Viviendas con etiqueta

Desde el 1 de junio cualquier inmueble que vaya a ser traspasado o alquilado ha de contar con un certificado energético, un documento que servirá para saber lo eficiente que es el edificio desde el punto de vista energético. Sin embargo, y aunque técnicamente la nueva normativa ya ha entrado en vigor, aún se desconoce dónde registrar la documentación, las posibles sanciones o el coste que supondrá.

Texto de Jesús García-Bermejo @chusgbh Fotos de Nacho Cubero
Publicado en junio de 2013

A la hora de adquirir un electrodoméstico, es habitual que el cliente se fije en la etiqueta que figura junto al precio y que mediante una letra y un color indica al usuario el consumo de energía del mismo. Sin embargo, desde el 1 de junio no sólo las lavadoras o secadoras deben contar con esta calificación, sino también todos aquellos inmuebles que vayan a ser traspasados o alquilados, algo que con el paso del tiempo puede convertirse en un importante elemento de juicio para posibles compradores.

De acuerdo al real decreto aprobado el pasado mes de abril por el Gobierno de Mariano Rajoy, todos los edificios, salvo los industriales, los locales de menos de 50 metros cuadrados y aquellos que vayan a ser alquilados por un periodo inferior a 4 meses, ya sean pisos, comercios, oficinas, casas unifamiliares, colegios o polideportivos, deberán contar con un certificado energético para poder ser vendidos o arrendados, un documento que servirá para saber lo eficaz que es la construcción en lo que respecta a su consumo de energía. De esta forma, una vez que el técnico competente en la materia haya realizado la inspección del inmueble mediante una metodología específica, el propietario dispondrá de una etiqueta que servirá para clasificar su instalación entre las letras A –muy eficiente– y G –poco eficiente–, además de contar con una lista de las modificaciones a realizar para conseguir una mejor calificación y, por lo tanto, gastar menos energía y reducir las emisiones de CO2.

Sin embargo, y a pesar de que técnicamente la normativa ya ha entrado en vigor, aún son numerosas las incertidumbres existentes entre los propietarios en lo que respecta a las posibles sanciones, el punto en el que registrar la documentación, los técnicos autorizados a realizar las inspecciones o el coste que estas pueden suponer.

Obligación comunitaria

En 1991 España era la nación más eficiente desde el punto de vista energético de toda la Unión Europea. Hoy, sin embargo, nos situamos por debajo de la media comunitaria, y ni siquiera cuatro años de caída del PIB y de una crisis sin parangón han servido para reducir el derroche energético del país, dado que, según el balance publicado por el Ministerio de Industria, en los últimos 12 meses la intensidad en el consumo de energía primaria ha crecido un 0,4% en territorio nacional.

Actualmente los españoles importamos prácticamente el 100% del petróleo que consumimos, y casi el 100% del gas natural, una dependencia que en el anterior ejercicio supuso un gasto aproximado de 50.000 millones de euros y que, de no producirse un cambio radical, continuará incrementándose durante los próximos años. Además, las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de edificios se han incrementado en el país un 20% desde 1990, y se calcula que cerca del 60% de nuestras viviendas han sido levantadas sin que la eficiencia energética fuese siquiera un criterio a tener en cuenta.

Ignacio López Rebollar, presidente de Afilia

Por este motivo, la Unión Europea aprobó una directiva que, entre otras cosas, obligaba a certificar el consumo de los edificios existentes a partir de enero de 2013. De hecho, en diversos puntos del continente, como Italia o Francia, la etiqueta energética es una realidad ya asentada en el mercado, aunque en España la lentitud en el desarrollo de la normativa ha provocado que el real decreto no estuviese aprobado hasta el pasado 13 de abril. Este retraso, unido a la denuncia presentada en su día por la Comisión Europea contra nuestro país por limitar el certificado de eficiencia a los nuevos inmuebles y a los que sufren una renovación importante, son los factores que, en buena medida, podrían explicar la rapidez con la que la nueva obligación ha entrado en vigor –apenas mes y medio desde su aprobación–, una premura que muchos profesionales del sector y propietarios consideran excesiva. “Las empresas aplaudimos la medida –afirma Ignacio López Rebollar, presidente de la agrupación de inmobiliarias Afilia–, es más, la consideramos necesaria para que los compradores dispongan de más información a la hora de adquirir una vivienda. Lo que no entendemos es la precipitación con la que ha comenzado a aplicarse, dado que nos está tocando informar al ciudadano acerca de todo el proceso, una labor que creemos que le corresponde a la Administración. Además, actualmente en Afilia contamos con 3.751 inmuebles en venta o alquiler, y es imposible tenerlos todos inspeccionados y clasificados para el 1 de junio”.

En este sentido, no hay que olvidar que, para su posterior registro en el ámbito territorial, una vez obtenidos los certificados, el propietario debe presentarlos ante el organismo de la comunidad autónoma competente en la materia –lo que muy probablemente conlleve el pago de una tasa–, responsabilidad que en el caso de Cantabria corresponde a la Consejería de Industria. Sin embargo, dado que todavía son muy pocas las regiones que cuentan con normativa propia, cuerpo de inspectores y registro en funcionamiento, el real decreto otorga un plazo de tres meses a las autonomías para desarrollar estos aspectos, por lo que se entiende que hasta el 13 de julio no se aplicarán sanciones de ningún tipo.

Sin embargo, aquellos propietarios o promotores –en casos de nuevas edificaciones– que a partir de la citada fecha no cuenten con absolutamente toda la documentación en regla y pretendan arrendar o vender un inmueble, podrán ser sancionados con infracciones leves –de 300 a 600 euros–, graves –de 601 a 1.000 euros– y muy graves –de 1.001 a 6.000 euros–. Así, publicitar una vivienda para su traspaso o alquiler sin contar con el certificado necesario, ya sea a través de un portal inmobiliario o en el escaparate de una agencia, será una falta leve, mientras que falsificar el documento se considerará una infracción muy grave. “Dado el escaso coste que supone, no creemos que muchos propietarios vayan a arriesgarse a comercializar sus inmuebles sin la etiqueta energética, especialmente porque la normativa, independientemente de la calificación obtenida, no obliga a realizar ninguna reforma. Eso, en principio, será siempre decisión del propietario”, expone López Rebollar.

Y una vez pasado el periodo de transición, el certificado no solo será necesario para el anuncio de una vivienda, sino que deberá estar presente siempre que se vayan a firmar escrituras de venta o contratos de alquiler, puesto que el nuevo dueño o inquilino puede denunciar al vendedor o casero por carecer del mismo.

Mercado potencial

A la hora de inspeccionar el inmueble son muchos los aspectos que se revisan. Básicamente consiste en una toma de los datos dimensionales del edificio y de las características de la envolvente e instalaciones del mismo: consumos de electricidad, gas, eficiencia de los aislamientos, etc. El objetivo es que a medio plazo todas aquellas construcciones que vayan a salir al mercado y que hayan sido llevadas a cabo antes de 2007 –se supone que las posteriores a esa fecha están obligadas a contar con la certificación– estén clasificadas en función de su consumo energético. “Parece impensable ahora mismo, pero la nueva normativa va a suponer un cambio muy importante para el mercado inmobiliario. Con el ‘boom’ de la construcción la simplicidad se antepuso a la eficiencia, por lo que la gran mayoría de los edificios de Cantabria y del resto del país obtendrán calificaciones entre la D y la G. Esto dará lugar a nuevas caídas en el precio de la compra y en el del alquiler, el cual ya venía reduciéndose un 15% en los últimos meses. Además, es muy probable que, al menos inicialmente, las operaciones comerciales en el sector se reduzcan, y los propietarios de viviendas edificadas antes de los años 70, numerosas en la región, van a tener serias dificultades para darles salida. Igualmente, aquellos que cuenten con inmuebles más eficientes podrán establecer precios superiores, y, a pesar ello, les resultará más sencillo traspasarlos o alquilarlos”, considera López Rebollar.

Pero el incremento en el valor de la propiedad no es el único incentivo para la realización de las reformas que indiquen los técnicos encargados de la certificación, obras a las que en ningún caso obliga el real decreto. De acuerdo a distintos estudios, se calcula que aquellos edificios que se adapten para ser eficientes podrían llegar a reducir la factura final de agua, luz y gas hasta en un 45%, lo que supondría un ahorro global de casi 6.000 millones de euros para el conjunto del país. Además, el Gobierno presidido por Mariano Rajoy ha establecido una serie de ayudas y subvenciones dirigidas a fomentar la eficiencia energética dentro del próximo Plan Estatal de Vivienda 2013-2016, como las destinadas a la sustitución de calderas, la mejora de aislamientos o la incorporación de energías renovables, por citar algunas.

Así pues, todo parece indicar que la nueva normativa dará lugar a distintos nichos de mercado en el maltrecho sector de la construcción: por un lado, es probable que a medio plazo sirva para dinamizar la reforma, especialmente una vez que la ciudadanía pase a concebir el consumo de una vivienda como un criterio fundamental de cara a su adquisición, algo que, en opinión de los profesionales del ladrillo, tardará algún tiempo en darse; por otro, las propias inspecciones y la emisión de certificados pueden suponer una fuente de ingresos muy importante para colectivos que hasta la fecha habían visto reducida su actividad hasta mínimos históricos en todo lo relacionado con la edificación, especialmente teniendo en cuenta que a día de hoy Cantabria suma unos 6.000 inmuebles a la venta o en alquiler, y la inmensa mayoría de ellos carece de certificado alguno.

Serán los ingenieros industriales y los arquitectos, junto a los ingenieros industriales técnicos y los arquitectos técnicos los encargados de elaborar el informe, aunque la normativa contempla la posibilidad de que otros profesionales que realicen un curso de formación y obtengan un título al efecto puedan realizar también esta labor. En cualquier caso, cada autonomía tiene la posibilidad de ampliar o restringir estos criterios.

En este sentido, en los últimos meses han proliferado por todo el país empresas que ofrecen la emisión de este documento, ya sean compañías que se han creado a tal efecto o firmas que resultan de divisiones de negocio de tasadoras, consultoras o agencias de intermediación. Incluso los autónomos o las propias inmobiliarias están ofertando esta posibilidad, como es el caso de Afilia, que está formando a profesionales para que sus asociados puedan incorporar este servicio. Por su parte, Miguel Ángel Berrazueta, presidente del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Cantabria (Coaatcan), recomienda cautela al usuario ante la más que probable guerra de precios que se avecina. “Es importante tener en cuenta que la calidad del estudio que el facultativo haga del edificio determinará la validez de la calificación obtenida. Nosotros estamos preocupados ante las ofertas en las que se está delegando la captación de datos a los propios usuarios, creando una suerte de calificación energética a distancia que en modo alguno tendrá utilidad práctica. Posiblemente por esta razón la normativa incluye medidas de control por parte de la Administración de la validez de los datos de partida para la elaboración del certificado, lo que puede ser objeto de exigencia de responsabilidades. De cualquier manera, y a pesar de que no es el mejor momento para la compraventa y el alquiler de viviendas y locales, esperamos que esta nueva obligación sea satisfactoria para, al menos, algunos de nuestros colegiados, no en vano contamos con la formación, especialización y bagaje necesarios para garantizar un servicio de calidad a un coste proporcionado. Sea como fuere, aconsejamos acudir a técnicos que ofrezcan la máxima garantía y profesionalidad”.

A este respecto, antes de la aprobación de la ley se calculaba que el coste medio del certificado energético podía rondar los 250 euros para un piso en altura de entre 80 y 100 metros cuadrados, sin embargo, a medida que se ha ido incrementando la competencia entre las distintas firmas, este importe ha descendido a poco más de 150 euros. Así, será el propio equilibrio entre oferta y demanda el que fije el coste de la etiqueta, aunque no hay que olvidar que también influirán aspectos como dimensiones del inmueble, antigüedad, tipología constructiva, obras recientes de renovación documentadas, estado de mantenimiento de las instalaciones… En definitiva, la complejidad que en cada caso ofrezca la vivienda o local, tanto para captar datos como para ofrecer medidas de mejora de la calificación previamente obtenida.

Lo que aún se desconoce es el desembolso que supondrá la renovación del certificado, dado que este tiene una validez de 10 años, una responsabilidad que de nuevo recaería sobre el propietario del inmueble y para la que cada comunidad autónoma deberá establecer el protocolo de actuación, otra de las incógnitas que rodean a la normativa. “Aún no tenemos noticias por parte del Gobierno regional en lo que se refiere al registro en el que depositar la documentación de las inspecciones, aunque esperamos que en los próximos días se aclaren muchos de los interrogantes que a día de hoy siguen en el aire. En Cantabria no son pocas las viviendas y locales que están en venta o alquiler, por lo que una organización eficaz resultará fundamental de cara a evitar un colapso en la Administración”, asegura Berrazueta. Lo que al menos sí se sabe es que, en caso de realizarse obras de calado que supongan una clara mejora en la eficiencia del inmueble, se podrá actualizar el certificado antes de su expiración.

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Vivir dando la nota

A pesar de que la industria discográfica española ha experimentado una contracción del 80% en los últimos 12 años, aún existen artistas aficionados que sueñan con poder vivir algún día de sus producciones. Si bien la revolución tecnológica ha permitido reducir los costes a los que debe hacer frente una banda para dar a conocer su trabajo, la elevada atomización existente y la difícil rentabilización de las inversiones, hacen que subsistir en este sector sea una utopía solo al alcance de unos pocos.

Texto de Jesús García-Bermejo Hidalgo @chusgbh Publicado en abril de 2014

De acuerdo a un informe publicado por Promusicae (Productores de Música de España), la venta de música en España descendió un 15% en 2013, en el que es ya el duodécimo año consecutivo de retroceso en este aspecto. Y lo más preocupante es que, mientras otros países como Italia, Francia o Alemania han logrado volver a la senda del crecimiento tras 10 ejercicios de pérdidas, en nuestra nación no solo no hay signos de mejoría, sino que el desplome es cada vez mayor, como demuestra que en 2012 la caída fuese de apenas un 5%. De hecho, con los 119,8 millones de euros que el pasado año se gastaron los españoles en la compra de música, la contracción que la industria discográfica ha experimentado en los últimos 12 años supera ya el 80%.

Como no podría ser de otra manera, la venta en soportes físicos ha seguido con la trayectoria descendente de los últimos años hasta los 71,7 millones de euros de 2013, cifra que supone un desplome del 22,8% con respecto al ejercicio inmediatamente anterior, cuando se facturaron 92,8 millones de euros. Así, el formato mayoritario, el CD, vio caer sus ventas un 16,6% con 9,5 millones de unidades, y solo el vinilo, con un tímido repunte del 3,7%, logró mejorar sus resultados.
Podría parecer que, en un entorno cada vez más tecnológico, las buenas noticias con respecto a la industria musical española tendrían que llegar de la mano del mercado digital, pero no es así. De hecho, según los datos publicados por Promusicae, se redujo un 0,35% –48,1 millones de euros–, y solo el streaming por suscripción, que generó un desembolso de 20,3 millones, un 9,4% más que en 2012, se salvó de la quema. De hecho, el streaming financiado por publicidad –las modalidades gratuitas de servicios como Spotify, Deezer, Youtube o Vevo– cayó 4 puntos, las descargas de álbumes o canciones disminuyeron un 9,5% y los tonos y demás productos para móviles vieron empeorar sus resultados en un 17,8%.

En cuanto a los factores que explican esta caída, los expertos, sin obviar la evidente influencia que la propia crisis económica ha podido ejercer, no dudan en señalar a la carga impositiva que ha de soportar el sector, actualmente del 21%, como una de las grandes culpables. Además, la vertiginosa revolución tecnológica que venimos experimentando en los últimos años, con el incremento de la piratería que implica, así como la importante reducción de los conciertos subvencionados por las administraciones parecen tener mucho que ver.

En cualquier caso, y a pesar de las cifras, son muchos los que se animan a componer, interpretar y comercializar su propios temas. De hecho, el abaratamiento del proceso de producción y grabación debido a la proliferación de herramientas tecnológicas accesibles y las numerosas posibilidades de distribución y promoción gracias a las redes sociales y a las plataformas a las que es posible subir canciones o discos, hacen que cada vez surjan más pequeños grupos cuyos miembros sueñan con poder vivir algún día de la música. La duda es, tal y como está la industria a día de hoy, ¿es eso posible?

Manuel Quintanal, Nano Teja, José María Quintanal y Miguel Gómez, componentes de Los Clientes de la Noche.

Empezar de cero

En 2010 cuatro jóvenes cántabros, Nano Teja, Miguel Gómez y los hermanos Manuel y José María Quintanal, amigos desde que eran niños, se animaron formar su propio grupo, Los Clientes de la Noche. Iniciaban así una carrera de fondo repleta de obstáculos que muchos como ellos se han atrevido a emprender, pero que solo unos pocos han logrado culminar. De hecho, hasta 2012 no publicaron su primer disco, Caer de pie, y no solo por el proceso creativo que implica sacar adelante un LP de 10 temas, sino porque, antes de nada, debían lograr la financiación necesaria para cubrir los costes que un trabajo como este exige. Cuatro años después, se encuentran en plena gira de presentación de su segundo álbum, Líneas, círculos y remolinos, y, a pesar de contar con una agenda repleta de bolos por todo el país, aseguran que, a día de hoy, lejos de haber obtenido beneficios, apenas han logrado cubrir gastos.

En un primer momento, optaron por crear algunos temas con los que empezar a ofrecer conciertos, y fue la grabación de esos directos lo que les funcionó como maqueta para mostrar su trabajo y lograr cerrar así nuevas actuaciones. “En la actualidad, lo más habitual para los grupos que empiezan es grabar un EP, que es un disco con tres o cuatro canciones, pero nosotros optamos por un LP, que suele tener entre 10 y 12 temas –cuenta Nano Teja, vocalista de Los Clientes de la Noche–. Con eso o con una maqueta, que hoy en día con las tecnologías que existen puede ser de mucha calidad sin necesitar de un desembolso demasiado elevado, te vas dejando oír, ya sea a través de plataformas en las que cuelgas ese trabajo o mediante actuaciones. Y así, poco a poco, empiezas a lograr ingresos con los que hacer frente los numerosos costes”.

En buena lógica, la primera inversión que ha de afrontar todo grupo de música es la de sus instrumentos, incluyendo no solo guitarras, bajos o baterías, sino también amplificadores, equipo de voces y de mezclas, adquisiciones que en el caso de los cántabros rondaron los 15.000 euros.

Del mismo modo, para los desplazamientos, el alquiler de una furgoneta con la que viajar y transportar todo el material, el cual suele ascender a unos 80 euros al día, y el coste del alojamiento son prácticamente inevitables. “En estos casos, conocer a alguien que te preste un vehículo en el que quepan todos los instrumentos o que te pueda hacer un hueco en su casa supone un ahorro muy importante. Nosotros, si no tenemos donde dormir, nada más acabar la actuación recogemos los bártulos y nos ponemos en marcha. Eso implica volver conduciendo toda la madrugada, pero merece la pena, porque los tiempos en los que los locales donde tocabas te pagaban el alojamiento pasaron a mejor vida”, afirma el vocalista de Los Clientes de la Noche.

Y es que, atendiendo a los ingresos que un grupo modesto puede lograr con una actuación en directo, reducir al máximo los gastos se antoja fundamental. En este sentido, según aseguran los miembros del conjunto cántabro, a día de hoy es muy complicado que una sala contrate una actuación previo pago, algo más propio de los festivales o reservado a grandes artistas, por lo que el esquema habitual suele implicar un acuerdo entre las partes. De esta forma, o bien es el propio grupo el que paga al establecimiento por dar un concierto –la cifra puede oscilar entre los 100 y los 500 euros–, en cuyo caso lo obtenido mediante la venta de entradas iría a los bolsillos de la banda y para el local lo facturado en barra, o la sala cede su espacio de forma gratuita con un reparto idéntico al anterior esquema. “Si el concierto funciona, ganan ambas partes, y, si la cosa va mal, las dos salen perjudicadas, aunque el artista es siempre quien más arriesga –considera Nano Teja–. De cualquier forma, a este nivel, por muy bien que salga la taquilla, tampoco puede decirse que hablemos de un gran negocio. Es más, en muchos bolos hemos perdido dinero”.

El disco

A día de hoy, los pequeños grupos obtienen mayor rendimiento con actuaciones en directo que con la venta de discos, sin embargo contar con un trabajo con un mínimo de calidad, ya sea un EP o un LP, es casi imprescindible para ser contratado.

Normalmente, una vez que el artista tiene todos los temas listos, el proceso se inicia con la grabación de ellos en un estudio, el cual cobra un importe por hora de alquiler, por lo que, según aseguran los miembros de la banda cántabra, trabajar previamente las canciones puede servir para lograr un buen ahorro. A continuación, se realiza la mezcla y, finalmente, la masterización, fases para las que se puede acudir a compañías especializadas o a empresas que abarquen todo el proceso, el cual, en conjunto, para un trabajo de 10 ó 12 temas puede suponer, en palabras del propio Teja, una inversión desde 3.000 euros en adelante. Con esto se obtiene lo que en el mundillo se conoce como máster, que es la grabación sonora original de la que se hacen las copias editadas, aunque antes el artista debe decidir si su apuesta pasa por el mercado digital, el físico o por ambos.

En este aspecto es importante tener en cuenta que, actualmente, según la experiencia del grupo cántabro, cada copia de un CD de 12 pistas puede tener un coste de entre 1 y 1,15 euros, aunque los artistas deben considerar la escalabilidad en los precios y, por supuesto, ser realistas en cuanto al número de ejemplares que confían vender. “Dependiendo de las tarifas de la compañía en cuestión, 300 copias pueden salir a un precio parecido a 100, y lo recomendable es buscar la máxima rentabilidad por unidad, aunque te arriesgues a no vender algunos ejemplares. En nuestro caso, del primer disco publicamos 1.000 copias, de las que vendimos unas 800 a 10 euros la unidad, y de este segundo hemos optado por sacar 500. Si se agotan, con el dinero obtenido podremos asumir el coste de las 500 siguientes”, asegura Teja.

Así mismo, optar por el formato físico implica numerosos costes añadidos en todo lo que tiene que ver con la distribución. Por un lado, en el momento que se apuesta por el CD es necesario acudir a una empresa que se encargue de editar el disco, que sería la responsable de todos los pasos que otorgan al artista el amparo legal necesario, incluyendo código de barras, logo, depósito legal y pago a las SGAE (Sociedad General de Autores Españoles). Este trabajo suele recaer en el sello discográfico, que puede ser sello editor, es decir, encargarse exclusivamente de las gestiones que van desde la grabación del disco hasta la salida de los ejemplares de fábrica, o, también, distribuidor, cuya labor incluiría la puesta a la venta en los distintos establecimientos –aunque existen multitud de firmas especializadas exclusivamente en la promoción y la comercialización–.

En este aspecto influyen las ambiciones del propio grupo o artista sobre los puntos en los que quiere que su trabajo esté disponible. Así, si el objetivo es llegar al pequeño comercio local o el establecimiento especializado, puede ser el propio grupo el que se encargue directamente de distribuir, aunque, si la intención es contar con un espacio en grandes cadenas como El Corte Inglés o FNAC, acudir a profesionales se antoja fundamental. “El primer disco lo sacamos con un sello de Madrid y el segundo con uno de Cantabria, aunque la distribución no la hacemos con nadie, dado que un grupo como el nuestro apenas va a dar salida a 50 ejemplares en un establecimiento físico –calcula Teja–. La mayoría de nuestras ventas tienen lugar después de los conciertos, y ahora vamos a poner en marcha una tienda ‘on line’. Además, estamos presentes en la única tienda especializada que queda en Santander, y no creemos que en una gran superficie nos fuese excesivamente bien”.

Así, de acuerdo a las cifras que manejan Los Clientes de la Noche, si cada CD supone un coste de aproximadamente 1 euro, cifra a la que hay que sumar los 50 céntimos a abonar a la SGAE por copia, el sello discográfico se lleva entre el 15 y el 20%, porcentaje similar al que podría ir a parar al distribuidor, y el establecimiento en el que se comercializa el disco se queda entre el 30 y el 40% de la venta, se obtiene que de cada disco el artista o grupo apenas percibe el 20% del precio final.

De cualquier manera, el músico siempre tiene la opción de gestionar por su cuenta todos los aspectos y abarcar la totalidad del proceso, una labor compleja que ya en su día Vetusta Morla, grupo de referencia en nuestro país, demostró que era posible.
En el caso de la banda encabezada por Nano Teja, los dos discos publicados han supuesto unos 12.000 euros de inversión, sin olvidar los 1.700 correspondientes a las copias en CD de ambos trabajos, importes que, aún a día de hoy tratan de recuperar a través de ventas y, sobre todo, actuaciones en directo. “Estamos cerca del punto de equilibrio, aunque, una vez lo alcancemos, tendremos que continuar con los bolos para pagar el siguiente disco”, apunta el vocalista.

Mercado digital

La evolución de las tecnologías ha abierto un abanico infinito de posibilidades para que los artistas modestos puedan dar a conocer sus trabajos y, actualmente, quien quiera tener visibilidad en este sector puede renunciar a publicar en formato físico, pero nunca a estar en Internet. Este nuevo esquema, en el que la venta tradicional de discos ha caído en picado, ha provocado que las grandes discográficas hayan tenido que reinventarse. Así, mientras que antes se encargaban de absolutamente todo el proceso –grabación, distribución y promoción–, labor que continúan realizando para artistas y grupos cuyas cifras de ventas incluyen varios dígitos, hoy se centran en la gestión de las actuaciones de sus representados, trabajo que realizan a cambio de un porcentaje sobre la recaudación que oscila entre el 15 y el 20%.

Y es que, en un contexto en el que el mercado digital supera por primera vez en España el 40% del volumen total de la industria, frente al 34,2% que suponía en 2012, plataformas como Spotify, Itunes, Shazam o Youtube, por citar algunas de las más conocidas, resultan imprescindibles. De hecho, en los últimos tiempos parece estar extendiéndose en el sector el uso de Bandcamp, página web que ofrece a las bandas jóvenes múltiples opciones para subir su material y promocionarse y cuya principal novedad radica en la capacidad que tiene el propio grupo para establecer un precio por descarga o reproducción. Incluso, si el artista lo desea, existe la opción de que el usuario pague lo que considere oportuno por cada canción o disco.

Una de las apuestas más habituales suele ser Itunes, la tienda de contenidos multimedia desarrollada por Apple, a la cual los grupos modestos pueden subir sus trabajos, previo pago, y obtener aproximadamente el 70% del importe que genere la descarga de sus temas. La otra plataforma estrella en el sector es, sin lugar a dudas, Spotify, que es solo para la reproducción de música vía streaming, obteniendo su financiación a través de publicidad y de la suscripción premium de algunos usuarios –también existe versión gratuita–. En este caso, teniendo en cuenta la cuota de mercado que cada grupo tiene en el servicio, que resulta de dividir el número de reproducciones de cada artista entre el total de las de Spotify, el propietario de los derechos del tema percibe un porcentaje de la cuantía total, una ecuación compleja en la que entran numerosos factores y que deja cifras ridículas a las bandas. De hecho, no son pocos los profesionales del sector que han vertido críticas al sistema de pagos de la plataforma o que incluso han retirado sus trabajos de ella. Para hacerse una idea, basta con decir que Los Clientes de la Noche obtienen 0,00153 euros por escucha, frente a la inversión de 40 euros que tuvieron que asumir para que una empresa especializada situase sus trabajos en la propia Spotify, Itunes y Shazam.

Del mismo modo, no hay que olvidar el importante rol comercial que la red de redes juega para promoción y difusión de los artistas modestos, ya sea a través de páginas web propias, redes sociales o blogs. De hecho, la tradicional industria de los carteles, muy utilizada años atrás para anunciar conciertos o giras, ha pasado a tener una presencia prácticamente residual, y solo las grandes producciones y artistas continúan apostando por ella.

Marcos Casal, a la izquierda, y Raúl Delgado, en un concierto de La Sonrisa de Julia

Cambio de concepto

Marcos Casal, vocalista, guitarrista y compositor de La Sonrisa de Julia, es el ejemplo perfecto de que vivir de la música es posible, no en vano, en 11 años de trayectoria su grupo ha publicado cinco discos, dos de ellos con Warner Music y otros dos con Universal Music, lo que le ha valido para situarse como uno de las bandas cántabras de referencia en el panorama nacional. Pero, además de sacar adelante sus trabajos, Casal ha comenzado a realizar labores de producción para otros artistas, entre los que se encuentran, sin ir más lejos, Los Clientes de la Noche. “Ya habíamos colaborado con ellos anteriormente, y sabía de las dificultades que habían tenido con su primer disco, por lo que me ofrecí, junto con Mario de Inocencio, que se encargó de la parte técnica, a echarles una mano en temas relacionados con la composición de las canciones, el proceso de grabación y la mezcla. Y, por lo que me han dicho, están muy contentos con el resultado final”, cuenta.

Actualmente, Casal se encuentra inmerso en plena gira de despedida de la Sonrisa de Julia con Raúl Delgado, el otro integrante del grupo a día de hoy, y su siguiente objetivo es sacar adelante varios trabajos en solitario, alguno de los cuales asegura tener ya listo. Así, este cántabro se enfrenta de nuevo al reto de poder vivir de la música, aunque esta vez, en lugar de hacerlo como autónomo, figura por la que había apostado para sus anteriores discos, no descarta crear un sello discográfico propio, el cual estaría al servicio de sus producciones y a las de otros artistas.

Conocedor de la realidad económica y empresarial de la industria tanto en el pasado como en la actualidad, Casal no solo considera que es posible vivir de la música, sino que cree que lograrlo en la actualidad es mucho más sencillo que hace 10 años. “Hoy, para dar a conocer tu música tienes multitud de posibilidades y canales, mientras que antes solo existía la opción de la discográfica, con la que, en el mejor de los casos, te llegaba un 10% de lo generado. Con la evolución de las tecnologías, si quieres grabar varios temas no necesitas acudir a un estudio, y puedes hacerlo tú mismo, y con los videoclips, sin ser tener excesivos conocimientos técnicos, ocurre exactamente lo mismo. La promoción se puede realizar mediante redes sociales e Internet, y plataformas como Itunes o Spotify abaratan el proceso de distribución. Al final, hay una máxima que no ha cambiado en absoluto: la necesidad de dar con un producto calidad, diferenciador y que mueva a un buen número de público. Si tienes eso, puedes lograr triunfar en este mundillo, pero si no, lo mejor es que te lo tomes solo como una afición, porque la multiplicación del número de grupos y artistas que ha traído consigo la revolución del sector está provocando que el usuario sea cada vez más selectivo con la música que consume”.

En opinión del aún hoy vocalista de La Sonrisa de Julia, el cambio en la industria española se produce en 2008 con la publicación del primer disco de Vetusta Morla, Un día en el mundo, el primero que, a pesar de ser producido y distribuido en su totalidad por una banda, logra competir con los grupos que llegan al gran público. Este hito supuso el inicio de un nuevo panorama en la música española por el que las discográficas dejaban de ser una herramienta imprescindible para pasar a convertirse en una opción más. Sin embargo, seis años después, el sector vive uno de sus peores momentos de la historia, y no solo las empresas que durante décadas crecieron al calor un proceso para el que resultaban fundamentales lo sufren, sino también los propios artistas. “No tiene sentido culpar a la piratería, la crisis o pintar a las discográficas como las malas de la película –considera Casal–. En España el problema principal radica en la concepción cultural que existe de que se puede disfrutar de música profesional gratis, y eso es muy difícil de cambiar. Durante años, los conciertos en este país han estado subvencionados por ayuntamientos y gobiernos, y los artistas y grupos que se contrataban eran de caché, es decir, los más escuchados en las radios y los que movían grandes masas, los cuales cobraban cantidades fijas y normalmente muy elevadas, independientemente de la gente que acudiese a escucharles. La coyuntura que nos ha tocado vivir ha provocado que ese modelo haya pasado a mejor vida. Ya no cabe una industria subsidiaria del Estado, y hoy los grupos solo valen las entradas que venden. Eso es avanzar hacia un auténtico mercado, un proceso del que, por ahora, solo se están sentando las bases, pero que dará lugar a un sector maduro en el que los directos serán la principal manera de llegar a tu público, que es quien se descargará tus canciones y comprará tus discos. No hay más que fijarse en países como Estados Unidos o Inglaterra, que suman años luchando contra la piratería y que también han sido golpeados por la crisis, pero cuyas industrias musicales han logrado volver a la senda del crecimiento tras años de pérdidas”.

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Parayas crece fuera de la pista

La apertura del primer parking de iniciativa privada añade servicios al aeródromo santanderino en una iniciativa que busca sus clientes tanto entre los viajeros de ida y vuelta a Madrid como en estancias más largas. Los promotores del proyecto, uno de los pocos puestos en marcha para aprovechar el aumento de tráficos de Parayas en la última década, asumen que el aeropuerto difícilmente volverá a los registros alcanzados en 2011 y creen que la iniciativa puede ser rentable con los vuelos y pasajeros que se mueven hoy.

Texto de José R. Esquiaga @josesquiaga Fotos de Nacho Cubero
Publlicado en abril de 2014

Casi de un día para otro, en lo que va del primer aterrizaje de un avión de Ryanair a la consolidación de una oferta más o menos estable de vuelos baratos, el aeropuerto de Parayas pasó de moverse en el modesto entorno de los 250.000 pasajeros a superar los 600.000 en una primera etapa, para escalar luego por encima del millón, durante los años 2011 y 2012. Curiosamente, la década prodigiosa del aeródromo cántabro –el primer vuelo de la aerolínea irlandesa de bajo coste tomó tierra en Parayas en septiembre de 2004– ha tenido una incidencia menor como estímulo para la puesta en marcha de iniciativas empresariales que buscasen aprovechar el notabilísimo incremento de tráficos. Es ahora, cuando las cifras de pasajeros empiezan a remitir, cuando nace Parking Parayas, presentado como el primer aparcamiento low cost para los pasajeros que viajan desde el aeropuerto cántabro, y que es en cualquier caso un proyecto directamente vinculado con el movimiento de viajeros que sean capaz de generar los vuelos que parten de Cantabria.

“Asumimos que las cifras de pasajeros de 2011 y 2012 no van a volver”, explica Silvia Perales, gerente y principal promotora de un proyecto para el que ha buscado referencias en aeropuertos con tráficos algo mayores a los que registra el santanderino pero que, en todo caso, considera que puede ser rentable sin necesidad de que el tráfico de mueva por encima del millón de pasajeros. El último empujón para poner en marcha la iniciativa llegó tras conocer un parking similar en el aeropuerto de Santiago de Compostela, por el que pasan más de dos millones de pasajeros cada año. Pero a diferencia de aquel, explica la promotora de Parking Parayas, en Santander no existe ninguna oferta comparable con la que ahora se pone en marcha.

Parking Parayas tiene su sede en el polígono Mies de San Juan, apenas a un minuto del aeropuerto, en una nave con campa anexa. La búsqueda de unas instalaciones adecuadas ocupó a los promotores de la empresa durante la mayor parte del tiempo pasado desde que empezaron a concebir el proyecto, hace algo más de un año, hasta que recibieron el impulso decisivo tras el viaje a Santiago de Compostela, en noviembre de 2013. La proximidad al aeropuerto, el coste y la posibilidad de diferir una parte de la inversión –el proyecto arranca únicamente con la nave, dejando para los próximos meses la urbanización de la campa– fueron los factores clave para decantarse.
La nave con la que la empresa arranca su actividad tiene capacidad para 45 coches, una cifra que da apenas para cubrir gastos pero que permite cierto margen a la hora de decidir los plazos en los que dar los siguientes pasos. La urbanización de la campa, y su acondicionamiento para cumplir con todos los requerimientos de seguridad, supondrá una inversión de algo más de 30.000 euros, y sumar 105 plazas nuevas de aparcamiento. Con ello, y con los índices de ocupación que han previsto en el plan de negocio –”no demasiado optimistas”, asegura Silvia Perales– la empresa empezaría a dar beneficios.

Estacionalidad

Los promotores de Parking Parayas son muy conscientes de que el suyo va a ser un negocio muy estacional, más activo en los meses centrales del año, con el incremento de líneas en época estival, y con menos trabajo en la temporada baja. Con todo, confían en que el catálogo de servicios del que han dotado a la empresa –alguno de los cuales no está relacionado con el aeropuerto– y los pasajeros cántabros de ida y vuelta a Madrid permitan al negocio contar con una base suficiente como para pasar sin apuros los periodos de menos actividad. Parking Parayas ofrece servicios de lavado interior y exterior del coche, ozonización y llevar el vehículo a pasar la ITV, todo ello de forma independiente a las estancias, aunque puede formar un pack con ellas.

El aparcamiento para los pasajeros del aeropuerto es, con todo, el núcleo de la actividad, y el servicio que debería aportar la mayor parte de la facturación. La empresa ofrece estancias por 7,50 euros diarios, hasta el cuarto día, y por 3,30 del quinto en adelante. Por una semana pueden pagarse 39,95, en un precio que incluiría la limpieza exterior, o 49,95 si se incluye la ozonización. Todos los precios, que incluyen el IVA, se sitúan claramente por debajo de las tarifas del aparcamiento del aeropuerto, hoy por hoy la única competencia directa a la que se enfrenta el nuevo negocio. Indirectamente, explica Silvia Perales, otra referencia son los precios del taxi: según los cálculos que realiza la página de Aena, la carrera entre Parayas y Santander oscila –dependiendo del punto exacto de destino– entre los 12 y los 21 euros en jornada laborable y diurna, y los 14 y los 25 euros en horario nocturno o festivos. El precio es ligeramente menor para ir a Maliaño o Astillero, y claramente más alto para desplazarse a cualquier otro punto de Cantabria. “Para cualquiera que viaje en el día a Madrid, es claramente más barato y cómodo venir en su coche y dejarlo con nosotros. Pero es que incluso es más barato para quien contrate una semana de estancia, y además le lavamos el coche”, señala la gerente de Parking Parayas.

La empresa adapta sus horarios a los de los vuelos, abriendo hora y cuarto antes de la salida del avión a Madrid, el primero que sale cada día de Parayas. Tras la recepción del vehículo, una furgoneta traslada a los viajeros hasta la terminal, en un trayecto que apenas supera el minuto. A la vuelta, basta llamar desde el aeropuerto para que la misma furgoneta pase a recoger al cliente. La furgoneta, el principal equipamiento de la empresa al margen de la propia infraestructura de nave y campa, es operada por Parking Parayas mediante un renting, lo que además de abaratar la inversión inicial garantiza que pueda ser sustituida inmediatamente en caso de avería.

Minimizar riesgos, sobre todo manteniendo el máximo control sobre la cantidad a invertir, ha sido una constante en todo el proceso seguido desde que los dos socios concibieran la idea hasta la apertura del parking. El principal capítulo, y el único que ha obligado a recurrir a financiación bancaria, es el acondicionamiento de la campa, y el hecho de que sea una obra que pueda demorarse en el tiempo ha sido clave. Parking Parayas paga 1.800 euros mensuales por el alquiler de la nave, y otros 600 por la campa anexa. Esas cantidades, junto a los salarios de las cinco personas que componen la plantillan y el renting de la furgoneta, constituyen el grueso de los gastos fijos de la empresa, y los mínimos a considerar para los periodos de menos actividad.

Ryanair, factor de riesgo

“En nuestras previsiones hemos contado con que el aeropuerto se mueva en unas cifras de viajeros similares a las que tiene hoy, en torno al millón de pasajeros”, explica Silvia Perales, que admite que en esa proyección incide un factor sobre el que no tienen ningún control: los planes de Ryanair. “Calculamos que no menos del 80% de nuestros clientes van a ser pasajeros de Ryanair, así que es evidente que cualquier decisión que tome la compañía nos va a afectar. Pero no podemos hacer nada al respecto, o por lo menos nada distinto a lo que ya hemos hecho: diseñar una oferta de servicios que nos permita contar con un cierto colchón de actividad, no directamente ligada al aeropuerto”, señala.

 

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El recurso del autoempleo

A cierre de 2014 España sumaba casi 4.000 autónomos más, de los cuales 764 correspondían a Cantabria. Los planes de ayudas puestos en marcha para emprendedores y la tendencia de las empresas a subcontratar servicios, unidos a la necesidad de los jóvenes y mayores de 45 años de darse de alta como profesionales por cuenta propia para acceder al mercado laboral, explican este crecimiento

Testo de Jesús García-Bermejo @chusgbh Publicado en enero de 2015-02-04

El autoempleo se ha convertido en una de las pocas alternativas para los jóvenes y mayores de 45 años a la hora de acceder al mercado laboral, dos de los colectivos más damnificados por la crisis. Esta realidad, unida a la tendencia de buena parte del tejido empresarial del país a subcontratar servicios y firmar a freelance para poder responder a subidas puntuales de la demanda sin tener que incrementar sus costes fijos, explica, al menos en gran medida, las positivas estadísticas de contratación que en los últimos tiempos se vienen registrando entre los autónomos, datos que difieren de la evolución del empleo por cuenta ajena, el cual, aunque crece, lo hace a mucho menor ritmo.

Atendiendo a las cifras que maneja la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), nuestra región perdió 55 profesionales por cuenta propia el pasado noviembre, frente a los 112 del mismo mes del año anterior, mientras que a nivel nacional el sector registró un incremento interanual del 0,1% –3.881 empleados más–. Del mismo modo, a falta de los datos oficiales de diciembre, periodo tradicionalmente positivo dadas las altas que se producen en actividades relacionadas con el comercio y la hostelería, el pasado ejercicio 764 nuevos autónomos se dieron de alta en nuestra región, y en el conjunto del país ya se supera la barrera de los 3.120.000. “Tras varios ejercicios de descensos, podemos celebrar que 2014 ha sido un buen año para nuestro colectivo, mucho mejor que los tres anteriores, y esperamos no volver a ver caídas en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de la región en mucho tiempo –expone Ana Cabrero, presidenta de ATA en Cantabria–. No hay que olvidar que a cierre de 2013 la comunidad autónoma perdió 239 profesionales por cuenta propia, por lo que hablamos de una recuperación que hacía años que no se daba”.

La lucha de los más jóvenes

Actualmente los autónomos representan al 18,7% de los cotizantes a la Seguridad Social, un porcentaje que no ha parado de crecer desde enero de 2013. De hecho, fue a partir de septiembre cuando se consolidó ese ascenso, fecha en la que entraba en vigor de la tarifa plana para todos los nuevos emprendedores, que pueden pagar durante los seis primeros meses 53 euros a la Seguridad Social, en lugar de los 261,83 euros de la cuota mensual mínima. Esta ayuda supuso un verdadero impulso para miles de personas, que entendieron que era el momento de apostar por el autoempleo, especialmente aquellos colectivos que, por unas circunstancias u otras, tienen más complicado acceder al mercado laboral ordinario.

Ya es sabido hasta qué punto resulta habitual que los universitarios tengan que abandonar el país para optar a empleos acorde a su titulación, aunque en los últimos años esta tendencia se está extendiendo a jóvenes que, independientemente de su formación, se ven obligados a emigrar para poder sobrevivir.

Aún así, existe un amplio porcentaje de desempleados de corta edad que se resisten a abandonar su tierra, lo que explica que España se haya convertido en el quinto país europeo en número absoluto de trabajadores autónomos menores de 30 años, con 165.300, solo superada por Reino Unido –452.000–, Italia –397.90–, Polonia –245.400– y Alemania –244.400–. En total, de acuerdo a los datos publicados por la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), en la UE hay 2.326.700 jóvenes profesionales por cuenta propia, y de esos el 7,1% están realizando su actividad económica en España.

Del mismo modo, a cierre del primer semestre de 2014 el número de autónomos menores de 30 años de nuestro país se había incrementado en un 6,37%, o lo que es lo mismo, 4,4 puntos porcentuales más que la media de la Unión Europea –1,96%–. “Es claramente una opción de empleo para jóvenes formados o no a los que no se les da su primera oportunidad y para los mayores de 45 años que han acabado fuera del mercado laboral, con un bagaje profesional siempre interesante y que tienen que seguir cotizando para vivir y labrarse una jubilación. Y no hay que olvidarse de las mujeres, otro de los grandes exponentes del trabajo autónomo, ya que los bajos salarios y peores condiciones les afectan a ellas significativamente, y eso hace que muchas se decanten por autoemplearse para intentar acceder a un trabajo menos precario”, apunta Ana Cabrero.

Ana Cabrero, presidenta de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) en Cantabria.

Los no tan jóvenes

De acuerdo al VI Informe mayores de 45 años en el mundo laboral, llevado a cabo por la Fundación Adecco, el desempleo no ha dejado de crecer en este colectivo desde que comenzase la crisis, superándose por primera vez el millón de personas en 2010. Hoy, un lustro después, ya rozan los 2 millones.

En nuestra región el crecimiento también ha sido muy intenso. Concretamente, en el primer trimestre de 2007 se registraron 4.400 mayores de 45 años en paro. Transcurridos 7 años, la cifra se ha elevado un 286% hasta los 17.000 desempleados, 700 de los cuales han pasado a engrosar esta lista solo en 2014. Así pues, de los 58.400 parados que actualmente se contabilizan en Cantabria, el 29% tienen 45 o más años.

Esta situación ha empujado a numerosos profesionales de este perfil, hasta ahora inactivos, a incorporarse al mercado laboral. Según el informe de Adecco, la mayoría han sido mujeres, amas de casa que no trabajaban y que, tras quedar su cónyuge en paro, han decidido dar la cara y salir a buscar un empleo que saque adelante la economía doméstica. De esta forma, en el primer trimestre de 2014 se alcanzó el máximo histórico, cuando 40.700 mayores de 45 años salieron a buscar su primera oportunidad laboral, una cifra que triplica de largo la alcanzada en 2007 –12.600–, y en la que el sexo femenino, con 35.300 mujeres –86%–, es el gran protagonista.

Sin embargo, atendiendo a los datos, parece que el esfuerzo, en la mayoría de los casos, ha sido en vano, especialmente porque el paro estructural o de larga duración se está convirtiendo en un mal crónico en nuestro país, como demuestra que el 61% de los desempleados ya supere un año de búsqueda infructuosa de trabajo. Este problema se hace aún más acuciante en el caso de los desempleados mayores de 45 años, colectivo para el que la cifra se eleva al 70%. Concretamente, un 18,7% lleva entre 1 y 2 años sin trabajo, mientras que el 51,1% supera los 24 meses.

Con semejante panorama, no es de extrañar que el 56% de los encuestados por la Fundación Adecco en Cantabria opine que tardará más de un año en acceder al mercado laboral, siendo su edad el principal escollo para el 55% de ellos. Un 26%, sin embargo, considera que la crisis económica afecta a todos por igual, no siendo un agravante el superar los 45 años.

Por otra parte, en nuestra región un 89% de estos desempleados se encuentra en paro porque perdió su empleo anterior, y muchos de ellos son conscientes de que su sector de procedencia ya no está generando oferta, motivo por el que un 96% no duda en buscar oportunidades laborales en otras áreas de actividad o en puestos en los que nunca habían trabajado antes. Y es que, para este colectivo es aún más vital, si cabe, encontrar un empleo que para el resto de la población, pues a menudo tienen responsabilidades familiares o, lo que es lo mismo, hijos económicamente dependientes a los que tienen que sacar adelante. Según los datos del estudio, buena parte de los desempleados mayores de 45 años en Cantabria, más del 84%, se encuentra en esta situación.

A la caza del ‘freelance’

El reciente estudio Radiografía del mercado ‘freelance’ en España, llevado a cabo por Infojobs y la consultora norteamericana Tower Lane, refleja que el 54% de las firmas que conforman el entramado empresarial de nuestro país tienen pensado incrementar su nómina de servicios externos durante el primer semestre de 2015, una tendencia que ya se venía dando en los últimos ejercicios y que se acentúa ahora aún más si cabe.

Y es que, ante la situación de crisis económica actual, y con uno de los índices más altos de desempleo de la Unión Europea, cada vez son más los españoles que deciden trabajar por cuenta propia. De hecho, desde 2008 Infojobs ha visto cómo las ofertas de empleo en busca de autónomos se han multiplicado por diez, algo que también se debe a que las empresas encuentran en el trabajador por cuenta propia un modelo de empleo que se adapta mejor a sus necesidades actuales y a las contrataciones por proyectos. Es más, según los resultados del estudio, en la actualidad el 65% de las compañías contratan entre 3 y 10 freelance al año en nuestro país, una tendencia que, en opinión de la presidenta de ATA en Cantabria, responde a la coyuntura económica vivida en territorio nacional en los últimos tiempos. “Gran número de empresas estaban sobredimensionadas y se asfixiaban agónicamente hasta morir por las caídas tremendas de actividad que provocaba el nulo consumo que hemos soportado durante los últimos años. La reforma laboral hizo que muchas prescindieran de sus trabajadores ante el panorama, y ahora una buena parte de ellas se decantan por la contratación de autónomos según sus necesidades o proyectos, es decir, externalizan. No me cabe duda de que esta manera de contratar será habitual en España durante los próximos ejercicios, ya que la carga de trabajo en los sectores mayoritarios es frecuentemente variable y estacional, y eso hace que los empleadores traten de minimizar riesgos”.

Por sectores, el relacionado con las tecnologías y las telecomunicaciones es el que más especialistas por cuenta propia persigue, con un 19% del total de la demanda, un fenómeno que también se da en mercados más maduros, como es el caso de Estados Unidos.

El principal problema quien se encuentre en situación de desempleo, y así lo denuncian varias asociaciones del sector, reside en que muchas firmas aprovechan esta dinámica y la necesidad de gran número de españoles para obligar al candidato a darse de alta como profesional por cuenta propia, ahorrándose así una buena suma en cotizaciones, una práctica completamente ilegal. “Si un trabajador cumple todos los requisitos para ser asalariado de una determinada empresa y es obligado a registrarse como autónomo sin serlo en esencia, estaríamos hablando de un fraude de ley que encubre una relación laboral de facto, y como tal debe ser denunciado. Para eso están los tribunales, que son los que tienen que velar, reconocer y amparar los derechos de todos los trabajadores”, afirma Ana Cabrero.

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Apartamentos sí, pero con CIF

Hasta ahora eran viviendas al uso, y sus propietarios las alquilaban a turistas acogiéndose a la Ley de Arrendamientos Urbanos, por lo que solo debían computar por ellas en la declaración de la renta. Sin embargo, la normativa que ultima el Gobierno obligará a estos alojamientos a cumplir con las mismas obligaciones que los hoteles o las casas rurales, y, dados los costes que eso implica, la duda radica en saber si se producirá un incremento en la economía sumergida del sector.

Texto de Jesús García-Bermejo @chusgbh Fotos de Nacho Cubero
Publicado en junio de 2013

A pesar de que el tiempo no acompaña, de la crisis y de la caída generalizada de las facturaciones en prácticamente todos los sectores de actividad, parece que el turismo, al menos por ahora, es capaz de capear el temporal, y nunca mejor dicho. Y es que, atendiendo a las cifras registradas, nuestro país recibió a lo largo del año pasado un total de 57,7 millones de viajeros extranjeros, un 2,1% más que en 2011, y todo indica que en este ejercicio la tendencia seguirá al alza. Por su parte, Cantabria logró unos resultados aún mejores, puesto que, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la región se situó como la comunidad líder en el aumento de transeúntes en agosto, con un incremento 5,6% en relación al año anterior. País Vasco –4,6%–, Valencia –4%– Murcia –2,4%– y Navarra –0,5%– completaron la clasificación, mientras que el resto de comunidades autónomas perdieron visitantes respecto a 2011. Del mismo modo, fue la segunda del país en aumento de pernoctaciones –2,2%– y el aeropuerto de Parayas vivió el mejor agosto de su historia, con un 7,4% más de pasajeros, frente a un descenso medio del 3,1% en la red Aena.

Sin embargo, no hay que olvidar que el sector en su conjunto suma varios ejercicios de pérdidas, y solo los puentes, así como julio y agosto, permiten cuadrar balances a cierre de ejercicio. Además, los profesionales asumen que los registros de 2006 ó 2007 no volverán a alcanzarse, y que los resultados satisfactorios de los últimos meses se deben en buena parte a un descenso muy importante de los precios, lo que pone en serio riesgo la rentabilidad de los negocios. “Hace unos años, cuando las cosas iban bien, la competencia desleal, aún suponiendo un problema, era económicamente soportable –expone Emérito Astuy, presidente de la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria (AEHC)–. Ahora, con el descenso de los ingresos, el intrusismo existente en el sector se ha convertido en un obstáculo prácticamente insalvable, sobre todo para los alojamientos de turismo rural y durante las semanas de mayor demanda”.

Y es que, con el avance de la crisis, este mercado se ha convertido en un refugio para empresarios de sectores en declive o trabajadores que se han quedado en paro, los cuales, para conseguir unos ingresos extra, optan por alquilar un inmueble o una habitación de su propiedad como si de un alojamiento turístico más se tratase, una práctica que hasta ahora no era ilegal, pero que lo será a corto plazo, una vez que la normativa que ultima el Gobierno de Mariano Rajoy sea aprobada en las Cortes.

De hecho, la opinión del presidente los hosteleros cántabros encaja a la perfección con el preámbulo del proyecto de la Ley de Medidas de Flexibilización y Fomento del Alquiler, que señala el incremento que en los últimos años se viene dando en el uso de alojamientos privados para el turismo. Por ello, y con el objetivo de luchar contra situaciones de intrusismo y competencia desleal, el Ejecutivo ha decidido modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para excluir de su ámbito de aplicación “la cesión temporal de una vivienda amueblada y equipada en condiciones de uso inmediato que se comercialice o promocione en canales de oferta turística con finalidad lucrativa”, siendo en estos casos la normativa sectorial la que deberá regularlo.

Las cifras

Según estimaciones de la patronal hotelera, en España hay actualmente 1,5 millones de viviendas turísticas al margen de la norma, ya sean pisos, casas o chalés. Esto quiere decir que no se ajustan en exigencias de calidad, seguridad, dimensiones y servicios, ni tienen las mismas obligaciones fiscales que hoteles, casas rurales, campings o apartamentos, que sí cumplen con la legislación específica. Sin embargo, el avance de la crisis, cuyas consecuencias sobre la construcción son de sobra conocidas, ha provocado que un buen número de los inmuebles vacíos que a día de hoy puebla el territorio nacional haya pasado a formar parte de este mercado, independientemente de que sean propiedad de particulares, inmobiliarias o entidades financieras.

Así, de acuerdo a los datos del anuario económico de La Caixa, en 2012, de las 1.128 millones de pernoctaciones que se registraron en España, 764 millones tuvieron lugar en viviendas alegales, cifra que supone un 67,73% del total, y que se ha visto incrementada un 4% en comparación con el año inmediatamente anterior. Del mismo modo, a lo largo del pasado ejercicio fueron 15,8 millones de noches las que pasaron los turistas en Cantabria, y un 72,15% de ellas –11,4 millones– se registraron en inmuebles amparados por la LAU y no por la normativa sectorial. Y es que nuestra región, junto con Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana, es una de las más afectadas por este problema, aunque cabe destacar que la concienciación en la comunidad autónoma ha permitido reducir esta práctica en un 2,3% con respecto a 2011.

Emérito Astuy, presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Cantabria.

Se calcula que esta actividad mueve aproximadamente unos 2 millones de euros anuales en nuestro país, algo lógico si se tiene en cuenta que el gasto medio de un turista que opta por un apartamento alegal asciende a 381,6 euros, que es el resultado de multiplicar las 7,2 noches de estancia por los 53 euros de su importe diario. “A cualquier empresa del sector le es imposible competir en precio con este tipo de alojamientos, algo que en la coyuntura actual, en la que el cliente antepone el coste a aspectos como la calidad o la profesionalidad, se acentúa aún más –afirma Astuy–. Nosotros tenemos que afrontar el pago de autónomos o liquidar el Impuesto de Sociedades, además de abonar el IVA y el Impuesto de Actividades Económicas. Así mismo, debemos obtener las licencias municipales oportunas, superar las inspecciones de apertura y las sucesivas, dar de alta a nuestros empleados y tributar por ellos. En materia de seguridad, nos vemos obligados a contar con planes de evacuación, prevención y de riesgos laborales, así como a informar continuamente a la Guardia Civil del movimiento de viajeros. Finalmente, dependiendo del tipo de establecimiento del que se trate, la instalación tiene que contar con unas determinadas características, como disponer de un número de metros, baños comunes e individuales y todo el equipamiento establecido. Por su parte, los apartamentos que funcionan al margen de la normativa solo deben formalizar un contrato de alquiler y reflejarlo en su declaración de la renta. Tan solo estamos pidiendo que, si jugamos todos al mismo juego, al menos sea con las mismas reglas”.

Del mismo modo, en el diagnóstico del Plan Nacional e Integral de Turismo 2012-2015 el propio Gobierno fija el crecimiento de los viajeros alojados en apartamentos alegales en el 15% anual, algo que, en palabras del Ejecutivo, podría ir en contra de la calidad de los destinos turísticos. Además, de acuerdo con las cifras recogidas por el portal Homeliday.es –perteneciente al grupo Homeaway–, referencia en Europa en alojamientos vacacionales entre particulares con más de 80.000 inmuebles en 120 países, 6 millones de páginas vistas al mes y traducción a siete idiomas, en abril se registró un incremento del 11% en la demanda. De hecho, España se asienta en la tercera posición mundial de este mercado como destino más solicitado, solo superada por Francia e Italia.

La normativa

Como suele ocurrir en estos casos, la realidad cambia dependiendo del punto de vista desde la que se mira. Así, Joseba Cortázar, director de Relaciones Públicas de Homeaway España y Toprural, asegura que en nuestro país existen unas 150.000 viviendas de uso turístico, las cuales generan 23.000 empleos directos y 7.500 indirectos. “Las cifras que ha facilitado la patronal hotelera no sabemos de donde salen”, afirma.
En cualquier caso, lo que parece evidente es que, una vez que la normativa sea aprobada en las Cortes, se producirá una restricción de estos alojamientos, algo por lo que comunidades autónomas, municipios y asociaciones profesionales llevan años luchando. Y es que, a pesar de que la Administración regional cuenta con competencias en turismo, los propietarios de los inmuebles se acogían a la LAU, que hasta la fecha reconocía expresamente los arrendamientos celebrados por temporada en cualquier periodo del año. Ahora ya no podrán hacerlo, y, de acuerdo al proyecto de ley, será la legislación sectorial la que rija estos alquileres, la cual está en manos de las autonomías. “En estos momentos es fundamental que se actúe con suma prudencia, porque no hay que olvidar que estamos hablando de un mercado que genera resultados muy positivos para el país –considera Cortázar–. Solo en nuestro portal hemos pasado de 15.000 a 30.000 alojamientos de este tipo en dos años, lo que da buena muestra de su crecimiento, dado que internet es la principal plataforma para su promoción y comercialización. Y en ningún caso estamos diciendo que no haya que legislar, sino que debe hacerse con cautela y persiguiendo la armonización de las normativas, porque, de lo contrario, se generarán desigualdades entre las distintas comunidades autónomas. En nuestra opinión, el objetivo no pasa por prohibir, sino por integrar. Si la ley resultante es muy restrictiva y no tiene en cuenta ninguna de las particularidades del sector, es probable que los costes, y con ellos los precios, se incrementen mucho. En ese caso, los turistas optarán por otros destinos distintos a España, lo que podría significar perder un importante volumen de ingresos, puesto que aproximadamente el 70% de los usuarios de apartamentos vacacionales son extranjeros”. Y es que, solo en Homeaway se publicitan 460.000 viviendas de uso vacacional por todo el mundo, con un total de 585 millones de visitas anuales, lo que da una idea de las alternativas existentes.

Parece que el propio Ejecutivo es consciente de estas posibles desigualdades, motivo por el que, según ha podido saber Cantabria Negocios, se ha constituido una comisión formada por las direcciones generales de Turismo de las distintas comunidades autónomas para legislar en la materia. El objetivo es que todas las regiones cuenten con la misma regulación, aunque esta deba aprobarse posteriormente en cada una de ellas.

Por otra parte, a día de hoy son numerosas las incertidumbres que rodean al desarrollo de la normativa, lo que está provocando cierta inseguridad entre los propietarios y portales de viviendas vacacionales. En este sentido, desde la Dirección General de Turismo del Gobierno de Cantabria se afirma que, muy probablemente, en la futura ley estos inmuebles tendrán que adecuarse a una de las modalidades de alojamiento ya existentes, como las pensiones o los apartamentos turísticos, lo que implica que tendrán que asumir nuevas obligaciones y responsabilidades. A pesar de todo, según apunta el Ejecutivo regional, no se descarta que puedan realizarse determinados ajustes en la normativa para dar cabida y facilitar la adecuación de este tipo de alojamientos a la legalidad vigente. Sea como fuere, lo que sí deberán hacer todas estas viviendas es darse de alta como empresa, abonar sus cuotas a la Seguridad Social, contar con las autorizaciones correspondientes, someterse a los controles y expedientes sancionadores del Gobierno autonómico, etc.

En lo que respecta a los plazos, tanto Astuy como Cortázar ven muy poco probable que la nueva ley este lista para la temporada alta de este año –julio y agosto–. Por su parte, la Administración prefiere no marcarse una fecha concreta, aunque sí que afirma que la regulación estará lista y aprobada “a corto plazo”.

Lo que a nadie se le escapa es que, en una coyuntura como la actual, los costes de adecuarse a la futura normativa pueden resultar inasumibles para muchas familias y particulares que se ven obligados a alquilar sus propiedades para salir adelante, lo que podría provocar un importante incremento en la economía sumergida de este mercado. En este sentido, en las estimaciones de los técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda (Gestha) correspondientes a 2010, las últimas publicadas, se situaba el fraude en los arrendamientos en 2.926 millones de euros, con especial protagonismo de los alquileres de temporada en las zonas costeras. “La gran mayoría de propietarios de viviendas vacacionales cumple con las obligaciones que establece la ley, aunque, como en todos los ámbitos, puede haber excepciones. Ahora bien, no es descartable que muchos de ellos se vean abocados al fraude, otro poderoso motivo para que la nueva regulación no sea excesivamente dura”, concluye Cortázar.

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La FP habla alemán

El sistema dual, denominado por algunas fuentes ‘modelo alemán’, concede el máximo protagonismo a la práctica en las empresas por una doble vía: la educativa y la del empleo. Puesta en marcha el pasado mes de noviembre, a día de hoy pone marco en Cantabria a la formación de un centenar de alumnos y 157 trabajadores.

Texto de José R. Esquiaga @josesquiaga Fotos de Nacho Cubero
Publicado en abril de 2013

Cuando el pasado mes de noviembre se presentó el modelo de formación profesional dual, rápidamente rebautizado como modelo alemán, aquello tuvo algo de deja vu. A las generaciones que conocieron las antiguas escuelas de aprendices, esa combinación entre formación teórica en las aulas y práctica en las empresas les sonaba a algo conocido, a una vuelta atrás para corregir un modelo que no acababa de funcionar. Sin dejar de reconocer cierta similitudes con aquel pasado, los encargados de gestionar la reforma no se encuentran demasiado cómodos ni con la referencia alemana, ni con la identificación entre el nuevo modelo de enseñanza y la que recibían los aprendices, ni mucho menos suscriben cualquier referencia al fracaso del modelo de formación profesional. Desde Cantabria, por ejemplo, se mencionan referencias más cercanas, en el tiempo y en el espacio, para poner marco a un modelo mixto que ya recogía la normativa autonómica antes de que el Gobierno central, mediante real decreto, diera carta de naturaleza universal a la formación dual.

Tal y como la define la ley, la formación dual es un sistema mixto de enseñanza –en las aulas y en los centros de trabajo– con dos ramificaciones, que se corresponden respectivamente con el ámbito de la educación y el del empleo. De esta manera, y en lo tocante a los centros educativos, se da la posibilidad a los alumnos de completar su formación en el centro con horas de trabajo, y aprendizaje, en las empresas, según un reparto que va variando en cada uno de los tres años de los que consta un ciclo formativo de grado superior. Desde el punto de vista del empleo, el modelo se concreta en la puesta en marcha de un nuevo contrato de formación y aprendizaje, dirigido a desempleados menores de treinta años, que además de su trabajo en la empresa deberán recibir una formación que culmine con la obtención de un título de capacitación profesional, homologable en su alcance a los que otorga la FP reglada.

¿Dónde está la frontera con lo que existía antes de la promulgación del real decreto? El mero enunciado, en efecto, no establece grandes diferencias. La FP convencional, tanto en su grado medio como en el superior, ya establecía prácticas en las empresas, y el contrato de aprendizaje es una realidad –no exenta de controversia, hay que decir– desde las primeras reformas laborales. A poco que se profundice, en cambio, las diferencias se hacen evidentes, tanto en el terreno educativo como en el laboral.
A día de hoy se benefician del modelo dual un centenar de alumnos que cursan estudios de grado superior en alguno de los institutos de formación profesional de Cantabria. Las cifras son susceptibles de cambiar a medida que nuevas empresas firmen convenios específicos para poner plazas a disposición de los alumnos. Porque el sistema obliga a que entre la empresa y el centro se firme un acuerdo que especifique las tareas a desempeñar por el alumno y la formación que va a recibir, tanto en el aula como en el centro de trabajo. Hasta ahora, en los ciclos formativos de grado superior se dedicaba el último trimestre del último año a las prácticas en las empresas, que computaban como un módulo –asignatura, en la terminología académica de la FP– más, con su nota correspondiente. En el modelo dual, el reparto de horas entre el aula y la empresa se da desde el primer año de los tres que consta el programa, uno más que en un ciclo formativo de grado superior normal: hasta marzo el alumno sólo acude al instituto, para a partir de ahí dividir las horas a partes iguales entre el centro y la empresa. En el segundo y tercer año el tiempo se divide a partes iguales durante todo el año.

Además de la distribución de tiempos, la principal diferencia con el modelo convencional es la retribución del alumno, entendida como bolsa de ayuda al estudio, que asume la empresa: 200 euros al mes el primer curso, 300 el segundo y 400 el último. Se trata de becas formativas, por lo que no existe ninguna relación laboral con el alumno, que está amparado por el seguro escolar. A partir de este curso se establece además ayudas individuales para el transporte.

El programa dual es voluntario para el alumno, que debe solicitar su inclusión. La decisión definitiva depende del centro, que selecciona a los aspirante en virtud de criterios académicos. Ahora mismo, la demanda supera ampliamente la oferta, lo que ha llevado al Gobierno a programar acciones de difusión para resolver el principal condicionante para poder contar con más plazas: el número de empresas que se adhieren al sistema.

Curiosamente, el modelo de formación dual al que da forma el real decreto de noviembre cuenta con un antecedente en Cantabria, que en este campo se mueve un curso por delante que el resto de comunidades. Por iniciativa de GIRA, el clúster de empresas cántabras fabricantes de componentes de automoción, en 2011 se firmó un convenio plenamente equiparable a los rubricados posteriormente, y en virtud del cual alumnos de la familia profesional de Electricidad y Electrónica, del IES Nuestra Señora de los Remedios, de Guarnizo, y de Instalación y Mantenimiento, del IES José del Campo, de Ampuero, completaban su formación con horas de práctica en las empresas. “Tenemos la satisfacción de ver que lo que nosotros hicimos en el , y que trasladamos al ministerio, ha sido recogido casi de forma completa en el real decreto de la formación dual”, explica Enrique Haya, director general de Formación Profesional del Gobierno de Cantabria.

Esas dos familias profesionales se mantienen este segundo curso, aunque a las empresas de GIRA se han ido uniendo otras, que amplían notablemente la oferta de plazas. Esta se completa con otras para las familias de Fabricación Mecánica, Informática y Comunicaciones, Comercio y Márketing, Madera y Mueble y Hostelería. Esta última es la única de grado medio, y con un programa adaptado a sus circunstancia, en sólo dos años y con el reparto de horas de trabajo centrado en fines de semana y periodos vacacionales. Para extender la formación a estos ciclos se han firmado convenios con empresas y asociaciones, en un goteo constante que se ha incrementado de forma notable con el paso del tiempo. “Por primera vez estamos encontrándonos con que son las empresas las que nos llaman, interesándose por formar el convenio, cuando antes éramos nosotros los que teníamos que explicar el sistema. Eso va a llevar a que cada vez sean más los alumnos que puedan optar a formarse con este modelo”, apunta Haya.
El sistema, explica el director de Formación Profesional, es altamente interesante tanto para el alumno como para la empresa. Esta consigue hacer una formación específica que, de otro modo, tendría que llevar a cabo igualmente con los recién titulados, en tanto que el alumno adquiere los conocimientos precisos para un trabajo concreto. “Los índices de empleabilidad , de trabajadores que acaban formando contratos en la empresa donde han realizado las prácticas, son elevadísimos”, asegura Enrique Haya.

Del desempleo, a un título

La segunda pata de la formación profesional dual pone el mismo acento en la capacitación de los trabajadores, pero en este caso desde la óptica del empleo. El sistema contempla que los desempleados de entre 16 y 25 años sin formación, puedan entrar a trabajar en las empresas con un contrato de formación y aprendizaje que incluya tanto el desempeño de las tareas inherentes al puesto como el recibir la formación necesaria para obtener un título de cualificación profesional acreditado. El límite de edad de los 25 años se amplía hasta los 30 en tanto el nivel de desempleo español se mantenga por encima del 15%. En Cantabria, desde que el real decreto de noviembre fijara las condiciones de la formación profesional dual y hasta el pasado 21 de marzo, se han formalizado un total de 157 contratos de este tipo entre trabajadores y empresas.
La principal diferencia con los contratos de formación anteriores al real decreto es que los actuales están específicamente encaminados a que el trabajador obtenga un certificado de profesionalidad con idéntica validez que un titulo equivalente de FP, medio o superior dependiendo de cada caso. Hasta el 31 de diciembre de este año existe un régimen transitorio que permite eludir esa obligación cuando no exista titulación o certificado profesional asociado a la formación impartida. La formación puede darse en la propia empresa, si acredita que tiene el personal y las instalaciones adecuadas para ello, o en un centro, ya sea un instituto de FP adscrito al sistema educativo –públicos en su mayoría– o bien un centro de formación profesional para el empleo, donde son mayoría los de titularidad privada.

La retribución y la duración del contrato de formación dependerá de lo que contemple el convenio colectivo de la empresa, que por su parte se podrá beneficiar de reducciones en las cotizaciones sociales. El trabajador, por su parte, se obliga a asistir a las clases de formación, de manera que las faltas tendrían el mismo régimen sancionador que el no acudir al puesto de trabajo.

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Empresas que vencen la crisis

Algunas de las empresas cántabras con más volumen de negocio han conseguido salvar los años más duros de la crisis con incrementos en las ventas, en ocasiones en porcentajes muy significativos. Aunque con actividades diversas, tienen puntos en común: casi todas operan en sectores tradicionales, apuestan por la investigación y el desarrollo y no dependen de la financiación bancaria para mantener sus inversiones.

Texto de José R. Esquiaga @josesquiaga Fotos de Nacho Cubero
Publicado en febrero de 2013

Con la economía contrayéndose, bloqueado el acceso al crédito bancario, sin el motor de la inversión pública y con el consumo de las familias en mínimos, sigue habiendo empresas que son capaces de mantener o incrementar su volumen de negocio, y hacerlo en ocasiones en porcentajes muy significativos. Aunque la nómina de quienes lo consiguen es lo suficientemente heterogénea como para desalentar la búsqueda de puntos en común entre todas ellas, lo cierto es que el insólito incremento de las ventas responde en la mayor parte de las ocasiones a la aplicación de fórmulas que tienen poco de secretas aunque, a fuerza de repetidas, han terminado por perder credibilidad. La internacionalización, la apuesta por la investigación y desarrollo de producto, la reinversión del beneficio y el no estar lastradas por la deuda son, en todo o en parte, algunos de los factores en común en la relación de empresas cántabras que han conseguido situar su volumen de ventas actual por encima de las cifras que registraban en 2007, último ejercicio antes de que comenzara la tormenta de la crisis. También, y no es un elemento desdeñable, el operar en sectores que se han visto menos afectados por la recesión, aunque incluso en estos casos lo reducido de la lista dota de toda la relevancia a las pocas empresas que consiguen crecer.

Para elaborar la relación de empresas que acompaña estas líneas, Cantabria Negocios ha utilizado los datos de ventas publicados en los directorios empresariales que anualmente publica la revista –y accesibles también en www.empresasdecantabria.es–, y elaborados con información del registro mercantil y de las propias empresas. La comparación se efectúa entre las cifras de 2007, antes por tanto de la crisis, y las de 2011, el último ejercicio del que existen datos cerrados, buscando aquellas empresas en las que la segunda cantidad es mayor que la primera, y quedándonos únicamente con aquellas que facturan más de 20 millones de euros. Obviamente, la fórmula elegida admite matizaciones: la cifra de ventas de 2012 podría dar al traste con la subida de los cinco años anteriores, la mayor facturación no implica necesariamente –en algunos casos la relación puede ser inversa– una mayor rentabilidad. Además, no se tiene en cuenta a empresas con domicilio fiscal fuera de la región y la ausencia de datos de alguno de los años de referencia puede haber dejado fuera alguien que merecería estar en la lista. Con todo, la relación de empresas resultantes, y las cifras que han dado lugar a la inclusión, es lo suficientemente significativa para poder decir, cuanto menos, que son todos los que están.

Las 17 grandes empresas cántabras que han conseguido incrementar sus ventas en el cuatrienio que va de 2007 a 2011 sumaron este último año una facturación conjunta de 1,4 millones de euros, lo que supone casi un 25% de incremento en el periodo de referencia. Es un porcentaje de dimensión suficiente como para minimizar el riesgo de que un mal año 2012 haya dado al traste con la mejora acumulada, si bien es cierto que la subida de ventas no es lineal, y alguna de las empresas que aparecen en el cuadro ha registrado incrementos más modestos. No es el caso de la primera de ellas, Semark AC Group, empresa propietaria de los supermercados Lupa, que se sitúa como la que más ha mejorado sus ventas en términos absolutos, y entre las que más lo ha hecho en porcentaje. Para terminar de despejar dudas, en este caso ya se conoce el dato de ventas de 2012, 387 millones de euros, que suma otro 5 por ciento a la cifra de 2011.

Expansión geográfica

Lupa ha mantenido en los últimos años una política de expansión que ha incluido la apertura de nuevos supermercados, tanto en Cantabria como en Castilla y León, lo que en buena medida ha sustentado la subida en el volumen de negocio. En esa evolución sigue la estela de otras empresas de distribución que han hecho de la relación entre calidad y precio la clave de su competitividad. Otro tanto puede decirse de las tres empresas alimentarias que aparecen en el listado, y que sitúan a este sector como el más representado en el cuadro. Es también, según recogen reiteradamente los estudios de las consultoras, el sector en el que márgenes y rentabilidad –nunca demasiado elevada en alimentación– se han visto más afectados por la crisis. El volumen y el crecimiento se convierten así en recursos casi obligados para mantener una mínima rentabilidad.

Si nos remitimos a esos dos conceptos –volumen y crecimiento– nadie se ha movido en los últimos años más y mejor que Gildelasal. Lo que nació como un pequeño taller textil dedicado a la confección de prendas vaqueras es hoy un pequeño gigante que factura 48 millones de euros –casi ocho veces más que en 2007– y que es uno de los principales proveedores de moda para Inditex. La empresa de Cabezón de la Sal, muy vinculada en su origen con Textil Santanderina –presente también en la lista–, realiza en Cantabria todo lo relacionado con el diseño y patronaje de las prendas, que se confeccionan posteriormente en Marruecos. Fuentes de la empresa apuntan algunas claves para conseguir mantener el crecimiento en tiempos de crisis: flexibilidad y rapidez en el servicio para adaptarse a las necesidades del cliente, capacidad de sacrificio por parte de la plantilla y ser capaces de identificar rápidamente tendencias en lo que se conoce como pronta moda, aquella en la que la altísima velocidad de rotación deja fuera a la competencia más alejada, o aquella que no es capaz de elaborar productos complejos.

Internacionalización y valor añadido

Son virtudes aparentemente muy circunscritas al ámbito textil, pero que no son muy distintas de algunas que mencionan en otras empresas: internacionalización y búsqueda de valor añadido, ya sea en la fabricación o en la comercialización. También, y aunque Gildelasal externaliza el grueso de la fabricación, la relación de fortalezas que debe cumplir una empresa para crecer en tiempos de crisis no excluye, ni mucho menos, a las industrias. Un vistazo al listado permite decir que, antes al contrario, la industria se ha mostrado como especialmente capaz de competir en un entorno tan complicado como el actual: con las únicas salvedades de Lupa, Centro Farmacéutico del Norte, Tiendas Conexión y Marino Berrio –y esta última es una excepción sólo relativa– todas las empresas del listado son industrias.

En realidad, y si algo deja claro la nómina de empresas que han conseguido crecer en los últimos cuatro años, es que son los sectores más tradicionales los que en mayor medida han conseguido aguantar la crisis, cuanto menos entre las empresas de mayor tamaño. También puede darse la vuelta al argumento: no hay nada que impida a las industrias más tradicionales competir con cualquiera, lo que no significa que todas lo consigan. Probablemente el caso más llamativo en este sentido sea el de Vitrificados del Norte, Vitrinor, fabricante de menaje para cocina en acero vitrificado, una actividad que prácticamente ha desaparecido en España ahogada por la competencia asiática. Lo excepcional de Vitrinor viene dado no sólo por su inopinada supervivencia –nadie daba un euro por ella cuando renació de la descomposición de la antigua Magefesa– sino por su condición de sociedad laboral, esto es, propiedad de los propios trabajadores. Según los gestores, esta última es una condición sin la que no puede explicarse el éxito de la fábrica.

Vitrinor nunca ha repartido dividendos, de manera que todos los beneficios han sido reinvertidos en la empresa, tanto en el desarrollo de productos como en la mejora de procesos. Las inversiones continuas, y el que éstas no dependan de financiación ajena, es otro de los elementos comunes que pueden rastrearse entre las empresas de éxito. Una de ellas, Industrial Farmacéutica Cantabria (IFC), opera en un sector, el cosmético, en el que la investigación y el desarrollo son claves. Los productos de la empresa tienen una sólida presencia en mercados como Brasil o México, donde la crisis está pasando de largo, pero esa internacionalización –apuntan desde la empresa– sería imposible si no se hubiera invertido constantemente en el desarrollo del producto. Exportar con éxito sin contar con un producto diferenciado, con un genérico sin valor añadido, es imposible.

Los responsables de IFC, que fabrica toda su producción en España, están convencidos de que la industria española sigue siendo perfectamente competitiva, en términos de productividad y en capacidad de desarrollo e innovación. No son tan optimistas, cuanto menos a medio plazo, con la capacidad de la demanda nacional para tirar de la economía, algo que convierte la exportación en recurso obligado. El mercado exterior, además, no sólo aporta volumen, sino que permite minimizar los riesgos de que ese crecimiento se haga a costa de márgenes lo que, a su vez, puede derivar en una reducción de la capacidad de la empresa para invertir en desarrollo de producto. Evitar ese peligro, que alimentaría un círculo vicioso de difícil salida, es un reto para cualquier empresa, como lo es también el demostrarse capaces de competir contra el ciclo económico. Como demuestran las empresas traídas a estas páginas, no es un desafío imposible.

 

 

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La otra emigración

La crisis y la búsqueda de alternativas a la vida urbana están llevando a que cada vez más personas vuelvan la vista al campo como ámbito en el que emprender un negocio. Es un fenómeno difícilmente cuantificable y al que la situación económica también afecta de forma negativa: los recortes han reducido notablemente las ayudas al emprendimiento rural y están comprometiendo los programas de apoyo a los nuevos pobladores.

Texto de José R. Esquiaga @josesquiaga Fotos de Nacho Cubero
Publicado en enero de 2013

Es uno de esos fenómenos de los que todo el mundo habla, pero para los que es difícil encontrar confirmación o desmentido en las estadísticas. La vuelta al campo como alternativa se convierte en un tema recurrente cada vez que una crisis azota la economía, del mismo modo que tiende a olvidarse cuando todo vuelve a la normalidad. Lo cierto es que no faltan ejemplos de profesionales urbanos que dejan la ciudad, bien para emprender un negocio propio en el ámbito rural o bien para seguir trabajando en lo mismo pero haciéndolo desde el campo. En un ejercicio de generalización probablemente excesivo, el primer perfil tendría una relación más directa con la crisis, en tanto que el segundo se correspondería con aquellos que buscan un cambio en su proyecto vital, ayudados por las nuevas tecnologías y no necesariamente empujados por la situación económica. A unos y otros habría que sumar a aquellos para quienes el cambio de domicilio tiene que ver con el precio de la vivienda, una motivación que sí puede emparentarse con la crisis pero que no respondería al perfil del emprendedor rural.

La coincidencia de todos esos perfiles, y las combinaciones entre ellos, explican que sea muy complicado encontrar en las estadísticas un modo de cuantificar la cuestión de los nuevos pobladores y su impacto en la economía rural, o incluso en términos de fijar el territorio o de dar una vuelta a los flujos migratorios. Con los datos del Instituto Nacional de Estadística en la mano, y con la referencia geográfica que nos dan los ayuntamientos que conforman la Red Cántabra de Desarrollo Rural –excluyendo los urbanos–, se aprecian variaciones muy poco significativas en cuanto a las altas y bajas en el padrón por variación residencial. Sí es cierto que se da un pico histórico en 2010, con 3.030 altas en el padrón de los 55 municipios de referencia, pero no lo es menos el que esa cifra no queda demasiado lejos de la registrada en 2007 –2.823– y que ambas quedan claramente por encima de la que se dio en 2011, último ejercicio del que existen datos, cuando fueron 2.658 las personas que se trasladaron a vivir a uno de estos municipios de Cantabria. No hay ahí, por tanto, argumentos estadísticos que permitan vincular la crisis con la emigración al campo, máxime si tenemos en cuenta que el saldo entre altas y bajas por cambio de residencia se dio la vuelta en 2011, volviendo a unas cifras negativas que no se habían dado en los cuatro años anteriores.

Lo que no se encuentra fácilmente en las estadísticas aparece en cambio con cierta nitidez en el discurso y la experiencia de quienes trabajan mano a mano con los emprendedores rurales. La Fundación Abraza la Tierra nace en 2010 como heredera del proyecto de cooperación interterritorial del mismo nombre, que tenía como objeto precisamente el facilitar la acogida de nuevos vecinos para los pueblos. La idea, ligada inicialmente a los fondos del programa Leader, se retoma con la forma actual cuando cesa la financiación europea y opera desde entonces con apoyos puntuales, que se han visto muy condicionados por la situación económica. Abraza la Tierra contaba con una oficina en Cantabria, en la localidad de Mataporquera, que cerró en octubre por falta de financiación. Desde entonces el trabajo se realiza desde Aguilar de Campoo, donde tiene su sede la Asociación País Románico, que gestiona el programa en Cantabria.

El programa Abraza la Tierra se plantea como una red de oficinas que, con el objetivo último de promover el asentamiento de emprendedores llegados desde fuera del ámbito rural, centralice las labores de información, intermediación y gestión que faciliten el asentamiento tanto de los nuevos vecinos como de las empresas que puedan crear. Las tareas se centran en aquellos aspectos que pueden considerarse críticos para alcanzar el éxito –medido en continuidad de los proyectos– y que curiosamente tienen menos que ver con cuestiones de financiación, o mercado, que con otros factores, con la vivienda como elemento central. Abraza la Tierra, a través de País Románico, ha intervenido en el asentamiento de 40 familias en Cantabria, con un balance final que Álvaro Carrasco, responsable de la oficina de Aguilar de Campoo, considera satisfactorio, aunque con matices: “El proyecto hasta ahora ha sido más un laboratorio, y como tal ha demostrado que con iniciativas como ésta es posible fijar población y promover el desarrollo rural. Pero hace falta implicación por parte de todos, y sobre todo de las administraciones implicadas. Si tenemos en cuenta los resultados que pueden conseguirse, los recursos necesarios para mantener las oficinas abiertas, o para contar con un consultor como tuvimos en su día, y dar con ello el apoyo que nos piden los emprendedores, serían fáciles de rentabilizar”.

Carrasco explica que la principal labor que realiza Abraza la Tierra es de intermediación, poniendo en contacto a la oferta y la demanda, en este caso oferta y demanda de proyectos y pobladores, más que de producto. Eso le lleva a dibujar un perfil del emprendedor más demandado, y a concluir que no siempre coincide con lo que ofrecen quienes buscan la vuelta al campo: “Una de las claves es que quien venga cuente con unos recursos mínimos para desarrollar una actividad. Ahora mismo es cierto que atendemos muchísimas consultas, por teléfono o por correo electrónico, de personas que quieren dejar la ciudad y buscar su futuro en el campo, pero la mayor parte de ellos lo ven como un recurso ante una situación personal difícil, y no como un proyecto vital”. Ahora mismo, explica el responsable de Abraza la Tierra, las mayores posibilidades de éxito, y el poblador más buscado, se corresponde con el profesional liberal que, ayudado por las nuevas tecnologías, puede desarrollar su labor desde el campo: diseñadores, arquitectos, publicistas… En otra categoría entrarían también perfiles más habituales, como el de quienes cuentan con capacidad para invertir en negocios turísticos o, en otro ámbito, en pequeñas industrias de transformación alimentaria. A través de Leader se ha contado con financiación para apoyar estos proyectos, pero ahora mismo la posibilidad de encontrar ayudas a la financiación es mucho menor. Para completar el perfil del emprendedor rural que suele culminar con éxito su asentamiento en alguna zona rural de Cantabria, Carrasco se remite a la procedencia geográfica de los nuevos vecinos: la mayoría de ellos, explica, llegan desde Madrid, Barcelona o Valladolid. Los cántabros son una clara minoría, al menos entre quienes hacen uso de los servicios de la oficina de País Románico.

Manuel Traba, en las instalaciones de Cabuerniaventura

Manuel Traba, que abrió su negocio en Cantabria en 2010, responde en buena medida al perfil que esboza Manuel Carrasco cuando dibuja al emprendedor más demandado en los entornos rurales. Madrileño, con empleo estable y un buen sueldo, Traba y su familia deciden dar un giro a su vida, dejar la ciudad y procurarse un medio de vida para vivir en el campo. Como triatleta, Manuel Traba había conocido Cantabria tras participar en competiciones, y aquí veraneaba con la familia. El lugar donde empezar de nuevo lo decidió rápido, Cabuérniga; el proyecto le llevó más tiempo, pero terminó decantándose por un parque turístico y recreativo: Cabuerniaventura. A la hora de hacer balance, Manuel Traba considera que el poder vivir y trabajar donde ahora lo hace supone haber cumplido un sueño y, aunque ello haya supuesto algunas renuncias, se considera un privilegiado. Con todo, no oculta que el camino que le ha llevado hasta aquí no es fácil, que conseguir poner en marcha un proyecto en el ámbito rural tiene mucho de carrera de obstáculos –los propios de cualquier emprendedor más algunos otros añadidos– y que seguir adelante no es tarea sencilla. “Desde que vendimos nuestra casa en Madrid hasta que conseguimos abrir pasaron cuatro años. Parte de ese tiempo se dedicó a dar forma al proyecto, que contó con financiación del programa Leader, pero la mayor parte se perdió en papeleo y trámites con la administración. Fue un auténtico calvario”. La burocracia que se deriva del trato con las diferentes administraciones implicadas, y sobre todo con la local, supone la principal barrera que menciona el propietario de Cabuerniaventura, a lo que hay que añadir la cuestión de los terrenos, en su doble vertiente, financiera y administrativa. “El parque se ha podido hacer mediante la figura de concesión, pero las posibilidades de ampliar el negocio y añadir servicios son muy limitadas: adquirí un terreno para habilitar una zona de paintball, y también quisiera hacer una cabaña para campamentos, pero la ordenanza municipal lo impide, ¿cómo queremos salir de la crisis así?”.

En su relación de dificultades, Manuel Traba sitúa estas dificultades burocráticas muy por delante de los problemas de adaptación. Más allá de la necesidad de tener muy organizados los suministros, no cree que haya que pagar ningún peaje por vivir en el campo. Tampoco en lo económico: “¿Trasladarse al campo supone cambiar dinero por calidad de vida? Yo creo que no. Gano menos de lo que ganaba en Madrid, es cierto, pero también los gastos son menores, y te sales de una espiral de consumo que te hacía llegar muy justito a fin de mes, sin aportarte nada en calidad de vida. Así que no, con una buena organización no creo que haya que perder nada en esos términos”.

En lo que se refiere al negocio, Cabuerniaventura ha venido respondiendo, a grandes rasgos y con los condicionantes de sus dificultades para crecer, a lo planteado en el proyecto inicial. “En el plan de negocio pensábamos que iba a tener más peso la actividad en verano, y al final la temporada fuerte ha resultado ser la primavera, por los colegios. No sé cuándo recuperaré lo invertido, si es que llego a hacerlo, pero el negocio da para vivir. Y eso que no nos ponen las cosas fáciles, la subida del IVA del 8 al 21% ha sido un auténtico mazazo”. El parque da empleo todo el año a su propietario, que durante la temporada alta emplea a una decena de trabajadores discontinuos.

El caso del santanderino Claudio Planas puede ser sorprendente por sus circunstancias personales y por las características del proyecto pero es también, y al mismo tiempo, muy representativo de las motivaciones que suelen estar detrás de la vuelta al campo de profesionales urbanos. Hasta hace unos meses, Planas trabajaba como consultor en Glezco, en una labor que llevaba aparejado todo lo que se le supone al cargo: una buena remuneración, viajes de negocios, responsabilidad y muchas horas. Pero también tenía en mente su propio proyecto, algo que no tendría mayor particularidad en alguien habituado a moverse entre emprendedores y empresarios si no fuera por las características del mismo: poner en marcha un viñedo en Escobedo de Camargo, en unos terrenos junto a la cueva de El Pendo heredados de la familia de su esposa. “No voy a negar que sorprendió, y que quizá hubo quien creyó que me había vuelto loco, pero es un proyecto muy meditado”, apunta el emprendedor santanderino, que ha empleado el tiempo pasado desde que dejó Glezco, el pasado mes de abril, en ir cubriendo los pasos para poner en marcha su plan.

Claudio Planas

En contra de lo que pudiera pensarse, la mayor parte de los proyectos emprendidos por los nuevos emprendedores rurales tienen que ver con los servicios o con la industria, siendo mucho menos habitual las empresas agrícolas. Sin dejar de ser, en esencia, esto último, la idea de Claudio Planas tiene un componente transversal, con la cultura y el turismo como protagonistas, además de la actividad transformadora que supone la propia bodega. El elemento central de la idea son las cinco hectáreas de terreno, con orientación sur y colindantes con la cueva de El Pendo. Lo primero es fundamental para el cultivo de la vid, en tanto que la vecindad con el yacimiento prehistórico aporta el componente turístico. “La motivación para poner en marcha algo propio, y para hacerlo en el entorno rural, la teníamos, pero hay que admitir que sin contar con el terreno hubiera sido mucho más difícil ponerla en marcha”.

Aunque existían otros cultivos con rendimientos teóricos por hectárea mayores, el vino aportaba el ingrediente cultural, considerado básico para buscar sinergias con El Pendo. El edificio de la antigua explotación ganadera, en la propia finca, acogerá la bodega y un espacio expositivo, apto también para impartir conferencias y formación. Además de lo que tiene de negocio en sí mismo, la producción de la bodega será también el motor para generar visitas, en la línea del enoturismo habitual en zonas de mayor tradición vinícola, y siguiendo un modelo muy implantado en pequeñas explotaciones francesas.

Planas prevé tener la bodega en funcionamiento este mismo verano, inicialmente con materia prima procedente de otras plantaciones. Sin mayores problemas de adaptación al medio rural –tanto Claudio Planas como su familia continúan residiendo en Santander– la burocracia sí que ha provocado más de un dolor de cabeza al emprendedor cántabro. “El proyecto gusta mucho en todas las administraciones, pero la tramitación es lentísima, sobre todo en lo que tiene que ver con el Ayuntamiento. Las ayudas son importantes, pero casi lo es más el que se agilicen los trámites. Que no nos pongan las cosas más difíciles de lo que ya son”.

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Quioscos entre dos crisis

Los puntos de venta de prensa diaria malviven acosados por la caída de ventas y por la incertidumbre sobre el futuro de las publicaciones impresas. En los últimos cuatro años, 400 establecimientos han bajado la persiana en toda España, lo que supone del orden de un 10% del total. La venta de atípicos es el clavo ardiendo al que se agarra el colectivo de vendedores.

Texto de José R. Esquiaga @josesquiaga Fotos de Nacho Cubero
Publicado en diciembre de 2010

A un lado, la crisis económica, feroz y común a –cuanto menos– todo el sector comercial, pero también con un horizonte temporal limitado, aunque nadie se atreva a poner fecha a la recuperación. Al otro, todas las incertidumbres sobre el futuro del papel impreso, de periódicos y revistas, un problema más limitado si se quiere, pero también más estructural, al que no parece fácil que una recuperación económica vaya a venir a poner remedio. Y en medio de ambas crisis, toda una cadena de producción que va desde los editores a los puntos de venta, pasando por los distribuidores, y de la que los quioscos son el eslabón más débil. En los últimos cuatro años, y según las estadísticas que maneja la Asociación Profesional de Vendedores de Prensa, han desaparecido no menos de 4.000 puntos de venta en toda España, lo que supondría un porcentaje del 10% del total. Los que sobreviven, lo hacen afrontando una caída de ventas que Antonio Muñoz, presidente de la Asociación Profesional Independiente de Vendedores de Prensa de Cantabria, sitúa en el entorno del 30%. El representante cántabro de los vendedores de prensa no se atreve a cuantificar cuánto de esa caída es achacable a la crisis y cuánto a la pérdida de mercado de las publicaciones impresas, aunque personalmente es un convencido defensor del papel impreso y cree que sin la recesión económica general, periódicos y revistas no hubieran perdido atractivo para los lectores en la medida en que lo han hecho: “Tomarse el café leyendo la prensa se ha convertido en un lujo, y la gente se quita de lo uno, y de lo otro”, resume.

Dentro de la actividad de un quiosco tipo –entendiendo como tal tanto al establecimiento en vía urbana, esto es, el quiosco propiamente dicho, como a la tienda más o menos generalista pero que tiene la venta de publicaciones periódicas como actividad principal– la prensa diaria aporta la mayor parte de los ingresos, del orden de la mitad, según los cálculos de Antonio Muñoz, repartiéndose el resto, a partes iguales, entre revistas y atípicos. Este último capítulo, en el que entraría desde el tabaco a las golosinas, en un abanico de productos cada vez más amplio y en el que ganan peso artículos como el bonobús o las tarjetas telefónicas. En esa vía, incorporando productos al catálogo, están puestas buena parte de las esperanzas del sector para compensar la caída de ventas en las publicaciones periódicas. “Hay que ir pensando en vender cosas que nunca antes hemos vendido, y ello a pesar de que dejan márgenes muy pequeños, incluso menores a los que estamos acostumbrados”.

La cuestión de los márgenes –descuentos, en la terminología editorial– es otro motivo de preocupación para los puntos de venta. El distribuidor, que ocupa el eslabón central de la cadena –entre el editor y el vendedor– deja las publicaciones en el punto de venta y, o bien las factura en ese momento devolviendo posteriormente el importe por lo no vendido, o bien las deja en depósito y cobra posteriormente al quiosquero los ejemplares no devueltos. En ambos casos, el vendedor abona el precio de venta menos un porcentaje –el descuento– que constituye su margen comercial, y que va desde el 25% de los fascículos al 20% de prensa y revistas. “El problema es que cada vez son menos los artículos que nos dejan el 25%. Era el caso, por ejemplo, de los productos audiovisuales, pero nos han reducido el porcentaje hasta el 20%”, explica el representante de los vendedores de prensa.

Antonio Muñoz entiende que la crisis afecte a toda la cadena de valor del producto, pero se muestra muy crítico con la labor de algunos distribuidores. Tras un proceso de concentración que redujo enormemente el número de competidores, la distribución de prensa y revistas ha quedado concentrada en un número muy reducido de empresas, lo que ha acentuado la posición de debilidad de los puntos de venta. “Nuestro margen de maniobra frente a la crisis es muy limitado –señala Muñoz– ya que ni tratamos directamente con el editor, ni tenemos capacidad para decidir precios o márgenes. Nos queda el trato con el cliente, pero ni siquiera ahí tenemos demasiada colaboración con los distribuidores”. El problema, explica, aparece cuando no llegan al quiosco ejemplares suficientes para la demanda. “Entiendo que eso pueda pasar de forma puntual, pero si tú vendes como media 50 ejemplares, un buen distribuidor te repone 50 ejemplares, o alguno más. Por desgracia, muchas veces nos dejan 30”.

En empresas que cuentan con una mínima estructura de personal, las dificultades en el papeleo son otro motivo de queja en la relación con las distribuidoras. Curiosamente, y precisamente para evitar complicaciones, Muñoz prefiere adelantar el dinero, y arreglar posteriormente cuentas con lo no vendido, que no facturar con posterioridad a la venta. “La principal distribuidora de prensa nos ha remitido un libro de instrucciones para facturarle. No podemos estar a eso”, concluye el representante de los vendedores.

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