de ciudad?

R.– Aquel que tiene en el punto de mira la buena vida de sus habitantes. Porque creo que, si eso no se cumple, quien venga, ya sea de visita o para quedarse, no va a estar bien y no va a encontrar un lugar equilibrado y saludable. Por eso, a mí me gusta poner a las personas residentes en el centro de las políticas municipales como, incluso, garantía de éxito para quienes vienen a ellas. Y no al revés. Porque a veces hacemos dinámicas a la inversa en las que prima más lo que viene de fuera como influencia y se pasa más de largo por las transformaciones obligadas que equilibran esa localidad.

P.– Las viviendas acaparan cerca del 20% del consumo energético del país. ¿Lo encuentra sostenible?

R.– Desde el CSCAE estamos incidiendo permanentemente en la reconversión energética de los edificios que, como he apuntado antes, también pasa por la circularidad y el empleo de materiales. Las huellas de los edificios tenemos que controlarlas. Dentro de poco, y digo esto porque ya se está hablando de ello en Europa, los propios proyectos de arquitectura de construcción deberán indicar cómo será su destrucción, enfocada a la recuperación máxima de todos sus componentes. No nos queda otra. Cuando diseñemos y proyectemos un edificio, tendremos que prever que a lo mejor no dura tanto y qué pasa si no lo hace. Y esto es una revolución. En Francia, por ejemplo, ya se están planteando que cada consumo de suelo implique un desconsumo de suelo, que no tiene por qué estar en el mismo lugar. Es decir, que el balance sea nulo. Lo público se tiene que enfrentar a lo difícil. Son los únicos que lo pueden resolver. Para lo fácil, ya estamos los demás.

P.– ¿La integración ferroviaria y el Frente Marítimo son los dos proyectos claves para entender el Santander del siglo XXI o cree, por el contrario, que hace falta hacer más barrio y una arquitectura más pegada a la calle y al ciudadano?

R.– Son dos soluciones necesarias y compatibles. Lo que hay que hacer es garantizar la buena vida de los lugareños. Y eso pasa por cuidar el entorno cotidiano de las personas. Es una cuestión de salud. Los dos proyectos que me cita son dos grandes proyectos. Pero mientras no se hacen, los pequeños están al alcance sin necesidad de tantos consensos ni presupuestos. En Santander había una dinámica que teníamos y creo que se va recuperar que es la de los microespacios, intervenciones pequeñas que aportan mucha calidad a quienes viven alrededor. Pero tenemos que tener en cuenta que esa dinámica que resuelve bien el microespacio también lo hace con el medio y gran espacio. No hay por tanto que limitarse a los pequeños y hay que atreverse a ser laboratorio y hacer esas propuestas para ámbitos más difíciles, abiertas y con concurrencia de múltiples ideas. Yo echo en falta que se retomen los microespacios, que se retomarán, pero también que se amplíen. La ciudad tiene que ver que los concursos son una solución muy buena para sus dinámicas. Tenemos una ciudad todavía muy desequilibrada. Ha habido mejoras, pero sigue desequilibrada urbanística y arquitectónicamente.

«Creo que Santander es una ciudad complicada, que se ha vaciado un poco de contexto y con zonas desconectadas. A mi me gusta muchísimo mi ciudad y por esa razón me enfrento a ella con toda la libertad mental.»

P.– Si Santander no tuviera un Centro Botín –como edificio icónico–, ¿habría que construirlo?

R.– Bueno. Santander tiene otros edificios. Tiene el Palacio de la Magdalena, que siempre ha sido icónico. Pero, en cualquier caso, creo que las ciudades necesitan identidades. El arraigo se puede crear con cosas muy novedosas y no tan antiguas. Pero sí, creo que Santander es una ciudad complicada, que se ha vaciado un poco de contexto y con zonas desconectadas. A mi me gusta muchísimo mi ciudad y por esa razón me enfrento a ella con toda la libertad mental. Así, veo que es la consecuencia de una historia muy compleja y veo el reto urbanístico que supone, que es muy interesante y completísimo. Me parece que no hay reto más bonito que intentar mejorar lo que quieres.

P.– En Cantabria hay más de 50.000 viviendas vacías que, según el consejero de Vivienda, Roberto Media, no salen al mercado de alquiler por miedo a la ‘okupación’. ¿Comparte esta visión?

R.– Es interesante pensar en esto. El miedo a la ‘okupación’ es como el miedo a coger un avión. Es muy remoto que te pueda pasar algo, pero es verdad que crea mucho miedo, y tienes que combatirlo. En este sentido, sí creo que ese miedo deba ser disipado por la legalidad, por ciertas garantías, pero no creo que sea el único problema para que 50.000 viviendas vacías no salgan al mercado. Hay muchas de ellas que están totalmente obsoletas y no las puedes poner en venta o alquiler sin hacer antes una potente inversión. Esta actualización o rehabilitación es uno de los filones en lo que lo público puede incidir, incluso con incentivos. ¿Es interesante movilizar estas viviendas? Claro que sí. Pero hay que buscar otras medidas.

P.– A falta de conocer el esperado decreto que regule los pisos turísticos en Cantabria, ¿cuál es el riesgo que más le preocupa si llegara a proliferar este tipo de viviendas?

R.– Si uno piensa más en los que vienen de vacaciones que en los que viven aquí, entonces no responde a mi modelo de ciudad ideal, que debe velar antes por el bienestar de los que residen que por el de los visitantes. Además, cuando resuelves lo local, el que llega va a encontrar un ámbito saludable. El problema esta más en eso: que se piensa más en clave de negocio que de ciudad o convivencia y población. De todos modos, se trata de un problema con dos caras. Hay lugares abocados a la decadencia en los que una dinámica de este tipo puede ofrecerles una oportunidad de futuro. Pero también hay ámbitos en los que este fenómeno es muy desfavorable para el día a día en esos lugares. La evolución de nuestras ciudad y núcleos urbanos es de adaptación continua. Y no dejan de ser espejos de la actividad humana. Las ciudades siempre han sido lugares de protección y de intercambio económico. Y hoy en día creo que en muchos momentos prima más este segundo aspecto que el primero.