Los retos y oportunidades ligados a la actividad generada en torno a los océanos fueron objeto de análisis en un curso de verano de la UIMP que, en su propio planteamiento, reflejaba ya la amplitud del escenario objeto de análisis, el alcance de las iniciativas que pueden emprenderse en la llamada economía azul y los enormes retornos que pueden generarse en términos económicos y medioambientales.

José Ramón Esquiaga |  @josesquiaga | Noviembre 2024

De acuerdo a la literalidad de su enunciado, el objetivo era analizar los desafíos y oportunidades de la economía azul pero, a tenor de su desarrollo, el curso celebrado en la UIMP el pasado mes de julio sirvió sobre todo para dar visibilidad a una materia que, probablemente por tenerla demasiado cerca, tiende a pasar desapercibida. Dirigido por Luis San Segundo, presidente del Sea of Innovation Cluster de Cantabria (SICC), y organizado en colaboración con la Fundación Chile-España y la Asociación Cultural Plaza Porticada, ya el propio planteamiento del programa académico daba muestra de lo amplio de las perspectivas con que puede contemplarse el conjunto de actividades vinculadas de una u otra forma con el mar, y su relevancia en términos económicos, medioambientales y comerciales, así como en cualquier ámbito de las relaciones internacionales. La nómina de intervinientes, las mesas redondas que tuvieron lugar en el marco del curso y el repaso a las iniciativas y proyectos presentados no hicieron sino refrendar lo anterior, con el aval académico que aporta la universidad de verano.

 

El director de Políticas Públicas de Mission Blue, Maximiliano Bello; la directora ejecutiva de Fundación Chile-España, María Ángeles Osorio; y el presidente del Cluster Sea of Innovation de Cantabria, Luis San Miguel, durante el curso. Foto: Juanma Serrano.

La definida como economía azul ampara al conjunto de actividades que se realizan en el mar, así como a las que desde tierra tienen como función el darles soporte. El concepto supera ampliamente el marco sectorial, en una heterogeneidad que puede llegar a suponer un obstáculo para el análisis. Una muestra de ello es la disparidad de las cifras con las que se quiere dar cuenta de su aportación en términos de PIB y empleo y que, de acuerdo con los datos del Gobierno de Cantabria mencionados en el curso, supondrían respectivamente el 9 y 10% del total de la comunidad autónoma.

El propio discurrir del programa académico reflejó la dificultad que entraña hacer esas mediciones, y también que con toda probabilidad la referencia que aporta el Ejecutivo cántabro se quede corta. Solo el puerto de Santander, una infraestructura cuya actividad entra en su totalidad dentro de la economía azul, aportó ya 13% del PIB y un 11,16% del empleo cántabros, según los cálculos que aportó su presidente, César Díaz, durante su intervención en el curso. A la del puerto habría que sumar actividades como la pesca, la construcción y reparación naval, la industria metalúrgica fabricante de componentes para instalaciones energéticas mar adentro, el transporte marítimo o el turismo. Por más que muchas se solapen entre ellas o con lo que pueda contabilizar el puerto, parece difícilmente cuestionable que la relevancia económica supera holgadamente esa cota del 9%.

Además del presidente de la Autoridad Portuaria de Santander, el programa del curso sobre ‘Desafíos y oportunidades de la economía azul’ contó con la presencia de Íñigo Losada, director del Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria (IH Cantabria), Maximiliano Bello, director de Políticas Públicas de Mission Blue, y Alberto Bernal, director de Territorios Phygital en Minsait de Indra, y los presidentes de los dos clústeres cántabros vinculados al mar, el ya citado Luis San Segundo y Juan Luis Sánchez, del Clúster Marítimo de Cantabria. En las mesas redondas celebradas en el marco del programa, en las que se analizaron materias relacionadas con la sostenibilidad, el emprendimiento y la innovación, intervinieron entre otros Javier Remiro, de la Fundación Biodiversidad, Patricia Morales, CEO de la organización conservacionista chilena Filantropía Cortés Solari, Domingo Zarzo, director de Innovación y Proyectos de Sacyr Agua, el empresario Javier Cavada y Raquel Manzanares, directora de Prospección de Nuevos Mercados e Internacionalización de Sodercan.

Situación y perspectivas

A través de estos encuentros, moderados por el propio Luis San Segundo, por Maximilano Bello y por la directora ejecutiva de la Fundación Chile-España, María Ángeles Osorio, se repasó la situación actual y las perspectivas sobre las cuestiones de referencia, todas ellas ya de plena actualidad, pero a las que los ponentes coincidieron en conceder un desarrollo que las hará aún más relevantes en el futuro. Ese balance entre la realidad más inmediata y su traslado a plazos temporales más amplios encontró ejemplos en iniciativas concretas presentadas a lo largo de las dos jornadas del curso.

El proyecto Blue Point, que busca soluciones que permitan actuar sobre el problema de la presencia de plásticos en el mar, y el análisis de actuaciones ya emprendidas en este ámbito, como Comberplast y Atando Cabos, que desde ópticas diferentes buscan fomentar la economía circular en el uso del plástico, sirvieron como marco de la mesa redonda celebrada el segundo día, que a través de Raquel Manzanares dio voz a las implicaciones que estas iniciativas están teniendo ya en empresas de Cantabria. El objetivo último, apuntaron los intervinientes, es crear un ecosistema de múltiples agentes interesados en cooperación, innovación, emprendimiento e internacionalización que aproveche la cadena de valor del plástico marino y las oportunidades de negocio emergentes para establecer un modelo de economía circular replicable en la región atlántica.

Trabajos de construcción metálica en las instalaciones de Degima, una de las empresas cántabras que forma parte de la Plataforma Blue Economy de Cantabria. Foto: Nacho Cubero.

Economía circular, sostenibilidad y participación cántabra son características comunes también a otro de los grandes proyectos que tuvo protagonismo a lo largo del programa académico, el H2 Bahía. Impulsado por el Sea of Innovation Cantabria Cluster y ya con el respaldo que supone haber logrado financiación de los fondos europeos, H2 Bahía plantea la construcción en el mar de un sistema de generación de hidrógeno y amoniaco alimentado por energía renovable, que puede ser eólica marina, solar fotovoltaica o ambas. Con un presupuesto que se acerca a los 8 millones de euros, el proyecto ha captado 5,7 millones de euros procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la convocatoria PERTE ERHA (Energías Renovables Hidrógeno y Almacenamiento). Además de en las cifras, el alcance de una iniciativa como esta se refleja también en el número y condición de las entidades participantes, agrupadas en el Supercluster Atlantic Wind, del que además del cántabro SICC se integran el clúster gallego Galician Offshore Energy Group (GOE-Asime) y el asturiano Consorcio Tecnológico de la Energía de Asturias (Ainer).

Generación de sinergias

La capacidad para generar sinergias, tanto en la fase de investigación como en las posteriores de industrialización y explotación, es otra de las características que define a los proyectos acometidos en el amplio marco que ofrece la economía azul, y algo que en los últimos años ha dado pie a la creación de clústeres y agrupaciones empresariales que encuentran ahí el eje sobre el que articular estrategias comunes. En el caso de Cantabria, los dos que operan en la región reúnen a algo más de medio centenar de empresas, mayoritariamente industriales si atendemos a la que forman parte del SIC y sectorialmente más diversas las que componen el clúster MarCa. Ambos, que comparten alguno de sus socios, tienen igualmente un punto de encuentro en la Plataforma Blue Economy de Cantabria, una iniciativa creada por ambos clústeres que recibió un renovado impulso a comienzos de este año con la creación de un organigrama que concedió la presidencia al consejero de Industria e Innovación, Eduardo Arasti.

Entre los asistentes al curso se contaban 18 estudiantes becados por la Fundación Chile-España, y también estudiantes chilenos que cursan su master en Madrid. En relación con los estudios cursados por los asistentes, los había con formación o titulaciones en Economía, Administración de Empresas, Filosofía, Relaciones Internacionales, Ingeniería Marítima, Energías Renovables o Ciencias Ambientales, en una diversidad de procedencias y perfiles muy acorde con la naturaleza y contenidos del programa.

El nuevo curso de Formación Profesional arranca con un récord de alumnos que da continuidad a una tendencia que ha sido una constante en los últimos años y que sitúa a estos estudios ya claramente por delante de los universitarios en las preferencias de los estudiantes. A falta de los datos definitivos, en Cantabria serán en torno a 15.000 los alumnos matriculados este año en alguno de los 142 ciclos formativos ofertados.

José Ramón Esquiaga |  @josesquiaga | Noviembre 2024

De acuerdo con lo que reflejan las cifras, la Formación Profesional (FP) ha dejado definitivamente atrás la imagen que años atrás lastraba a estos estudios, contemplados como una mera alternativa para quienes no tenían los medios, o las capacidades, para ir a la universidad. El número de matriculados en FP hace tiempo ya que viene superando ampliamente a quienes optan por seguir estudios universitarios, en una proporción que en el caso de Cantabria se acerca a lo que es habitual en los países de Europa donde la FP tiene un mayor reconocimiento.

El sistema educativo cántabro ofertaba este curso 19.000 plazas en alguno de los 142 ciclos impartidos, con una previsión de matriculaciones que se movería en el entorno de los 15.000 alumnos. Todos ellos son números que superan anteriores registros, y que confirman el buen momento que viven estos estudios, tanto desde el lado de la oferta como desde el de la demanda. Entre las novedades en la formación ofertada se cuentan la puesta en marcha de nuevos ciclos básicos –Actividades Agropecuarias, Mantenimiento de Embarcaciones Deportivas y Servicios Comerciales– y medios: Navegación y Pesca de Litoral, Vídeo Disc Jockey y Sonido, Mantenimiento y Control de Maquinaria de Buques y Actividades Comerciales. A ello hay que sumar cinco nuevos cursos de especialización: Cultivos Celulares; Aeronaves Pilotadas-Drones; Robótica Colaborativa; Auditoría Energética y Fabricación Aditiva.

Estudiantes en uno de los ciclos de Formación Profesional sobre la especialidad sanitaria.

Adecuar la oferta formativa a lo que demanda el mercado laboral es el principal reto que encara el sistema, al que hay que sumar otro si cabe más complejo, como es lograr encajar esa condición con las preferencias de los estudiantes. Ese doble objetivo orienta el convenio firmado en agosto por la Consejería de Educación y CEOE-Cepyme de Cantabria, que busca promocionar los estudios de FP entre alumnos y empresas. El convenio contempla, entre otras cuestiones, estrechar la colaboración entre las dos entidades en la concreción del modelo de formación profesional, identificando los perfiles profesionales y las necesidades de cualificaciones en cada caso. Para ello, se facilitará la participación de expertos profesionales de las empresas en el sistema educativo, con visitas y charlas relacionadas con sus actividades empresariales. También se van a organizar encuentros de los profesionales educativos con empresas de los distintos sectores de actividad.

La cotización de las prácticas

El acuerdo concreta también la fórmula para cumplir con la obligación de cotización a la Seguridad Social para los alumnos en prácticas, un requisito que entró en vigor con el pasado curso ya iniciado y que podría condicionar la oferta de plazas en las empresas para la realización de estas prácticas. CEOE-Cepyme de Cantabria ha asumido la gestión de esa obligación legal, lo que ha permitido que, según los cálculos de la patronal, más de 2.000 alumnos de Formación Profesional hayan podido realizar sus prácticas fuera de las aulas. En el acuerdo, CEOE-Cepyme se compromete a potenciar esa intermediación y a sensibilizar a las empresas sobre la importancia de acoger estudiantes en prácticas, además de facilitar programas de formación para la actualización y perfeccionamiento de los tutores de las empresas.

El objetivo último es salvar lo que Enrique Conde, presidente de la patronal cántabra, señaló tras la firma del acuerdo como principal problema del actual sistema: su incapacidad para cubrir la demanda de perfiles profesionales que demandan las empresas. “Este acuerdo ayudar a cambiar la actual situación que resulta paradójica: existe un 24% de jóvenes en paro y las empresas no somos capaces de completar nuestras plantillas por falta de personal cualificado”, aseguró.

La actividad del transporte de mercancías por carretera se mueve ya claramente por encima de las cifras anteriores a la pandemia, en un contexto en el que ha remitido ligeramente la presión del coste del combustible sobre los costes y en el que los cambios normativos han contribuido a destensar la relación entre las empresas de transporte y los cargadores. Los buenos datos, que son algo mejores en Cantabria que en el conjunto de España, conviven con las incertidumbres asociadas a la pérdida de peso de la industria de la región y a las dificultades que tiene el sector para incorporar profesionales, un problema que se agravará en los próximos años con la jubilación de los conductores actuales.

 Al calor de una economía que en sus grandes cifras sigue sin dar muestras de agotamiento, y por encima de las tensiones que en los últimos años han cuestionado la recuperación desde mínimos, el transporte de mercancías por carretera se mueve ya en cotas superiores a las alcanzadas con anterioridad a la crisis sanitaria, de forma significativa si atendemos el volumen de lo transportado, y ciertamente notable si la comparación se hace en función a lo facturado. La escalada que los costes han registrado desde 2019 relativiza el alcance que quiera darse a este último dato, pero no cuestionan el favorable contexto con el que el sector está conviviendo en los últimos meses. En el caso de Cantabria, y a diferencia de lo que suele ser habitual, las cifras reflejan un comportamiento mejor que en el conjunto de España, algo a lo que no es ajeno el récord de tráfico en el que se mueve el puerto de Santander, principal motor del transporte en la región.

Según los cálculos que hace la Asociación de Empresas del Transporte por Carretera de Cantabria (Aetrac), durante el primer semestre del año la actividad ha dado continuidad a lo que ya había sido un buen primer trimestre, haciéndolo además en un contexto de subida de precios y contención del coste del carburante, con la consiguiente mejora de la rentabilidad. La situación contrasta de forma significativa con la que a nivel nacional reflejan los observatorios de costes, precios y actividad del transporte de mercancías por carretera que periódicamente publica el ministerio y que, en lo correspondiente al primer trimestre de este año –último del que se han publicado datos– reflejan un descenso del 6,5% en la actividad medida en toneladas-kilómetros, y del 5,7% en toneladas transportadas, en ambos casos en comparación con el mismo trimestre del año anterior.

El comparativamente mejor comportamiento del mercado en Cantabria se explica en buena medida por el buen momento que vive el puerto de Santander, y por la aportación que ha hecho a las cifras la entrada en funcionamiento de la terminal de contenedores de Boluda. Ello ha servido para compensar, cuanto menos en parte, la debilidad que está mostrando la industria de la región como demandante de transporte, algo a lo que tampoco es ajena –como sucede en el conjunto de España– la debilidad de la economía alemana y también, aunque en menor medida, la de Francia.

Con todo, la principal incertidumbre con la que convive el sector sigue siendo la escasez de conductores, un problema que está condicionando la capacidad de crecimiento de las empresas y que, teniendo en cuenta la edad media de los profesionales actuales, lo hará aún más en el futuro. Según los cálculos de Aetrac, en los próximos cinco años hará falta incorporar 1.500 conductores en Cantabria.

A escasos días de inicio del nuevo curso académico –la entrevista se realizó a finales de agosto–, Cristina Montes, máxima responsable de Formación Profesional en Cantabria, analiza el estado actual y los principales retos de una oferta educativa que se ha ampliado hasta 143 ciclos formativos y que este año volverá a batir récord de personas matriculadas.

Manuel Casino | @mcasino8 | Octubre 2024

Pregunta.– La Formación Profesional está más de moda que nunca. ¿Por qué?

Respuesta.– Bueno, para los que somos de Formación Profesional es algo realmente mucho más paulatino que una explosión, algo que viene creciendo progresivamente desde hace años. Básicamente, es un camino que labramos entre todos. Uno de nuestros objetivos ha sido mejorar la imagen de la FP en la sociedad, porque dentro ya estaba muy valorada por las empresas. Probablemente lo que se entiende por una explosión es porque ahora la sociedad reconoce la calidad de las enseñanzas. Por eso vivimos un momento dulce, como dice el consejero [Sergio Silva].

P.– La falta de financiación ha dejado de ser el mayor problema. ¿Verdad o mentira?

R.– Sí hubo tiempos en los que fue difícil, pero ahora los fondos sociales europeos (FSE) enfocan mucho sus prioridades e hitos en que trabajemos en las enseñanzas y en mejorar los equipamientos y las infraestructuras. Es muy importante tener laboratorios, talleres y centros adecuados a la industria y al resto de sectores. Pero no creo que la financiación haya sido un problema. Lo que ocurre es que ahora se ve lo que antes no se veía. Nosotros hace mucho que tenemos en los centros talleres adecuados y, de hecho, podemos seguir trabajando con FSE porque ahora una de las líneas prioritarias es trabajar en la recualificación de los trabajadores y en la mejora de la cualificación y escasez de la mano de obra. Porque no podemos olvidar que nosotros también somos una política de empleo.

P.– Habla de la importancia de mejorar los equipamientos e infraestructuras. ¿Cantabria tiene algún déficit en este sentido?

R.– Nosotros, y el consejero de Educación ya lo comentó en la última conferencia sectorial, tenemos edificios que necesitan una inversión. Digamos que todo el sistema hace un gran esfuerzo en invertir en centros de FP, pero Cantabria ya cuenta con muchos centros de FP, en torno a ochenta. Contamos, por tanto, con una red pública de FP muy, muy fuerte. Por eso, insistimos en que muchos de nuestros edificios, no tanto nuestras aulas por dentro, tienen más de veinte años y, si queremos que las enseñanzas sean las adecuadas, el Ministerio tiene que apostar en todas las comunidades autónomas, no solo en Cantabria, por invertir en infraestructuras. Así se lo hemos solicitado porque entendemos que afrontar una reforma del sistema de FP como la que se pretende requiere también de inversión en los edificios, no solo en equipamientos o en la formación del profesorado, que eso lo podemos hacer nosotros mismos con nuestros propios fondos o con los FSE.

P.– La oferta educativa de estas enseñanzas en Cantabria se ha ampliado hasta 143 ciclos formativos y 19.000 plazas y, según avanzaban hace una semanas, esperan contar con más de 15.000 alumnos durante este próximo curso. Una vez cerrado el periodo de escolarización abierto en julio, ¿se van a cumplir estas previsiones?

R.– Sí, seguro. Ahora mismo no tengo los datos concretos, pero se van a superar los 15.000 alumnos. Y no hay que olvidar que, además de las plazas presenciales, ofertamos 25 ciclos formativos online que suponen otras 17.000 plazas, y que se van a llenar porque ahora tenemos ya más solicitudes que plazas. En realidad, cuando decimos que tenemos un sistema muy fuerte de FP en Cantabria es que, comparativamente, es así con relación a otros comunidades que nos triplican en población. Obviamente, para que esto continúe siendo así hace falta realizar un esfuerzo muy importante.

Cristina Montes, en la Consejería Educación, Formación Profesional y Universidades, en Río de la Pila, Santander. Foto: Nacho Cubero.

P.– La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, resaltaba hace unos días que en estos momentos hay más de 1.130.000 jóvenes matriculados en Formación Profesional en España, lo que supone un incremento del 35% en los dos últimos años. ¿Cantabria se mueve también en este porcentaje?

R.– Cantabria está muy por encima de ese porcentaje. Los números dicen que en Europa se matricula en FP un 48% de las personas que finalizan la ESO. En España, este porcentaje se mueve en torno al 35%, es decir, una de cada tres personas que termina la ESO se matricula en FP. En Cantabria estamos en los números de Europa. Por eso, insistimos en que no es que estemos de moda, sino que es el resultado de un camino muy largo que nos ha hecho ser muy fuertes en FP por el tejido, por la inversión, por la formación del profesorado, por la difusión de las enseñanzas… Por muchas razones. Pero no somos la única comunidad. También lo son el País Vasco y Galicia, por ejemplo.

P.– ¿Cómo esta siendo en Cantabria la implantación de Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la FP, prevista a partir de este curso?

R.– El calendario está regulado estatalmente en un Real Decreto que establece que todo el sistema de FP, que incluye tanto al que entendemos sistema empleo como el educativo, sea integrado, de forma que todo, y es algo que consideramos muy positivo de esta reforma, sean títulos educativos. Que sea integrado no significa que Educación se vaya a hacer cargo de todo el sistema, porque Empleo va seguir llevando los grados formativos A, B y C, que se corresponden con las microformaciones, los módulos profesionales de hasta 200 horas lectivas y los certificados de profesionalidad, que a partir de ahora se van a llamar certificados profesionales. Nosotros, desde Educación, vamos a seguir llevando los grados D, correspondientes a nuestras enseñanzas de ciclos formativos de grados básico, medio y superior, de 2.000 horas lectivas. Y, además, como novedad, los grados E, que son los cursos de especialización o, dicho de otro modo, los máster en FP que, con una duración variable de entre 600 y 800 horas, están dirigidos especialmente a que los trabajadores actualicen sus conocimientos en sectores emergentes. Creemos, por tanto, que el problema no es el sistema, sino el calendario, que ya hemos dicho que no nos parece sensato para unas enseñanzas tan diversas. La implantación está resultando complicada en todos los territorios porque la normativa estatal que regula estos diferentes grados tenía que estar publicada hace uno año y diez meses, y solo está la de los grados D y E desde el 28 de mayo. Reitero que el calendario está siendo difícil, pero lo afrontamos bien. Ya hemos hechos una presentación a todos los equipos directivos y al servicio de inspección y en los próximos días lo haremos con los profesores y con las patronales y otras organizaciones. En cualquier caso, debo recalcar que el hecho de que sea difícil no significa que no lo vayamos a cumplir. Lo que ocurre es que nosotros queremos explicar bien esta reforma, no enviarla por escrito. Lejos de incertidumbre, lo que queremos trasmitir es seguridad y tranquilidad a las empresas y a la comunidad educativa de que vamos a cumplir con la norma. Ese es nuestro compromiso.

P.– La FP camina hacia las microformaciones y formaciones más flexibles, tal y como requiere el mercado laboral. ¿Lo cree así?

R.– No necesariamente. Lo que creo que ha ocurrido es que se ha ido mejorando la flexibilidad del sistema favoreciendo así que las personas se cualifiquen y también puedan entrar y salir del sistema sin tener los requisitos de acceso. Eso hace veinte años no era así. Y a veces cuesta mucho que la sociedad interiorice, como ya ocurre en Europa, que puedes hacer FP y trabajar al mismo tiempo. Que puedes entrar en las aulas, estudiar y ver, diez años más tarde, que puedes recualificarte en otros sectores y volver a las aulas. Por ejemplo, ahora tenemos ciclos en que más de un 25% de sus alumnos provienen de la universidad en busca de especialización. Tenemos muchas convalidaciones con la universidad, pero también equivalencias para que nuestros alumnos sean también universitarios. Por eso no me gusta decir que somos dos sistemas competidores, sino complementarios. En Europa, este itinerario de la FP a la universidad, o al revés, se hace de forma muy natural.

P.– El consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva, reclamaba al poco de tomar posesión de su cargo, hace poco más de un año, más implicación del tejido productivo de la región para avanzar en el desarrollo de la FP. ¿Se ha conseguido?

R.– Sí, hay mucho interés por conocer la FP. Pero nosotros también tenemos que explicar, informar y dar a conocer las nuevas enseñanzas a las empresas. Por ejemplo, que no haya soldadura en Laredo no significa que no lo ofrezcamos en Astillero en horario de mañana, tarde y a distancia. En Cantabria las distancias son muy cortas y debemos fomentar y animar a las personas de que soldadura solo son dos años y luego puedes encontrar trabajo en su zona. Porque las enseñanzas de FP requieren de una gran inversión y no se pueden abrir en todos los institutos. La oferta tiene que estar muy estudiada. Por poner otro ejemplo, no significa que alguien que vive en Reinosa y quiera trabajar en Gullón (Aguilar de Campoo), no pueda ir a estudiar durante dos años a Torrelavega.

P.– También entonces anunció su intención de aprobar el IV Plan Regional 2024-2027 de la FP. ¿Qué me puede decir al respecto?

R.– El objetivo del plan está, pero no se puede hacer sin implantar antes la nueva normativa. Lo llamativo es que llevemos cinco años sin un plan de FP. Deberíamos tenerlo. Pero ahora lo que tenemos que hacer es trabajar este año en un decreto de la FP en Cantabria, que es lo que se necesita de acuerdo con la nueva ley, y después, haremos el plan. No se puede hacer el IV Plan sin una normativa autonómica previa. Pero insisto en que lo más llamativo es que Cantabria lleve cinco años sin un plan de FP. Eso es lo que tenemos que solucionar. Para ello, el primer paso es el decreto, que no era una necesidad hasta la nueva norma.

La directora de FP y Educación Permanente, junto a otros funcionarios de la consejería. Foto: Nacho Cubero.

P.– El Consejo de Ministros ha acordado a finales de agosto distribuir 867 millones de euros entre las comunidades autónomas para el desarrollo de acciones vinculadas al sistema nacional de Formación Profesional, de los que a Cantabria le han correspondido algo más de 11,4 millones de euros. ¿Satisfecha con este reparto?

R.– En realidad es la primera vez que desde el Ministerio llega una partida presupuestaria tanto para la FP en el ámbito educativo como para la formación profesional en el ámbito laboral. En las comunidades autónomas en las que tenemos esas competencias separadas en dos consejerías tendremos que estudiar cómo hacemos ese reparto. Es una novedad y habrá que ver cómo se afronta.

P.– Su departamento sostiene que la mejor política laboral es una Formación Profesional acorde a las necesidades de las empresas. Sin embargo, hay determinados perfiles, especialmente en industria y hostelería, en los que existe una gran escasez de profesionales. ¿A qué lo achaca?

R.– Hay muchas razones. Una de ellas es que en todas las comunidades autónomas hay un desajuste entre la oferta y la demanda. Hay ciclos muy demandados y otros que no lo son tanto. De hecho, cinco de las veintitrés familias profesionales se llevan el 60% de las matrículas. Seguramente sea porque la población no sabe de la inserción de esos otros perfiles en el mercado laboral. Este es un trabajo por hacer. Por ejemplo, ¿por qué no hay suficiente personal de sala en hostelería? Seguramente una de las razones sea porque no es una profesión regulada. Si las empresas no exigen estudios para acceder, las personas consideran que por qué van a hacer ese esfuerzo en estudiar si no es necesario. En el momento en que sea una profesión regulada, y le das valor desde el propio sector y mejoras sus condiciones laborales, nuestros títulos se llenan. Tienes que dar valor a la profesión. Y eso les corresponde a las empresas exigiendo formación en su selección de personal y mejorando sus condiciones laborales cuando presentan currículum maravillosos. ¿Por qué sí hay tanta demanda en otras profesiones? Porque son atractivas para la población, porque son profesiones reguladas que requieren de esa titulación para acceder y tienen buenas condiciones laborales. Hay que encontrar ese camino para que las personas jóvenes y no tan jóvenes quieran volver a las aulas. Y eso no lo podemos hacer solos, necesitamos ir de la mano con las empresas. Por ejemplo, el sector inmobiliario está especialmente interesado en regular su profesión y estamos trabajando con ellos para diseñar una formación, en primer lugar, acreditando experiencia laboral, y después ofreciendo enseñanzas adecuadas. Son conscientes de que la excelencia de una profesión pasa por exigir formación. Si una empresa no exige calidad en el acceso, luego tampoco la conseguirá en el servicio.

P.– ¿Diría que el desarrollo de la FP Dual es el mayor reto del sistema o hay otros más acuciantes?

R.– Es uno de ellos. Pero creo que el mayor reto es el ajuste de la oferta y demanda y conseguir que las vocaciones lleguen a donde deben, es decir, fomentar qué se te da bien, no solo lo que te gusta. No quieras a toda costa ciclos que tienen listas de espera en los que no vas a entrar nunca porque se entra por nota. Todas las familias profesionales tienen una altísima empleabilidad que no baja en ningún caso del 85%. Otro reto es conseguir que en las profesiones no exista sesgo de género. Aunque en el conjunto de la FP tenemos el número de hombres y de mujeres muy equilibrado, lo cierto es que necesitamos que haya más presencia femenina en los ciclos industriales, informáticos y tecnológicos. Y las empresas están muy interesadas en que haya polivalencia de perfiles. También pasa al contrario y hay profesiones muy feminizadas que deberían contar con más perfiles masculinos. Y un tercer reto, realmente quizá el más importante, es la orientación académica. Debemos conseguir que las personas vengan a los ciclos, sepan de su inserción y se reconozcan las profesiones en los distintos sectores empresariales. Con el cambio del plan de estudios, necesitamos explicar muy bien las nuevas titulaciones y las características de las enseñanzas. Es a lo que más tiempo vamos a dedicar. También nos gustaría atraer más a personas adultas. Nuestras aulas son muy heterogéneas. En definitiva, la FP no es solo unas de las mejores políticas de empleo, sino que ayuda a mejorar la vida personal y profesional de las personas. Y eso, en una comunidad pequeña como la nuestra, aporta mucha riqueza.

P.– La Comisión Europea sostiene que en 2030 las empresas necesitarán un 65% de profesionales con un título de FP. ¿Estamos en condiciones de hacer frente a ese escenario?

R.– Cantabria sí. Vamos por muy buen camino. Tenemos las mismas cifras que Europa. Tenemos que seguir trabajando. El reto es superar todos esos retos que he apuntado.

 

En Cantabria faltan viviendas. Lo reconocen los constructores cántabros y lo ratifica la Asociación para el Fomento Inmobiliario de Cantabria (Afican), que alerta del creciente proceso de gentrificación y reclama la construcción de vivienda social para que la población local pueda asentarse en su municipio.

Manuel Casino | @mcasino8 | Octubre 2024

Cantabria presenta un acuciante déficit de viviendas. Así lo estiman diferentes representantes de la Asociación para el Fomento Inmobiliario de Cantabria (Afican), que reclaman la necesidad de adoptar medidas para facilitar el acceso a este bien, que califican de cada vez más escaso y menos accesible, especialmente para las personas jóvenes y la población local.

A juicio de Juan Fernández Quevedo y de Enrique Mier, dos de los miembros de esta asociación que aspira a representar de aquí a dos años al 75% del sector, en Cantabria apenas se ha construido viviendas de protección oficial (VPO) desde hace más de veinte años. “Salvo algunas actuaciones muy concretas y poco significativas, generalmente promovidas por ayuntamientos, el mercado no se ha movido”, subraya Mier y asiente Quevedo, quien incide en que la región lleva varios lustros sin renovar el parque y sin prácticamente edificarse nada.

Enrique Mier, de la Asociación para el Fomento Inmobiliario de Cantabria (Afican). Foto: Nacho Cubero.

De este modo, los representantes de este colectivo profesional se alinean con la visión ofrecida por el presidente de los constructores cántabros, Javier Palomera, quien, en una entrevista publicada en ‘El Diario Montañés’, aseguraba que faltan unas 3.000 viviendas nuevas al año desde hace varios ejercicios, y que Cantabria lleva 25 años sin hacer viviendas.

Para Quevedo y Mier, esta situación ha motivado que haya descendido mucho el número de inmuebles en oferta y, en consecuencia, que todo lo que se pone en el mercado de compraventa tenga una rápida salida.

“Si se piden precios de mercado, lo poco que hay se vende”, admite por su parte la también representante de Afican Montse Abascal, quien no duda en destacar a continuación el cambio de rol del agente comercial. “Cada vez tenemos que dar más valor a las ventas. Hacer una buena valoración del inmueble para poder salir con un precio justo exige conocer el mercado y estar muy bien formado”, ahonda.

En esta misma línea, Quevedo comparte el importante dinamismo que presenta el mercado de compraventa –en abril, la compraventa de vivienda en Cantabria experimentó crecimientos que varían desde el 17,4 hasta el 26,2%, según la fuente consultada sea el INE o el Colegio General del Notariado–, si bien precisa que es un mercado muy descompensado. “No es lo mismo la demanda que existe en Santander y en otras poblaciones turísticas y costeras, en las que piso que sale a la venta se vende, que la que se registra en zonas del interior”, puntualiza.

Por su parte, Mier prefiere mostrarse más moderado y no levantar expectativas que puedan fomentar una burbuja inmobiliaria, aunque reconoce que Cantabria está de moda. “Sea por el clima o porque la comunidad se ha dado a conocer en los últimos años, lo cierto es que cada vez vienen más personas de fuera. Estamos a punto de una mini burbuja, no sé si solo inmobiliaria o global”, advierte mostrándose un tanto incómodo con el creciente interés que despierta la región.

En este sentido, Abascal insiste en la importancia de realizar una correcta tasación de los inmuebles para no dar pie a la especulación. “Tenemos que ser muy serios y correctos con el mercado y evitar desatar una espiral de precios”, enfatiza.

Precios elevados

Sobre este asunto –el precio de la vivienda–, los tres representantes de esta asociación coinciden en que comprar un piso resulta un tanto caro para un cántabro medio y alertan del riesgo de que muchos de los inmuebles en venta acaben en mano de personas de fuera de Cantabria.

“Para las personas de Cantabria cada vez resulta más difícil acceder a un piso en propiedad”, admite Mier, quien censura que “el creciente proceso de gentrificación está expulsado a los habitantes locales”.

Juan Fernández Quevedo, de Afican. Foto: Nacho Cubero.

Un fenómeno, tercia Quevedo, que en su opinión resulta especialmente “dramático” en los municipios costeros. “Se está produciendo una expulsión de las personas jóvenes en edad de comprar que quieren asentarse en su localidad y no pueden. Se está haciendo mucho hincapié en incentivar el retorno a las zonas rurales en riesgo de despoblación, pero en otros municipios no se está haciendo nada para que la gente se quede”, lamenta contrariado antes de reclamar la construcción de VPO para que esta situación no se agudice. “Se necesita mucha vivienda social para evitar la especulación de compradores de fuera de la región”, repite.

En este sentido, Mier conviene con su colega en que las personas de clase trabajadora no pueden acceder a las VPO, una tipología de viviendas que, además, sostiene que los promotores no quieren construir porque apenas deja margen comercial. “Para muchos no resulta un producto atractivo porque les sale más caro el suelo que construir la vivienda”, advierte convencido del papel central que juegan las diferentes administraciones para atajar este problema.

La tutela de la Administración

“No creo en las fronteras, pero estimo que las Administraciones, cada una dentro de sus competencias, tienen que tomar medidas. No sé si tan radicales como las adoptadas en Andorra, donde han limitado la compra de inmuebles a personas extranjeras, pero sí tendentes a evitar que los compradores de fuera de Cantabria acaparen la vivienda provocando el desplazamiento de la población local”, remata.

“La Administración tiene que tutelar el acceso a la vivienda”, coincide Quevedo, quien igualmente reclama medidas para garantizar este derecho y contribuir a estabilizar los precios, al tiempo que critica que la Ley de Vivienda aprobada por el Gobierno de España haya derivado esta responsabilidad sobre los propietarios.

Montse Abascal, representante de Afican. Foto: Nacho Cubero.

Abascal, por su parte, conviene en la necesidad de tomar medidas, entre las que apunta el impulso de la colaboración publico-privada, la concesión de incentivos fiscales y para la compra de suelo, así como otras que favorezcan al comprador local. “Las administraciones se tienen que poner de acuerdo para que los precios bajen”, reclama al igual que sus colegas.

Al margen de esta reivindicación, los tres miembros de Afican subrayan la sintonía y la buena relación que desde hace años mantienen con el Gobierno de Cantabria, al que agradecen que siempre los haya escuchado. “La cooperación con la administración pública cántabra es vital poder analizar y superar los desafíos en materia de acceso a una casa, sea en propiedad o alquiler, y asegurar que las normativas y políticas de vivienda se ajusten a las realidades y necesidades del mercado”, resaltaban los dirigentes de esta entidad en la presentación oficial de su hoja de ruta celebrada a finales de junio en la sede de la patronal de los empresarios de Cantabria.

A vueltas con los precios de las viviendas sociales, Quevedo comparte con Mier que, a los precios actuales del sector de la construcción, los números no salen. Y ambos lo razonan: el precio medio de venta del metro cuadrado en Cantabria se situó en abril en 1.734 euros –un 32,6% más que en igual periodo de 2023, lo que representa el aumento más elevado de todas las comunidades autónomas–. Del otro lado, construir cuesta entre 1.200 y 1.300 euros el metro cuadrado, a lo que hay que sumar la compra del suelo, el pago de las licencias, los costes de comercialización y el beneficio del promotor.

Destino de la vivienda

En cuanto al uso de la vivienda, los tres representantes de Afican coinciden en que en Cantabria es muy difícil generalizar. “En zonas turísticas y costeras priman más las viviendas de segunda residencia, al igual que lo hacen en algunas zonas rurales, sobre todo tras el covid. Pero en Torrelavega, por ejemplo, predomina la compra de primera vivienda, mientras que en Santander y en otras zonas urbanas los porcentajes están más repartidos”, apuntan, aunque admiten que de un tiempo a esta parte se observa un creciente aumento del pequeño inversor que adquiere la vivienda para alquilar. “Hay un nicho importante”, recalcan.

En su análisis, también destacan que Cantabria se aparta un tanto de la tendencia nacional que apunta a que el 15% de las casas vendidas el pasado año en España acabaron en manos de extranjeros. “Todavía no hemos llegado a ese nivel porque no existen demasiados extranjeros que hayan descubierto Cantabria”, razona Quevedo. Mier, de su lado, aclara que el interés de los compradores británicos se ha enfriado a raíz del Brexit. Lo que sí ha aumentado es el número de personas asentadas que vienen de Ucrania desplazados por la guerra, si bien la mayoría de ellos lo hace en régimen de alquiler. “Mi impresión es que la compra de pisos por parte de extranjeros no debe ser superior al 7%”, calcula.

“Lo que la población de Cantabria busca son viviendas dignas y accesibles acordes a sus ingresos”, resalta Quevedo, quien razona esta afirmación con un ejemplo: “Si una pareja que ingresa 3.000 euros mensuales quiere comprar una vivienda de 200.000 euros, debe de tener ahorrado 60.000, lo que no es nada fácil para la mayoría de las personas”.

“A esta parte de la sociedad hay que ofrecerle una solución. Por eso creo que debería haber viviendas de 120.000 euros”, concluye a modo de resumen Abascal.

Alquilar, más caro que comprar

En relación al mercado de alquiler, tanto Mier como Quevedo y Abascal reconocen que encontrar un piso de alquiler en Santander resulta hoy una misión casi imposible, al menos que se esté dispuesto a pagar una renta muy elevada. “Es que prácticamente no hay oferta”, confirman los tres miembros de Afican, que admiten que el parque de viviendas para alquilar se ha derivado hacia los pisos turísticos, que se escapa de sus manos, y los temporales, sujetos a la Ley de Arrendamientos Urbanos que, según explican, es más laxa con las obligaciones y derechos de los inquilinos que la Ley de Vivienda.

En este sentido, Quevedo razona que el problema de esta última norma, que reconoce “no está mal” en su mayor parte, descansa fundamentalmente en las modificaciones que introduce en la Ley de Enjuiciamiento Civil al alargar los plazos de desahucio e incrementar los costes y, con ello, dejar más desprotegido al propietario frente a los impagos.

«Por un piso de 500 euros en una arteria de la calle Castilla, en Santander, recibí 80 llamadas en unas pocas horas». Juan Fernández Quevedo, de Afican.

La falta de oferta de pisos para alquiler ha llevado a que alguno de estos profesionales se haya planteado incluso dejar de trabajar este segmento. “Por un piso de 500 euros en una arteria de la calle Castilla, en Santander, recibí 80 llamadas en unas pocas horas. Esta demanda te obliga a calificar mucho al potencial arrendatario y a realizar un estudio más preciso sobre sus ingresos y posibles vulnerabilidades. Es un trabajo duro y no remunerado que te desgasta mucho”, conceden los tres.

Además, resaltan que el mercado de alquiler choca con la mentalidad española en la que prevalece la compra. “Somos un país de compradores y la persona que alquila es porque no le queda más remedio”, puntualizan. “El alquiler es un producto caro y un drama. A veces, resulta más caro que comprar”, rematan.

Manuel Vila, presidente del Clúster de la Industria de Defensa, destaca en esta entrevista la vocación nacional de esta iniciativa de la que ya participan 80 empresas, instituciones y entidades de carácter público, el 60% de ellas de Cantabria, y recalca su objetivo de mediar entre las pymes del sector y las Fuerzas Armadas, además de atraer a otras empresas con capacidades productivas y tecnológicas que se pueden aplicar a la defensa y no lo saben.

Manuel Casino | @mcasino8 | Octubre 2024

Pregunta.– El Clúster de la Industria de Defensa cumplirá muy pronto cinco años de su fundación. ¿Qué valoración hace de este quinquenio?

Respuesta.– La idea surgió hace cinco años, a raíz de una jornada en el Colegio de Economistas de Cantabria sobre la importancia de la industria de defensa en la economía y el interés desbordado que este asunto suscitó entre las empresas que acudieron a este evento. Aquello derivó en una iniciativa para poner en marcha una asociación de empresas que quisieran tener relación con las Fuerzas Armadas (FF AA). Así nació el clúster, que debo decir ha sido muy difícil de arrancar en una región tan pequeña como Cantabria y tan carente de empresas tractoras en el sector. Pese a ello, constatamos que sí existía un interés sorprendente y le diría que casi exagerado. No sin dificultades, el clúster se ha ido consolidando poco a poco y ahora mismo es una asociación que engloba a 80 empresas, instituciones y entidades de carácter público, la mayor parte de ellas de Cantabria, pero que tiene vocación nacional.

P.– Un clúster con sede en Cantabria, pero del que también participan muchas empresas, instituciones y centros de investigación de otras comunidades. ¿Por qué aquí?

R.– Lo que se entiende por industria de defensa, en Cantabria es testimonial. La clave está en que no solo estamos hablando de sistemas de defensa. Ni mucho menos. Estamos hablando de todos aquellos suministros que son necesarios para el desenvolvimiento de las FF AA. En el caso del clúster, hablamos de empresas de microelectrónica y de telecomunicaciones, de textil para los uniformes, de alimentos e incluso de cremas de protección solar. Hablamos de servicios no convencionales que, en principio, puede parecer que nada tienen que ver con las Fuerzas Armadas y que, sin embargo, son imprescindibles para los soldados. Al final, la industria de defensa no se trata solo de sistemas de armamento, sino de todo aquello que permite que las Fuerzas Armadas puedan operar con normalidad. Y, desde ese punto de vista, la vocación del clúster es la de atraer empresas que puedan ser suministradoras desde fuera del sector hacia Defensa. Por ejemplo, todas aquellas que tengan tecnología dual, entendida como aquella tecnología civil que sirve también para la industria de defensa.

P.– Del Clúster participan empresas que procuran servicios básicos o avanzados para las Fuerzas Armadas que poco a nada tienen que ver con lo que generalmente se entiende por defensa. ¿Convendría empezar por explicar mejor qué se entiende por industria de defensa?

R.– Sí. A ver. Si nos ponemos digamos estrictos, no es industria ni es de defensa. Es decir, cuando uno habla de industria piensa en fabricar algo, y aquí estamos hablando de servicios avanzados y de construcción de equipos o de desarrollo de tecnología, incluso de formación. Engloba todo lo que sea susceptible de ser comprado por el Ministerio de Defensa. Desde ese punto de vista, no sería estrictamente industria. Y en cuanto que sea defensa, no se aplica solo a ese ministerio en sí sino también, en un ámbito más amplio, a lo que es la seguridad. Y en muchos casos hablamos de tecnología dual que también excede estrictamente de la defensa. Sin embargo, la terminología acota muy bien cuál es la idea de las empresas que pertenecen al clúster y que, básicamente, es la de ser útiles a la defensa española desde el punto de vista de cubrir una necesidad que, de otro modo, tendría que ser satisfecha por empresas extranjeras, lo que traería consigo problemas de dependencia y de falta de autonomía estratégica.

Manuel Vila, presidente del Clúster de la Industria de Defensa. Foto: Nacho Cubero.

P.– Uno de sus objetivos principales es conectar la industria de defensa con las Fuerzas Armadas, especialmente en el caso de pymes que no tienen ese contacto directo y natural del que seguramente sí gozan las grandes empresas del sector. ¿Son el puente que se necesita para unir ambos mundos?

R.– Sí, claro. Las grandes empresas tienen un trato directo y natural con el Ministerio de Defensa, que contrata a los grandes desarrolladores de sistemas de defensa como pueden ser fundamentalmente Airbus, Navantia, Indra, Santa Bárbara y otro tipo de grandes conglomerados. Todos estas empresas y algunas más están englobadas en veteranas asociaciones como Tedae o Aesmide, que representan muy bien sus intereses y tienen una excelente conexión entre el ministerio y la industria. Pero eso es otra cuestión. El foco de nuestro clúster no tiene nada que ver con eso. No queremos ser un lobby. Lo que pretendemos es hacer de puente entre la industria de defensa, definida como lo he hecho antes en un sentido más amplio, y las Fuerzas Armadas de forma que, todas aquellas empresas que no contratan directamente con Defensa, puedan tener acceso directo a los miembros de las FF AA que, de alguna forma, están definiendo y poniendo en marcha la política de defensa del Gobierno. ¿Para qué? Pues básicamente para conocer por dónde van los tiros, y nunca mejor dicho. Es decir, para conocer cuáles son las necesidades industriales y tecnológicas previsibles en los próximos años y que así las empresas puedan orientar sus inversiones y sus programas de I+D+i hacia esos campos. Saberlo de primera mano nos aporta mucha más flexibilidad que no a través de esos grandes sistemistas que a la postre son los que las van a contratar. Por utilizar la terminología propia del sector de la automoción, si ellos son el Tier 1, el Clúster de la Industria de Defensa (CID) quiere facilitar al Tier 2 e incluso al Tier 3, es decir a los subcontratistas de Navantia y a los subcontratistas de los subcontratistas de Navantia, ese contacto directo con las FF AA, y al revés. Porque no solo es interés de las empresas saber qué es lo que quiere Defensa, sino que también las Fuerzas Armadas desean tener un contacto con la industria más allá de esa primera capa que conforman las grandes compañías.

P.– La Estrategia Industrial de Defensa establece que la industria de defensa en España se agrupa principalmente en tres grandes corredores industriales: el corredor Norte, el corredor Centro-Mediterráneo y el corredor Sur. En el caso del primero, que se prolonga hasta Zaragoza, destaca el polo naval de El Ferrol y las capacidades de producción en otras zonas de vehículos terrestres, de munición y componentes armamentísticos, así como de componentes y subcomponentes para el sector aeronáutico o el desarrollo de sistemas aeroespaciales. Pero, ¿qué papel juegan aquí las empresas cántabras?

R.– Primer tema. El CID no representa a las empresas de Cantabria del sector. Como le decía al principio, tiene vocación nacional. Otra cosa es que haya nacido aquí y que la mayor parte de sus miembros sean ahora mismo de aquí. Cantabria se integra en ese corredor Norte. Otra cosa es que definir la política industrial de Defensa desde un punto de vista geográfico sea, en nuestra opinión, un planteamiento mejorable. Si nos centramos en Cantabria, el problema es que no existe, al menos de momento, una empresa tractora que dé un enfoque más sectorial a lo que es la industria de defensa. Pero también es verdad que tratamos de trabajar para que la dinámica de incremento presupuestario de estos años y los venideros acabe atrayendo alguna inversión significativa a Cantabria.

P.– Seguridad y defensa. ¿Hablamos de lo mismo?

R.– No. Hablamos de cuestiones muy diferentes. Lamentablemente, en España a todos los niveles civiles se interpreta que Defensa es una parte de Seguridad. Y eso no es así. En época de paz, son dos conceptos paralelos, muy interrelacionados, pero donde cada uno cumple su papel. En época de guerra, sin embargo, la Defensa lo engloba todo y es la Seguridad la que pasa a ser parte de Defensa. Es justo al revés de como lo pensamos los civiles. Por eso, cuando se habla de la Estrategia de Seguridad Nacional tenemos que ser muy conscientes de que no hablamos de la Estrategia de Defensa Nacional.

P.– Una industria sólida, competitiva y a la vanguardia tecnológica. ¿Estoy hablando de su sector?

R.– Es una industria a la vanguardia tecnológica y competitiva por necesidad porque, aunque ahora mismo la política industrial del Gobierno, que es muy acertada, pretenda comprar en España lo máximo posible, las Fuerzas Armadas no se pueden permitir el lujo de por comprar en territorio nacional tener peor calidad en sus materiales. Por tanto, tenemos que ser competitivos por necesidad. En cuanto a la solidez, todo depende de que haya una financiación de los programas a largo plazo. Y eso no se puede hacer como ha venido haciéndose hasta ahora con los Programas Especiales de Armamento (PEAs). Se tiene que aprobar una ley de financiación de la Defensa consensuada por las principales fuerzas políticas del arco parlamentario y con vocación de largo plazo, de una generación.

El principal problema en esta industria y en otras muchas es la falta de profesionales capacitados a todos los niveles, tanto en lo que es fabricación o generación de servicios básicos como a nivel de ingeniería.

P.– La industria de defensa es altamente demandante de tecnología y también de talento. ¿En cuál de los dos ámbitos andamos más escasos?

R.– Lo cierto es que no andamos sobrados en ninguno. Ambos conceptos están muy relacionados, ya que la tecnología al final proviene del talento, no solo, pero sí fundamentalmente. En España hay talento, no menos que en los países de nuestro entorno, pero siempre ha habido menos recursos para poderlo desarrollar. Probablemente, ese talento ni aquí ni en el resto de Europa sea suficiente. Faltan profesionales. El principal problema en esta industria y en otras muchas es la falta de profesionales capacitados a todos los niveles, tanto en lo que es fabricación o generación de servicios básicos como a nivel de ingeniería. Es un problema muy difícil de resolver. Sí es verdad que en Cantabria hay un grupo de empresas en el Pctcan relacionadas con las comunicaciones en general, con las de Defensa en particular, que serían un pequeño ‘hub’ muy sectorial en el área de Santander. Y eso proviene de la bondad de la formación universitaria en Cantabria en esa rama de la tecnología.

P.– Desde el sector se lamenta la escasa cultura de defensa y seguridad que existe en la sociedad española, lo que, según sostiene, dificulta el reconocimiento del valor estratégico de esta industria y su contribución al desarrollo económico, social y tecnológico del país. ¿Lo comparte?

R.– No solo lo comparto. El problema fundamental de la Defensa con mayúscula es la falta de cultura en defensa en general. Lo que, curiosamente, viene a ser lo mismo que la falta de formación en historia. Lo mal que se imparte la historia en España es el germen de esta carencia lamentable que ocurre más aquí que desde luego en otros países de nuestro entorno. En general, Defensa está mal vista porque se asocia a la dictadura de Franco. Aunque es evidente que no tiene nada que ver, así se ha visto a lo largo de las ultimas décadas. Tampoco ayuda mucho los vaivenes que durante el siglo XIX dieron lugar posteriormente a la Guerra Civil. Parece mentira, pero prácticamente medio siglo de democracia no ha servido para borrar del subconsciente esa rémora. Y todo empeño por conseguirlo es poco. Hay que actuar en los colegios y enseñar la historia sin complejos. Tampoco estaría de más reforzar el estudio de la filosofía, porque es pensamiento crítico. Con todo, las Fuerzas Armadas están haciendo una labor de acercamiento a la sociedad civil espectacular. Lo que ocurre es que partimos de una base muy baja. En Cantabria, por ejemplo, es encomiable la labor que en este sentido está desarrollando el delegado de Defensa, el coronel Emiliano Blanco.

P.– Hay empresas que ni siquiera saben que sus productos o desarrollos tecnológicos pueden ser de aplicación para la Defensa. ¿Verdad o mentira?

R.– Verdad. Hay empresas con tecnologías que se pueden aplicar a la defensa y no lo saben. O lo intuyen, pero no saben cómo llegar a ese mercado. Le pongo un ejemplo: la tecnología BIM, que se aplicaba en la construcción de grandes proyectos de obra civil, ahora mismo se está utilizando con mucho éxito en proyectos de Defensa.

P.– Diría que Defensa es excesivamente dependiente del exterior y que aún está muy lejos de conseguir el nivel óptimo de autonomía estratégica?

R.– Sí, pero gracias a las políticas que se han puesto en marcha, que es algo que ha hecho bien este Gobierno, digamos que nos estamos acercando al óptimo, al que seguramente nunca llegaremos, pero al menos vamos por el buen camino. La Estrategia Industrial de Defensa de 2023 tiene tres parámetros fundamentales: conseguir esa autonomía estratégica, consolidar una base industrial y tecnológica nacional y, por último, contribuir a la Europa de la Defensa. Este último vector es un poco contradictorio con los dos primeros. ¿Por qué? Porque cualquier integración de la industria de defensa española con nuestros colegas europeos más que integración sería absorción, por el mero tamaño relativo de nuestra industria en relación a sus competidores. Por ponerle un ejemplo: Indra, nuestra empresa de referencia, es siete u ocho veces menor que Thales, su análoga en Francia. Colaborar, sí; pero integrarse, no lo veo, al margen de que los intereses defensivos europeos no tengan por qué coincidir al 100% con los españoles, que de hecho no lo hacen.

P.– Acabamos de saber que la inversión española en Defensa se sitúa en el 1,28% del PIB, muy por debajo del 2% acordado en la Alianza Atlántica, un porcentaje que España planea alcanzar en 2029. ¿Vamos tarde y mal?

R.–  Vamos tarde, pero vamos. No bien pero, viendo el vaso medio lleno, este 1,28% es un 30% más que como estábamos hace dos o tres años, que no pasábamos del 1% desde la crisis de 2008. Por fin hemos empezado a caminar. Hay que ser optimistas y ser conscientes de que no se puede doblar el presupuesto de un año para otro, incluso desde un punto de vista humano porque no hay recursos en las Fuerzas Armadas para gestionar un incremento de ese calibre. Creo que el ritmo que se está imprimiendo es el adecuado en el sentido de que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Otra cosa es que no podemos parar y este año no tenemos presupuesto ni lo vamos a tener. Ya empezamos mal, pero…

Manuel Vila, junto al almirante Ricardo Atanasio Hernández López y el vicerrector de Transferencia del Conocimiento de la Universidad de Cantabria, Daniel Pérez, durante la jornada ‘La Armada y la innovación en la industria y la academia’, celebrada en Santander en marzo de 2023.

P.– Sin embargo, varios grupos políticos que apoyan e incluso forman parte del actual Gobierno de España se oponen frontalmente a incrementar el gasto en Defensa al considerar que, de hacerlo, se estaría contribuyendo de manera decisiva a la escalada bélica y a la guerra. ¿Qué dice usted?

R.– La lógica de la disuasión y de la estrategia o de la guerra, para evitarla, tiene que ser una lógica paradójica. No es una lógica convencional ni de sentido común, que son cosas totalmente diferentes. Los políticos que entienden la Defensa con parámetros de lógica colaborativa, es decir, de sentido común, no van a poder entender nunca cómo funciona la disuasión y la Defensa. Al final, se necesita lógica estratégica o paradójica para poder gestionar situaciones de crisis. Ser político, además, no es sinónimo de estar preparado para gestionar determinados asuntos. Por otro lado, algunos de los grupos que están apoyando a este gobierno, lamentablemente tienen como prioridad el debilitamiento de España. Por lo tanto, no les interesa que España sea una potencia ni económica, ni cultural, ni militar a nivel internacional. Evidentemente no van a estar de acuerdo con reforzar ese papel. Sin embargo, incluso visto desde su punto de vista, es un error, porque cualquier ataque a España, sea en cuestiones de ciberseguridad, de guerra híbrida o de lo que sea, a ellos les va a perjudicar igualmente.

P.– ¿En qué es puntera la industria de defensa española?

R.– La industria naval es puntera. También lo somos en guerra electrónica y comunicaciones. A pesar de formar parte de un conglomerado europeo, desde un punto de vista aeronáutico tampoco lo hacemos mal. Digamos que, en general, estamos en un nivel medio-alto internacional.

P.– ¿Cuáles diría que son las principales amenazas a las que se enfrenta esta industria?

R.– Creo que el principal riesgo ya los hemos apuntado antes, y no es otro que la falta de mano de obra cualificada. En segundo término, citaría la falta de financiación a largo plazo.

P.– ¿Y sus principales nichos de mercado?

R.– Hay nichos que están muy en boga, como puede ser el desarrollo de vehículos autónomos, ya sean marítimos, aéreos o terrestres. También empieza a ser muy pujante el uso de la inteligencia artificial en todo tipo de ámbitos de la defensa y siguen siéndolo el desarrollo de determinadas armas y sistemas electrónicos de defensa, misiles hipersónicos… La lista es tan larga que no sabría decirle. Pero al margen de esto, en esa capa de pequeñas empresas que conforman los que hemos convenido en llamar Tier 2 y Tier 3 hay tal cúmulo de tecnologías en desarrollo que sería incapaz de nombrar ni a un 10%. En nanotecnología de tejidos, en soldadura con láser, en fabricación aditiva…

El número de hipotecas constituidas encadena varios trimestres de decrecimiento, una evolución estadística que coincidía hasta hace poco con la de las compraventas, que ha girado a positivo en lo que va de año, lo que apunta a que cada vez son más quienes adquieren una vivienda sin recurrir a financiación bancaria. Como es habitual en otras estadísticas, Cantabria acompasa sus indicadores con los del conjunto de España, pero con diferencias en su cuantía: caen en mayor medida las hipotecas y suben más las compraventas y los precios.

José Ramón Esquiaga |  @josesquiaga | Septiembre 2024

Dependiendo de la estadística en la que fijemos la mirada, el mercado hipotecario lanza señales de lectura diversa, cuando no abiertamente contradictoria, que dificulta cualquier pronóstico que pueda hacerse de lo que habitualmente suele considerarse como un termómetro fiable para medir el momento económico. Como viene sucediendo casi en todo momento desde la crisis sanitaria, y singularmente desde que se endurecieron las condiciones de financiación, el número de hipotecas constituidas sigue apuntando claramente a la baja, algo que también sucede, aunque en menor medida, en lo que se refiere al número de compraventas. Ambas circunstancias, que indicarían un agotamiento de la demanda, casan mal con la evolución de los precios, tozudamente inclinada al encarecimiento. La tendencia es idéntica en Cantabria a la que se da en el conjunto de España, pero no tanto la proporción en que lo hace: disminuye en mayor medida el número y cuantía de las hipotecas, y también las compraventas, pero suben más los precios.

Según recogen los respectivos informes que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE), en abril –último mes con datos– tanto el número de hipotecas como su importe medio experimentaron un significativo aumento en relación con el mismo mes del año anterior, y eso tanto en Cantabria como en el conjunto de comunidades autónomas. Pero ampliando el marco temporal de la comparación se diluye cualquier tentación de encontrar ahí un cambio de tendencia: tanto el dato interanual como las cifras del primer cuatrimestre siguen situadas claramente por debajo de las referencias temporales equivalentes de 2023, que fue un ejercicio que se cerró en negativo en ambos indicadores: con una caída del 18,45% y del 14,58% respectivamente en el conjunto de España, y del 16,79% y el 22,35% en el caso de Cantabria. En los cuatro primeros meses del año se mantiene el descenso, aunque este sea menos acusado: caen un 1,79% las hipotecas y un 4,04% su importe, descensos que en Cantabria son del 7,45 y el 1,76% respectivamente.

Sí puede encontrarse ese indicio de recuperación en lo tocante a las compraventas, que en España disminuyeron un 10% en 2023, mientras en Cantabria lo hicieron en un 8,44%. Frente a eso, durante el primer cuatrimestre de 2024, el número de transacciones de vivienda creció ligeramente en el conjunto de comunidades autónomas (un 0,64%) y de forma más significativa (un 12,92%) en Cantabria. El cruce de ambos datos –el correspondiente a las hipotecas y el que da cuenta de las ventas– apunta a que cada vez son más quienes adquieren una hipoteca sin recurrir a financiación bancaria, lo que a su vez refleja el peso que han ido ganando en el mercado los inversores, en detrimento de quienes buscan una vivienda para habitarla.

Todo lo anterior, que podría ser indicativo de un cierto agotamiento de la demanda, es compatible con una evolución de los precios que sigue apuntando al alza, y que cuestiona cualquier previsión de enfriamiento del mercado. Aunque con la habitual disparidad a la hora de medir su cuantía, tanto el INE como los diversos estudios que recurrentemente publican consultoras y portales inmobiliarios cuantifican las subidas en proporciones similares o incluso ligeramente superiores a la evolución general de la inflación. El más reciente de esos informes, el realizado por la sociedad de tasación Tinsa, sitúa además a Cantabria entre las comunidades autónomas en las que más se ha encarecido la vivienda durante los últimos doce meses.

Sodercan pone en marcha un programa de formación que incluye prácticas a desarrollar en oficinas comerciales del ICEX, y al que podrán optar titulados universitarios menores de 30 años. La convocatoria estará abierta hasta el próximo 9 de octubre.

Abiertas a titulados universitarios de cualquier especialidad, la nueva convocatoria de becas de formación en comercio exterior publicada por Sodercan ofrece la posibilidad de desarrollar prácticas en las oficinas del ICEX en Chicago, Dubái, Lisboa y Singapur. Con un presupuesto de 200.000 euros, el programa otorgará hasta 15 becas a jóvenes menores de 30 años que cuenten con titulación superior universitaria de carácter oficial o título de grado en el momento de la solicitud, y tener un nivel mínimo acreditado de B2 de inglés, entre otros requisitos. Para la selección de beneficiarios se realizará un examen escrito y oral del idioma, otro que servirá para evaluar unos conocimientos mínimos de comercio exterior, un test de competencias profesionales y una entrevista personal. El plazo para presentar las solicitudes vence el próximo 9 de octubre.

El programa de formación en comercio exterior consta de dos fases, una primera de contenido teórico y una posterior práctica de carácter práctico. La formación teórica, de la que se podrán beneficiar hasta un máximo de 15 candidatos, incluirá técnicas de búsqueda de información sobre mercados internacionales y guías temáticas en comercio internacional, estrategia empresarial internacional, entorno legal internacional, marketing y programas de apoyo a la internacionalización, entre otros conceptos.

Las cuatro becas de formación práctica tendrán una duración máxima de un año y se realizarán en las Oficinas Económicas y Comerciales de España en Dubái (Emiratos Árabes Unidos) y Chicago (Estados Unidos), Lisboa (Portugal) y Singapur. Durante el periodo de formación práctica, los becarios recibirán una dotación anual de entre 20.000 y 50.000 euros según el país y ciudad de destino.

La formación versará sobre aquellos aspectos que afectan al proceso de internacionalización de las empresas y se iniciará cuando la persona seleccionada cuente con el visado y haya realizado cuantos trámites resulten necesarios para su desplazamiento al país de destino, habiendo completado la formación teórica.

La presentación de solicitudes debe realizarse a través del Gestor de Ayudas de Sodercan.

La nueva normativa de seguridad obligará a las comunidades de vecinos a invertir en la actualización de sus ascensores, pero en la mayoría de los casos sin tener que afrontar grandes cuantías y sin la obligación de hacerlo de forma inmediata.

José Ramón Esquiaga |  @josesquiaga | Septiembre 2024

Aunque no faltaron pronósticos en sentido contrario, finalmente los cambios a los que obligará la nueva instrucción técnica sobre ascensores no serán ni tan rápidos, ni tan onerosos como llegó a pensarse. Aunque es cierto que en elevadores muy antiguos el coste de cumplir con la normativa puede llegar a ser muy elevado, para la mayor parte del parque, que en el caso de Cantabria puede acercarse a la práctica totalidad del mismo, la inversión a realizar por las comunidades de vecinos no obligará a afrontar cuantiosas derramas en las cuotas, ni tendrá que hacerse de forma inmediata, aunque la norma haya entrado en vigor este pasado 1 de julio.

En su repaso al alcance de la nueva normativa. el director de Postventa de Ascensores Imem, Miguel Pérez Luzuriaga, limita la incidencia en Cantabria a dos de las siete novedades que fija la nueva instrucción técnica. El resto, bien por las características del parque cántabro de elevadores, o bien por ya haber sido adoptadas con anterioridad, no supondrán obligación alguna para los propietarios. Este último es el caso de una de las que en mayor medida pueden tener efecto en otras regiones, la necesidad de contar con un sistema de comunicación bidireccional en cada aparato: “En 2005 Cantabria ya fijó esa exigencia en su propia normativa”, explica Pérez Luzuriaga, que también cree que serán muy pocos los ascensores afectados por otras de las medidas que pueden obligar a afrontar inversiones de cierto calado, como el cambio de guías de madera o de tipo cilíndrico, con contrapesos no guiados o por patios exteriores: “Esos casos se dan en ascensores muy antiguos, y se contarán con los dedos de una mano. De hecho, en nuestra cartera de clientes no tenemos ninguno”.

Una medida que se esperaba que tuviera muchas repercusión, admite el directivo de la empresa cántabra, es la que buscaba evitar los escalones que en ocasiones pueden quedar al detenerse el aparato, y que pueden provocar tropezones al entrar o salir del mismo. Finalmente se limitará a ascensores de una velocidad, lo que de nuevo se corresponde con modelos antiguos de los que no quedarán muchos en funcionamiento.

Miguel Pérez Luzuriafa, director de Postventa de Ascensores Imem. Foto: Nacho Cubero.

Entre 2.000 y 3.000 euros de media

Así las cosas, las principales actuaciones a acometer en los ascensores cántabros para cumplir con la nueva norma serán dos: el control de pesos en cabina y la instalación de una barrera fotoeléctrica que cubra la totalidad de la altura de las puertas automáticas, y no solo la parte inferior como sucede actualmente. Aunque Pérez Luzuriaga considera que no es fácil saber el precio que puede suponer adecuar cada unidad a las nuevas exigencias, el director de Posventa de Imem calcula que la media puede oscilar entre los 2.000 y los 3.000 euros por ascensor.

La nueva regulación está en vigor desde el 1 de julio, pero la obligación de adecuar los ascensores a la misma no será inmediata. El plazo para hacerlo empezará a contar cuando a cada aparato le toque pasar la inspección periódica, que puede ser cada dos, cuatro o seis años dependiendo del tipo de edificio y del uso del ascensor. A partir de ahí, habrá 12 meses para adecuarlos: “Eso supone que en algún supuesto vamos a irnos al año 2020. Va a haber tiempo para seguir adecuando el parque de ascensores”, señala el director de Postventa de Imem que, en todo caso, advierte de que en caso de accidente habría que hacer esos cambios de forma inmediata.

Además de los requisitos que afectan directamente a las condiciones del ascensor, la nueva normativa fija otros que tienen que ver con la actividad de los ascensoristas, en su condición de fabricantes, instaladores y responsables del mantenimiento de los elevadores: “Siempre se nos ha exigido mucho, y en gran medida eso explica que en España los ascensores sean muy seguros, pero esta normativa le da un nuevo empujón a eso”. Entre otras cosas, será obligado detallar todo lo realizado en los partes de trabajo, con una trazabilidad y planes específicos de mantenimiento para cada unidad. También habrá que pasar una inspección cuando se cambia la empresa encargada de conservar el ascensor, y hacerlo igualmente si el aparato ha estado parado más de tres meses, algo que puede suceder por ejemplo en el caso de los hoteles que solo abren en temporada. Un aspecto más complejo, destaca Pérez Luzuriaga, es que los ascensoristas deberán fabricar un manual de funcionamiento de cada uno de los ascensores que están conservando: “Esto es muy difícil, incluso para nosotros que somos fabricantes, porque tenemos equipos nuevos que funcionan desde ayer, pero otros que llevan haciéndolo desde hace cuarenta años: los tenemos de todas las épocas y todas las tecnologías”. Esto, advierte, supondrá un coste que tendrán que repercutir al cliente, que con la nueva regulación también tendrá que afrontar otros que antes no existían, como el de la inspección cuando hay un cambio de conservador o la que habrá que pasar cuando se quiera volver a poner en marcha un ascensor o hacerlo por primera vez.

Los presidentes de CEOE-Cepyme y de la Cámara de Comercio analizan la actualidad y los retos de la industria en Cantabria, reclaman la necesidad de adoptar medidas con rapidez y reivindican la importancia de mantener y consolidar un sector industrial que califican de maduro y con experiencia.

Manuel Casino |  @mcasino8 | Septiembre 2024

CEOE-Cepyme Cantabria abrió el melón al reclamar avanzar más deprisa en la implantación de medidas que son claves para el desarrollo de la industria en Cantabria. Su petición, formulada durante la asamblea anual celebrada el pasado 24 de mayo, tuvo pronta respuesta en el Ejecutivo regional que, por boca del consejero de Industria, Eduardo Arasti, aseguró que en Cantabria jamás se ha hecho más en menos tiempo. Con las cartas sobre la mesa, el presidente de la patronal, Enrique Conde, ha querido quitar hierro al asunto, pero sin apartarse un ápice de sus reivindicaciones.

“En CEOE-Cepyme no nos dedicamos a la política. Lo que hacemos es apoyar al Gobierno en todo lo que podemos siendo conscientes de que el dinero del que dispone la Administración pública es finito y de que, por tanto, hay dificultades”, resuelve Conde, que, sin embargo, y más allá de colaborar con el Ejecutivo, opina que las empresas de la región compiten en desigualdad de condiciones con las del entorno: “La realidad es que las empresas de Cantabria disponen de menos herramientas competitivas que las de otras comunidades limítrofes, como son el País Vasco, Castilla y león, Navarra y La Rioja”.

En este sentido, enumera una serie de reivindicaciones, fundamentalmente orientadas a una mayor agilización de los trámites administrativos, la reducción de la presión fiscal, combatir la «lacra” del absentismo laboral y fomentar la formación en nuevas disciplinas que demandan los mercados, sobre todo en el ámbito de las nuevas tecnologías, la energía y la adaptación a los nuevos modelos de producción.

Una opinión que, en líneas generales, también es compartida por el presidente de la Cámara de Comercio de Cantabria, Tomás Dasgoas. “Que el ritmo de los empresarios no es el mismo que el de la Administración es una realidad que creo que también reconoce el propio Gobierno regional”, apunta el máximo responsable cameral siguiendo el mismo hilo conductor que su homólogo en la patronal. “Estimo que el camino que se está siguiendo es el correcto para conseguir que los tiempos sean lo más cortos posibles y, aunque somos conscientes de que es complicado, la industria necesita ciertos ritmos que se deberían acortar. Y eso depende de todos”, recalca antes de poner en valor la importancia de la colaboración público-privada “para que las cosas vayan en la dirección correcta y más rápido”.

Tomás Dasgoas, presidente de la Cámara de Comercio de Cantabria. Foto: Nacho Cubero.

Más agilidad

En su análisis de la realidad económica cántabra y, más en concreto de la industria, ambos dirigentes coinciden en los problemas que hay que superar para que el sector arranque en Cantabria. Así, Dasgoas se suma a la solicitud de una mayor agilización de los trámites administrativos apuntada ya por Conde. “Es un buen punto de partida que una consejería incorpore este asunto en su nombre –la de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa–, pero necesitamos más atrevimiento y más rapidez en los logros, aunque entendemos que también es complicado. Sabemos que están trabajando en ello y estamos esperando alguna propuesta en este sentido”, aclara.

Además, y al igual que el líder de los empresarios, también resalta su “clara preocupación” por el absentismo laboral, un problema común en toda España, según sostiene, y las «dificultades” para contratar personal que, a su juicio, está limitando y comprometiendo planes de inversión y el crecimiento de algunas empresas.

Además, Dasgoas advierte de que “no existe” entre las nuevas generaciones una motivación por dedicarse a la industria, una circunstancia que, estima, se está empezando a dar de manera “preocupante” tanto en el ámbito del empleado como de las propias empresas. “Del mismo modo que hay una falta de interés por trabajar en el sector, también la hay por ser empresario”, subraya. Asimismo, el presidente de la institución cameral, quien también ostenta la presidencia de la Federación Cántabra de Empresarios del Metal y Afines (Cantabria Metal), apunta a la falta de perfiles profesionales en el sector industrial. “Venimos de ser una comunidad muy preparada en el ámbito de la siderurgia y metalurgia, pero cada vez hay menos profesionales con esas habilidades. Faltan caldereros, mecanizadores, soldadores, trabajadores de fundición…”, lamenta.

Más infraestructuras y apoyo a las energías renovables

Junto a todos estos problemas, Dasgoas sostiene que hay asuntos que han estado demasiado tiempo parados o sin actuar sobre ellos, por lo que intentar ahora remediarlo, dice, va a llevar tiempo: “Tenemos un problema serio de infraestructuras y un evidente retraso con otras comunidades autónomas. En el ferrocarril y su conexión con el puerto, en vuelos con Madrid y Barcelona y en el transporte por carretera en el que es evidente que no contamos con las mejores conexiones posibles para desarrollar la economía y para que las nuevas generaciones encuentren esa motivación profesional que se necesita para emprender”.

Sobre este punto, Conde conviene en que el déficit de infraestructuras es «clave” y lamenta que las infraestructuras que dependen del Estado “no acaben de llegar nunca a Cantabria”. En su lista de demandas, el presidente de los empresarios cántabros destaca igualmente la necesidad de trabajar en el desarrollo de las energías renovables, que considera “fundamental” para la industria cántabra, así como en aspectos de política estratégica que permitan mantener de un lado la industria que hay en Cantabria y, de otro, potenciar el turismo más allá del verano. “Debemos tecnificar e introducir las nuevas tecnologías de forma más clara en la industria. Y ahí podemos ayudar todos, Gobierno y empresarios. Hace falta una política energética, aunque es verdad que ahora el Gobierno está trabajando en este ámbito lo que no se había trabajado hasta la fecha”, admite.

Según explica el presidente de la patronal, las industrias tractoras en Cantabria necesitan de la aplicación de energías renovables. “Sin embargo cada vez que surge una iniciativa en este sector, aparece algún ‘plataformismo’ que no mide la sostenibilidad en sus tres aspectos. Solo lo hacen en el ambiental y, muchas veces, mal mirado”. En su opinión, la sostenibilidad medioambiental ha hecho “muchísimo daño” a la empresa y a la sociedad: “Se ha pervertido el concepto de sostenibilidad de su idea inicial y real” que, según matiza, abarca los ámbitos medioambiental, social y económico.  “Pero una parte de la sociedad, posiblemente por políticas mal aplicadas, lo ciñe exclusivamente al aspecto medioambiental, lo que es un gran error. Con este tema, Europa se está pegando un tiro en el pie, sobre todo en el sector industrial, lo que nos coloca en clara desventaja con relación a otras zonas del mundo que al final nos acaban vendiendo sus productos con mucho peores estándares medioambientales y de calidad y pese a que Europa tiene mucho más interiorizado la sostenibilidad”, argumenta.

Retener el talento

En cuanto a la formación, ambos responsables resaltan el cambio de rumbo que ha experimentado la FP, a la que ahora aseguran se le presta más atención y los jóvenes empiezan a percibir como una buena alternativa laboral, pero lamentan la dificultad de la industria para retener el talento, especialmente en los perfiles más cualificados. Al enjuiciarlo, Dasgoas recuerda que las cuestiones que empujan a una persona a trabajar en una región u en otra han cambiado de manera profunda en los últimos años. “Si antes se valoraba más el salario o la cercanía al puesto de trabajo, ahora el empresario debe saber amoldarse a esas nuevas necesidades que reclaman los trabajadores, que principalmente buscan desarrollo profesional que les dé seguridad y una mayor conciliación”.

Por su parte, Enrique Conde, quien asume que los jóvenes cualificados se han ido fuera de Cantabria, señala que el mundo empresarial es consciente de la necesidad de no dejar escapar ese talento, porque una vez que se va luego es muy difícil que retorne. “Tenemos constatado que, aunque las condiciones de vida en Cantabria son espectaculares, eso no es suficiente para retener el talento. Hace falta algo más que un paisaje bonito. Hace falta condiciones para trabajar y también facilidades para poder emprender”, remata.

El fracaso de los fondos europeos

Sobre los fondos europeos, Desgoas recuerda su pronóstico formulado hace unos años, cuando aventuró que, lejos de ser la oportunidad histórica para la reindustrialización del país, se iban a convertir en el gran fracaso de España. “A la vista de que solo el 40% de los fondos que han llegado a España se han puesto a disposición de la economía, creo que mi vaticinio se está cumpliendo”, estima. “Esta claro que el impacto de estas ayudas no ha sido el que esperábamos, ni creo que se hayan destinado en gran medida a los cambios realmente necesarios para avanzar hacia nuevos modelos productivos y sí, por el contrario, a pagar o a cumplir otras necesidades que no generan ese cambio transformador que hay que acometer”, resuelve contrariado.

En esta misma línea, Conde destaca que el mejor ejemplo de lo que ha ocurrido con los fondos europeos es lo sucedido con Solvay: “Una empresa tractora de la región, se beneficiará próximamente de 30 de los 65 millones de euros solicitados cuando, una empresa diría casi gemela en Francia, dispone de la totalidad de las ayudas prácticamente desde hace casi dos años y medio”. Según remarca, este caso ilustra que este programa “no ha funcionado” y que es un hecho objetivo que el Gobierno de España “no ha sabido gestionar los fondos europeos”. Al citar al Ejecutivo central, el máximo responsable de la patronal cántabra censura que, a diferencia de lo que ocurre con el Gobierno regional, donde admite que sí encuentran apoyo, aunque insiste en que tiene que actuar con mayor celeridad, el de España no está contando con ellos: “Está adoptando medidas no consensuadas con los empresarios que están perjudicando a la empresa y el futuro de Cantabria”.

De la misma opinión es Dasgoas, quien comparte la crítica al Gobierno nacional por adoptar decisiones en el ámbito social y laboral sin consensuar con la parte empresarial. “Y todo lo que no lleve el acuerdo de los empresarios, además del de los sindicatos, creo que no puede cumplir con los objetivos buscados”, insiste. A su juicio, estas cuestiones políticas y decisiones ideológicas están influyendo de forma “muy negativa” en la situación de la industria de Cantabria y de toda España, “hasta el punto de que pueden llegar a generar problemas estructurales que sean difícilmente recuperables”.

Para el presidente de la Cámara de Comercio de Cantabria, se trata de cuestiones en el ámbito laboral que no están en la línea de lo que reclama la competitividad en España. Además, considera que la presión fiscal no ayuda a este objetivo, al igual que tampoco lo hacen las medidas y trámites para la creación de empresas o los permisos necesarios para realizar una actividad, que califica de cada vez más complejos y tardíos y acusa de complicar la dinamización de la economía. “Con tanto normativa se está trasladando una carga burocrática a las empresas, que se ven obligadas a dedicar una parte muy importante de su tiempo a tramitar leyes y normas de obligada aplicación pero que en poco ayudan a la competitividad”, subraya.

Enrique Conde, presidente de CEOE-Cepyme de Cantabria. Foto: Nacho Cubero.

Retos de futuro

Para Conde, el principal reto es mantener la industria que tenemos porque, según resalta, “cada vez resulta más difícil atraer inversión foránea y es evidente que la apertura a nuevos mercados internacionales, tan deseada por todos, está reñida con el tamaño de nuestras empresas, en la mayoría pymes”.  Tras insistir en que el mayor riesgo está en perder lo que tenemos, el dirigente de CEOE-Cepyme Cantabria destaca la necesidad de actuar en aspectos ya apuntados y tan claros como el talento, el relevo generacional, la falta de perfiles profesionales o la internacionalización. “Pero si el coste de energía es el doble que en Francia o Alemania, es evidente que tienes mayor riesgo de desaparecer. Por tanto, hay que poner todo el énfasis en la industria que tenemos que, repito, es un sector muy maduro y con experiencia. Somos muy buenos en lo que hacemos, pero necesitamos contar con las mismas condiciones que en el resto de comunidades”, resuelve.

Aunque comparte esta visión, el presidente cameral apuesta de su lado por trabajar en la modernización de los procesos productivos y por destinar las capacidades a fabricaciones y productos que den un valor o servicio que haga atractivo comprarlos en empresas de Cantabria y no en terceros países con menores costes. En este sentido, Dasgoas aplaude que las diferentes organizaciones empresariales trabajen ahora en colaboración más estrecha y con unos objetivos alineados que defienden con una única voz y que cuentan con la escucha activa del Gobierno. “La colaboración público-privada es la mejor fórmula para abordar los nuevos retos y la única forma de avanzar en una comunidad tan pequeña como la nuestra. Pero hay que cambiar cosas y atreverse a tomar decisiones que tengan un impacto rápido, aunque no sean entendidas en un primer momento. Porque si mantenemos las formas de hacer del pasado no vamos a poder hacer frente a los nuevos escenarios cambiantes que venimos viviendo desde la pandemia”, matiza.

Sector con potencial

Entre esas decisiones valientes y de cambio que hay que acometer, cita la integración de Sogarca en Interaval: “Una decisión que, lejos de poder entenderse como que Cantabria pierde un instrumento de financiación, creo que podría facilitar extraordinariamente el acceso al crédito, y con ello la inversión y el empleo, de autónomos y pymes”. “Necesitamos tener una industria sostenible, moderna y cercana que nos permita contar con recursos y medios sin depender en demasía de otros países”, indica para extender a continuación esta petición a los sectores metalúrgico, agroalimentario o sanitario en los que cree que la industria cántabra con modelos de éxito y a los que señala como las actividades con mayor potencial de crecimiento junto al sector TIC.

Para Enrique Conde, por su parte, el futuro industrial de la región pasa por todo lo que tenga que ver con la industria agroalimentaria o el sector turístico, pero tratado como industria y no como una actividad que funciona porque hace buen tiempo, e incluso por otros sectores relacionados con la automoción y la energía nuclear, y critica que no se esté aprovechando todo el potencial que representa la economía azul en Cantabria. “Vivimos de cara al mar y lo promocionamos poco”.

De otro lado, resalta el trabajo que se desarrolla con la Consejería de Industria en aspectos no tan ligados a la producción y sí más a otros más trasversales. En concreto, alude a Sodercan, una herramienta que, según sostiene, “se utiliza poco” para generar estrategia industrial y que en los últimos años se ha ceñido a una labor burocrática de concesión ayudas, “cuando lo que debería hacer es dedicarse a dar servicio y ejecutar la estrategia industrial”.

En este punto, Dasgoas incide en que Cantabria adolece de una política industrial. “Son muchos los intentos por establecerla y poca la continuidad cuando se ha pretendido hacerlo”, recuerda antes de apostar por trabajar en el mantenimiento y consolidación de las pymes que dan servicio y soporte a la gran industria. “Si la pequeña industria auxiliar cae, entonces ya no hay recuperación posible. Son pequeñas empresas familiares, de empresarios cántabros que trabajan para y por el tejido empresarial de Cantabria y que resultan imprescindibles para cualquier estrategia industrial que se quiera acometer”, afirma.

Pese a todo, el presidente de la Cámara de Comercio de Cantabria entiende que el sector industrial camina por la senda adecuada y que la inversión en sostenibilidad, modernización y calidad en el empleo deben ser “recetas obligadas” para poder tener futuro. “Es un camino sin retorno”, enfatiza para concluir con un claro mensaje: “La industria tiene que empezar a ser realista y trabajar en objetivos alcanzables. Lejos de llegar al 25% del PIB regional que hace un año reclamaba el anterior presidente de Cantabria, lo que tenemos que intentar es que no descienda el peso que la industria tiene actualmente dentro de la economía regional, que ronda el 20% del PIB. Lo demás es vender optimismo infundado. Si trabajamos con realidades será más fácil acertar”. Conde afianza esta visión y apuesta por dejar los porcentajes a los políticos. “Si aumenta el peso del PIB industrial, es evidente que otro sector lo pierde. Lo que debemos intentar es mantener la industria que existe en la actualidad. Podemos marcarnos los objetivos que sean, pero no tiene ningún sentido alejarnos de la realidad. Centrémonos en mantener la industria que tenemos. Lo demás, son porcentajes políticos”, remata.