Estrena cargo ilusionado y con el objetivo de poner en valor un sector que reconoce hoy no resulta tan atractivo para los trabajadores como en el pasado. Javier Palomera, que sustituyó el pasado mes de enero a Gervasio Pinta al frente de la Asociación de Constructores y Promotores de Cantabria (ACP), aspira a que sea esta asociación, y no otros, la auténtica voz del sector en la región.

Manuel Casino |  @mcasino8 | Marzo 2021

Javier Palomera ofrece su colaboración a la Administración para aprovechar al máximo los anunciados fondos europeos, reclama más estabilidad en la licitación pública y menos ligada a la cercanía de los procesos electorales, además de una mayor agilidad en los trámites administrativos. Advierte de que el alza del precio de las materias primas ya está dejando muchos contratos desiertos, echa de menos que en la nueva Ley del Suelo de Cantabria no existan mecanismos correctores para aquellos municipios donde no haya demanda suficiente o real de vivienda protegida, y niega que haya riesgo de que se produzca otra burbuja inmobiliaria.

Pregunta.– En su balance anual del sector, su predecesor en el cargo aseguró que 2020 fue un ejercicio nefasto para el sector. ¿Cómo ha sido 2021?
Respuesta.– A nivel de actividad ha sido mejor que 2020, que fue un ejercicio raro por culpa de la pandemia. Con todo, hemos seguido con algunos pequeños problemas en temas como las bajas y también hemos notado mucho parón en la licitación pública. Pero a nivel de resultados, en términos globales, tiene pinta que 2021 no ha sido un buen año por el incremento de los precios de las materias primas que, en muchos casos, han ido directamente a costes propios de la empresa que no se han podido repercutir. En resumen, este crecimiento de la actividad no se ha traducido en mejores resultados.

P.– Afirmó asimismo que la principal aspiración del sector durante el año que acaba de terminar era la creación de empleo. ¿Objetivo cumplido?
R.– Bueno. El empleo ha crecido un 3,8% y hemos cerrado el año con 16.713 trabajadores. Respecto al número de empresas, hasta noviembre habían aumentado un 5,7% con relación al mismo periodo del año anterior, lo que supone el 10,5% del total de empresas de Cantabria. Pese a ello, seguimos viendo que cada vez tenemos más problemas para contratar. Realmente, tenemos más oferta que demanda y no somos capaces de contratar todo el personal que necesitamos.

P.– Desde hace tiempo alertan de la falta de personal cualificado. ¿El sector ya no despierta tanto interés entre los trabajadores?
R.– Realmente no sé de quién es la culpa, pero sí que es cierto que hoy por hoy no somos un sector atractivo para los trabajadores. No sé muy bien las causas. Sí que puede haber un pequeño estigma de tiempos pasados que no somos capaces de quitarnos de encima y que siempre nos devuelve a la crisis de 2008, de la que ya han pasado casi quince años. En la actualidad el sector no tiene nada que ver con aquella época. Pero bueno, seguimos siendo un sector relativamente estable, comparable a cualquier otro, e incluso con unos salarios y un convenio bastante más altos que en otros sectores productivos. Con lo cual tampoco acabamos de entender por qué no somos atractivos más allá de que a primera vista pueda parecer un sector duro y exigente a nivel de trabajo. También creo que es un problema de comunicación porque, al final, siempre se nos acaba relacionando con el encofrador, el albañil y otros trabajos a la intemperie cuando dentro del sector existen otros muchos perfiles y gremios que igualmente también están teniendo problemas para captar empleo.

P.– La reforma laboral pone coto a los tipos de contratación existentes hasta ahora, entre otros al contrato por obra o servicio tan habitual en su sector. ¿Teme que su eliminación desaliente el mercado laboral y agudice el problema de falta de mano de obra?
R.– Creo que en nuestro sector no lo vamos a notar mucho. Considero que al final este tipo de contratación afecta más a otros sectores con mayor estacionalidad. Es verdad que el contrato de obra se modifica, pero estoy convencido de que a nosotros no nos va afectar tanto.

P.– El presidente regional, Miguel Ángel Revilla, les ofreció en marzo pasado un panorama de “muchísimas inversiones”, tanto públicas como privadas, “cientos de millones” dijo para revitalizar el sector de la construcción en Cantabria. Diez meses después, ¿percibe este paisaje?
R.– Pues hombre, tan, tan optimista creo que no. La verdad es que las inversiones privadas de las que hablaba, salvo las que está acometiendo el Banco Santander en la capital cántabra, no acaban de arrancar. Sobre licitaciones, sí que estamos viendo que se han retomado algo en estos dos o tres últimos meses, pero desde finales del segundo trimestre hasta casi el último del pasado año se registró un parón importante en licitación pública. Seguimos por tanto con nuestra reivindicación histórica de poder ser un sector estable, que no tengamos esas fluctuaciones en la licitación pública y que, en muchos casos, ésta no aparezca ligada a ciclos cercanos a procesos electorales.

P.– Cantabria contaba a finales del pasado año con 1.795 empresas inscritas en la Seguridad Social, frente a las más de 5.424 con las que contaba hace tan solo un lustro. ¿La construcción está perdiendo protagonismo en la economía regional?
R.– Buena pregunta. No lo sé. Creo que en muchos casos este dato se explica en el hecho de que se ha reducido la fuerte atomización de empresas que antes existía. Se ha apostado por unir empresas y sumar esfuerzos. Además, también es cierto que hubo unos años, desde 2016 a 2018, en que la actividad se redujo considerablemente, lo que sin duda trajo consigo la desaparición de algunas. Pero es verdad que el sector no está ahora entre los protagonistas del panorama económico regional. Y tampoco parece, con la actual dinámica, que vayamos a estarlo porque todas las políticas que se están ejecutando no van encaminadas precisamente hacia nuestro sector.

P.– En reiteradas ocasiones han solicitado al Ejecutivo cántabro una mayor agilidad en la tramitación de licencias, licitaciones y otros expedientes administrativos. ¿Les han hecho caso?
R.– De momento, no. Mantenemos esta reivindicación porque al final repercute mucho en nuestra actividad. Es un tema que ya afecta incluso al consumidor final. En muchos casos prácticamente el 50% del tiempo se nos va en trámites. Imaginemos un escenario tipo de construir un chalé. Pues a grandes rasgos son dos años los trámites y dos años edificar la casa. No hay manera de conseguir los estándares de agilidad que reclamamos ni tampoco una comunicación profesional con la Administración.

P.– Según datos del Observatorio de la Construcción, el volumen de licitación de obra pública acumulada hasta octubre pasado fue de 189 millones de euros, un 197,4% más que en el mismo periodo de 2020 y muy por encima de la media nacional que fue del 85,6%. ¿Estamos ya en niveles previos a la pandemia?
R.– En primer lugar, debo decir que ese incremento tan brutal se justifica porque en 2020 hubo un periodo de cinco o seis meses de cero actuaciones. Dicho esto, con el empuje registrado en los últimos meses de 2021 y los primeros de este año ahora mismo si podríamos estar cerca de los niveles de entonces que, dicho sea de paso, tampoco eran ninguna panacea. Por eso, seguimos reclamando más inversión porque respecto a ejercicios anteriores aún estamos por debajo de lo que consideramos debería ser una actividad media que nos permita tener esa estabilidad en el sector a la que aspiramos.

P.– Pese a la Ley de Contratos del Sector Público, ¿persiste el problema de las bajas temerarias? ¿En qué medida siguen produciéndose y de qué manera afecta el actual tirón de la obra pública y la subida del precio de los materiales?
R.– Superar o no el tema de las bajas temerarias depende en gran medida de la actividad. Muchas veces se criminaliza las bajas cuando, dentro del sinsentido que representan, vienen motivadas por la falta de actividad. Las empresas ante un escenario de no actividad o generar una, aunque sea a un mal precio, optan en muchos casos por esta segunda opción con le fin de proteger el empleo y la propia empresa. En cualquier caso, ahora no estamos en esa situación que sí se ha vivido en otras épocas. Sigue habiendo alguna que otra baja un poco desmesurada, pero no tanto como para rescindir una obra. Pero con lo que sí nos estamos encontrando a raíz del incremento de las materias primas es con licitaciones desiertas, que es un asunto bastante más relevante. En muchos casos las obras no tienen actualizados los costes al escenario actual, con el agravante de que en los contratos públicos, tal y como están planteados aquí, no se permite la revisión de precios. Esto está derivando en que en muchas actuaciones se están quedando contratos, y algunos importantes, sin licitar. Un contrato que hace años hubiera salido con una baja temeraria, ahora se está quedando desierto. Creo que esta situación sí supone un cambio significativo de tendencia. Por eso solicitamos que aquí se permita esta revisión de precios que en otras comunidades, como Extremadura y Galicia, y en entidades públicas como Adif, ya se han admitido.

P.– Los visados autorizados de obra nueva para uso residencial hasta septiembre se situaron en 851 unidades, un 78,4% más que en 2020. ¿Satisfecho?
R.– Como ya le dije antes, creo que este incremento viene motivado por lo que ocurrió en 2020. Comparar con ese ejercicio es engañarnos porque solo se trabajó medio año y, por tanto, es lógico que se registren incrementos. En términos generales los visados de viviendas unifamiliares han mantenido una tendencia muy estable, por lo que diría que casi un 90% de este aumento corresponde a una serie de viviendas que se han iniciado en Santander. Hay que tener en cuenta que, dado los números en los que nos movemos, cien viviendas nuevas representan unos incrementos brutales. Es decir, cualquier movimiento produce una fluctuación muy importante en los porcentajes.

P.– Desde hace meses vienen alertando del encarecimiento de las obras y retrasos en los plazos de ejecución de los proyectos debido al alza del coste de la energía y el aumento de precios de los materiales. ¿A las puertas de la llegada de los fondos europeos para proyectos de rehabilitación de viviendas y regeneración urbana, esta alza de precios puede comprometer su viabilidad?
R.– Lo estamos viendo ya. Nos estamos encontrando con muchos casos de proyectos que ya estaban en estudio y que, una vez llega ahora el momento de solicitar precios, se topan con unas desviaciones salvajes en relación a lo que tenían previsto cuando iniciaron los trámites a mediados del pasado año. Sobre todo se va a notar una paralización en el sector privado y la industria, donde las previsiones de inversiones en obra civil no digo ya que se estén paralizando, pero sí en muchos casos aplazando porque entienden que ahora no es el momento. Y es que al final podemos estar hablando de un encarecimiento del 25 o el 30% del presupuesto. También lo estamos percibiendo en viviendas unifamiliares, donde mucha gente está esperando a ver qué pasa porque no cabe duda de que un incremento de ese tipo es muy representativo.

P.– ¿Cómo va a encarar el sector esta situación que muchos expertos aseguran que es coyuntural?
R.– Es complicado. De momento, más allá de apoyarnos en la obra pública, que va tener que corregir proyectos y precios y asumir en muchos casos los sobrecostes con los fondos europeos, es evidente que en el ámbito privado es un problema porque los precios no se pueden subir hasta el infinito. En este caso el precio final está topado al bolsillo del consumidor. Es que, como ya he apuntado, no estamos hablando de incrementos del 1 o el 2%, sino de incrementos brutales hasta el punto de que nosotros mismos hemos recomendado en algunos casos no realizar la inversión. Porque sencillamente no es el momento. Y en la parte de rehabilitación, entiendo que lo que esté vinculado a las ayudas y subvenciones sí se llevará a cabo, pero con el mismo problema de sobrecoste.

P.– Su asociación ha valorado positivamente el proyecto de la nueva Ley del Suelo actualmente en tramitación. ¿No echan nada de menos?
R.– Es cierto que hemos valorado positivamente algunas de las iniciativas que inspiran la redacción de la nueva Ley, como lo es la pretensión de flexibilizar y fomentar la tramitación y aprobación de los planes generales municipales, tan necesarios para poder desarrollar y rehabilitar el medio donde vivimos y trabajamos los cántabros, tarea en la que llevamos años de retraso debido a la falta de motivación o interés para aprobar tan trascendentes instrumentos. También hemos valorado positivamente la intención de flexibilizar y agilizar la tramitación de licencias de obras y primera ocupación, más siendo conscientes de que la Ley estatal impone su desestimación por silencio, lo que implica que sea necesario disponer de herramientas correctoras ante los posibles retrasos o demoras por parte de la Administración. Incluso se ha valorado en el debate parlamentario la posibilidad de instaurar un índice de cumplimiento de los plazos por parte de las administraciones para el otorgamiento de las licencias y autorizaciones urbanísticas. Veremos si estas iniciativas son suficientes y eficaces, pero lo que resulta positivo es comprobar que existe un interés real en intentar dar una solución a esta problemática.

P.- ¿Qué echan en falta en la nueva norma?
R.- Existen aspectos que los promotores y constructores hemos manifestado que debieran revisarse, en especial aquellos que pueden afectar a la viabilidad de las actuaciones urbanísticas. Entre ellos, y en relación con la promoción del suelo, hemos pedido la reducción de la cesión obligatoria a favor de la Administración, que se establece en el 15% del suelo, con toda la obra de urbanización ejecutada, libre de cualquier gasto o carga, es decir, listo para que la Administración pueda edificar, para ajustarlo al 10%, que es lo previsto en otras comunidades autónomas de nuestro entorno inmediato, como Asturias o Galicia, o de diferentes modelos y visiones estratégicas, como Madrid, Castilla La Mancha, Andalucía… También hemos pedido la revisión de los estándares urbanísticos establecidos en el proyecto legal, pues consideramos que no existen argumentos para justificar un incremento de los mismos. Es cierto que en el proyecto, tras las alegaciones realizadas por este sector, se han corregido significativamente los mismos respecto al borrador inicial, pero aún quedan algunos por ajustar y que pueden afectar a la sostenibilidad de las iniciativas de desarrollo del suelo. El que estos estándares se encuentren en un texto legal dificulta que puedan revisarse “a posteriori” para resolver los problemas e ineficacias que pudieran darse. Es por ello que hemos defendido que debieran reducirse al mínimo imprescindible, dando margen a los ayuntamientos para que puedan adaptar los mismos a las necesidades de cada desarrollo. De otro lado, en el proyecto legal se incluye la previsión de un mínimo de 30% de viviendas de protección para los desarrollos del suelo residencial, la cual tiene su justificación en la Ley estatal. Los promotores somos conscientes de la necesidad de desarrollar vivienda protegida y siempre nos hemos mostrado favorables a hacerlo, pero siempre y cuando sea sostenible, viable y exista una demanda contrastada. A este respecto, se echa de menos que existan mecanismos correctores para aquellos municipios o lugares donde no exista demanda suficiente o real de vivienda protegida.

P.- Piden también que el sector privado pueda impulsar modificaciones del planeamiento municipal ante situaciones de inactividad por parte de los municipios.
R.- Consideramos que esto bien pudiera servir para incentivar que la Administración mantenga actualizados sus instrumentos de planeamiento. También miramos con cierto escepticismo algunas otras normas que pudieran instrumentalizarse para limitar o condicionar la iniciativa privada, como lo es la facultad que se da a la Administración para poder adquirir inmuebles para el patrimonio público del suelo y posteriormente cederlos o arrendarlos incluso a precio inferior al de mercado, atribución que utilizada abusivamente pudiera generar distorsiones irreales sobre el valor de mercado, ya que tal reducción del precio no tendría su origen en situaciones reales de mercado, sino en la instrumentalización de fondos públicos de todos los ciudadanos. En este mismo sentido, y como limitación a la iniciativa privada, tampoco se entiende que la promoción y titularidad de los alojamientos colaborativos o cohousing se limite a cooperativas excluyendo al resto de agentes, más cuando el Plan de Vivenda 2022-25 establece expresamente como beneficiarios de las ayudas para promover este tipo de alojamientos a cualquier entidad pública o privada.

P.– Han advertido que en algunos municipios cántabros adquirir una vivienda de protección oficial resulta más caro que comprar una libre. ¿A qué lo achacan?
R.– No podemos obviar que el principal incentivo para adquirir una vivienda protegida respecto la vivienda libre es el precio. Los requisitos de acceso, la obligación de residencia o las limitaciones a la venta o alquiler reducen su atractivo ante los potenciales adquirentes. Donde la vivienda libre ve reducido su precio por debajo de la media es muy difícil encontrar demandantes de vivienda protegida. Además, debemos ser conscientes de que en Cantabria existen municipios donde los compradores principalmente buscan segunda residencia y la demanda de vivienda protegida es limitada. Los promotores estamos deseando construir y vender viviendas en cualquier régimen de protección. El problema se da cuando la Administración impone la construcción de un mínimo de viviendas de protección oficial en un municipio donde no hay demanda efectiva para este tipo de viviendas. En este contexto, resulta insostenible cualquier iniciativa de desarrollo de suelo residencial. ¿Cómo puede asumir un promotor la construcción de un mínimo del 30% de viviendas protegidas en un municipio donde no existe demanda de ese tipo de residencia? En Cantabria, la necesidad y demanda principal de viviendas de protección se concentra en el entorno de los grandes municipios en los que el precio de la vivienda libre es más elevado. Fuera de ellos, la imposición de un mínimo de viviendas protegidas que no se ajuste a la demanda real genera un gran problema al hacer insostenible el desarrollo de suelo residencial.

P.– La construcción vive un inusitado auge de la rehabilitación. ¿Por ahí pasa el futuro del sector?
R.– En condiciones normales debería ser así, al menos en las ciudades. Santander, por ejemplo, seguirá creciendo con obra nueva, pero sin duda será mayor la necesidad de rehabilitar las ya existentes. En este punto hay que empezar a hacer una labor didáctica para entender que las viviendas al final tienen un mantenimiento similar al de un coche. Mantener una casa en condiciones adecuadas conlleva unos costes y nos estamos encontrando con edificios muy cerca ya de su ocaso útil. Por eso creo que, aunque se seguirá haciendo obra nueva y se desarrollen nuevas zonas y urbes, el futuro del sector pasa por la rehabilitación.

P.– El acceso a financiación se antoja, en este sentido, fundamental. ¿Hay algún acuerdo a la vista entre el Ejecutivo, ACP y las entidades de crédito?
R.– Hoy por hoy, no. De momento, nosotros tampoco estamos en ese diálogo.

P.– En el actual contexto de reactivación económica y de fuerte incremento del precio de la vivienda, ¿hay riesgo de que se pueda producir otra burbuja inmobiliaria?
R.– No. Son dos escenarios completamente diferentes. No veo que el aumento de la actividad vaya a ir por ahí. Sobre todo porque las viviendas se construyen para que las compren las personas, y no creo que estemos ahora en ese punto de que todo el mundo compre vivienda nueva. Tenemos aún mucho margen de reactivación antes de acercarnos siquiera a aquellos momentos. En cualquier caso, además, podríamos estar ante una burbuja de precios, no de ladrillo. El problema es el coste y la venta del producto. Parece que somos un sector en el que es muy fácil hablar de burbujas, pero estamos en un mundo muy diferente al de entonces.