Hace 25 años llegaba a los quioscos el primer número de ‘Cantabria Negocios’, un hecho que se producía en los albores de Internet y cuando ya se adivinaban notables cambios en los formatos y los contenidos de los medios de comunicación. Además de las poco imaginativas apelaciones a la sorpresa por el tiempo pasado y la manera en que ha podido cambiarnos, la celebración del aniversario da pie a repasar el último cuarto de siglo de la economía regional y también, aunque cueste tomar distancia para ello, la pequeña historia de una revista nacida a contracorriente.

José Ramón Esquiaga |  @josesquiaga | Febrero 2024

Por más que las hemerotecas siempre estén más que dispuestas a confirmar lo rápido e inclemente del paso del tiempo, es en los aniversarios donde ese echar la vista atrás se convierte en algo poco menos que obligado, más aún cuando la efeméride alcanza una de esas cifras proclives a la conmemoración. El cuarto de siglo que alcanza Cantabria Negocios con el ejemplar de este mes de febrero aporta una de esas circunstancias que anima a volver la vista al camino recorrido para hacer una mínima reflexión sobre la forma en que se ha llegado hasta aquí y el horizonte al que nos dirigimos. En una publicación que tiene a las empresas y la economía como ejes de sus contenidos, esa labor implica cuanto menos dos miradas: una hacia aquello que en este tiempo ha venido siendo objeto de nuestro interés, y el de nuestros lectores, y otra que se detenga en la propia historia de una publicación que nació en un momento en el que ya se auguraban cambios en el mercado que no parecían especialmente propicios para esa aventura.

En febrero de 1999, cuando el primer número de esta revista llegó a los quioscos, estos seguían siendo el principal punto de acceso a la información escrita, y los medios impresos el soporte casi único para esos contenidos. Pero Internet se mencionaba ya como el espacio donde en el futuro se encontrarían periodistas y lectores, en lo que se adivinaba como un fenómeno que daría un vuelco a todo lo conocido. En realidad esas previsiones, hechas cuando todavía la mayor parte de la población española no se había conectado a la red, se quedarían cortas al medir el alcance de los cambios que estaban por venir.

Fundada por el economista Eduardo Zúñiga, la revista Cantabria Negocios nació como un medio puramente analógico, sin versión digital y con una redacción en la que la conexión a Internet llegó solo a partir del tercer número. Ambas circunstancias eran comunes todavía en aquel momento y la primera, la puesta en marcha de proyectos informativos sin versión digital, todavía siguió siéndolo durante un tiempo en los albores del nuevo siglo. En todo caso, en pocos sectores el impacto de Internet ha sido mayor que en el de los medios de comunicación, a los que los cambios han tocado tanto en lo referente a formatos y contenidos como a la propia esencia del modelo de negocio. Un poco como consecuencia de todo ello, y en buena parte como parapeto frente a la incertidumbre, en el cuarto de siglo de existencia de esta revista ha habido tiempo de asistir al auge y caída de la prensa gratuita o las televisiones locales, medios a los que se adjudicaba un enorme potencial de crecimiento y que llegaron a captar millonarias inversiones por parte de los grandes grupos de comunicación, para caer después en el olvido. Cantabria Negocios ha dado cuenta de todo ello en sus páginas, y no ha sido inmune a la profunda transformación vivida por el sector.

Cantabria Negocios nació como un medio puramente analógico, sin versión digital y con una redacción en la que la conexión a Internet llegó solo a partir del tercer número.

En la oficina de la santanderina calle de Juan de Herrera que acogió a la revista hasta el año 2013, se dio forma a un primer número que llevó en su portada a Eduardo Rodríguez Rovira, probablemente el cántabro que ha alcanzado mayores responsabilidades en la dirección de empresas farmacéuticas, que compartía protagonismo con Emilio Botín y el análisis de la fusión entre el Santander y el Central Hispano. Esa combinación entre la cobertura de los grandes acontecimientos y la atención a las personas y empresas que, desde un plano más discreto, son verdaderos protagonistas en el acontecer económico fue uno de los objetivos fundacionales de la revista, y una de las señas de identidad que ha mantenido hasta nuestros días.

Más allá de ese compromiso con los contenidos, lo cierto es que la transformación a la que se aludía párrafos atrás es perceptible en casi cualquier aspecto en que se detenga el análisis, desde los que pueden considerarse menores –diferente tipografía, maquetación y logotipo a los actuales– hasta otros que tienen que ver más directamente con lo que hacemos: no existen hoy buena parte de las empresas de las que se hablaba en aquella primera revista, ya sea por circunstancias del mercado o por haber protagonizado fusiones o cambios de propietario, y otro tanto puede decirse de buena parte de los anunciantes. Curiosamente, y por completar el repaso a los contenidos de aquel número fundacional, el Santander y Eduardo Rodríguez Rovira siguen siendo hoy dignos de la atención informativa de entonces, convertido aquel en una entidad financiera con presencia internacional y con el empresario, hoy presidente de honor de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores, dando voz a un colectivo de relevancia creciente.

Portada del primer número de Cantabria Negocios, que llegó a los quioscos en febrero de 1999.

Como cualquier otra empresa que haya transitado por las últimas dos décadas y media, Cantabria Negocios ha sobrevivido a las sucesivas crisis económicas que han marcado este periodo: la primera, la de las ‘puntocom’, pasó casi sin dejar rastro, algo que no puede decirse de la que vino después, el estallido de la burbuja inmobiliaria y la crisis financiera posterior que, como en tantas otras empresas, puso en jaque su supervivencia. La última de las crisis globales por las que ha pasado, la de la pandemia, alcanzó a la revista en un momento especialmente delicado, poniendo a prueba lo atinado o no de alguna de las estrategias tomadas hasta entonces y, singularmente, las que sirvieron para enfrentar las consecuencias de gran recesión de 2008.

En aquel momento, cuando los efectos de la crisis financiera se dejaron notar especialmente en el mercado publicitario, Cantabria Negocios contaba ya con una versión digital, tanto de la revista como del ‘Directorio Empresarial’ que edita desde el año 2005, pero no fue ahí donde se asentaron las bases para buscar nuevos mercados. La puesta en marcha de un servicio de elaboración de páginas web y el comienzo de la realización de contenidos en vídeo, cierto que de forma muy incipiente en ambos casos, supusieron el inicio de una estrategia diversificadora que rendiría sus principales frutos años más tarde y, singularmente, tras la vuelta a la normalidad después del estado de alarma sanitaria de 2020.

El parón del confinamiento se produjo apenas unos meses después de otro de esos hitos que han marcado la trayectoria de la revista: el relevo en la empresa editora. Tras la jubilación de Eduardo Zúñiga, fundador y primer director de la publicación, los trabajadores de Cantabria Negocios crearon una sociedad laboral, Maremagno Comunicación SLL, para darle continuidad y potenciar las líneas de negocio con las que se quería diversificar mercados. Pero curiosamente fue la publicación impresa, elaborada en teletrabajo desde los propios domicilios, a la que le cupo la responsabilidad de sostener la actividad de la empresa durante los casi tres meses en los que el resto de departamentos vieron prácticamente paralizado su funcionamiento. Aun con todas las incertidumbres y con las dificultades que hubo que afrontar para sacar adelante esos números, el trabajo de esos días confirmó la vigencia del compromiso de esta revista con sus lectores. Porque, cuanto menos en lo que tiene que ver con esto, 25 años no son nada.

El tráfico de dispositivos aéreos no tripulados no ha dejado de crecer en los últimos años, y se espera que lo haga aún más en los venideros, cuando los drones empiecen a ser utilizados para tareas que todavía no realizan, pero para las que estarán capacitados, como el reparto. El grupo Pegaso, unidad de la Guardia Civil a la que compete la comprobación de permisos de vuelo y verificación del uso correcto de los aparatos en la mayor parte del territorio de Cantabria, ha atendido cerca de 1.200 operaciones de drones en la región a lo largo de 2023. Pese a la cuantía de las sanciones y la gravedad que puede tener un posible accidente, advierten, siguen siendo habituales los incumplimientos, a veces por desconocimiento de la normativa.

José Ramón Esquiaga |  @josesquiaga | Febrero 2024

El pasado 9 de diciembre un vehículo aéreo no tripulado, lo que se conoce popularmente como dron, se estrelló en lo más alto del árbol de navidad de Cartes, que pudo así añadir una singularidad más a su condición de mayor entre los adornos de este tipo levantados en toda Europa. El aparato volaba sin permiso sobre las cabezas de los cientos de personas que en ese momento se encontraban en el lugar. En una situación potencialmente más grave, otro de estos dispositivos interfirió hace algunos meses la maniobra del helicóptero del ‘112’, en la que ha sido una de las incidencias más peligrosas provocadas por un dron en Cantabria. Ambos sucesos motivaron la intervención del grupo Pegaso, la unidad de la Guardia Civil encargada de vigilar el espacio aéreo en la mayor parte de la región –estarían excluidas las áreas urbanas de los municipios de Torrelavega y Santander, que corresponden a la Policía Nacional– y de remitir a la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) la información para la posterior sanción, que puede ser de un mínimo de 4.500 euros en el caso de Cartes, y alcanzar cifras mareantes para el operador del dron que afectó al vuelo del servicio de emergencias.

El equipo Pegaso atendió en 2023 unas 1.200 operaciones con drones en el territorio que es de su competencia, la mayor parte de ellas dentro de las tareas de control y verificación de vuelos que pueden considerarse rutinarias dentro de su trabajo, y que no suelen dar lugar a sanción alguna. “Los vuelos suelen realizarlos operadores que conocen su trabajo y que por tanto cumplen la normativa, y son muchos más quienes vuelan con todo en regla que quienes infringen la norma, pero sigue habiendo incumplimientos”, resume Eugenio Hoya, responsable de la unidad de Pegaso con base en Cantabria, habituado pese a todo a que siga habiendo quien dice no saber que necesita autorizaciones o permisos para hacer volar uno de estos aparatos: “Pero la ley obliga a todos, a quienes la conocen y a quienes no, y las sanciones pueden ser muy elevadas”, advierte.

La Guardia Civil creó el equipo Pegaso en 2016, inicialmente con una unidad en Madrid y extendiéndolo a partir de 2019 a todas las provincias españolas. Aunque su labor se extiende a la vigilancia y control de todo el espacio aéreo, lo que implica tanto la aviación comercial y ligera, como aeródromos o campos de vuelo, en una región como Cantabria la mayor parte de su actividad tiene que ver con los drones.

Trabajos de control de permisos y documentación sobre el terreno.

En lo que sería una jornada habitual en la base del grupo en el aeropuerto Seve Ballesteros-Parayas, explica el responsable de la unidad cántabra de Pegaso, los agentes revisan el correo electrónico y la aplicación que utilizan para que los operadores comuniquen vuelos y tramiten las autorizaciones. También por vía electrónica se solicita toda la información y documentos que puedan faltar: dueño y piloto del dron, que pueden no coincidir, datos del aparato, seguros… “Intentamos con ello evitar molestar al piloto el día del vuelo, aunque lógicamente también podemos desplazarnos y hacer las comprobaciones sobre el terreno”.

También fuera de la oficina, pero sin salirse de las labores habituales del grupo, se hace el trabajo de vigilancia en zonas especialmente concurridas –las playas en verano, o el Cartes navideño de este último diciembre– o allí donde se haya tenido noticia de un vuelo del que no se tuviera conocimiento previo. A todo lo anterior habría que sumar actuaciones más puntuales, como las que se realizan para dar cobertura de seguridad ante la visita de una autoridad, por ejemplo. La unidad, que opera sus propios drones, cuenta con medios y dispositivos para tomar el control de cualquier aparato no tripulado que vuele de forma irregular para, dependiendo de las circunstancias, obligarlo a tomar tierra.

Pese a que sigue habiendo quien los vende como un juguete, y compradores que los consideran como tal, los drones son aparatos cuya tenencia y uso están muy regulados, incluso en aquellos que por su bajo peso no precisan de ninguna titulación para su piloto. “Es cierto que muchos de los incumplimientos son con drones de menos de 250 gramos, que es verdad que pueden ser operados sin título, pero ello no significa que puedan volar por cualquier sitio”, advierte el responsable de la unidad cántabra del equipo Pegaso, que recuerda que tan solo con las restricciones a las que obliga el espacio aéreo del aeropuerto ya es imposible volar sin permisos especiales sobre la ciudad de Santander y en un área que se extendería hasta Suances o Hazas de Cesto. A ese espacio, denominado CTR por las siglas de Controlled Traffic Region, hay que sumar las limitaciones para volar sobre concentraciones de edificios, zonas de especial protección para las aves (ZEPA) o la prohibición de hacerlo en cualquier punto del parque nacional de Picos de Europa.

Miembros de la unidad Pegaso que opera en Cantabria.

No solo ‘in situ’

Para detectar y denunciar vuelos en zonas vedadas para ello, advierte Eugenio Hoya, no es imprescindible sorprender al infractor en el momento, sino que puede hacerse tras tener constancia de ello por las fotografías o vídeos tomados durante el vuelo, y subidas después a Internet. Una parte del trabajo del equipo Pegaso es, de hecho, rastrear páginas web y redes sociales en busca de un material que es en sí mismo una prueba y que daría pie a requerir al operador la información y los permisos del vuelo que sirvió para tomar las imágenes o, en su caso, tramitar la denuncia correspondiente. Teniendo en cuenta que hoy por hoy el principal uso de los drones es la toma de fotos y vídeos, y que quien lo hace suele tener el impulso de enseñarlos, es relativamente habitual que el infractor se ponga en evidencia al compartir ese contenido.

El desarrollo de la tecnología y las propias previsiones que manejan las administraciones encargadas de gestionar el espacio aéreo apuntan hacia un aumento exponencial de los usos de los drones, y en consecuencia también de las labores de control y vigilancia de las operaciones de vuelo. Teniendo en cuenta la actual carga de trabajo y la carga burocrática que implica cada operación, el riesgo de que ello derive en un cierto colapso del sistema es evidente. Con todo, se apunta desde Pegaso, la misma tecnología que hace posible los vuelos y las nuevas aplicaciones de los drones dotará también de herramientas a los encargados de vigilarlos.

Hoy en día, los agentes desplazados sobre el terreno ya pueden detectar cualquier dispositivo en vuelo en kilómetros a la redonda, registrando todos los datos del aparato y de quien lo opera. También existen medios fijos de detección y neutralización de drones en torno a determinadas instalaciones –los tienen, por ejemplo, los estadios de los equipos que compiten en la Liga de Fútbol Profesional, como los Campos de Sport del Sardinero–, una tecnología que en Madrid cubre ya la práctica totalidad del espacio urbano: “Eso acabará extendiéndose a todo el territorio, porque el incremento que esperamos en los vuelos es exponencial”, pronostica el responsable de la unidad de Pegaso de Cantabria.

Los planes para poner en marcha una planta productora de hidrógeno verde en los terrenos de Sniace movilizarían la mayor inversión privada realizada nunca en Cantabria y convertirían a la región en una de las principales proveedoras del que se considera como una de las principales alternativas a los combustibles fósiles. La compleja tramitación administrativa, la adecuación de los terrenos y la financiación dibujan los principales condicionantes para sacar adelante la iniciativa conjunta de RIC Energy y la empresa cántabra Copsesa.

José Ramón Esquiaga |  @josesquiaga | Enero 2024

Además de mantener una posición central en las actuaciones contra el cambio climático, la sustitución de los combustibles fósiles sitúa a la energía en disposición de jugar un papel económico muy diferente, por alcance y dimensiones, al que le ha correspondido en los países europeos durante la larga etapa de reinado del petróleo. El proyecto presentado este pasado diciembre en los abandonados terrenos de la antigua Sniace, sobre los que se plantea construir una planta productora de hidrógeno verde, es buena muestra de lo que puede aportar ese proceso de transformación energética, capaz también de impulsar un relevo industrial que quedaba simbólicamente subrayado en el propio escenario elegido para la actuación.

Con cifras que la convertirían en la mayor inversión privada acometida nunca en Cantabria, la actuación que debería dar lugar a la planta que promueven conjuntamente RIC Energy y Copsesa es también ilustrativa de las enormes dificultades financieras y administrativas a las que se enfrenta una iniciativa de este calado. De acuerdo con la mejor de las previsiones que manejan sus promotores, el inicio de las obras de construcción de la planta no sería antes de 2026, con la idea de comenzar a producir en la segunda mitad del año siguiente o, más probablemente, ya en 2028. Antes de la primera de esa fecha tendrían que haberse superado los desafíos que condicionan que el proyecto llegue a ser una realidad, y que José Luis Moya, CEO de RIC Energy, citó en el acto de presentación agrupándolos en tres grandes categorías: administrativos, técnicos y financieros.

Los promotores de Besaya H2, nombre con el que se ha bautizado el proyecto, prevén que la puesta en marcha de la planta movilice una inversión de 850 millones de euros para la construcción y puesta en marcha de una planta que fabricará hidrógeno y derivados a partir de una potencia de electrolisis de 500 MW. Esta última cifra situaría a la planta entre las mayores proyectadas en España y también entre las mayores que está previsto que funcionen en el conjunto de España. Como referencia, y de acuerdo a los datos desgranados durante la presentación, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) elaborado por el gobierno central prevé que la potencia instalada para generar hidrógeno verde sea de 10 GW en 2030, por lo que, si para esa fecha está operativa, la planta cántabra aportaría el 5 % de esa capacidad, y ello sin contar la posibilidad de doblar su potencia, algo igualmente contemplado en los planes de sus promotores.

Una ubicación idónea

La planta, que se levantaría sobre las 70 hectáreas de terrenos de la antigua Sniace adjudicados a Copsesa y RIC Energy en el proceso de liquidación de la histórica empresa, generaría unos 250 puestos de trabajo una vez en funcionamiento. Los terrenos de la vieja Sniace, en los términos municipales de Torrelavega y Santillana del Mar, son el gran elemento impulsor de la iniciativa y también, paradójicamente, uno de los principales condicionantes para su puesta en marcha. La descontaminación y achatarramiento de las instalaciones se cuentan entre los desafíos técnicos que superar para la puesta en marcha del proyecto, algo que para los promotores tiene la incertidumbre añadida de ser etapas que no dependen de ellos. Como tampoco lo es el cierre de la Autorización Ambiental Integrada con la que funcionaba Sniace, que entraría ya en el capítulo de las cuestiones administrativas que superar antes de poner la primera piedra de la futura planta.

Aun con todos esos inconvenientes, las características y ubicación de los terrenos donde se levantará la planta han sido decisivos para dar forma a un proyecto que, según destacó el CEO de RIC Energy, difícilmente podría realizarse en cualquier otro lugar: la disponibilidad de agua, las infraestructuras o la proximidad al Puerto de Santander, y la propia tradición industrial de la comarca, aportaron argumentos decisivos para dar forma al proyecto ahora presentado y situarlo en los terrenos de la antigua Sniace.

Una planta productora de hidrógeno verde funciona mediante energía eléctrica de fuentes renovables, que se emplea para, mediante electrolisis, generar hidrógeno y derivados –amoniaco, básicamente– a partir de agua. Con ellos, e invirtiendo el proceso, es posible generar electricidad para, por ejemplo, mover un vehículo sin más emisiones que el propio vapor de agua resultante. Relativamente sencillo de transportar y almacenar, y con una capacidad de generación de energía que garantizaría rendimientos comparables a las que hoy tienen los combustibles fósiles, el hidrógeno así producido sería una alternativa a estos y un vector energético clave para la descarbonización de la economía.

La inversión supera los 850 millones de euros para la construcción y puesta en marcha de una planta que fabricará hidrógeno y derivados a partir de una potencia de electrolisis de 500 MW

Pese a las muchas incertidumbres que todavía existen sobre el futuro que deparará la proyectada transformación energética, no parece que la demanda de hidrógeno y derivados vaya a ser una de ellas. Aun con los planes en marcha para la construcción de plantas productoras, y los que deberán todavía presentarse para alcanzar las previsiones del PNIEC elaborado por el Gobierno, no será rápido alcanzar un nivel de producción capaz de dar respuesta a la demanda. Con todo, y como destacaron José Domingo San Emeterio, presidente de Copsesa, y José Luis Moya en una entrevista publicada por ‘El Diario Montañés’ días después de la presentación del proyecto, llegar lo antes posible a ese mercado puede ser un factor decisivo para la competitividad de la futura fábrica de hidrógeno torrelaveguense.

Es ahí donde entran en juego los desafíos técnicos, administrativos y financieros que mencionaba el CEO de RIC Energy en la presentación de Besaya H2. De los tres, probablemente sea el segundo de ellos el que en mayor medida puede afectar a los plazos. Además de las administraciones local, regional y nacional, el proyecto implica tratar con organismos como la Confederación Hidrográfica o Red Eléctrica. Pocas referencias llevan a pensar que eso vaya a ser sencillo de resolver, y ninguna que vaya a ser rápido.

El autoconsumo solar parece haber dejado atrás sus años dorados para afrontar un periodo de cierta desaceleración, especialmente en el ámbito residencial, donde las instalaciones nuevas se reducen prácticamente a viviendas unifamiliares. Pese a la fuerte caída del coste de las instalaciones solares, que han bajado cerca del 30% en el último año, los principales actores del sector coinciden en atribuir este parón a que el precio de la electricidad ha dejado de ser una preocupación para los hogares, por lo que destacan que el principal nicho de mercado está hoy en las empresas e industrias.

Manuel Casino |  @mcasino8 | Enero 2024

El autoconsumo solar pierde fuelle. Tras vivir un auténtico ‘boom’ a principios de esta década, especialmente en 2022, cuando se alcanzó la cifra mágica de los 2.649 MW de potencia de nuevas instalaciones –de los que el 39% (1.024 MW) se instalaron en hogares y el 61% restante en instalaciones industriales–, según destaca la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) en su último informe anual del sector, la demanda de instalaciones solares experimentó el pasado año un bajón importante que esta asociación achaca a que los hogares ya no tienen la percepción de precios altos de la electricidad.

Una opinión que también es compartida por el responsable y socio de Neo Multihogar, Borja Saiz, empresa distribuidora de Endesa en Cantabria y Burgos, para quien el autoconsumo ha caído en la misma proporción que lo ha hecho el coste de la energía. “Empezamos muy bien 2023, pero se ha parado con el pasos de los meses y el descenso de los precios de la luz”, concede. Y es que, según detalla, de lo que se trata finalmente es de generar tu propia electricidad: “Cuando la energía estaba a 33 céntimos de euro el kilovatio, los consumidores buscaban alternativas para reducir sus facturas energéticas. Ahora, sin embargo, está a 16 céntimos, a 14… Y si el precio de la electricidad está a estos niveles, el retorno de la inversión para uso residencial se alarga por encima de los diez años. El precio, como en casi todo, no deja de ser la base de este negocio”, explica.

Pese a ello, Engel Energy, empresa especializada en instalaciones fotovoltaicas, calcula que ya existen más de 200.000 instalaciones residenciales de autoconsumo solar en España que, junto con los autoconsumos industriales, suman un total de 5,5 GW de potencia fotovoltaica instalada, una cifra nada desdeñable pero aún lejos del objetivo fijado por el Gobierno en el nuevo Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) de llegar a los 19 GW en 2030.

En este sentido, Saiz sostiene que el principal nicho de mercado del autoconsumo solar está en las empresas. “La rentabilidad aumenta en el caso de naves e instalaciones industriales, que tienen un gran demanda de electricidad y en las que, además, el horario del sol coincide con el de mayor consumo, una circunstancia que no está siempre tan clara en el caso residencial, donde muchas veces este consumo se concentra cuando no luce el sol”, matiza.

Viviendas unifamiliares

En el ámbito doméstico, el titular de Neo Multihogar circunscribe la práctica totalidad de la demanda a las viviendas unifamiliares, por cuanto entiende que el autoconsumo en edificios comunitarios es “muy complicado” de atender tanto por la gestión con los vecinos como por la disponibilidad de las cubiertas. “Los tejados no estaban pensados para acoger instalaciones fotovoltaicas. Están llenos de sombras, luceras, antenas, chimeneas… y caben muy pocas placas y muy dispersas. No hay espacio bueno y suficiente que haga rentable la inversión para la comunidad de propietarios. Y si lo hay, siempre es para atender los consumos eléctricos comunitarios (ascensor, luz de los espacios comunes, puerta del garaje…), rara vez para el aprovechamiento individual de los vecinos”, aclara.

Alberto Ruiz-Capillas, presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Cantabria. Foto: Nacho Cubero

De igual parecer es el presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Cantabria (Cafca), Alberto Ruiz-Capillas, quien admite que apenas hay solicitudes por parte de las comunidades. “Hace años hubo un tiempo en que los vecinos sí demandaban información sobre este tipo de instalaciones, pero finalmente no se llevaban a cabo”, razona antes de compartir con Saiz que los tejados de los edificios cántabros, generalmente a dos aguas, no son precisamente los ideales para instalar placas solares.

Aunque los fondos Next Generation establecen importantes subvenciones en función de los ahorros energéticos conseguidos, Alberto Ruiz Capillas explica que las comunidades de propietarios han preferido destinar sus inversiones a obras de rehabilitación de la envolvente, antes que a instalar sistemas fotovoltaicos.

De otro lado, el responsable de la empresa distribuidora de Endesa en Cantabria considera que ahora mismo las prioridades de los hogares son otras y que el interés por instalar paneles solares sobre sus tejados ha dado paso a la preocupación por la subida de la cesta de la compra. “No hace mucho había colas de personas para cambiarse de operador eléctrico o para preguntar cómo podían reducir su factura eléctrica. Ahora, en cambio, el precio de la energía ya no se comenta. De lo que se habla es del precio de los alimentos”, subraya.

En su opinión, que la energía haya dejado de ser un tema preocupante a algo residual tiene consecuencias que no siempre son positivas: “Puede que sea muy bueno para los consumidores, pero no cabe duda de que resulta muy negativo para la expansión de las energías renovables, en especial de la solar fotovoltaica”. Con todo, Saiz reconoce que el autoconsumo “aún sí despierta interés” entre las personas “con un poder adquisitivo medio-alto y una destacada sensibilidad por el medio ambiente”.

Más allá, Borja Saiz estima que el autoconsumo solar tiene especial sentido cuando el consumidor cambia de sistema de calefacción y pasa del gas a la aerotermia (bomba de calor). Según detalla, este sistema que, a través del ciclo termodinámico, recoge la energía del aire a través de una unidad exterior y la transforma en energía calorífica, está funcionando muchas horas al día y consumiendo electricidad: “Si instalara placas solares, parte de ese consumo de luz podría ser atendido por éstas, aunque sea en invierno. Entonces sí salen bien los números”, enfatiza.

El papel de la Administración

Con los datos en la mano, este ingeniero industrial conviene en que el autoconsumo solar todavía tiene un potencial de desarrollo enorme. “Queda muchísimo por hacer porque la inversión es interesante y consistente. Aunque se trata de una tramitación compleja, sin duda ayudaría que las subvenciones se gestionaran y entregaran en menor tiempo, pero para ello la Administración debería reforzar sus plantillas”, apunta.

A su juicio, todo depende de la apuesta del Gobierno: “Alemania, por ejemplo, tiene menos horas de sol que Cantabria y cuenta con bastantes más instalaciones solares”. Por eso, reclama que las subvenciones públicas sean más “a medida” y en función del territorio porque, según asegura, el 100% de las instalaciones que se solicitan en Cantabria van ligadas a contar con subvención. “Es evidente que a un cliente de Córdoba la inversión le resulta más rentable que a uno de Santander. Por eso, si se potenciara más la subvención, los consumidores cántabros sí tendrían mayor interés por las placas solares. Pero eso es ya un futurible”, acepta.

Borja Saiz, responsable y socio de Neo Multihogar. Foto: Nacho Cubero

En este sentido, el responsable de Neo Multihogar insiste en que no es necesario ser muy imaginativo para ver cómo puede favorecerse el uso de esta energía: “No hemos inventado la rueda. ¿Cuándo se disparó el consumo de móviles en España? Cuando se regalaba el terminal. En dos años, el 80% de la población española tenía un teléfono móvil. No se trata de regalar las placas solares, que cuestan bastante más, pero cuando un país apuesta por algo…”, apunta Saiz, que considera que por esa vía podría salvarse el principal obstáculo que ve para la expansión del autoconsumo: “En una instalación que cuesta rentabilizarla unos años, importa más la subvención que las posibilidades de financiación y que las facilidades de instalación, las otras dos cuestiones que más pesan a la hora de decantarse por esta energía renovable”, explica.

Coste de las instalaciones

A favor de esta energía renovable juega, además, la caída del coste de las instalaciones solares que, según fuentes del sector, ha bajado entre un 20% y un 30% desde el año pasado, de tal forma que hoy en día se pueden encontrar en el mercado paneles solares con un precio que puede oscilar entre los 50 y 400 euros por unidad, dependiendo de la marca del fabricante, la tipología, el tamaño y la potencia.

“Las placas solares y sus equipos son ya muy eficientes en precios”, corrobora Saiz, quien, desde el punto de vista técnico, apuesta por instalar estos sistemas con baterías para almacenar la energía porque “el sol luce de día y la luz se consume de noche”: “Una instalación con baterías es lo óptimo, pero cuestan dinero, aunque están muy subvencionadas, en algunos casos casi al 100%”, puntualiza.

Según sus cálculos, una instalación de autoconsumo de 3KW y diez paneles solares, el mínimo recomendado para una vivienda, ronda los 6.600 euros, cantidad que sube hasta los 10.600 –4.000 euros más– si se acompaña de baterías. “El problema estriba en que solo están subvencionadas las primeras baterías”, lo que complica los números porque, explica, mientras que la vida útil de una instalación y de las placas solares puede alcanzar los treinta años, la de las baterías es mucho más corta, y a los cinco o seis años habría que cambiarlas.

Batería virtual

Sobre el desarrollo de la batería virtual, el responsable de este punto de servicio de Endesa destaca que no se trata de una cuestión técnica, sino de un producto comercial que ofrecen cada vez mayor número de compañías. En este sentido, explica que los consumidores, por ley, no pueden vender toda la energía excedentaria que producen. “No puedes poner una fábrica de luz en tu casa. Solo puedes vender tantos kilovatios como los que has consumido en ese mes”. En este caso, la comercializadora te ‘compra’ ese excedente que no puedes vender y te lo ‘guarda’ en un monedero –la batería virtual– para que en invierno o en épocas de baja producción puedas recurrir a ese dinero, que ya no es energía.

“Lo sustancial es que se están tomando iniciativas para tratar de mejorar la rentabilidad de la inversión, ya sea incrementando las subvenciones o el precio al que se compra el excedente de energía”. Borja Saiz, Neo Multihogar

De lo que se trata en definitiva, detalla Saiz, es de un acuerdo financiero entre el propietario de la instalación fotovoltaica y la compañía comercializadora que permite ‘almacenar’ la energía generada por la instalación solar sin tener que utilizar baterías físicas. “De este modo, se mejora la rentabilidad de la inversión y las placas solares nunca estas ociosas”, indica el responsable y socio de Neo Multihogar, quien recuerda que la normativa sobre las instalaciones de autoconsumo establece que, para obtener las ayudas previstas en el sector residencial, el consumo anual de energía por parte del consumidor o consumidores asociados a la instalación debe ser igual o mayor al 80% de la energía anual generada por ésta. “Lo sustancial es que se están tomando iniciativas para tratar de mejorar la rentabilidad de la inversión, ya sea incrementando las subvenciones o el precio al que se compra el excedente de energía”, resume.

Por otra parte, este experto alude a la falta de obra en el sector, un problema que atribuye en gran medida a la elevada competencia que presiona los precios hacia abajo. “Mi precio de instalación lo tengo que bajar y entonces no resulta fácil encontrar electricistas o instaladores que quieran instalar fotovoltaica porque tiene trabajo de sobra sin tener que subirse a tejados, que es más complicado y peligroso. Si quiero que lo hagan, les tengo que pagar bien y a mí se me complica la vida”, describe. Además, recapitula que lo más caro no son los paneles solares –“un panel estándar de 2×1 metro lo puedes comprar por en torno a los 100 euros”, estima–, sino la instalación. “La gente multiplica el número de paneles por su coste y se cree que ya tiene hecha la inversión. Si echas cuentas, de los poco más de 1.000 euros que pueden costar diez paneles, hasta los más de 6.000 euros que cuesta la instalación median diversos materiales, algunos como el cobre nada baratos; bastantes horas de trabajo y mucha dificultad”, subraya. “De momento, el autoconsumo solar es para empresas e industrias. Ya llegaremos al residencial”, cierra.

Los informes sobre absentismo laboral abren a menudo la discusión sobre la dimensión real de este asunto que preocupa por igual a empresarios y sindicatos y sobre el que ambas partes coinciden en la necesidad de articular medidas y soluciones para tratar de mitigarlo. Pero mientras que la patronal destaca el elevado coste económico que representa para las empresas y su competitividad, los sindicatos denuncian la visión distorsionada que ofrecen estos estudios de un problema que consideran mucho más complejo y cuya interpretación, según sostienen, tampoco genera consenso.

Manuel Casino |  @mcasino8 | Enero 2024

El absentismo laboral viene ocupando desde hace tiempo titulares y espacios en los medios de comunicación en los que, de forma casi generalizada, se alerta de su constante crecimiento y del elevado coste que representa para las empresas y su competitividad. Así lo pone de manifiesto un reciente informe sobre este problema elaborado con datos de la EPA por Randstad, empresa especializada en talento y recursos humanos, en el que se resalta que Cantabria lideró, junto al País Vasco y Canarias, el absentismo laboral en España durante el segundo trimestre de 2023. En concreto, este estudio recalca que la comunidad cántabra registró en ese periodo la tercera mayor tasa con un 7,2% de las horas pactadas, un punto por encima de la media nacional.

Asimismo, el V Observatorio sobre Absentismo Laboral Mutua Montañesa, presentado a finales del pasado mes de octubre, destacaba que la ausencia de los trabajadores de sus puestos de trabajo supuso a las empresas cántabras un coste de 383 millones de euros durante los primeros ocho meses de 2023, un 5,9% más que en mismo periodo del año anterior.

El empeoramiento de los datos de absentismo laboral en Cantabria se produce en un contexto general de mejora de la calidad de los contratos y menor temporalidad que, en principio, debería haber provocado los efectos contrarios.

La directora general de CEOE-Cepyme Cantabria, Isabel Cuesta, aclara que la región ya venía arrastrando desde hace algún tiempo esta alta tasa de absentismo que ahora “se ha acentuado” con la pandemia, si bien precisa que sus causas son difíciles de explicar en todo su alcance, ya que no existe un solo motivo que lo justifique. Además de explicar que cada sector tiene sus propias “peculiaridades”, Cuesta sostiene que una buena parte de la “culpa” de esta situación descanse muy posiblemente “en los ingentes recursos sanitarios y humanos que fueron necesarios para atender la pandemia y las secuelas sociosanitarias que aún arrastramos”, un argumento al que suma el “significativo” incremento de las bajas relacionadas con la salud mental que, según subraya, ha crecido mucho en los últimos tiempos.

Fotografía de Isabel Cuesta, directora general de CEOE-Cepyme de Cantabria

Isabel Cuesta, directora general de CEOE-Cepyme de Cantabria. Foto: Nacho Cubero

Este empeoramiento de los datos de absentismo laboral en Cantabria se produce, además, en un contexto general de mejora de la calidad de los contratos y menor temporalidad que, en principio, debería haber provocado los efectos contrarios. La directora general de la patronal cántabra no cree, sin embargo, que exista en este sentido una relación causa-efecto. “La reforma laboral ha cambiado la denominación de algunas formas de contratación, pero no parece que haya tenido un efecto tan significativo en la estabilidad de la contratación”. Es más, detalla que Cantabria no supera el 30% de contratos indefinidos desde hace varios meses, alrededor de quince puntos por debajo de la media de España. “Quizá este hecho también ayude a entender el porqué de esta situación en nuestra comunidad autónoma”, enfatiza.

De su lado, el secretario de Acción Sindical de UGT-Cantabria, Valentín Fernández, quita validez a este tipo de informes ya que, en su opinión, no dejan de presentar una imagen “interesada y sesgada” del absentismo laboral, dado que a su juicio no se analizan realmente los factores que están detrás de este problema: “Si ves los datos que ofrecen estos estudios, se trata de una especie de cajón de sastre en el que se recogen diferentes contingencias que se entienden que en sí son absentismo, cuando en realidad se trata de un término muy controvertido sobre el que, en muchas ocasiones, ni las partes implicadas nos ponemos de acuerdo qué se debe entender como tal y qué, principalmente, obedece a bajas por enfermedades comunes”, razona.

Fernández insiste en que detrás de estos datos está un “cierto interés” de las entidades colaboradoras del sistema público de salud, fundamentalmente las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que desde hace años vienen promoviendo un cambio legislativo para poder gestionar las contingencias comunes. “No voy a negar la mayor y puede que haya casos aislados de trabajadores que no acuden a su puesto porque no quieren. Siempre los ha habido, pero la excepción no hace la regla”, recalca el representante de UGT. “Podemos entender la preocupación empresarial por este asunto, pero lo que no vamos a compartir es que se llame absentismo a la enfermedad o que se alimente el fantasma del fraude entre la población laboral”, enfatiza antes de recordar que la incapacidad temporal no depende de la voluntad del trabajador: “Obedece a la decisión de un facultativo de atención primaria según criterios profesionales”.

Valentín Fernández defiende que si de la ecuación se eliminaran las bajas por enfermedad común, las horas no trabajadas por vacaciones, los permisos por maternidad o paternidad, la compensación por horas extraordinarias y otras ausencias justificadas, el resultado que reflejarían las estadísticas sería muy diferente: “El absentismo ‘real’ no tiene en ningún caso la envergadura que los empresarios pretenden denunciar ni, por tanto, es un grave problema económico para el país”.

Dicho esto, aboga por analizar desde un punto de vista preventivo las nuevas realidades del trabajo. “La Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que se encuentra muy ligada al absentismo laboral, supuso un antes y un después de su entrada en vigor en 1995. Sin embargo, desde entonces el mundo del trabajo ha cambiado significativamente con la digitalización de los procesos productivos, el teletrabajo, la introducción de la inteligencia artificial, la conectividad permanente de las personas trabajadoras o el control y monitorización de sus tareas, lo que sin duda obliga a su actualización”, argumenta.

Aunque admite que esta norma ha funcionado razonablemente bien en el ámbito empresarial, Fernández sostiene que tras el Covid ha existido una “cierta relajación en la cultura preventiva de las empresas que de nuevo hay que implantar”. Porque, según explica, al calor de estas nuevas modalidades de trabajo han surgido también nuevos riesgos psicosociales de origen laboral –estrés, carga mental…– que tiene un “gran impacto” entre la población trabajadora y que, en su opinión, “no están siendo gestionados adecuadamente por las empresas”.

Por eso, reclama dar a la prevención de riesgos psicosociales, a lo que se refiere como “la nueva pandemia del mundo del trabajo”, la importancia que realmente se merece. “En estos casos, las empresas deben ser conscientes de que tienen un problema y hacer una evaluación de este tipo de riesgos para, una vez realizada, adoptar las medidas de carácter preventivo que sean necesarias y verificar con posterioridad si han sido o no las adecuadas, comprobando si los índices de absentismo se han visto reducidos”. Si se hiciera correctamente, señala, se generaría un buen clima laboral y un adecuado desarrollo profesional, concede apuntando directamente al “papel fundamental” que en este sentido desempeñan los departamentos de recursos humanos de las empresas.

Fotografía de Valentín Fernández, secretario de Acción Sindical de UGT de Cantabria

Valentín Fernández, secretario de Acción Sindical de UGT de Cantabria. Foto: Nacho Cubero

De su parte, la directora general de CEOE-Cepyme Cantabria estima que el incremento de la enfermedad común, que según el V Observatorio Sobre Absentismo Laboral Mutua Montañesa ha crecido cerca del 60% con relación a 2019 –el último año anterior a la pandemia– hasta representar en la actualidad más del 85% de las jornadas perdidas por parte los trabajadores, no se debe a una “mala salud” de los trabajadores en la región. “No creo que sea un asunto de salud, sino más bien de gestión, singularmente de las bajas laborales. Durante la pandemia se dio un paso para abordar estos asuntos de una forma más eficaz y rápida, pero no acabamos de coger la velocidad necesaria”, admite.

En este sentido, Cuesta considera que la colaboración publico-privada a través de las mutuas laborales y organismos similares podría ser una “muy buena opción” para agilizar todo el proceso: “Sé que el nuevo Gobierno de Cantabria está dando pasos en esta dirección. De hecho, recientemente hemos constituido conjuntamente con el Ejecutivo cántabro, el INSS y las mutuas una mesa de trabajo sobre absentismo en la que se ha demostrado la máxima disposición de todas las partes a colaborar y aportar soluciones eficaces”, precisa.

Una iniciativa sobre la que Fernández muestra su rechazo más frontal. “Podemos entender la preocupación de estas empresas –del sector de la automoción, según asegura– para tratar de dar solución al elevado nivel de absentismo laboral por incapacidades temporales derivadas de contingencias comunes (ITCC) que soportan. Pero no se puede dejar al margen a los trabajadores porque, por encima de todo, está el derecho de los trabajadores a la salud”, afirma antes de reclamar que cualquier análisis sobre esta materia se haga en el marco del Diálogo Social. “El absentismo requiere de un debate profundo en el que todas las partes deben poner sobre la mesa sus preocupaciones y soluciones. Pero la Administración debe contar con todos los agentes sociales implicados en este proceso, no solamente con alguno de ellos”, reivindica el representante de UGT.

La patronal y este sindicato difieren también sobre si las obligaciones burocráticas prolongan innecesariamente los procesos de baja laboral. Así, la patronal aprecia que, al igual que en otros los ámbitos de la administración, también es preciso simplificar la burocracia en la gestión sanitaria. “Esta es una de las claves para la mejora de la competitividad de Cantabria, para la atracción de inversiones y para el cambio de modelo productivo de la región, y así se lo hemos expresado al nuevo Gobierno regional en diferentes ocasiones”, aclara su directora general, quien, por otro lado, vería con “buenos ojos” que las mutuas prestasen asistencia médica y emitiesen las altas en las veinte patologías traumatológicas más frecuentes, un posibilidad que, según el informe sobre absentismo laboral por ITCC en Cantabria elaborado por la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT), permitiría un ahorro total superior a los 26 millones de euros.

Por su parte, el sindicalista de UGT entiende que no es una cuestión de más o menos burocracia ya que, de hecho, desde el pasado 1 de abril el trabajador ya no tiene que entregar el parte de baja médica o incapacidad temporal a su empresa, sino que las comunicaciones se hacen ya por vía telemática entre las Administraciones y dicha empresa. “El problema es más de fondo. Hay que hacer una labor de base y analizar en detalle el porqué y las causalidades de las bajas laborales”, indica Fernández, que demanda abordar y poner en el centro del debate otras cuestiones que no siempre se tienen en cuenta: “Como los excesos de jornada, en muchas ocasiones no retribuidos; la falta de desarrollo profesional, el escaso reconocimiento y la inseguridad laboral” u otros factores, entre los que cita “el envejecimiento de las población trabajadora y los cambios climáticos que venimos soportando desde hace años”.

En lo que sí coinciden empresarios y sindicatos es en la necesidad de reducir las la listas de espera de la sanidad pública, toda vez que reconocen que hay muchas situaciones de baja laboral que están en espera de una prueba diagnóstica o de una consulta especializada.

Sindicatos y patronal coinciden en la necesidad de reducir las la listas de espera de la sanidad pública, toda vez que reconocen que hay muchas situaciones de baja laboral que están en espera de una prueba diagnóstica o de una consulta especializada.

“Hay una bolsa de casos que tiene que ver con las enormes listas de espera que soportamos”, asegura Pilar Cuesta, que entiende que todo lo que se pueda agilizar en este aspecto será de ayuda. A su juicio, se trata de uno de los mayores retos del Gobierno regional para esta legislatura que está comenzando.

Fernández, por su parte, se remite en este asunto al V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), firmado el pasado 10 de marzo por sindicatos y patronal. Según resalta, este acuerdo insta, en su capítulo VII, a aprovechar los recursos de las mutuas colaboradoras de la seguridad y salud, que posibiliten reducir los tiempos de espera, la atención sanitaria de las personas trabajadoras y la recuperación de la salud, así como reducir las listas de espera en el sistema público. Al respecto, el secretario de Acción Sindical de UGT subraya que este mejor aprovechamiento de los recursos de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social no modifica “en modo alguno” las actuales competencias del Servicio Cántabro de Salud en los procesos de alta, baja y seguimiento de la incapacidad laboral: “Siguen igual, tan solo abre la posibilidad de utilizar los servicios de rehabilitación de las mutuas para tratar algunas incapacidades temporales por contingencias comunes de origen traumatológico, siempre bajo deseo del trabajador y con el permiso del médico de Atención Primaria”.

Precisamente, para tratar de mejorar la gestión de las ITCC, la directora general de CEOE-Cepyme Cantabria señala tres medidas: refuerzo y mejora de la atención primaria; simplificación burocrática con gestión directa entre empresas y sector sanitario; y colaboración publico-privada en la gestión de los casos comunes para desembolsar y agilizar la bajas y descienda el absentismo.

El secretario de Acción Sindical de UGT, por su parte, insiste en poner el acento en la salud del trabajador, que recalca debe estar en el centro del debate, y en poner en tela de juicio los informes aludidos sobre absentismo laboral. “Una cosa son los datos, pero detrás hay toda una casuística que no analizan. Habrá que hacerlo, pero contando con todos los agentes sociales. Para eso está el diálogo social”, concluye.

Por cada coche nuevo se han vendido 3,3 usados en lo que va de año en Cantabria, muy por encima de la media nacional, que es de 1,9. El mercado de vehículos de ocasión, marcado por el incremento de precios, terminará 2023 con unas ventas levemente inferiores a las del ejercicio anterior, según las previsiones del sector, que reclama incentivos para rebajar la antigüedad media de este tipo de vehículos, donde cerca de la mitad de las unidades vendidas hasta agosto tiene más de quince años.

Manuel Casino |  @mcasino8 | Octubre 2023

Comprar un vehículo de ocasión (VO) nunca había sido tan caro en España, aunque no en Cantabria, que cuenta con el precio medio de oferta más bajo de todas las comunidades autónomas. Así lo recoge el último barómetro de coches.net, el marketplace experto en movilidad líder en España que, con datos referidos al pasado mes de agosto, sitúa por primera vez el precio medio por encima de los 20.000 euros (20.566 €), si bien en Cantabria el desembolso para hacerse con un coche de segunda mano no llega de media a los 18.000 euros (17.852 €). Este récord histórico no ha impedido, sin embargo, que las ventas de turismos y todoterrenos de segunda mano acumulen en los ocho primeros meses del año una subida del 2,6% con relación al mismo periodo de 2022, hasta alcanzar las 1.237.670 unidades, según datos de un reciente estudio elaborado por la consultora MSI para las patronales del sector Ganvam (distribuidores oficiales e independientes), y Faconauto (concesionarios).

En Cantabria, por el contrario, el mercado de VO ha mostrado un menor dinamismo y se aleja también de la tendencia nacional al registrar hasta agosto unas ventas totales de 14.409 unidades, lo que representa una caída del 0,9% frente a igual periodo del ejercicio anterior, en el que se vendieron 14.545 coches. Esta diferencia de comportamiento del mercado en Cantabria y en el resto de España también se refleja en la comparativa con las ventas de vehículos nuevos. Si en lo que va de año en el conjunto nacional por cada vehículo nuevo se han vendido 1,9 de ocasión, este ratio sube al 3,3 en el caso de Cantabria.

La escalada en los precios de los vehículos nuevos ha llevado a que crezca la demanda de usados, pero también ha elevado la cotización de estos. En la foto, la exposición de Autos Raúl en sus instalaciones de El Campón, en Peñacastillo.

Para Raúl Azcona, de Autos Raúl, uno de las empresas de compraventa de vehículos de segunda mano con sede en Santander, el incremento medio de los precios de los coches VO descansa, en gran medida, en el aumento del precio de los nuevos, “que tira del precio del resto de vehículos”: “Este aumento del coste, junto con un contexto económico marcado por la inflación y la subida de tipos de interés, hace que el coche nuevo no sea accesible para muchas personas, que se ven obligadas a comprar un vehículo usado. Y a mayor demanda de coches más baratos, mayores precios”, explica. Además, Azcona justifica que el ratio de compra de coches de ocasión por cada coche nuevo en Cantabria supere con creces al registrado en el conjunto del país en el hecho de la región sea una de las más envejecidas de España. “Muchos pensionistas, pero también los jóvenes, con un poder adquisitivo más bajo, no pueden acceder a las condiciones de financiación o de renting que les proponen en el vehículo nuevo. Si no pueden pagar esas cuotas, es lógico que busquen opciones más asequibles”, concede.

Pero que el vehículo de ocasión se haya convertido en la primera opción de compra para ocho de cada diez conductores, según datos del estudio ‘Tendencia de compra de un vehículo en 2023’ dado a conocer en junio pasado, no solo es cuestión de precio. También juega a su favor, destacan los expertos, la disponibilidad inmediata –en la actualidad el plazo medio de entrega de un vehículo nuevo puede llegar a ser de hasta ocho meses, en función de la marca y el modelo– y la relación calidad-precio. A estas dos motivaciones, el propietario de Autos Raúl añade la mayor pérdida de valor de los coches nuevos una vez salen del concesionario. “Ahora los VO se presentan como una mejor inversión. Se estima que los coches nuevos pierden alrededor del 50% de su valor a los cuatro años de su compra. Y aunque en el caso de los usados este porcentaje puede llegar a ser similar, no es lo mismo perder el 50% de 40.000 euros que de 5.000 euros”, reflexiona. Para este joven empresario, que asegura vender una media de entre 150 y 180 coches de segunda mano al año, con precios que oscilan entre los 4.000 y los 16.000 euros, la sensible diferencia del precio medio de oferta de VO en Cantabria con el resto del país (17.852€ frente a 20.566€), se debe al diferente perfil de vehículo que se demanda en la región. “Si en otras comunidades como el País Vasco, donde también hemos trabajado, se demanda vehículos de más alta gama y marcas premium, aquí en Cantabria se busca más utilitarios y de ciudad, un sector que obviamente resulta más económico”, precisa.

Por tramos de edad

Por franjas de edad, los vehículos de más de diez años de antigüedad siguen siendo de largo los más vendidos en Cantabria, al igual que ocurre en el resto de España, donde acumulan más del 66% del total de ventas registradas hasta agosto, según los datos facilitados por Gasvam. De hecho, el mayor número de ventas se concentra en el tramo de más de quince años, con 6.595 unidades, lo que supone que más de cuatro de cada diez VO vendidos en la región supera esa edad. Pese a ello, el peso de estos modelos más antiguos empieza a dar muestras de cierto agotamiento (las ventas de VO con entre diez y quince años han descendido un 18,8% en lo que va de año, si bien las de los modelos de más de quince ha crecido en un 5,5%) en favor de vehículos de menor edad.

Así, los modelos de entre cinco y diez años de antigüedad son, con 2.132 unidades, los que registran un mayor crecimiento durante los ocho primeros meses del año en Cantabria (15,2%), aunque los seminuevos de entre uno y cinco años ha perdido cierto protagonismo con relación al pasado año, al descender un 4,2%. De este modo, Cantabria se separa una ves más de la tendencia seguida en el resto del país, donde las ventas de VO de este tramo, especialmente en el caso de los vehículo de entre uno y tres años, están tirando del mercado con un incremento acumulado hasta agosto de casi el 12%.

Incentivos para una movilidad más eficiente

En este sentido, el citado estudio sobre tendencias de compra pone de manifiesto que el mercado de segunda mano puede convertirse en una palanca de rejuvenecimiento del parque móvil español, cuya media se sitúa en los 14 años, y ayudar al cumplimiento de los objetivos de descarbonización. Pero para ello, alertan desde Ganvam, sería oportuno que se pusieran en marcha medidas que dinamizaran la demanda de VO seminuevos lo que, a su juicio, contribuiría a retirar de la circulación los coches más antiguos y contaminantes y a facilitar, además, que las familias con menor renta disponible tengan acceso a vehículos eficientes. De hecho, ese informe refleja que el 71% de los potenciales compradores estaría dispuesto a renovar su vehículo si existiera un plan de incentivos que apoyara la compra de usados de menos de cinco años.

Raúl Azcona, a la izquierda, y su hermano Pablo, gerente y vendedor, respectivamente, de Autos Raúl, una de las empresas de compraventa de vehículos más veterana entre las que operan en Cantabria.

Una petición que también es compartida por Azcona, quien reclama la necesidad de articular ayudas al sector. “Desde luego que hacen falta. En muchos otros ámbitos sociales el Gobierno fomenta a las clases más desfavorecidas pero, en cambio, en el caso de los vehículos se favorece la compra de vehículos nuevos y eléctricos. La verdad es que no tiene mucho sentido, porque el que puede pagar este tipo de vehículos probablemente no necesita esa ayudas. El que de verdad la necesita es el que tiene un menor poder adquisitivo y desea acceder a un coche de menos de cinco años”, subraya.

Mercado cambiante

El titular de esta empresa de compraventa reconoce que en la actualidad el mercado es “muy cambiante” y que, a diferencia de anteriores ejercicios, no existe un periodo concreto del año que concentre más ventas. “Los porcentajes pueden variar mucho de un mes a otro porque ahora el coche no se compra por gusto, sino por necesidad”. Con todo, confía en que el mercado se mantenga estable de aquí a fin de año y que su facturación no variará mucho con relación a 2022. “Va ser un año normal”, augura.

Un vaticinio que también es compartido por Ganvam, que prevé que las ventas de turismos y todoterrenos de VO en Cantabria alcance las 22.185 unidades en 2023, lo que supondría un leve descenso del 1,9% con relación al ejercicio anterior, en el que se vendieron 22.609 vehículos. De cara al próximo año, las previsiones de esta patronal apuntan a un crecimiento del 3,9% hasta alcanzar las 23.040 unidades vendidas, aún lejos de las 24.864 que se contabilizaron en 2021, donde los usados vivieron un auténtico ‘boom’ por la crisis de los microchips y la escasez de vehículo nuevo.

Canales de ventas

En cuanto a los canales de ventas, el estudio de MSI para Ganvam y Faconauto destaca que la venta entre particulares sigue siendo la opción preferida por adquirir un VO en Cantabria. Hasta agosto, así se han comprado 10.900 coches usados, lo que supone que más de siete de cada diez conductores han utilizado esta fórmula. A bastante distancia, aparecen las empresas de compraventa –como Autos Raúl– que acumulan 1.899 unidades vendidas, prácticamente las mismas que en igual periodo del pasado año en que vendieron 17 coches más. Sin llegar las 1.000 unidades le siguen los canales de ‘renting’, importación y alquiladores, que presentan un comportamiento desigual con relación al pasado ejercicio. Así, mientras que las empresas de ‘renting’ y alquiladores, acumulan incrementos del 19,3% y del 0,6%, respectivamente, las ventas de vehículos de ocasión de importación han caído un 14,6%. En este asunto, Azcona resalta la creciente competencia de los concesionarios y de las empresas de ‘renting’: “Han encontrado un oportunidad de negocio en el mercado de VO y ahora también venden este tipo de vehículos que antes directamente nos pasaban a los compraventa”.

Por fuente de energía, la propulsión mayoritaria en el mercado de segunda mano continúa siendo el diésel, con más de la mitad de las ventas totales en España (56,2%) y también en Cantabria (62,8%), seguido de los motores de gasolina (36,8% de media nacional y cuatro puntos menos en Cantabria) y con un residual, aunque creciente porcentaje para las propulsiones alternativas (7% en el conjunto del país y un 5,1% en la región).

El responsable de Autos Raúl corrobora este dominio del diésel, si bien matiza que últimamente los clientes no llegan con la ideas tan claras: “Ahora no tiene que ser diésel sí o sí. Pueden cambiar de opinión”, aclara. Con todo, sostiene que el precio sigue siendo el criterio que más pesa a la hora de comprar un VO, por encima del consumo, de la seguridad o de otros factores. “Antes es posible que se tuviera más en cuenta el tamaño y otras necesidades, que ahora han quedado claramente en segundo plano si no entran dentro del precio”, enfatiza. Además, afirma que hay que tener en cuenta que la subida de precios ha desplazado hacia arriba la horquilla de compra. “Quien hace tres o cuatro años adquiría un coche de 3.000 euros, hoy en día se ve obligado a desembolsar el doble porque no hay coches de ese precio. Por eso ahora muchos conductores compran el coche que pueden, no el que quieren”, sentencia.

Con tecnologías diferentes, con variadas fórmulas de colaboración público-privada y con el impulso de las ayudas de las distintas administraciones, las conexiones de banda ancha han ido extendiéndose a las zonas rurales de Cantabria, pero todavía hay lugares donde no es posible una transferencia de datos a velocidades mayores a 50 megabites por segundo. Romper las últimas barreras que impiden salvar la ‘brecha digital’ entre lo urbano y lo rural es el objetivo del programa ‘Conecta35’, que utiliza el satélite como herramienta para llegar a zonas donde no hay otras opciones y a las que no es probable que llegue la fibra. Atraer población y empresas a los pueblos, o cuanto menos evitar el éxodo de las que ya existen, es el objetivo.

Cristina Bartolomé |  @criskyraOctubre 2023

El medio rural viene reclamando en las últimas décadas una conexión a Internet que facilite la vida diaria de la población, la instalación y permanencia de las empresas y evite el despoblamiento. Ahora, la cobertura, ya sea mediante una tecnología u otra, se encuentra en torno al 95% del territorio de Cantabria, aunque existen aún zonas rurales que viven en la ‘brecha digital’, especialmente los núcleos de población poco accesibles y con pocos habitantes.

La dificultad que presenta la orografía de Cantabria es el obstáculo más destacado para que llegue la conexión a la red, pero varias empresas tecnológicas han decidido apostar por ello y se encara ahora la última fase tras años de iniciativas público-privadas que han dado resultado. Así lo reconoce Leoncio Carrascal, alcalde de Arredondo y presidente de la Red Cántabra de Desarrollo Rural. Asegura que en su municipio la cobertura alcanza el 100% del territorio y sostiene que casi toda la región cuenta ya con algún tipo de cobertura, especialmente de banda ancha, por cable de fibra óptica, o por satélite, con la que también cuenta Arredondo. Valora su importancia para las zonas rurales: “Sobre todo para los niños en edad escolar y los estudiantes, porque pueden trabajar desde casa, y también para quienes teletrabajan, esto se vio claramente durante la pandemia”.

Leoncio Carrascal, alcalde de Arredondo y presidente de la Red Cántabra de Desarrollo Rural, a la izquierda, junto al director de Adamo en Cantabria, David Llano, con quien posa con motivo de la llegada de la banda ancha a su municipio.

Aunque la utilidad en este caso está clara, Carrascal admite que no ha sido la panacea que se esperaba para dar la vuelta al problema de desplobación: “Pensábamos que iba a atraer más gente al mundo rural, pero de momento ha sido muy poca gente, aunque supongo que ha favorecido el establecimiento de empresas en zonas rurales en general, porque gracias a Internet pueden funcionar mejor. Algunas empresas han venido, pero en general ha favorecido a las empresas que estaban ya asentados en el mundo rural, les ha venido muy bien”.

Esto ha generado uno de los efectos más esperados: “Ha frenado bastante el despoblamiento y que la gente se trasladara a otros lugares”, asegura. Además, Leoncio valora el esfuerzo que se ha hecho desde el Gobierno regional para favorecer la implantación de Internet en el medio rural: “Ha sido gracias al Gobierno regional, sobre todo la Consejería de Industria, que lleva haciendo estos años de atrás un esfuerzo impresionante. Yo diría que ha sido un éxito total”.

Fibra óptica y satélite: distintas tecnologías, un objetivo

Por parte de las empresas tecnológicas, Adamo es la que ha realizado una mayor implantación, con presencia en 95 de los 102 municipios de Cantabria.  La conexión que ofrece es de fibra óptica y cerca de 250.000 hogares están conectados con su tecnología. Precisamente las zonas rurales fueron desde 2017 su principal objetivo, ya que las urbanas estaban ampliamente cubiertas, reconocen desde este operador de telecomunicaciones. Uno de los últimos municipios que cuentan con su fibra óptica es San Miguel de Agüayo, sus solo 150 habitantes ya pueden navegar por Internet con banda ancha de esta tecnología desde hace unas semanas.

David Llano es el director general en Cantabria: “Nos centramos en el área rural porque es donde hay mayor necesidad y donde aportamos un valor. Tenemos el objetivo de llegar a todos los municipios, incluso a aquellos geográficamente más complicados. Es verdad que el ritmo de trabajo no se ve tanto como el anterior, cuando actuamos en municipios más densos, ahora llegamos a otros más pequeños, pero el trabajo al final es el mismo, llevar cable hasta allí, salvando las condiciones orográficas”. Adamo plantea seguir con su expansión y llegar al total de los municipios en el primer trimestre de 2024. Aunque esto no signifique necesariamente tener presencia en todos los núcleos de población: tienen previsto llegar donde técnicamente sea posible.

Para vencer los obstáculos de la orografía cántabra este operador de telecomunicaciones se ha venido apoyando en la población y empresas locales: “Todos los ‘partners’ o las diferentes empresas que están trabajando en el despliegue de la fibra óptica son de aquí. Con ellos hemos trabajado desde la fase de ingeniería y toma de datos en campo, hasta la fase de ejecución, creando una infraestructura nueva, para lo cual nos apoyamos en las infraestructuras públicas, como el alumbrado público o infraestructuras de la distribuidora eléctrica, con la cual tenemos un convenio firmado para utilizar sus infraestructuras de baja tensión”.

Dentro de los núcleos de población es más fácil, explica, y lo más complicado es ir uniendo un pueblo con otro. Para ello, trabajar con gente local que conoce el terreno ha sido muy importante y ha facilitado mucho el trabajo de este operador: “Por ejemplo, descubrimos caminos que dejaron de utilizarse y a través de ellos los recuperamos y vamos creando una infraestructura nueva, procurando respetar el medio ambiente y, donde es posible canalizar la red y crear una organización nueva, nos esforzamos en que nazca ya siendo segura y no esté sujeta a las inclemencias meteorológicas”.

De entre los trabajos más complicados recuerda los realizados en el Desfiladero de la Hermida, que además coincidieron con la pandemia: “Teníamos que avanzar por caminos donde no pasaba el camión. Nuestros técnicos iban tirando de los postes, como cuando se hizo el despliegue de la luz eléctrica, fue un trabajo muy tedioso y complicado, pero estamos súper orgullosos porque no era nada fácil”. Otro de los hitos ha sido establecerse en la zona sur de Cantabria: “Seguimos creciendo en municipios tan extensos como Valderredible, donde el obstáculo más claro es la dispersión de los núcleos de población y su pequeña dimensión, porque hay pueblos con 5 casas de las cuales hay habitadas 2, por ejemplo. Es muy complicado, pero ahí estamos, es donde aportamos valor. El reto más reciente ha sido llegar a Los Tojos”.

Los responsables de Conéctate 35, tras la presentación del programa en la sede de CEOE-Cepyme de Cantabria, en Santander, el pasado mes de septiembre.

Visto el panorama la pregunta es si el despliegue es rentable para una empresa de telecomunicaciones, obligada a acometer complejas actuaciones y fuertes inversiones para llegar a un reducido número de potenciales clientes. En este sentido David Llano defiende que Adamo es “un poco diferente” a otros operadores nacionales. Admite que la vocación rural está bien, pero lógicamente es mucho más caro y el retorno es a largo plazo, circunstancias que convierten en clave el respaldo que aporta su pertenencia al fondo de inversión de infraestructuras francés Ardian: “Si un operador tradicional busca un retorno de inversión a 3 o 4 años, nosotros proyectamos un retorno a más largo plazo, no es que el despliegue sea deficitario, ni mucho menos, pero la visión que tenemos es retornar esa inversión a más largo plazo. Al final, el hecho de ser el único operador que llega a estos núcleos rurales implica que esa población va a ser cliente, y recuperamos la inversión”. Otro de los pilares económicos ha sido la colaboración público-privada: “Hay planes del ministerio de los tres últimos años que vienen de los fondos Next Generation que ayudan a paliar un poquito el coste. No cubren el coste total pero ayudan a reducir el esfuerzo y nos permite seguir”.

Llano resume que en datos económicos, cuando comenzaron el despliegue en 2017 tenían previstos 40 millones de inversión, y al cierre de 2021 estaban en 61 millones: “Por cada euro que recibimos de subvenciones, hablando globalmente, nosotros aportamos otros 2. Con esos 3 euros conseguimos llegar. Fuimos los adjudicatarios de los programas de 2021 y de 2022 y a día de hoy estamos en ejecución de una de las convocatorias, tienen un plazo de dos años, por lo que el primero está a punto de concluir y el segundo concluirá a finales de 2024. Nos gustaría no agotar ese plazo”.

Añade que recientemente ha salido otra convocatoria relativa al despliegue de puntos para antenas, el plan ligado al 5G, pero señala que  para que esa tecnología llegue fuera de los núcleos urbanos hay que multiplicar el número de antenas existentes y a esas antenas hay que dotarlas de una conexión en fibra óptica. “Fuimos adjudicatarios de una parte del proyecto de Cantabria. Iremos  acometiéndolo al mismo tiempo, en cuanto vayamos agilizando los programas anteriores y se vayan preparando esos puntos de acceso, para que luego la empresa que decidan pueda montar sus antenas para que el 5G sea una realidad en el núcleo rural”. Sin embargo, añade que el negocio de Adamo va directamente ligado a la fibra óptica, al servicio de Internet sobre servicios fijos y todo lo que de él depende, es decir, la telefonía fija y la televisión –a día de hoy localidades de Cantabria sin señal de TDT–: “Pero es verdad que la telefonía móvil, las antenas de telefonía móvil, es algo que no es nuestro negocio a día de hoy, aunque hay que ir preparándose para el futuro”.

Ha habido también fondos públicos destinados a facilitar el acceso rápido a Internet en zonas rurales a través de algunos programas del Gobierno regional, si bien no eran fondos directos para el despliegue de fibra óptica, sino para el despliegue de banda ancha, matiza el directivo de Adamo. “Estos fondos los gestionaban los ayuntamientos y eran para crear infraestructuras. Algunos ayuntamientos se sumaron, implantando infraestructuras como una torre para algún servicio que no era de fibra óptica, y hubo otros con los cuales colaboramos y gracias a eso se hicieron canalizaciones que pagaron los ayuntamientos y que utilizamos y les alquilamos para poder llegar con la fibra”.

Las alternativas para llevar la banda ancha allí donde todavía no ha llegado cuentan desde septiembre con una nueva opción: el programa Conéctate35, que ofrece la posibilidad de contratar una conexión a través del satélite de Hispasat. Es parte de las inversiones incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Miguel Ángel García Argüelles, es gerente de proyectos de Hispasat y concreta que el objetivo del programa y de esa aportación de fondos públicos es garantizar un acceso a Internet de 100Mbps (megabytes por segundo) a cualquier habitante, municipio, PYME, autónomo u organización sin ánimo de lucro, con independencia del lugar donde tengan su residencia. El requisito previo para acceder a este programa, que busca con ello no entrar en competencia con los operadores existentes, es que no tengan ya una cobertura de conexión con tecnología terrestre fija a una velocidad mínima de transmisión de 50 Mbps en sentido descendente.  Para obtener la subvención que se concede, el inmueble de que se trate debe estar situado en una zona elegible: los interesados pueden confirmar si su entorno geográfico lo es en la web conectate35.es.

La finalidad de Conéctate35, explica Argüelles, no es tanto la rentabilidad como evitar que aumente la brecha digital. En la actualidad, asegura, la no conexión a Internet es una fuente de desigualdad social, supone menores oportunidades para la educación, mayores dificultades para acceder a servicios sanitarios y para hacer gestiones con las entidades financieras o con la Administración. Lo importante, además de dar señal al territorio, resume, es “transformar lo que hay porque hay señal”, lo que se traduce en facilitar el desarrollo del territorio, la atracción de talento y en “la creación de riqueza para Cantabria”. Este es el motivo por el cual la presidenta de Cantabria María Jesús Sáenz de Buruaga se mostró, asegura, muy interesada en el proyecto. Lo realmente importante, subraya García Argüelles, es que los ciudadanos de los territorios más apartados estén cuanto antes conectados a la red con calidad “para que tengan acceso a las mismas oportunidades que quienes viven en la ciudad”.

El director de proyectos de Hispasat explica cómo funciona la conexión que ofrecen usando un símil: el satélite actúa como un espejo, refleja la señal y la transmite de forma global por el territorio. En el caso de contratar el servicio, la conexión sería inmediata, explica, porque los satélites ya están operativos y cubren todo el territorio nacional. La instalación debe ser realizada por un instalador de telecomunicaciones que colabore con el operador minorista, este último presta el servicio al usuario y se encarga de gestionar estas ayudas. El precio final que paga el ciudadano es de 35 euros al mes, IVA incluido y tan solo necesita instalar una antena receptora y un router similar al que se usa con la fibra. Tanto la antena como el router están subvencionados por el programa, así como la instalación.

Rubén García Colsa, profesional independiente que trabaja desde Campoo de Suso

Según García Argüelles una de las ventajas es la inmediatez. La velocidad que proporciona es de 100 Mbps y el año que viene será de 200 Mbps “y la calidad y prestaciones de la conexión son similares a las de otras tecnologías, excepto para los juegos online”. Las virtudes parecen claras, aunque el director de proyectos de Hispasat aclara que esta no es una batalla entre tecnologías: “Se trata de soluciones complementarias; se puede disponer de conexión vía satélite hasta que se desarrolle la fibra”.  De cualquier forma, matiza que habrá lugares para los que el satélite será la única opción. “No podemos llevarnos a engaño… la orografía de la comunidad hace muy complicado que otras tecnologías lleguen hasta el último rincón del territorio”.

Conexión a Internet: pasaporte al futuro

Jesús Prellezo es propietario del Hotel Remoña, en Espinama, municipio de Camaleño, en la comarca de Liébana. En su caso la conexión a internet es por fibra óptica. Cuenta que entre 2021 y 2022 hicieron obras de mejora en su zona de la comunicación digital: “Desde entonces no dudamos en cambiar nuestros módems, repetidores, instalaciones de fibra óptica… Y la verdad que ha sido todo un acierto. Somos los primeros que sufríamos la lentitud de la conexión, los continuos cortes… porque vivimos aquí. Y por consiguiente, también lo sufría el cliente. Esta inversión tecnológica ha paliado una gran inquietud empresarial que tenía”.

Su permanencia en la zona se ha basado en las posibilidades de trabajar online: “Desde clientes que se pueden permitir pernoctar más días porque les permite desarrollar su trabajo, hasta personas que han venido a quedarse en la comarca por el mismo motivo. Conozco casos en los que la herramienta principal para poder vivir aquí es una buena conexión. Incluso más importante que el ordenador. Ya con los smartphones gestionamos muchas cosas…”, resume. Y no solo para su negocio, sino para los de su entorno. Jesús asegura que ha frenado el éxodo y ha animado la llegada de nuevos profesionales: “Personas que trabajan las redes sociales, negocios de hostelería… Ya hay personas que viven como autónomas con la gestión de estas herramientas. También está el caso de emprendedores que trabajan con productos locales o servicios de proximidad, a este colectivo se les abre una puerta para promocionar sus productos o servicios, además de crear sinergias con otros emprendedores, potenciales clientes, o instituciones”.

Otro de los sectores que se benefician de la mejora de las telecomunicaciones ha sido la ganadería: “Gracias a una conexión satisfactoria, tienen la oportunidad de geolocalizar su ganado, sobre todo cuando están en zonas de difícil acceso o hay previsión de mal tiempo. Esto proporciona calidad de vida y es un gran paso”. Por otro lado, dado al alto porcentaje de población mayor, sirve para la mejora de los servicios de ayuda a domicilio y el cuidado de dependientes. “Pueden tener mejor comunicación con sus familiares, los servicios de teleasistencia pueden ofrecer mejores prestaciones y pueden mejorar su sus servicios”.

Rubén García Colsa es emprendedor y está radicado en La Población, en Campoo de Yuso, a orillas del embalse del Ebro. También cuenta con fibra óptica. Está convencido de que una conexión de alta velocidad es imprescindible si se quiere ser competitivo pero, en su sector, lo es todo: “Uno de mis servicios es editar podcasts y vídeos y si la conexión no es buena descargar y publicar ese tipo de material sería una labor imposible. Antes de contar una conexión en condiciones dejaba el ordenador trabajando por la noche, lo que me obligaba a sobre planificar mi trabajo”.

Con una conexión de calidad, tampoco prevé que sea necesario cambiar de ubicación, porque trabajar en remoto le permite tener la vida profesional y familiar que quiere. “Partir en igualdad de condiciones respecto de otros profesionales ha hecho que la posibilidad de estar aquí dependa de mi capacidad y no de mis circunstancias”. Y subraya que una conexión de calidad tiene la misma importancia que tenía la luz, el agua y la carretera para las generaciones anteriores: “No es una cuestión a tener en cuenta, es que es imprescindible, cuando no obligatoria”.

El cambio que ha supuesto una red fiable ha hecho, asegura, que desarrolladores web y gente del marketing que ni siquiera se planteaban trabajar desde los pueblos, o gente que está enamorada de esta tierra pero veía imposible vivir en el interior de Cantabria, se hayan quedado. Considera que no es el único factor para evitar el éxodo rural, pero sí uno de los más importantes: “Está al nivel de la educación, la sanidad y la vivienda. Para los modelos actuales es el equivalente a tener una nave en un polígono industrial, un horno en una panadería, o el símil que se quiera buscar. Si no tienes un local no puedes abrir una tienda, si no tienes conexión a internet no puedes trabajar, es así de rotundo”.

La Fundación Laboral de la Construcción (FLC) de Cantabria y el grupo empresarial Siecsa ponen en marcha una experiencia pionera para tratar de incorporar al sector a quince personas desempleadas menores de 30 años a los que ofrecen un contrato laboral de doce meses en los que alternarán la formación en oficios con un empleo en esta empresa constructora. La iniciativa busca paliar la escasez de profesionales que sufre el sector y permitir el relevo generacional en unos gremios muy envejecidos.

Manuel Casino |  @mcasino8 | Octubre 2023 Fotos de Nacho Cubero

Los jóvenes ya no quieren ir a la obra. Así lo sostiene la Conferencia Nacional de la Construcción (CNC) y lo corroboran la Fundación Laboral de la Construcción (FLC) de Cantabria y el grupo empresarial de edificación y obra civil Siecsa, que acaban de poner en marcha una iniciativa conjunta para tratar de incorporar jóvenes al sector a través de contratos de formación en alternancia con el empleo. La patronal de ladrillo lleva tiempo alertando de la falta de mano de obra y la ausencia de relevo generacional en un sector cada vez más envejecido. Según sus cálculos, sólo el 9% de los trabajadores de la construcción tiene menos de 29 años y apenas 1.600 alumnos terminan al año una Formación Profesional (FP) relacionada con esta actividad profesional.

Jóvenes atendiendo las explicaciones en una clase práctica de uno de los cursos impartidos por la Fundación Laboral de la Construcción. Facilitar el relevo generacional y la incorporación de las mujeres a la profesión son dos de los objetivos que persigue esta entidad, y que quieren potenciarse ahora con el acuerdo firmado con Siecsa.

El problema, explican, descansa en múltiples factores, pero sobre todo en el desprestigio que la profesión arrastra tras el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008, que expulsó a miles de trabajadores del mercado laboral obligándoles a reciclarse y que ahora no quieren volver a subirse al andamio. La situación se ve además agravada por la escasa incorporación de la mujer a un sector tradicionalmente muy masculinizado. Aunque la automatización de procesos y el uso de las nuevas tecnologías ha aliviado la penosidad de muchas tareas manuales y aumentado el número de trabajadoras en perfiles más técnicos y cualificados, lo cierto es que las mujeres tan solo suponen el 11% de los 1,4 millones de empleados que actualmente trabajan en la construcción, según las cifras aportadas por la CNC.

Tanto el gerente de la FLC de Cantabria, José Antonio Valcárcel, como el presidente del Grupo Siecsa, Juan de Miguel, comparten esta radiografía del sector y expresan su esperanza en que este proyecto dual que ambas entidades lideran contribuya a ver un poco la luz al final del túnel. Valcárcel reconoce que la Fundación Laboral de la Construcción de Cantabria ha explorado diferentes alternativas e iniciativas antes de proponer esta solución, pero lo cierto, dice, es que está costando que el sector resulte atractivo para los jóvenes. Por eso, confía en que esta experiencia pionera en Cantabria despierte el interés de jóvenes desempleados menores de 30 años y sin formación previa que quieran labrarse un futuro en la construcción. De esta iniciativa, que mantiene abierto hasta el 8 de octubre el plazo para presentar solicitudes, se podrán beneficiar hasta quince personas, que durante doce meses dedicarán el 65% del horario a trabajar bajo la supervisión de un tutor y el 35% a formarse en perfiles muy demandados: encofradores, albañiles, carpinteros y tuberos.

“Es una excelente oportunidad para obtener una formación acreditada en ocupaciones muy demandadas por el sector y, al mismo tiempo, adquirir experiencia laboral en la empresa Siecsa durante un año, remunerada y con cobertura social”, explica el gerente de esta entidad paritaria, integrada por los agentes sociales del sector, que el año pasado formó en la región a más de 3.000 profesionales e impartió más de 300.000 horas lectivas en más de 400 cursos.

José Antonio Valcárcel, gerente de la Fundación Laboral de la Construcción de Cantabria

En la misma línea, De Miguel admite que la construcción arrastra desde hace tiempo esta falta de personal “en casi cualquier perfil profesional”, que cifra en unos 2.500 trabajadores en Cantabria para cubrir las necesidades del sector. “El problema, lejos de resolverse, se ha agudizado y ya no sabemos cómo resolverlo”, aclara el presidente de este grupo empresarial con sede en Torrelavega que da empleo a 340 trabajadores, 190 de ellos en la construcción. “Hemos tratado de incorporar trabajadores extranjeros, pero también es complicado por el exceso de burocracia que existe en España. Vamos a ver si con este proyecto, que me parece muy atractivo, somos capaces de que los jóvenes se interesen por el sector”, resuelve no sin cierta cautela. La directora de Recursos Humanos de Siecsa, Ana Mier, confirma el escaso interés de los jóvenes por incorporarse a la construcción. “La edad media de las plantillas ya va siendo muy alta, por encima de los 50 años. De hecho, los últimos ocho candidatos que he entrevistado tenían entre 58 y 63 años”, advierte. De Miguel coincide en que la incorporación de la mujer podría aliviar esta situación, al menos en los perfiles más técnicos y menos manuales, aunque lo ve muy complicado. “A pesar de que el sector se ha modernizado, la realidad es muchas veces bien distinta. Buscamos trabajadoras en los servicios públicos de empleo y no encontramos mujeres, salvo para tareas administrativas o de oficina”, lamenta.

Valcárcel, por su parte, no da la batalla por perdida y reclama hacer un llamamiento para que las mujeres conozcan que también para ellas hay una oportunidad laboral en el sector de la construcción. “El sector ha evolucionado con el uso de las tecnologías y no tiene nada que ver con esa imagen ligada a la carretilla y el ladrillo que teníamos hace años. Aunque en muchas ocasiones sigue siendo un trabajo al aire libre, ya no es tan duro ni físico”, concede el gerente de esta fundación con once trabajadores en plantilla y un presupuesto que este año ronda los dos millones de euros.

Hacia la industrialización del sector

Lo que ambos no tienen duda es que la construcción avanza hacia su industrialización. “La tendencia en los próximos años, siempre que sea posible, es construir cada vez más en fábrica y montar en la obra”, asegura el presidente de Siecsa. “Hablamos de un sector cada vez más moderno que ya realiza parte de su actividad en naves productivas para luego llevar a cabo el montaje en las propias obras”, coincide en destacar Valcárcel. “Otra forma de hacer” que para el gerente de la FLC de Cantabria también se apoya en la sostenibilidad y la digitalización. “Hoy –recalca–, predominan el uso de nuevos materiales, los criterios de eficiencia energética y los avances en el campo del modelado de información en la construcción (BIM, por sus siglas en inglés), razona.

Sobre este último aspecto, destaca su carácter de “modelo digital compartido” entre todos actores que participan en el proceso constructivo. Se trata de un método de manejo sencillo para la generación y gestión de datos de la obra que permite reducir tiempo y recursos en su diseño y construcción. “Es un documento vivo, fundamentado en la colaboración interdisciplinar, que deben conocer los responsables de la oficina técnica para dar traslado igualmente a jefes de obra y encargados con el fin de facilitar el intercambio de datos sobre cualquier modificación que se lleve a cabo durante el ciclo de vida del proyecto”, detalla.

Principales retos

De cara al futuro, De Miguel insiste en que el principal reto del sector pasa por la falta de mano de obra. “Tras las últimas turbulencias, parece que los precios de las materias primas se han estabilizado, aunque sea en un entorno de precios altos. Y lo mismo ocurre con el coste de la energía. Por eso, cuando nos presentamos a un concurso, ya sabemos a qué nos enfrentamos en uno y otro caso. El problema está en el personal. Y eso lo explotan las subcontratas, que tiran hacia arriba de los precios. Si los salarios del sector se han incrementado en un 3 o 4%, hasta llegar al 10% en tres años, la realidad es que, a precios unitarios, la mano de obra ha subido un 30%. Es una situación muy difícil de gestionar, sobre todo en el sector de la vivienda nueva o de la rehabilitación, muy intensivo en mano de obra, y en el que el número de trabajadores de las subcontratas es mayor que el de la propia plantilla de la empresa”, argumenta.

Aun con reservas, el presidente de Siecsa estima que este año será “un poco mejor que el pasado” pese a que, según subraya, desde el pasado mes de febrero, cuando se destapó la trama de corrupción e irregularidades en los contratos públicos en Cantabria, “no se ha vuelto a hacer una adjudicación de obra pública”. En su opinión, el precio con el que se concurre a un concurso público ha dejado de ser lo más importante: “El problema ahora es decidir si presentarse o no porque no sabes si tendrás mano de obra suficiente para realizar la obra”, sentencia contrariado.

El Centro Internacional Santander Emprendimiento aboga por impulsar el talento y la innovación para crear soluciones que contribuyan a cambiar el mundo. En su décimo aniversario, dos de sus principales gestores analizan la andadura de este organismo sin ánimo de lucro dedicado a fomentar la cultura emprendedora.

Manuel Casino |  @mcasino8 | Octubre 2022

Un centro singular que promueve y potencia la cultura emprendedora para generar una sociedad más innovadora, en la que las personas desempeñan un papel fundamental. Así presenta el director de Estrategia y Relaciones Institucionales del Centro Internacional Santander Emprendimiento (CISE), Federico Gutiérrez Solana, esta institución sin ánimo de lucro volcada en fomentar el progreso social que acaba de celebrar sus primeros diez años de vida. Enmarcada dentro de la Fundación de la Universidad de Cantabria para el Estudio y la Investigación del Sector Financiero (UCEIF) y bajo el paraguas de sus tres patronos –Banco Santander, Gobierno de Cantabria y Universidad de Cantabria–, el CISE ha tratado desde sus inicios de ampliar el concepto de emprendimiento, desligándolo de esa visión asociada de forma casi exclusiva a la creación de empresas, tal y como lo sostiene Gutiérrez Solana y lo corrobora su director ejecutivo, Manuel Redondo.

“La idea clave es el valor de la creación de una persona emprendedora que quiere y persigue que su actividad profesional sea más productiva para la sociedad en su conjunto”, subraya Gutiérrez Solana. “Lo realmente importante es que el emprendimiento se vea como una herramienta que contribuye al desarrollo de competencias personales ‘profesionalizantes’; que la persona emprendedora perciba que las capacidades que adquiere le son útiles, más allá de que finalmente decida crear o no una empresa”, apuntala por su parte Redondo.

Una década en la que, explican ambos responsables, el centro ha ido generando proyectos y descubriendo nuevas oportunidades en diferentes sectores a medida que se adentraba –y profundizaba– en el ecosistema del emprendimiento universitario con un propósito muy claro: impulsar el talento y la innovación y apoyar la creación de soluciones que cambien el mundo. “Queremos que la persona sea emprendedora, que analice las oportunidades que tiene de mejorar en aquello en lo que es responsable y que el sistema de alguna manera se lo ampare. Por tanto, digamos que es una capacitación personal, pero también cultural a todas las escalas, sean institucionales, administrativas, estatales o globales”, resume Gutiérrez Solana.

En su andadura, este gestor aclara que el centro ha pasado de una concepción quizá más orientada al ámbito formativo que caracterizó sus orígenes a otra en la que, a raíz de la incorporación al proyecto del Gobierno regional y de una visión “más holística” de la situación, pasó a cubrir fundamentalmente unas necesidades sociales: “A partir de ahí, el CISE deja de ser en exclusiva un centro universitario para convertirse en un centro que lo que busca es dar apoyo a aquellas necesidades que en el ámbito del emprendimiento y de la innovación se manifiestan claramente en la sociedad”.

Ponentes y participantes en un `worshop´de empredimiento celebrando en el CISE en 2021. Foto: CISE.

Cumplimiento de objetivos

En la consecución de este objetivo general, sobre el que se edificó el plan estratégico del centro, los resultados cosechados a lo largo de esta década reflejan el enorme potencial que esconde el emprendimiento, según coinciden en resaltar los dos dirigentes al unísono. Una estimulante tarea de trabajo desarrollada en equipo y en redes que ha dado evidentes frutos, o al menos así lo revelan las cifras que aparecen en un video promocional editado por el CISE para conmemorar su décimo aniversario. En poco más de cien segundos, esta cinta explica que, en este periodo de referencia, más de 72.000 personas de veintidós países europeos y americanos han participado en las actividades de este centro que, además, ha acompañado a más de 45.000 jóvenes en sus primeras experiencias emprendedoras, ha apoyado a más de 9.500 proyectos emprendedores y ha ofrecido formación online o presencial a más de 38.000 personas, entre otros logros.

Porque, al margen de los programas orientados al acompañamiento, apoyo y asesoramiento de personas con ideas emprendedoras, el CISE desarrolla igualmente programas, algunos de ellos de ámbito europeo, para fomentar la cultura emprendedora, la economía social, el cooperativismo y la innovación dirigidos no solo a jóvenes estudiantes, sino también a niños, personas seniors o mujeres migrantes…, amén de otros de sensibilización y formación en los que trabajan con el apoyo y la colaboración de diversas instituciones, organizaciones, fundaciones y empresas de dentro y fuera de la región que, según resalta Redondo, “también identifican necesidades y vislumbran oportunidades de trabajar el emprendimiento con un fin social”.

Pero si de algo se siente especialmente orgulloso Gutiérrez Solana es del grupo humano del centro, actualmente integrado por 27 personas: “Ha sabido entender cuáles son esas necesidades y de trabajar para abrir nuevos espacios innovadores”. En la misma línea, Redondo destaca la componente social de los proyectos puestos en marcha. “Cada vez que generamos un entorno de apoyo a un colectivo, y ese colectivo luego nos agradece lo que hemos hecho para fomentar su capacidad innovadora o sus competencias personales, lo cierto es que resulta muy gratificante. Porque, al final, no podemos olvidar que detrás de los números hay personas”, enfatiza. “Si no existiera el CISE habría que inventarlo”, sentencia a modo de resumen el director de Estrategia y Relaciones Institucionales para poner en valor el trabajo desarrollado en este decenio por el centro que cuenta con un presupuesto anual de unos dos millones de euros.

“Seguramente en el arranque no teníamos el diagnóstico concreto de cuál era la capacidad emprendedora, especialmente asociada al emprendimiento joven”, apostilla el director ejecutivo del CISE, que destaca que, una vez que entras en contacto con el ecosistema universitario y percibido todo el talento, las cifras no asombran: “Te das cuenta de que cada año, en el entorno de cada universidad, existen entre cincuenta y cien personas con ideas emprendedoras que necesitan apoyo para poder consolidarlas y crear un modelo de negocio. No me extrañan estos resultados. De hecho, creo que hay que impulsar más aún el emprendimiento en España para, en vez de estar apoyando del orden de 600 proyectos al año, hacerlo con 1.000 o 2.000”.

Y es que, en su opinión, y pese a todos los esfuerzos, en España aún no se innova lo suficiente. “¡Ojalá innovara el 20% de las empresas españolas!, tal y como aseguran algunos expertos”, reclama Redondo. Un hándicap que Gutiérrez Solana achaca en gran medida a la estructura del tejido empresarial español, conformado en su inmensa mayoría por pequeñas y medianas empresas a las que, por su dimensión, les resulta “muy difícil innovar”. De ahí, a su juicio, la importancia de contar con herramientas que den apoyo a aquellos que por sí solos no pueden hacerlo. “Por ello, uno de nuestros focos siempre ha estado dirigido a las pymes a través de un programa abierto de mentorización del que participan un centenar largo de profesionales, mayoritariamente de Cantabria, dispuestos a colaborar con aquellas iniciativas empresariales nuevas que vengan de startups o de pymes con escasa capacidad que necesitan el apoyo externo de un tutor o mentor que les oriente”, relata el director de Estrategia del CISE.

“Son profesionales con experiencia de negocio a los que nosotros formamos también en capacidades de coaching y acompañamiento al crecimiento de iniciativas innovadoras y a los que, una vez adquiridos esos conocimientos y en función de sus perfiles, les proponemos mentorizar una iniciativa emprendedora concreta”, matiza Redondo.

Patronos y transferencia de conocimiento

Sobre el papel que desempeñan sus patronos, el máximo responsable del CISE aclara que cada uno cumple su función y tiene sus propias reglas para establecer sus vínculos con el centro: “Ellos nos dan soporte y confianza y nosotros procuramos adaptarnos a sus objetivos y de darles un servicio”, describe. Así, explica que Banco Santander está fundamentalmente interesado en crear una “gran red” de apoyo inicial al emprendimiento universitario a nivel global, mientras que con el Ejecutivo regional, y dadas las capacidades transversales del centro, se intentan identificar las necesidades de las distintas consejerías y trabajar con ellas en iniciativas nueva “que no sean, digamos, lo convencional”.

En este sentido, resalta el abordaje conjunto de doce proyectos europeos: “Cada uno de los cuales nos da un conocimiento del apoyo al emprendimiento en distintos ámbitos y sectores. Es decir, nos han ido abriendo nuevos frentes en los que hemos adquirido experiencia y capacidad para poder hacer ofertas novedosas que luego tratamos de migrar al entorno más local y próximo, que es a través del Gobierno de Cantabria”, concede Gutiérrez Solana. Por su parte, Redondo no duda en resaltar la oportunidad de trasladar a sus partners todo ese conocimiento nuevo que van adquiriendo. “Nuestro propósito final es conseguir que la UC sea la universidad más innovadora de España y que el Ejecutivo regional incorpore a su acción de gobierno los programas más innovadores en materia de innovación y emprendimiento”, puntualiza.

En relación a la necesidad de impulsar una mayor y más clara transferencia de conocimiento entre universidad y empresa, el director de Estrategia y Relaciones Institucionales resuelve que el “vínculo estrecho” que el centro mantiene con la UC y su ubicación –sus dependencias están en la tercera planta de la Escuela Superior de Caminos, Canales y Puertos–, les ha permitido ser observadores directos de esta situación, al tiempo que hacer propuestas para tratar de mejorar esa tradicional debilidad que existe en la relación entre el mundo académico y el tejido productivo.

Federico Gutiérrez Solana, director de Estrategia y Relaciones Institucionales del CISE, y Manuel Redondo, director ejecutivo, en las instalaciones del centro. Foto: Nacho Cubero.

En concreto, asegura que el CISE está abordando de forma sistemática dos ámbitos. De un lado, para formar y sensibilizar a los doctorandos jóvenes –los futuros investigadores– de la España universitaria en la utilidad de poner en valor los resultados de sus investigaciones como productos que generan riqueza en la sociedad, y no solo como la creación de conocimiento depositado en artículos científicos. De otro, el programa I2E, un interfaz para el emprendimiento colaborativo que persigue, con el apoyo del Gobierno de Cantabria, formar conjuntamente a empresarios con iniciativas establecidas y a los investigadores que pueden dar respuesta a esas iniciativas. “Nosotros los que les procuramos es el método para que trabajen juntos. De alguna manera les entrenamos para crear sinergias, detectar necesidades y oportunidades y cocrear soluciones a retos comunes”, especifica sobre este programa que, destaca, es “único en España en el que tenemos mucha ilusión” pero que, reconoce, “cuesta movilizar porque cada entorno tiene sus propias inercias”.

Para ambos responsables, en Cantabria no falta talento, aunque reconocen que sí cuesta retenerlo: “Porque lo que requiere es oportunidades para desarrollarse”. Y ahí, explica Gutiérrez Solana, es donde precisamente empieza a ser tan importante la cultura emprendedora. “Si el tejido productivo no es capaz de hacer ofertas al nivel de las capacidades del talento, una de dos, o se acomoda y se queda en el sistema pero con una pérdida de valor sustancial, o buscará otras alternativas”, razona.

En este punto, ahonda sobre la importancia de brindar al talento un entorno y unos condicionantes que les sean más atractivos que los que les puedan ofrecer otros.  “Y en esa concienciación estamos. Ahora, al menos, ya se habla de talento cuando antes se hablaba de súper cualificación, una expresión que me ponía muy nervioso y me dolía muchísimo desde una perspectiva universitaria. Me parecía una definición muy pobre”, afirma Gutiérrez Solana, que considera que si una sociedad consigue que las personas estén mejor cualificadas, lo que tiene que hacer es aprovecharlo, pero no decir que hemos malgastado el tiempo sobre cualificándolas: “Afortunadamente, ese discurso ahora va más en la línea de que, si hay talento, conservémoslo, aprovechémoslo y atraigámoslo para potenciar nuestro entorno. En este sentido, es verdad que percibimos un cierto cambio de discurso entre el empresariado cántabro y algunas iniciativas interesantes, pero sin duda hay que hacer más”, clarifica.

De otro lado, Redondo considera que se ha dado importantes avances en aras de reducir la excesiva burocracia y conseguir una mayor simplificación administrativa. “Igual no es tan sencillo como en el país europeo en el que más fácil es crear una empresa, pero no es una limitación. Hay una nueva Ley del Startups para favorecer el emprendimiento innovador que ha facilitado mucho los trámites, e incluso incentiva la atracción de emprendedores y empleados de alta cualificación. Siempre hay opción de mejorar, y ahí tenemos el espejo de los países que lo hacen de un modo espectacular, pero creo que en España estamos mucho mejor que antes y en la buena dirección”, remacha.

Sectores punteros y sostenibilidad

Sobre los sectores con mayor potencial de crecimiento en la región, el director ejecutivo del CISE no duda en señalar a la robótica, la inteligencia artificial y las actividades relacionadas con la ingeniería marina, “en la que Cantabria es todo un referente mediante la capacidad de arrastre de la UC y el Instituto de Hidráulica Ambiental”, asegura. Igualmente resalta la capacidad del sector logístico y de la salud y lamedicina, un ámbito que califica de “muy boyante” con cientos de emprendedores desarrollando productos y servicios para complementar el servicio público de salud y solucionar los retos que ha planteado la pandemia del covid.

Una opinión que también es compartida por Gutiérrez Solana, quien reafirma la excelente posición de Cantabria desde un punto de vista de conocimiento disruptivo en todo lo relacionado con el agua. “El IHCantabria es uno de los cinco o diez mejores institutos del mundo que, además, se ha sabido dotar de unas capacidades de transferencia muy potentes y eficientes”, aclara.

Además, recuerda que el CISE está trabajando actualmente con el Gobierno regional y los distintos agentes sociales y la propia sociedad en la definición de cómo estructurar los avances en los ecosistemas que el Ejecutivo ha definido como estratégicos para Cantabria: agua, cambio climático y medio ambiente; industria 4.0; salud y medicina; agro y bioalimentación y entornos rurales; y cultura y turismo. “Este trabajo no deja de ser en sí un proceso emprendedor, una especie de emprendimiento de región”, sintetiza.

Después de diez años, ambos responsables coinciden en que el principal reto del centro es su sostenibilidad. “Consolidar esta forma de trabajar que hemos instaurando de forma creciente y constante dando, a su vez, un servicio también creciente y constante a necesidades sociales”, apunta Gutiérrez Solana antes de echar la vista atrás: “Siempre dijimos que si hacíamos un centro internacional, el principal beneficiario de esta internacionalización sería Cantabria”, recuerda.

Una visión que no varía si la mirada se fija dentro de otra década. “Seguramente el centro estará ligado a las necesidades sociales que existan en ese momento”, precisa Redondo, quien expresa su deseo de que, en ese horizonte, la sociedad ya haya interiorizado la necesidad del emprendimiento. “Que sea una sociedad madura a nivel de cultura emprendedora que lo que requiere entonces es mayor apoyo para procesos de creación de empresas”, declara, pero admitiendo todo lo que eso tiene de una incógnita: “Hoy estamos encadenando una crisis tras otra y no sabemos qué ocurrirá cuando recuperemos la normalidad y la innovación y la competitividad no estén ya en el día a día de las preocupaciones de la sociedad. Esto también es un reto. Lo ideal sería seguir conectando el emprendimiento y la capacidad científica y generar transferencia en torno a ella”, remata.

La producción de vino continúa siendo en Cantabria una actividad con más futuro que presente, pese a un clima cada vez más favorable y a la progresiva incorporación de nuevos productores y elaboradores. La dificultad para acceder a nuevas autorizaciones que permitan sumar más hectáreas de cultivo y la poca tradición vinícola de la región son los principales obstáculos para mejorar las cifras y rentabilidad del sector, cuyos volúmenes de producción siguen muy lejos de los que se alcanzan en el resto de comunidades autónomas de la cornisa cantábrica.

Cristina Bartolomé |  @criskyraOctubre 2022

Puede ser la explotación de viñedos una actividad económica destacada en Cantabria? Aunque es un cultivo que está datado desde los siglos IX y X, se puede decir que la producción vinícola carece de entidad como para hacer hoy historia. El cultivo de la uva, importada por los romanos e impulsada por la vida monacal, se diluye después con el paso del tiempo y la producción en otras áreas con climas más benignos para ello. Y en la época contemporánea sufre un parón decisivo en el siglo XIX con la proliferación de la ganadería y la irrupción de la plaga de la filoxera, que menguaron las hectáreas cultivadas, pasando de 2.225 a 831.

Uvas y mosto de la cosecha de este año en los depósitos donde tiene lugar el primer proceso de fermentación, en la bodega de Ángel Moreno.

Sin embargo, durante los últimos veinte años se trabaja por recuperar el cultivo de la vid –de forma exitosa, aseguran desde la Consejería de Desarrollo Rural de Cantabria– y actualmente el sector cuenta con dos indicaciones geográficas protegidas: la IGP Costa de Cantabria y la IGP Liébana. Se establecieron en 2005, con la intervención del Centro de Investigación y Formación Agraria, CIFA, a través de sus investigaciones sobre las diferentes variedades de uva que se dan en la región.

Según los datos más recientes, correspondientes a la campaña 2020-2021, la IGP Costa de Cantabria engloba 66 hectáreas de viñedos y cuenta con 20 viticultores y 10 bodegas, alcanzando una producción –íntegra de vino blanco– de 113.400 litros. Por su parte, 17 hectáreas están adscritas a la IGP Liébana, que cuenta con 27 viticultores, 5 bodegas y produce 24.000 litros al año, la mayoría de vino tinto y algo de blanco. Una sencilla comparación con nuestro entorno nos permite dimensionar esos datos. Asturias y País Vasco cuentan con una y tres denominaciones de origen (DO), respectivamente. En Galicia existen cinco denominaciones de origen y tres IGPs. Solo una de las más recientes, la IGP Ribeiras do Morrazo, creada en 2016, cuenta con siete bodegas que producen entre 20.000 y 30.000 litros anuales. La DO Vinos de Cangas, en Cangas del Narcea, Asturias, produce en torno a 86.000 litros. El ‘txakolí’ vasco, por su parte, ampara una producción que en 2021 se acercó a los 2,7 millones de litros. Se puede concluir fácilmente, y ello sin entrar en comparaciones con otras zonas con más tradición vinícola, que la producción cántabra es aún exigua. Sin embargo, quienes trabajan en el sector en Cantabria han ido superando los diversos obstáculos para el cultivo de la vid y la elaboración de diversos caldos en la región y apuestan por un futuro prometedor para esta actividad.

Contra viento y marea

Aunque el cultivo de la uva incluye variedades adaptadas a condiciones agroclimáticas muy diversas, en Cantabria existen algunas dificultades para su expansión. En la costa el clima húmedo favorece la aparición de hongos. Y en Liébana, la elevada pendiente y la pequeña dimensión de las parcelas hace más laboriosa la plantación de viñas viables tanto técnica como económicamente. A ello se suma el envejecimiento de la población y el lento relevo generacional. Además, la gestión técnica y económica de las explotaciones vitícolas requiere cierta cualificación. Pero no solo las condiciones climatológicas pueden ser un freno al cultivo de la vid, también existen condicionantes administrativos, ya que es necesario conseguir una autorización para explotar un viñedo.

La Consejería de Medio Rural no cuenta actualmente con una bolsa de derechos de explotación que pueda ceder a nuevos productores, ya que las reservas se extinguieron con la entrada en vigor en 2016 del sistema de autorizaciones que regula el sector. Para plantar un viñedo, salvo el de autoconsumo –que no supera los 1.000 metros cuadrados, la décima parte de una hectárea– es necesaria una autorización de plantación que se obtiene en los repartos anuales que se realizan a nivel nacional, y para ello hay que cumplir determinados criterios de admisibilidad y prioridad, en los que Cantabria,  según admiten fuentes de la consejería, “no está especialmente favorecida”. También se puede obtener una autorización de replantación del arranque previo en la propia explotación, algo que es necesario acreditar.

Ángel Moreno, en uno de los bancales donde ha plantado nuevos viñedos con los que elaborar el vino que lleva su nombre, de la IGP Liébana. En la foto de la derecha, Irene Rodríguez, enóloga y propietaria de Bodega Hortanza, de la IGP Costa de Cantabria

Este sistema de autorizaciones, aseguran desde la Consejería de Medio Rural, es uno de los principales obstáculos para sumar hectáreas de cultivo y litros de producción. “Con la situación actual y el tipo de solicitantes, Cantabria no sale bien parada en los repartos de superficie, como consecuencia de la reglamentación tan estricta. Cantabria seguirá reivindicando que la normativa que ahora no nos favorece vaya modificándose para poder atender las necesidades de los productores”, explican fuentes de la administración.

Para allanar las dificultades a la explotación, desde la consejería se aboga por establecer nuevos criterios de admisibilidad y de priorización en las solicitudes de autorización de nuevas plantaciones de viñedo. Otras medidas podrían ser introducir variedades más idóneas y técnicas de cultivo y producción que mitiguen el impacto de las variaciones en las condiciones climáticas. Desde la consejería se considera que la labor del viticultor en Cantabria se desarrolla en unas condiciones heroicas y es un sector a “proteger y potenciar”. Por ello una de las líneas de trabajo se centra en la profesionalización de la gestión técnico-económica de las explotaciones vitícolas. En este sentido, el CIFA tiene previsto realizar jornadas dedicadas a la vitivinicultura en este trimestre.

Con todo, y pese a las dificultades para sumar nuevos terrenos que permitan rentabilizar las explotaciones, quienes operan en el sector no renuncian a incrementar la producción. “Es difícil, pero se puede”, afirma Irene Rodríguez, enóloga y propietaria de la Bodega Hortanza, adscrita a la IGP Costa de Cantabria, con una producción anual de 4.000 botellas de vino blanco: “Tenemos un gran limitante para crecer en superficie ya que los derechos de plantación que nos corresponden como comunidad autónoma son insignificantes”.

Desde la otra IGP vinícola de la región, Ángel Moreno admite las dificultades de rentabilizar la producción de vino, pero pese a ello considera que este puede ser un cultivo muy relevante para la comarca. Gerente de la Bodega Sierra del Oso, produce orujo, cremas y licores, ginebra, whisky y, desde 2011, el vino tinto ‘Ángel Moreno’, amparado en la IGP Liébana. “El vino complementa nuestra gama de bebidas y ayuda a mantener la población y el empleo en Liébana”, asegura. El vino que elabora utiliza exclusivamente uva de la comarca, procedente de sus propios viñedos y de otros viticultores con viñas inscritas en la IGP: “La buena acogida que ha tenido ha hecho que apostemos por la plantación de nuevos viñedos para aumentar la producción”. Se refiere a la explotación de nuevas hectáreas que albergarán casi 3.000 cepas: “Los bancales son dos hectáreas de viñedo con pendiente en la falda de la montaña y bien orientada al sur. La próxima primavera se hará la plantación del viñedo, ya que las 250 cepas plantadas la primavera pasada a modo de prueba, han dado un resultado positivo”. Además de aumentar la producción, la intención de Ángel es precisamente “fomentar la IGP Vino de Liébana” y para ello plantará mencía, tempranillo y godello, todas ellas, variedades autorizadas por esta marca de calidad.

Para ampliar la producción con las nuevas hectáreas, Ángel Moreno ha tenido que adquirir viñedos ya existentes, arrancarlos y, con esos derechos, plantar los nuevos. En Liébana, a diferencia de otras zonas de Cantabria, el volumen de plantaciones existentes permite que puedan plantarse cepas nuevas arrancando otras, eludiendo así la necesidad de contar con autorizaciones nuevas. Aunque con ello no se sumen nuevas hectáreas, si es previsible que se crezca en producción, como sucederá sin duda en el caso de los bancales de Ángel Moreno, al mejorar tanto la ubicación de las cepas como el sistema de explotación de los viñedos, preparados para facilitar las tareas de cuidado y vendimia.

Potencial

Guillermo Blanco, consejero de Desarrollo Rural, hace una valoración optimista de las posibilidades que este cultivo tiene en la región y defiende la calidad obtenida hasta ahora por los vinos cántabros que, asegura, cada vez son más apreciados dentro y fuera de Cantabria. Aunque sea de forma “prudente y modesta”, asegura que Cantabria “desea hacerse un hueco” en la denominada ‘Cultura del Vino’: “Podemos y debemos hacer un buen producto. Desde la Administración  prestamos todo nuestro apoyo a los productores para hacer de nuestra región una referencia en el sector vitivinícola”.

Blanco asume que no es fácil tener la implantación, prestigio y reconocimiento de los Riojas o los Riberas del Duero, pero cree que los vinos cántabros también cuentan con argumentos a su favor: “Se diferencian de otros en muchos aspectos, como en su frescura o en sus aromas especiales que están despertado un gran interés en muchos amantes de la enología y de la buena mesa”. A ello hay que añadir, señala, que el sector hostelero y comercial de Cantabria está introduciendo cada vez más en sus cartas y lineales los vinos de las IGP cántabras, “elaborados por unos bodegueros jóvenes, dinámicos y emprendedores que día a día mejoran sus caldos”, asegura.

La historia de los viñedos de Cantabria está impregnada de cariño a la tierra y esfuerzo personal. En el caso de Bodega Hortanza, en Guriezo, la  primera cosecha fue en 2019, pero el proyecto comenzó en 2014 cuando la familia decide dar un uso productivo a la finca-huerta que poseen. “Nos animamos a plantar viñedo principalmente por mi profesión, siendo enóloga tenía curiosidad por un vino de mi pueblo. Otro punto a favor es que la historia data que pueblos como Guriezo fueron principales productores de vino blanco de la zona en el siglo XIX”, relata Irene Rodríguez.

El viñedo y la bodega se combinan con la casa de la finca, que han rehabilitado para ofrecerla al turismo rural, algo relativamente habitual en las explotaciones vinícolas cántabras, que muchas veces unen agricultura y turismo: “Pero el trabajo vinícola actualmente se ha convertido en un modo de vida, siendo la actividad principal”, asegura la enóloga de la Bodega Hortanza. La financiación para comenzar el proyecto salió de sus ahorros y de una “mínima ayuda” del Ministerio de Agricultura para equipar la bodega.

Todo el vino que elaboran es de uva propia o de uva del entorno trabajada por ellos y, en cualquier caso, toda la producción se realiza bajo los requisitos de calidad y localización de la IGP Costa de Cantabria, que incluyen determinadas variedades de vid autorizadas, rendimientos o parámetros fisicoquímicos del vino.

Guillermo Blanco, consejero de Medio Rural, durante su visita a la bodega de Sel D´aiz en Corvera de Toranzo.

Los vinos de Liébana también cuentan con tradición centenaria. En esta comarca está datado el escrito más antiguo sobre la viticultura en Cantabria, con un documento del 822 sobre la venta de una viña en Piasca. La Bodega Sierra del Oso, en Potes, cuenta con una larga trayectoria vinculada al entorno y a la familia. Ángel Moreno resume que la marca con la que hoy identifican sus licores nació en 1991, aunque sus antecedentes están en el orujo que habían venido elaborando de la manera tradicional durante generaciones.  Al principio la única actividad era la destilación de orujo, después llegó la elaboración de licores macerando el orujo con productos de la zona y posteriormente una amplia variedad de cremas, como la de orujo. Más recientemente, crearon tres tipos de ginebra y el whisky Curavacas.

En 2011 comenzaron a producir vino de las viñas familiares, inscritas en el Registro Vitivinícola de Cantabria: “Decidimos meterlo en barricas para elaborar un vino crianza. Hoy en día nuestro vino ‘Ángel Moreno’ es un vino consolidado que ha ganado los dos últimos años el premio Optimun al mejor vino tinto de Cantabria”.

Medirse con afamadas denominaciones de origen parece prematuro. Según el propietario de la Bodega Sierra del Oso, la mayor competencia está en las denominaciones que llevan muchos años elaborando vino: “Como Rioja o Ribera del Duero”. Desde la IGP Costa de Cantabria, se señala como principales competidoras a las zonas productoras de vino blanco: “Son vinos que el consumidor conoce desde hace muchos años. Puede ser Galicia, País Vasco, Rueda…”, asume la enóloga Irene Rodríguez.

Dada la producción limitada y la juventud de los caldos de Cantabria, ¿existen posibilidades de diferenciarse y sacar la cabeza en un mercado tan copado? Los productores apuestan por ello basándose en la calidad máxima que persiguen y el valor de las características propias: “Puede conseguirse reflejando en el vino la zona geográfica de la que procede. El carácter del vino lo marca el suelo y el clima, dos factores particulares de cada enclave, no se repiten en ningún otro, identifiquémoslo”, asevera Irene. Ángel Moreno también cree que hay posibilidades de hacerse un hueco en el mercado “por la calidad y la originalidad de los vinos de alta montaña”.

El alto nivel de la cosecha de este año puede ayudar a transitar ese camino. Concluida la tradicional vendimia de septiembre, ambos productores coinciden en destacar que el verano caluroso que acabamos de pasar ha sido beneficioso para el cultivo: “La calidad de la cosecha se ha visto favorecida”, asegura la enóloga de Bodega Hortanza. La valoración en Liébana es similar: “La uva de esta temporada, por el calor y la poca humedad que ha hecho, está sana, no ha sufrido ataques de hongos, como el mildiu y el oídio, tiene buena calidad y una cantidad aceptable”, asegura Ángel Moreno.

De momento la recogida de la uva se sigue realizando por las familias y su entorno, y no es ajena a cierto ambiente festivo . Según la experiencia de Ángel, la recogida de la uva es un trabajo tradicional en la zona, y un motivo de celebración: “Nos reunimos, amigos, familia y clientes para disfrutar tanto del trabajo como del ocio”. La forma de encarar la vendimia, además de ese componente tradicional y festivo, es también indicativa del pequeño tamaño de las explotaciones y el modesto volumen de empleo que genera hoy por hoy el cultivo de la vid y la elaboración de vino. Pero las cosas podrían cambiar si los esfuerzos por reavivar este cultivo siguen dando resultados. “Trabajadores con experiencia en el sector hay muy pocos, pero es normal. Con el tiempo habrá más, pues el sector está en desarrollo y avanzando hacia una industria consolidada”, asegura Irene Rodríguez.