La Unión Europea ha puesto sus ojos en los mares y océanos convencida de que serán uno de los pilares de la nueva economía más sostenible, descarbonizada y digitalizada que emergerá tras la pandemia. Así lo entiende también el Clúster Marítimo de Cantabria (MarCa), una asociación creada hace ya casi tres años y medio para impulsar la cooperación y el desarrollo comercial y tecnológico de las industrias y actividades marítimas de la región de la que hoy forman parte ya cuarenta socios. Su presidente y director de Astander, Juan Luis Sánchez, analiza los retos y oportunidades de las industrias y actividades marítimas, un sector transversal que factura unos 1.000 millones de euros anuales, da empleo directo a cerca de 10.000 trabajadores –el 5% del empleo regional– y representa el 20% del esfuerzo inversor en I+D+i de Cantabria.

Manuel Casino |  @mcasino8 | Febrero 2021

Pregunta.– Más de tres años después de la puesta en marcha del Clúster Marítimo de Cantabria, ¿el sector ocupa hoy la posición que esperaba?
Respuesta.– Creo que está mejor de lo que nos habíamos marcado y que los objetivos iniciales del plan estratégico se han cumplido. De ahí la urgencia de definir un nuevo plan mucho más ambicioso.

P.– La creación de esta agrupación de empresas para aprovechar las múltiples oportunidades de negocio que se abren bajo las aguas deja entrever que Cantabria ha vivido un tanto de espaldas al mar. ¿Es así?
R.– No. Cantabria ha vivido siempre de cara al mar. Otro tema diferente es el tratar de buscar sinergias y contar con una asociación que aglutine los objetivos de todas las empresas que trabajan en el sector marítimo para aprovechar las oportunidades, poder ser más competitivos y, lo que es aún más importante, poder conocernos mejor, porque en ocasiones salimos fuera de Cantabria cuando la solución la tenemos muy cerca. Además, el clúster nos ha permitido poner en valor a estas empresas que forman la asociación y hacer posible que sean conocidas no ya a nivel nacional sino internacional, ya que muchas de ellas a veces no disponen por sí solas de la capacidad para asistir a ferias fuera de nuestras fronteras.

P.– ¿Cómo ha afectado la crisis sanitaria al sector cántabro en general y a este astillero, tractor de buena parte de la industria marítima auxiliar de la región, en particular?
R.– El sector marítimo era uno de los sectores económicos con un crecimiento más alto y un impulsor claro de la economía. Antes de la pandemia estaba creciendo a ritmos del 15% anual. Entonces era un sector muy saneado que sigue teniendo oportunidades de crecimiento. Eso ha hecho que, pese a que la covid-19 nos ha afectado a todos, el sector marítimo se haya visto menos perjudicado que otros. De hecho, las empresas del clúster han seguido trabajando con unos, en general, resultados aceptables en 2020. Quizá la actividad más afectada haya sido la de cruceros y turismo náutico, no solo en cuanto a las compañías que realizan estos servicios, sino también a los constructores y suministradores de equipos para los grandes barcos que operan. Nosotros aquí en España no tenemos constructores de este tipo de buques, con lo cual en este tema no nos hemos visto tan afectados como otros países. En cualquier caso, se trata de una situación coyuntural y estoy convencido de que el sector volverá a estar en la cresta de la ola en poco tiempo. En cuanto a Astander, el astillero ha tenido un buen 2020, no al nivel que los años anteriores, pero los resultados podemos decir que son razonables y estamos contentos.

P.– Su apuesta es llegar a liderar áreas de especialización en los mercados estratégicos nacionales e internacionales. ¿Todos para uno y uno para todos?
R.– La misión del clúster es detectar aquellas oportunidades de negocio que se van a convertir en proyectos tractores dentro del sector marítimo en el futuro en dos áreas concretas: la transformación ecológica y la tecnológica. Dentro de la primera, que viene impulsada desde la Unión Europea, MarCa ha detectado tres sectores importantes como son el uso del hidrógeno como nueva energía; la descarbonización, que obligará a que todos los barcos reduzcan sus emisiones de CO2 en un 40% antes de 2040; y las energías renovables marinas, que también se han destacado como un nicho de negocio muy importante. En cuanto al área tecnológica, hemos identificado otros tres ámbitos valiosos para el clúster y sus empresas: la digitalización, el gemelo digital y la inteligencia artificial y el ‘deep learning’ en las fábricas del futuro.

P.– El Plan Estratégico de MarCa 2021-2024 sitúa a la descarbonización como el mayor reto del sector en la próxima década. En ese objetivo, parece fundamental el impulso de un transporte marítimo sostenible y la apuesta por infraestructuras portuarias verdes bajas en emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Estamos realmente en ello?
R.– Claro que estamos. Los puertos y las empresas navieras tienen que cumplir con las reglamentaciones en materia de emisiones y nosotros, la industria que les da esos servicios, trabajamos por hacer posible ese cambio. Lo estamos viendo en este astillero en particular [Astander] con las grandes obras que estamos haciendo en los barcos para la reducción de emisiones de gases de escape, y esto conlleva detrás toda una industria que realiza los trabajos y suministra los equipos. En el futuro está el trabajar en infraestructuras más sostenibles. Se tienen que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, los ruidos, la contaminación biológica por las aguas de lastre…

Juan Luis Sánchez, presidente del Clúster Marítimo de Cantabria y director de Astander, en las instalaciones del astillero.

P.– Astander y otros dos astilleros españoles están inmersos desde hace tiempo en un estudio para desarrollar un sistema innovador de abastecimiento eléctrico gracias a la explotación del hidrógeno verde. ¿Algún avance significativo?
R.– Los tres astilleros españoles y un centro tecnológico han estado trabajando en este proyecto, cuya viabilidad ha sido aceptada recientemente por el Ministerio. Hasta ahí le puedo decir.

P.– La industria de los mares y océanos es un macrosector sumamente transversal y heterogéneo. Aunque las diferentes actividades englobadas en ella tienen sin duda objetivos en común, ¿no existe también el riesgo de que los intereses de unos vayan en contra de los de otros?
R.– El mundo no es perfecto, pero, en general, no creo que ocurra. Lo que tenemos que abordar es el tema de forma central, lo que Europa llama el ‘Green Deal’, el gran acuerdo europeo en el que están las industrias suministradoras, los astilleros y los armadores. Evidentemente es un pacto de transformación ecológica para todo el mundo, y todo el mundo sabe hacia dónde tiene que ir. Todas las empresas tienen hoy claro que cualquier actividad tiene que contar con evaluación de impacto ambiental. Lo que hace falta es que todos rememos en la misma dirección. Hay grandes oportunidades y mucha capacidad de inversión en este aspecto y lo que toca es que todos hagamos el esfuerzo en conjunto para adoptar los mismos intereses. El que no vaya en la misma dirección, se quedará fuera de la carrera. Lo mismo sucede en el sector tecnológico. Sabemos el objetivo y cuál es la meta. Lo deseable es que todos consigamos llegar al mismo tiempo.

P.– Cantabria cuenta con una larga tradición en actividades como la pesca, la construcción y reparación naval y su industria auxiliar, el transporte marítimo, el turismo de costa e, incluso, también con algunas iniciativas en sectores más innovadores como la acuicultura o la eólica marina. ¿Algo por descubrir?
R.– Diría que Cantabria es muy fuerte en turismo de costa y en el sector pesquero; que cuenta también con una industria suministradora de equipos y materiales importante; que disfruta de centros tecnológicos de referencia a nivel europeo y de una universidad muy conocida mundialmente dentro del sector marítimo, con investigadores de primera línea. Donde quizá otras comunidades han trabajado más y nosotros no hemos sabido aprovechar todo nuestro potencial es la náutica deportiva y de recreo. En el Mediterráneo los puertos están colapsados y no es solo por el buen clima. Si vamos a países como Francia, Finlandia o Dinamarca, donde la climatología es muchísimo más adversa que en Cantabria, vemos que este sector tiene un éxito y un crecimiento impresionante. De hecho, constituye uno de los pilares de los sectores marítimos de esas zonas. Sin embargo, en Cantabria no se ha desarrollado y es una obligación del clúster que queríamos haber hecho ya el año pasado pero que tuvimos que suspender. Pero lo vamos a hacer para dar a conocer a todos los socios y empresas del sector las oportunidades que ofrece la náutica deportiva y de recreo. Hay una potencialidad clara y los ejemplos están en los países vecinos. Quizá Cantabria y Asturias sean los más rezagados, pero en general todo el norte de España puede potenciar mucho más este sector.

P.– Está previsto que Santander acoja en octubre Interferries 2021, la feria más importante del mundo de cruceros y ferries. ¿Interesa potenciar una actividad que en otros puertos del Mediterráneo está siendo objeto de controversia por ser un turismo que, además de generar conflictos en la ciudad, deja menos dinero que otros turismos?
R.– No comparto que sea un turismo que aporta menos dinero. Me parece que Santander es el puerto del norte de España con mayor número de pasajeros gracias a una naviera que forma parte del clúster. El beneficio económico que aporta esta compañía es claro y lo que se trata desde el clúster es de potenciar que siga trabajando en Santander. Si esta actividad no fuera tan interesante no habría otros puertos españoles interesados en que esta empresa se vaya a trabajar con ellos. Lo mismo ocurre con los grandes cruceros. Los puertos del norte no son puertos de primera fila en cuanto a volumen de pasajeros, pero todos quieren impulsar este sector porque económicamente es muy rentable. Lo que obviamente no puedes es sobrecargar un puerto o una ciudad con más turismo del que pueden acoger. Es una adecuación de la demanda a la capacidad.

Juan Luis Sánchez y Beatriz Sancristóbal, directora de la Centro Tecnológico CTC y secretaria del Clúster Marítimo, durante la presentación del plan estratégico, el pasado mes de diciembre.

P.– El despegue del sector puede tropezar con el tradicional déficit de comunicaciones, especialmente ferroviarias, que arrastra la comunidad o la dimensión del espacio portuario. ¿No todo el futuro se juega en el mar, no?
R.– El sector marítimo en Cantabria es muy potente y tiene una oportunidad de crecimiento que no creo que esté comprometido por ningún lastre importante. Es evidente que cuanto mejores comunicaciones tengas, mayor facilidad tendrá el transporte marítimo de acoger un mayor volumen de mercancías. Pero, como decía antes, se trata de adecuar en su justa medida la demanda a la capacidad.

P.– Aunque el concepto de ‘blue economy’ no es ni mucho menos nuevo, da la impresión de que la sociedad aún no percibe todo el potencial laboral y de crecimiento que encierra el medio acuático. ¿Queda mucho por hacer?
R.– Sí, aunque le daré algunas cifras. El sector marítimo en Europa genera casi 200.000 millones de euros y cuatro millones de empleos directos, el 1,8% del empleo total. Y el objetivo de la Comisión Europea es que de aquí a 2030 represente el 5% del PIB de la UE. Es decir, desde 2019 hasta el fin de esta década el sector va a pasar de representar el 1,3 al 5% del PIB comunitario, lo que es una barbaridad. La gente tiene que ser consciente de este crecimiento. Creo, por tanto, que la economía azul es un sector bien conocido y la sociedad sabe de su importancia. Lo que quizá no se sepa es este volumen que representa y lo que va a llegar a representar, pero la UE tiene clarísimo que va a ser uno de los pilares de crecimiento de la economía en los próximos años. En el actual contexto de crisis sanitaria, el sector marítimo cobra aún si cabe más importancia para la recuperación de los países por las inversiones que se van a emplear en industria, astilleros, navieras, en el transporte… Se calcula que a corto plazo el sector puede crear más de 125.000 empleos.

P.– España es, tras la salida de Reino Unido, la primera economía azul de la UE. Los fondos de recuperación europeos pueden ser la plataforma para el despegue definitivo de esta economía verde aplicada al mar?
R.– Relacionado con su anterior pregunta, le diré que uno de los sectores donde más se va a utilizar los fondos europeos es el sector marítimo por su capacidad de crecimiento y generación de empleo, además de por las oportunidades que presenta en el uso de nuevos combustibles, la descarbonización o el fomento de la energía eólica marina que actualmente aporta en torno al 2% de la energía consumida, un porcentaje todavía pequeño pero que la UE espera incrementar hasta cerca del 10% en 2030. Por tanto, el nivel de inversión previsto en estos ámbitos es enorme.

P.– Pero para que todo eso emerja de las aguas de nuestros océanos hace falta financiación, adaptar la legislación, planificar el espacio marino-marítimo, fomentar la transferencia del conocimiento e innovación, colaboración de las administraciones…  ¿En qué cojeamos?
R.– En general, somos un país lento en la gestión administrativa. Cuesta mucho poner en funcionamiento los nuevos proyectos. Tenemos muchas administraciones que son competentes para un mismo tema. Quizá esta sea la dificultad más evidente en toda España, lo que sí es verdad nos lastra un poco en comparación con otros países. Para poder utilizar estos fondos de recuperación es necesario agilizar administrativamente las resoluciones y los procedimientos, las normativas…

P.– Sostiene que hace falta más tecnología y mejor utilizada para que los astilleros españoles puedan competir en los mercados internacionales. ¿La industria 4.0 es ya una realidad?
R.– Sí. Astander está implantando tecnología y avanzando en digitalización, al igual que también están haciendo el resto de empresas del clúster. En este aspecto, debo destacar que hay un gran apoyo de Sodercan para que este proceso llegue a todas las empresas. Lo cual, tengo que decir que es muy bueno, porque demuestra que las personas que tienen que sacar los planes y las ayudas son conscientes de la importancia de la digitalización para que la industria regional se desarrolle y sea competitiva.

P.– La Consejería de Industria y Sodercan acaban de cambiar de patrón. ¿Espera algún cambio en la relaciones que mantienen con el Ejecutivo cántabro?
R.– Las relaciones con la Consejería son fantásticas. Espero que sigan apoyando el clúster y sé, como decía antes, que son conscientes de la importancia que tiene la transformación ecológica y la digitalización para el futuro de las empresas cántabras. Lo han hecho hasta ahora y estoy convencido de que porque cambie la cabeza no tiene por qué cambiar la trayectoria ni las medidas que están adoptando.

Jaime González es, desde hace cinco años, el máximo responsable de una ciudad dentro de otra ciudad, como así se refiere al Puerto de Santander. Tras alcanzar el pasado año cifras casi de récord, confía en recuperar la normalidad del tráfico portuario a mediados de 2021 y augura que el de contenedores seguirá creciendo de forma intensa hasta final de legislatura. Asegura que trabaja para que la circulación ferroviaria puede llevarse a cabo de una forma más eficiente y competitiva, y considera que no aprovechar la proximidad geográfica con el País Vasco para generar sinergias conjuntas sería una pérdida de fondo de comercio imperdonable. Sostiene que el Brexit puede convertirse en una oportunidad y que la tecnología les ayudará a superar el problema de las intrusiones. Defiende una racionalización del número actual de autoridades portuarias y una cierta concentración de su gestión y agradece el apoyo “real” del Gobierno de Cantabria para llevar a cabo el plan estratégico de desarrollo e inversiones.

Manuel Casino |  @mcasino8 | Octubre 2020

Pregunta.– El Puerto de Santander ha movido hasta agosto (últimos datos disponibles) cerca de tres millones y medio de toneladas, 800.000 menos que en 2019, lo que representa una caída de más del 18%, siete puntos por encima de la media nacional. ¿Cómo califica estos resultados? ¿Cuándo tienen previsto alcanzar las cifras de tráfico portuario previas a la pandemia?
Respuesta.– Efectivamente, tenemos una caída acumulada significativa, no solo en términos porcentuales. En estos momentos estamos un poco peor que los puertos de la cornisa cantábrica, que arrastran en su conjunto unas pérdidas del 16%, y significativamente peor que el sistema portuario a nivel nacional, con esos siete puntos por encima. En esta situación influyen varios aspectos. En primer lugar, el año pasado fue un ejercicio prácticamente de récord de movimientos. Por tanto, una buena parte de este diferencial está en ese logro extraordinario. En segundo término, cuanto más mercancía general y automóviles hemos desarrollado, más hemos sufrido. Intentamos restablecer ambos tráficos, pero todavía mantenemos un tono bastante tibio, incluso muy frío, con relación a 2019. En el caso del granel, y particularmente del agroalimentario, la caída se justifica en que el año pasado hubo una importante sequía en Castilla y la importaciones fueron muy importantes, con 7 millones de toneladas. Esta primavera, sin embargo, las precipitaciones han sido más abundantes, el grano es más denso y, por tanto, las necesidades de importación son menores. Estos y otros factores, en una combinación un tanto fatídica coronada por los efectos de la covid—19, han provocado estos resultados que, como digo, están en línea con lo que ha ocurrido en la fachada norte de España. Reconocido el bache y realizado el diagnóstico, esperamos no llegar quizá a un año récord, pero sí alcanzar un tono más normal de movimientos de mercancías. Pero al margen de las cifras, el puerto, en cuanto a la ejecución y desarrollo de la estrategia que llevamos a cabo desde el 2015, se encuentra en un momento extraordinario. El concurso de la terminal de contenedores y la certeza que tenemos ya de poder instalar en Cantabria la primera terminal transoceánica de contenedores, nos va a permitir completar la instalación de toda una serie de servicios marítimo-portuarios que van a hacer que el puerto, sin abandonar en ningún caso los tráficos tradicionales, avance, profundice e intensifique todas las actuaciones para convertirse en un puerto de mercancía general, que es el modelo que todos los puertos quieren. Ahora se cumplen exactamente cinco años desde que yo entré por primera vez en este despacho. Estamos razonablemente satisfechos de la evolución seguida. Dicho esto, espero que a mediados de 2021 regresemos a cifras normales, pero siempre que el comportamiento de la pandemia sea regresivo. Si no lo es, desconozco qué es lo que puede suceder.

P.– En el caso del tráfico de pasajeros, la caída acumulada en los ocho primeros meses del año supera el 70% (casi nueve puntos por encima de la media), mientras que la pérdida de pasajeros en crucero ha sido prácticamente del 100%. ¿Qué expectativas barajan hasta fin de año?
R.– Se da una situación bastante incongruente. En la caída de pasajeros que estamos registrando, Brittany Ferries avanza y confirma que el próximo 2 de diciembre se realizará el primer servicio de Santander a Inglaterra con uno de los nuevos barcos –Galicia– de su nueva serie de tres. El buque, que ya está de camino de China, estará el 16 de octubre en Astander para su completo equipamiento. Esperamos inaugurarlo oficialmente el 1 de diciembre para que zarpe al día siguiente. En esta incongruencia de regresión del mercado y de inversiones crecientes por parte de nuestro principal operador de pasajeros en nuevos barcos, algunos de ellos impulsados por gas natural liquado, la incertidumbre es muy fuerte. Todo va a depender de que una vacuna que pudiera devolver la confianza al sector turístico permita que suceda algo que podrá retrasarse, pero que desde mi punto de vista va a ocurrir con total seguridad: que el turista británico, que es muy recurrente y muy fiel, regrese. Prueba de ello es que Brittany Ferries está registrando el traslado de las miles de cancelaciones que está sufriendo en todas sus líneas, y no solo aquí, a la siguiente temporada estival. Se encuentran, por tanto, con un sabor agridulce. El momento es muy difícil para ellos y lo sufren en su cuenta de resultados, pero tienen bastante avanzada la venta anticipada para el año que viene. ¿Qué espero? Si hay vacuna, confío en que el tráfico de pasajeros volverá ya con nuevos barcos a niveles de 2019.

Jaime González, en su despacho en un momento de la entrevista.

P.– Del otro lado, y aunque sus cifras sean aún modestas, el tráfico que mejor se ha comportado en este periodo es el de contendores. ¿Qué espera en este sentido?
R.– El tráfico de contenedores empieza en el puerto de Santander en octubre de 2016 con la llegada de una compañía luxemburguesa, digamos que de un ‘partner’ o de un socio del puerto, porque así lo considero, que es CLdN. Cuatro años después, está en una situación de crecimiento de más del 500%. La compañía ha ampliado destinos y en las salidas de los viernes está registrando embarques de overbooking, de lleno. Se está comportando de una manera espectacular en cuanto a la utilización que el sector industrial está haciendo de esta conexión. CLdN tiene planes de seguir ampliando su negocio en Santander y el puerto ya tiene previsto cómo ampliar su concesión en el momento que nos la pidan, aunque el espacio disponible no sea nuestra mayor virtud. Este tráfico, unido al de contenedores que llegará con la adjudicación, cuando se produzca, de la nueva terminal de carácter transoceánico, le dará a Santander una línea de crecimiento que pronostico se va a prolongar de forma intensa hasta el final de esta legislatura, sin que eso suponga que alcance su techo.

P.– La pandemia, ¿lo ha cambiado todo y toca pues reinventarse?
R.– La pandemia nos ha traído una forma de vernos desde dentro para reorganizar todos nuestros protocolos ha supuesto, en suma, una situación totalmente desconocida a la que nos hemos tenido que adaptar muy rápido. Pero medido en cifras, en el número de contagios, bajas laborales o suspensión de actividades, el impacto ha sido prácticamente cero. Creo que todo lo que hicimos conjuntamente con el comité de empresa y la comunidad portuaria al inicio de la pandemia no solo ha sido positivo en cuanto a resultados, sino que nos deja en una posición organizativa mucho más favorable en caso de que se produjera un repunte.

P.– El consejero de Industria considera que el puerto es el punto neurálgico de la actividad económica de la región y la mejor de sus infraestructuras. ¿Si el puerto tose, Cantabria se resfría?
R.– Sin lugar a dudas. Por tres razones. La primera es que el puerto mantiene, dejando la pandemia al margen, un nivel de actividad creciente y con mayor impacto socioeconómico, que es el tráfico de mercancía general. En segundo término, el puerto tiene una fuerza y un poder inversor con recursos económicos generados por sí mismo que, de no llevarse a efecto, dejaría al sector de la construcción de infraestructuras muy desamparado. Por último, somos un polo de atracción de nuevas inversiones y empresas que pueden instalarse dentro o en su entorno, sin el cual Cantabria no tendría ese atractivo, ese imán.

P.– Sostiene que el grado de competitividad de un puerto no solo depende de la propia instalación portuaria y sí en ocasiones de decisiones de la cadena logística. En este sentido, ¿el Puerto de Santander parte en clara desventaja con relación a sus principales competidores de Bilbao o Gijón?
R.– No. El Puerto de Santander no parte en desventaja con nadie salvo por el hecho de que su accesibilidad marítima está más limitada en calado. Nosotros tenemos 13,5 metros, mientras que Bilbao o Gijón tienen 23 o 25 metros de calado. Esto define el tonelaje que podemos recibir. Nosotros recibimos barcos de 70.000 toneladas como máximo y Gijón está recibiendo el doble. Lo que sí realizamos constantemente es el diseño de soluciones logísticas. Y ahí somos muy proactivos en diseñar cadenas con distintos actores y sinergias como si realmente fuéramos una multinacional logística, no una institución pública gestora de alquiler o concesión de suelo. Trabajamos mucho con el cliente, con el operador, con el cargador…

P.– El aumento de capacidad y relanzamiento del puerto pasa inexorablemente por el polígono industrial del Llano de la Pasiega, que el Gobierno de Cantabria espera aprobar a finales de 2021?
R.– Inexorablemente. Sin La Pasiega, ya hemos tocado techo en términos generales. Es decir, sin este polígono y con lo que ya está planificado, el puerto ya habría tocado su techo. Hay que entender que el día que entre en funcionamiento La Pasiega no conlleva que actividades que ahora están en el puerto se trasladen allí. No es eso. El puerto necesita en una proximidad de diez kilómetros, y por supuesto conectado con ferrocarril y no solo por carretera, un área de ampliación de actividad industrial en la que puedan instalarse empresas de gran distribución y alguna productora por razón de los servicios marítimos que están instalados en el puerto. Y que esa actividad industrial adicional alimente las capacidades de las líneas que están en el puerto.

P.– La conexión ferroviaria, ¿es la china en el zapato del Puerto de Santander?
R.– la accesibilidad ferroviaria que tiene el Puerto de Santander es netamente mejorable. A mí me gustaría que ocurrieran dos cosas: Que el Gobierno de Cantabria, Adif y la Autoridad Portuaria de Santander hicieran lo posible para que fuera así; y que la circulación ferroviaria en España pudiera llevarse a cabo de una forma más eficiente y competitiva. Para eso trabajamos mucho desde dentro, en una labor callada y sin ninguna difusión, con operadores ferroviarios en la búsqueda de fórmulas que mejoren la circulación ferroviaria. El zapato del Puerto tiene que sacarse esa china para poder andar bien.

P.– Al inicio de su mandato consideraba que no apostar por la conexión ferroviaria con el País Vasco sería un error estratégico imperdonable. ¿Lo sigue viendo así?
R.– Cada día más. El País Vasco, particularmente Vizcaya, podría ser considerada una de las cinco regiones europeas de mayor prosperidad socioeconómica. Dicho esto, nuestra extraordinaria proximidad geográfica no puede ser obviada ni tampoco podría entenderse que no obtuviéramos sinergias conjuntas de nuestra relación económica, industrial, de I+D+i, cultural, universitaria, sanitaria… No lo entendería. De hecho, no lo entiendo. En este sentido, tengo que decir que las acciones que está llevando a cabo el Gobierno de Cantabria, apostando decididamente por esa conexión que podría finalmente permitir que Bilbao y Santander fueran el centro de una conurbación urbana definitivamente interrelacionada, debe ser y es el norte y el principal objetivo junto con La Pasiega de la estrategia del Ejecutivo regional. No podemos negar la mayor. Tener tan cerca a una de las regiones de mayor prosperidad de Europa y no aprovecharnos de las sinergias acompañándolos de alguna manera en su hoja de ruta sería, como decimos en las empresas, una pérdida de fondo de comercio terrible.

P.– La APS ha anunciado un plan de inversiones de 90 millones de euros a lo largo de esta legislatura. ¿Se está cumpliendo el calendario previsto de actuaciones?
R.– Somos totalmente autónomos e independientes en la ejecución y planificación de nuestras inversiones. Además, somos autosuficientes en cuanto a los recursos financieros necesarios para llevarlas a cabo. Dicho esto, el Gobierno de Cantabria está representado en el Consejo del Puerto, con mayoría, y tengo la unanimidad de todos no solo para diseñar el plan de inversiones, sino para ejecutarlo. Hemos hecho bien los deberes y tenemos nuestra propia capacidad financiera sin necesidad de recurrir al endeudamiento para desarrollar los tres principales proyectos que ahora tenemos sobre la mesa –el silo de vehículos, que en 21 meses espero tener entregado y lleno de coches; la reconstrucción del muelle Maliaño 1-4, que en 2023 ocupará Brittany Ferries tras dejar la actual estación marítima; y el restablecimiento de la obra pendiente del muelle de Raos 9, que antes de Semana Santa de 2021 confiamos poder sacar a licitación y ver terminado en esta legislatura–, que nos absorben un 70% de esos 90 millones de euros, además de otro rosario de 16 o 18 actuaciones menores pero no por ello menos importantes.

P.– ¿Qué planes tiene sobre el puerto deportivo Marina de Santander tras su rescate a la concesionaria?
R.– Le tengo que responder de una forma restringida dado el momento en que se encuentra el proceso, cercano a la liquidación de la sociedad. Lo que está claro es que la actividad náutico deportiva en la bahía de Santander es creciente y va a seguir presentando una demanda espectacular, con un incremento del nivel y presencia de actividades y barcos. En este sentido, la posición de la Autoridad Portuaria de Santander es claramente la de favorecer que exista el mayor número de amarristas posibles y de servicios disponibles y que, en ningún caso, nadie que quiera estar se quede fuera. Por tanto, dentro de lo que la Ley de Puertos y de la Marina Mercante tiene previsto a este efecto, lo que vamos a intentar es impulsar al máximo este tipo de actividad. A Marina de Santander le quedan siete años de concesión, y queremos garantizar que en este periodo no haya ningún deterioro del servicio que reciben los amarristas con independencia de la situación en la que se encuentra la relación entre el concesionario y la APS.

P.– Afirma que le gustaría desanclar el Puerto de Santander de la rigidez administrativa para conseguir un puerto más innovador. ¿Deseo o realidad?
R.– No es exactamente así. Le explico. Ahora tenemos la voluntad de recuperar el nivel de navegabilidad del canal secundario, es decir, dragar desde la zona del Puntal hasta el puente de Somo y posteriormente hasta el embarcadero de Somo pasando por Pedreña. Pues bien, todo lo que es la tramitación de permisos hasta poder dragar te lleva años. La tramitación administrativa es tremenda. Con la Estación Marítima, que estamos a punto de reinaugurar, ha pasado lo mismo. Yo provengo del mundo privado y siempre hablo por supuesto en términos garantistas. El hecho de que se incremente la velocidad no implica que se pierdan garantías. No entiendo que existan plazos tan amplios y que no se dote de más recursos a la Administración para agilizar estos procesos que, al final, redundan en que la actividad socioeconómico tenga o no un mayor dinamismo. Yo invertiría, y tengo clarísimo que se puede hacer, en racionalizar procesos para, sin variar el sistema de garantías, lograr periodos de realización muchísimo más cortos. La tramitación administrativa en España está totalmente fuera de contexto y estoy muy disconforme con la forma de tramitar, particularmente las inversiones.

P.– El problema del Brexit puede convertirse en una oportunidad si se agilizan los trámites aduaneros entre España y el Reino Unido. ¿Lo ve posible?
R.– Para el Puerto de Santander, sí. Definitivamente. Las relaciones mercantiles de mercancías y pasajeros entre España y el Reino Unido van a pasar a realizarse de una forma distinta y, como siempre sucede cuando hay un problema, también puedes tener una oportunidad. En la medida en que el Puerto de Santander lleve a cabo su adaptación de tramitación de aduanas y paso de frontera a esta nueva situación tendremos con toda seguridad una ventaja. En ellos estamos. Hemos hecho y estamos haciendo muchas cosas para convertirlo en una oportunidad para nosotros.

P.– ¿Cómo valora el actual grado de colaboración público-privada, vital para el desarrollo del puerto?
R.– En España, ya no solo en Santander, el sistema portuario ha realizado en los últimos 25 años un ejercicio de adaptación y de crecimiento a las necesidades del país modélico y muy elogiable. Pero la creación de las autoridades portuarias, un modelo que ha dado su resultado, necesita una profunda revisión. Necesitamos evolucionar. En este sentido, creo que sería oportuno una racionalización del número de autoridades portuarias –actualmente hay 28, que gestionan 46 puertos– y una cierta concentración de su gestión. Las compras en algunos ámbitos o la implementación tecnológica deberían ser coordinadas por un sistema integrado que dé soluciones de forma global a todos los puertos. Del mismo modo, cualquier política que se lleve a cabo en materia de sostenibilidad energética o medioambiental debe ser gestionado y coordinada a nivel nacional. Es decir, huyo, salvo en ciertos casos, de las actuaciones locales porque creo que los mayores resultados se alcanzan por capacidad, por tamaño y por representación global de los que estamos. Por otro lado, también defiendo la autosuficiencia económica. Una vez conseguida, no tiene sentido que seamos recaudadores o acumuladores de dinero, sino que creo que debería haber un sistema para revertir, sobre las tasas de toda naturaleza que cobramos, la parte que generamos en excedencia. Estamos aquí para que los que utilizan los puertos sean competitivos, no para hacer dinero.

P.– En febrero pasado, poco antes del inicio de la pandemia, anunció la elaboración de un Plan Director de Seguridad del Puerto de Santander para atajar el problema del acceso de polizones a las instalaciones portuarias, que en 2019 alcanzó las 2.167 intrusiones, según sus propios datos. ¿Volveremos a ver estas cifras?
R.– No, creemos que no. Ya en lo que va de año la cifra de intrusiones se ha reducido a 502. En cualquier caso, el mensaje es que nosotros debemos solucionar este problema con tecnología. Seguirá habiendo vallas y presencia de policía portuaria y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero hay un factor nuevo, que es la tecnología, que nos tiene que ayudar a solucionar este problema. No sobra nadie, pero a lo que hay añadimos soluciones tecnológicas.

P.– La alcaldesa de Santander anunció en su momento un proyecto para remodelar y urbanizar el malecón de la dársena de Molnedo, en Puertochico. ¿Comparte esta idea?
R.– Conozco lo que la alcaldesa anunció en su día, pero no tengo ni he tenido nada sobre la mesa que el Ayuntamiento me haya solicitado. No me quiero pronunciar sobre ello, Lo que sí le puedo decir es que, genéricamente, estoy a favor de actuaciones que mejoren el disfrute y la estética del frente marítimo.

P.– El muelle de Maura, entre el Palacete del Embarcadero y la Grúa de Piedra, sigue cerrado al paso de viandantes casi dos años después de decretar su cierre por grave deterioro de la estructura. ¿Hay alguna actuación prevista para su puesta de nuevo en funcionamiento?
R.– El Ayuntamiento está a punto de licitar conjuntamente con el Puerto la obra de reparación de este muelle con un presupuesto de 1.121.093 euros (IVA no incluido). Se va a hacer una rehabilitación de la estructura y no una demolición y reconstrucción, como en su día se pudo plantear. Le puedo decir que con el Ayuntamiento mantenemos la relación que yo creo que debe existir: abierta, fluida y de colaboración. Tampoco entendería que no fuera así. Tenemos mucho más por lo que entendernos que por lo que discrepar.

La Asociación Cántabra de Empresa Familiar celebra estos días su vigésimo aniversario, un tiempo en el que ha elevado su nivel de representación y en el que sus socios han tenido oportunidad de poner a prueba una de las virtudes que suelen adjudicarse a estas empresas: su mayor capacidad para superar las dificultades. Paloma Fernández, presidenta de Acefam, reivindica los valores de los negocios familiares y alerta sobre las amenazas que aparecen en el horizonte, tanto para ellos como para cualquier otro. La situación dentro y fuera de España, advierte, no es propicia para que los empresarios acometan nuevas inversiones.

José Ramón Esquiaga |  @josesquiaga | Octubre 2019

La Asociación Cántabra de Empresa Familiar (Acefam), nació hace ahora dos décadas, trasladando a escala regional la naturaleza y los objetivos con los que venía funcionando el Instituto de Empresa Familiar. Remover los obstáculos que dificultan la sucesión y reivindicar la aportación de los negocios familiares eran dos de los objetivos que dieron origen a la agrupación, y en buena medida siguen siéndolo hoy, por más que tanto en uno como en otro el camino recorrido desde entonces haya sido notable. Paloma Fernández, a la que en su condición de actual presidenta le ha tocado conducir los actos conmemorativos del aniversario, repasa la historia de la asociación y analiza el pasado y el presente económico desde la óptica de unas empresas que, recuerda, mantienen especiales vínculos con el territorio en el que nacen y en el desarrollan su actividad.

Pregunta.- Cuando  fue creada hace veinte años. la Asociación de la Empresa Familiar de Cantabria se planteaba dos objetivos básicos: promover la creación de una cátedra dedicada a los negocios familiares en la Universidad y remover los obstáculos que dificultaban la sucesión en estas empresas. El primero se consiguió. ¿Puede darse también por superado el problema de la continuidad
Respuesta.- Respecto a este problema nos encontramos con dos cuestiones claramente diferenciadas: la externa, que tiene que ver con la legislación, y la interna, que depende de las circunstancias de cada empresa. En Cantabria, a diferencia de lo que sucede en otras comunidades autónomas, la legislación favorece la continuidad de las empresas familiares, y en ese sentido sí podemos pensar que el objetivo con el que nació Acefam se ha conseguido, hoy por hoy al menos. A partir de ahí, ya está el caso de cada empresa, que depende de muchas circunstancias. Cuanto menos, hoy podemos decir que la mayoría tienen claro lo que deberían hacer para preparar esa sucesión. Que lo hagan o no depende de muchas circunstancias, ahí nosotros podemos ayudar con la formación, y poco más.

P.- De esos dos obstáculos que menciona, ¿cuál es el más difícil de superar, el legislativo o el que tiene que ver con cada empresa, con cada familia?
R.- Es que, como decía, son cosas completamente diferentes. La legislación cambia de un día para otro, de manera que aunque es verdad que hoy el problema está solucionado, ha habido momentos en que no ha sido así y no hay ninguna garantía de que podemos darlo por resuelto para siempre. Quién sabe. La regulación legal ha sido siempre un obstáculo muy importante, y sigue siéndolo en muchas comunidades autónomas. Hay empresas que tienen que cerrar porque lo que hay que pagar en tributos hace imposible la continuidad y obliga a liquidar. Respecto a los obstáculos internos, cada familia lo lleva de una manera. Hay quienes son muy rigurosos, han establecido un protocolo y lo llevan a rajatabla, y hay quien no lo hace así. Lo que intentamos desde la asociación  es que empresarios que han pasado por ello cuenten sus experiencias, de manera que quienes están en un proceso similar puedan recoger las ideas que sean más adecuadas para su caso.

Paloma Fernández, presidenta de la Asociación Cantabra de Empresa Familiar (Acefam).

P.- Probablemente ha sido así siempre, pero en las últimas dos décadas, coincidiendo con el periodo que le ha tocado vivir a Acefam, las empresas se han embarcado en una carrera por el tamaño, muchas veces a través de la compra de otras más pequeñas. ¿Cómo se han desenvuelto las empresas familiares en ese contexto?
R.- Siguen existiendo muchas empresas familiares pequeñas, aunque desgraciadamente en la última crisis se hayan quedado algunas por el camino. Es cierto que también ha habido empresas familiares que han sido absorbidas, en ocasiones porque es una solución que han buscado ellas mismas. Es verdad que es necesario crecer, que las grandes multinacionales son una amenaza para todos, pero hay empresas pequeñas y siempre las habrá. No olvidemos que todo proyecto empieza siendo pequeño. De hecho, el apoyo a los emprendedores es hoy uno de los principales objetivos de la asociación.

P.- Ha mencionado la última crisis. Ahí ha habido una oportunidad para que las empresas familiares pongan a prueba una de las características por las que suele definírselas: una mayor capacidad de resistencia ante las dificultades o, cuanto menos, una toma de decisiones menos vinculada a la coyuntura económica de cada momento. Sobre todo si las comparamos con una gran multinacional.
R.- Son formas distintas de tener una visión de la empresa. Las grandes multinacionales quieren resultados y, si no los hay, cierran centros de trabajo o reducen empleo hasta que los números vuelvan a salir. En las empresas familiares se hace justo lo contrario: el mayor esfuerzo para conseguir ser sostenibles manteniendo las plantillas. En ocasiones no puede ser, es cierto, pero el personal para nosotros es el equipo que te acompaña, nuestra fuerza. En las empresas familiares siempre nos ha gustado tener trabajadores que han empezado con nosotros, y que se jubilan con nosotros. Ahora hay quien piensa que no es bueno que un trabajador esté mucho tiempo en una empresa. En cambio para nosotros es un orgullo, algo que nos indica que estamos haciendo bien las cosas.

P.- La internacionalización es uno de los principales desafíos a superar para las empresas españolas. ¿También para las familiares?
R.- Vuelve a depender de cada caso, y del sector en el que opera cada una. Quien tiene una fábrica puede pensar en vender en el extranjero, pero no sucede igual en una empresa de servicios, que sí puede tener clientes en las regiones vecinas, pero poco más. Dicho esto, hay empresas familiares muy internacionalizadas. No quiero dejarme a nadie, pero en Cantabria tenemos casos como los de Textil Santanderina, al grupo Armando Álvarez,  Hergom, a Fushima… No es solo que exporten, muchas de ellas tienen filiales en otros países. Hay muchos ejemplos. Todas las empresas se ven afectadas por la globalización, para bien y para mal. Las empresas familiares no somos diferentes en eso. Lo que hemos tenido que hacer todos es reinventarnos, y no únicamente con la internacionalización.

P.- Acefam nació con 19 socios, ahora agrupa a más de sesenta. ¿Es un objetivo seguir creciendo?
R.- Siempre es un objetivo. Hay empresas familiares que intentan pasar desapercibidas, o que entienden que no tienen ningún problema que podamos resolverles. Ahí nuestro trabajo es hacerles entender que no se trata de eso: en Acefam podemos ayudar de muchas maneras, compartiendo experiencias, buscando sinergias… Hay mucha mentorización y mucho ‘coaching’ entre socios. Aprendemos unos de otros.

P.- Casi no hemos dejado atrás la crisis de la que hablábamos, y ya hay voces que anuncian una nueva recesión. ¿Cómo se ve la situación económica, y las perspectivas, desde las empresas familiares?
R.- Todos los años hacemos una encuesta entre los empresarios, y con ella elaborar un termómetro que presentamos coincidiendo con el acto que celebramos en diciembre. La última encuesta que hicimos siguió siendo positiva, como las de los años anteriores, pero con un optimismo más contenido. La mayoría seguían pensando que a su empresa iba a mantener la actividad o a crecer, en los siguientes meses pero, dentro de este grupo, los que piensan que les va a ir mejor son cada vez menos. Somos prudentes, ahora mismo hay situaciones tanto dentro como fuera de España que hacen que los empresarios pensemos mucho si es el momento de acometer o no una inversión.

P.- ¿La situación política afecta, con el bloqueo y la nueva convocatoria de elecciones?
R.- Mucho. A las empresas familiares nos gustaría tener más voz, y no pedimos nada extraordinario. Que se nos escuche, que se eliminen las trabas administrativas… Sigue habiendo muchas cosas por hacer, y para eso necesitamos un interlocutor. Y no puede ser que vayamos a tener cuatro elecciones en cuatro años, eso genera inestabilidad para cualquier ciudadano, pero para una empresa es muy grave. Es una situación que está frenando el crecimiento.

 

Odette Álvarez, directora general de Comercio del Gobierno de Cantabria, afirma que llega cargada de proyectos e iniciativas. Sostiene que su contribución empezará a verse a partir de 2021 –cuando tomó posesión del cargo, el presupuesto del próximo año ya estaba prácticamente cerrado– y se muestra convencida de que el futuro del comercio pasa por abrirse al mundo y saber adaptarse a las nuevas realidades.

Manuel Casino |  @mcasino8 | Diciembre 2019

Odette Álvarez (Santander, 1972) apuesta por innovar y la modernización del sector, pero hace especial hincapié en que el cliente se sienta a gusto cuando va a comprar. Se plantea terminar con las bolsas de plástico antes del final de la legislatura y quiere que el comercio cántabro suene fuera de nuestras fronteras.

Pregunta.– Este 2019 ha supuesto para usted la apertura en Santander de un nuevo ‘showroom’, más amplio y luminoso; la concesión del premio Mujer Empresaria de Cantabria y el nombramiento como directora general de Comercio y Consumo del Gobierno autonómico. ¿Alguien da más?
Respuesta.– Pues la verdad es que no puedo pedir más. Ha sido un año fantástico en lo personal y en lo profesional. Solo agradecer a ADMEC (Asociación de Mujeres Empresarias de Cantabria) el premio, que supuso para mí una gran sorpresa y una enorme satisfacción, así como que la Consejería de Innovación, Industria, Transporte y Comercio haya apostado por mí para este cargo de directora general.

P.– En su toma de posesión, el consejero de Innovación, Industria, Transporte y Comercio, Francisco Martín, resaltó que su incorporación a la Consejería “es la historia de un gran favor. ¿Lo ve usted también así?
R.– Bueno. Yo lo considero un reto profesional más que otra cosa. Supone una oportunidad de poder ayudar y demostrar lo que he hecho hasta ahora. Por lo menos esa es mi intención. Y repito, estoy muy agradecida por la confianza demostrada.

P.– Diseñadora y empresaria de éxito y ahora responsable pública. ¿No teme que al compatibilizar ambos trabajos alguno de ellos se resienta?
R.– De momento no me preocupa en absoluto. De un lado, porque la empresa ya está muy consolidada y cuento, como siempre he dicho, con un gran equipo detrás. Además, tengo a mi marido, Ignacio Camino, que a partir de ahora todavía va a tener más implicación. No, no tengo miedo y estoy convencida de que todo va a seguir igual. Como es lógico, ahora estoy más dedicada a esta nueva responsabilidad pública, pero no es nada nuevo porque ya compatibilizaba mi empresa con mi trabajo en el Ayuntamiento de Santander.

P.– Uno de sus retos y objetivos más inmediato será la puesta en marcha del Plan de Dinamización del Comercio para apoyar a las pequeñas y medianas empresas del sector, que usted representa y que, por tanto, conoce muy bien desde dentro. ¿Tiene ya alguna idea de cuáles serán sus ejes principales?
R.– Mi principal intención es fomentar la modernización del comercio en Cantabria. Aspiro, además, a promover la colaboración y coordinación entre las distintas administraciones y el sector privado, de forma que se propicie un sistema de gobernanza que recoja a los agentes vinculados con la apuesta del comercio de proximidad. Del mismo modo, pondremos en marcha campañas de sensibilización y comunicación para llegar más al ciudadano y ayudaremos a los comercios a mejorar su imagen, entre otros aspectos. Por otro lado, queremos cambiar el actual sistema de bolsas de plástico en los comercios con el objetivo de que todas sean de papel al final de esta legislatura e incidiremos en la formación para mejorar las competencias de los comerciantes.

P.– El sector del pequeño comercio ha sido sin duda uno de los más perjudicados por la crisis. Cierres, caída de los beneficios y una competencia creciente dibujan un panorama poco halagüeño. ¿El comercio tradicional tiene los días contados?
R.– No. Creo puede tener mucho futuro si nos mentalizamos de que debemos introducir cambios y avanzar. Es evidente que el pequeño comercio no atraviesa por su mejor momento. Pero no es una situación exclusiva de Cantabria. Ocurre en toda España y también en Europa. La clave está en asumir que la tienda digital tiene que ir de la mano de la tienda física.

P.– Ya que lo ha mencionado, ¿el futuro del sector pasa irremediablemente por la modernización, la apertura de nuevos canales de venta y la digitalización de los negocios?
R.– Absolutamente. Así es. Hace años que el comercio sabe, al igual que ocurre en otros muchos sectores, que debe adaptarse a los nuevos tiempos. Debemos abrirnos al mundo. Se puede conseguir. Yo lo he hecho, así que ¿por qué no lo van a poder hacer los demás? Es claro que debemos innovar. Pero yo hago también mucho hincapié en el trato personal. Que el cliente se encuentre a gusto cuando va a comprar. La atención es fundamental. Si es así, seguro que vuelve. Hay que ofrecer formación para que sea el comerciante el que se adapte al cliente, no al revés, y hacer atractivo el comercio a los jóvenes emprendedores.

P.– La formación y capacitación en nuevas materias es clave para encarar con garantías estos y otros retos. ¿Considera que la oferta formativa y el apoyo actual es suficiente?
R.– Uno de mis objetivos es precisamente ese: la profesionalización del sector mediante la dotación de herramientas y conocimientos que ayuden a afrontar con éxito esa transición hacia un modelo más competitivo de negocio. De todos modos, ya trabajamos con las cámaras de Comercio de Cantabria y Torrelavega para ofrecer actuaciones de formación, asesoramiento, estudio y asistencia técnica. Dicho esto, la demostración más palpable de la apuesta de la consejería por este sector es que el presupuesto de la Dirección General de Comercio y Consumo aumentará en 2020 casi un 19% con relación a este ejercicio, hasta alcanzar algo más de 3,1 millones de euros.

P.– Muchos comerciantes se quejan del perjuicio que representan para su actividad la falsificación de marcas y los mercados ilegales. ¿Cómo piensa combatirlos?
R.– Es que el Gobierno de Cantabria no tiene competencias directas en esta materia. En cualquier caso, el Gobierno de España ya ha anunciado un plan nacional e integral de lucha contra las falsificaciones que abordará el problema en cuatro ejes: coordinación entre administraciones, regulación, formación y concienciación y análisis de la situación.

P.– Y muchos, también, critican que sean las grandes empresas las que marcan el calendario comercial: periodos de rebajas cada vez más extensos, aperturas dominicales… En este sentido, ¿cree que hay que avanzar hacia una mayor regulación o que, por el contrario, hay que dejar que sea el propio mercado el que establezca los tiempos?
R.– La regulación de ambos conceptos, rebajas y aperturas de festivos, son igualmente competencia del Gobierno central, no autonómico. Las rebajas están totalmente liberalizadas desde 1996 y con los festivos ocurre algo parecido. Están regulados desde 2004. En Cantabria se ha ajustado a un mínimo legal de diez aperturas. En este ámbito, esta Dirección General ha escuchado siempre a todos los sectores implicados: sindicatos, grandes empresas, asociaciones de comerciantes, consumidores… y, a pesar de que sus intereses son muy contrapuestos, siempre se ha llegado a un consenso de acuerdo con la ley. Nuestra obligación es proteger al comercio minorista y creo que así lo hacemos. Pero creo que la principal competencia del pequeño comercio es el comercio ‘on line’, que abre las 24 horas del día, los 365 días del año.

P.– En el caso concreto de Santander, algunos actores del sector reclaman que para revitalizar el pequeño comercio es necesario facilitar la accesibilidad al centro de la ciudad. ¿La OLA o directamente la falta de aparcamiento penalizan el consumo?
R.– Nunca llueve a gusto de todos. Pero lo cierto es que durante las navidades pasadas se habilitó una línea de ayudas para abonar el aparcamiento a los clientes que comprasen en el centro de la ciudad que no tuvo la repercusión deseada.

P.– Los expertos señalan que la mejora de la competitividad del sector pasa, entre otros factores, por saber aprovechar las sinergias entre comercio, ciudad y turismo. A su juicio, ¿está suficientemente promocionado o aprovechado el turismo de compras?
R.– Creo que hay que apostar de forma más decidida por el turismo de compras. El diseño de itinerarios turísticos comerciales o la modernización del equipamiento comercial de los centros urbanos serán algunas de las iniciativas que vamos a promover para este fin. Es evidente que el turismo tiene un enorme potencial en Cantabria y, lógicamente, hay que saber aprovecharlo. Por otro lado, Sodercan también quiere apostar por esta fórmula con un proyecto ‘Made in Cantabria’ que ponga en valor los productos hechos en la región. Ellos llevan años trabajando por la internacionalización de las empresas y cuentan con ayudas estratégicas para facilitar este proceso a todos los sectores. Y nosotros vamos a trabajar conjuntamente.

P.– Su marca, Teté by Odette, tiene una fuerte presencia en numerosos países. ¿Considera que uno de los ‘pecados’ del sector es precisamente la escasa internacionalización de sus productos?
R.– Es importantísimo vender las excelencias de nuestros productos en el exterior. Debemos potenciar nuestra presencia en los mercados internacionales. Aquí entran también temas como las redes sociales o una buena web shop.

P.– El relevo generacional es otro escollo al que se enfrentan no pocos negocios. ¿Alguna fórmula para fomentar y promover la incorporación de los jóvenes que garanticen su continuidad?
R.– Intentaremos motivar a las nuevas generaciones para que mantengan la actividad de sus negocios familiares. En este sentido, vamos a empezar a trabajar con la Cámara de Comercio en un plan de relevo generacional que haría el papel intermediario, poniendo en contacto a las partes y facilitando su asesoramiento y la tramitación de subvenciones.

P.– El pequeño comercio cumple un rol social y económico destacado pero, sin embargo, no siempre está reconocido este valor social. ¿De quién es la culpa?
R.– No se trata de culpas. Se trata, como ya he dicho antes, de avanzar y adaptarse a las nuevas realidades y hábitos de consumo. El consumidor no siempre tiene razón, pero siempre hay que tenerle contento.

Enrique Conde llegó a la presidencia e CEOE-Cepyme de Cantabria casi sin querer pero con muchas ganas de implicarse y de hacer cosas. Se muestra dialogante y dispuesto a sumar talentos y talantes a una organización que considera la voz y la realidad de la economía en la calle. Proviene de ciencias –es ingeniero de Caminos–, aunque rehúye de los porcentajes, y lleva más de dos décadas de empresario, una profesión en la que asegura que son más importantes los socios que las empresas y en la que reconoce que también le ha ido mal. Le gusta practicar triatlón y que le llamen Quique, y lamenta que, en general, la comunidad no exprese un poco más de cariño hacia la industria.

Manuel Casino |  @mcasino8 | Julio 2019

Pregunta.– Desde que asumió la presidencia hace dos meses ha reiterado su voluntad de dialogar con todos los estamentos implicados con el desarrollo económico de Cantabria. ¿Hace falta recomponer las relaciones con el Gobierno regional?
Respuesta.– Ya he tenido un par de conversaciones con Revilla. Y nos hemos trasmitido la necesidad de hablar las cosas. He percibido ganas de trabajar juntos. Esta comunidad es muy pequeña y no queda otro remedio. Puede ser que en los últimos meses se generara una tensión con el paso de Lorenzo [Vidal de la Peña, anterior presidente de CEOE-Cepyme de Cantabria] a la política, pero fue una situación puntual. La CEOE tiene que ser independiente y creo que nunca ha estado politizada. Además, el Gobierno sabe de mi independencia política. Yo no tengo nada con nadie. Nosotros, por nuestra parte, estaremos encantados de poder ayudarles en lo que sea. Pero deben escucharnos por el bien de Cantabria. Somos la voz de la realidad y de la economía en la calle.

Enrique Conde, presidente de CEOE-Cepyme de Cantabria, durante la entrevista.

P.– Ha defendido que tras superar durante el anterior mandato la complicada situación económica y prestigiar la patronal dentro de la sociedad cántabra, lo que ahora toca es que todas las empresas se vean reflejadas en CEOE-Cepyme. ¿Ese va a ser su principal caballo de batalla?
R.– Posiblemente sí. Porque tal vez esos tiempos no hayan sido los más adecuados para atender a las empresas. A partir de ahí, hay una labor de atraer más empresas a la CEOE. Y de trasladar al Gobierno ideas que nos puedan venir bien a todos. En eso estamos y tenemos dos formas de hacerlo: día a día, atendiendo los problemas que ya existen en diferentes sectores y que hay que tratar de solucionar con una apuesta por el diálogo social; y con una proyección y visión a más largo plazo de esta comunidad en la que tengan cabida las empresas actuales y también las del futuro en un mercado globalizado. Además, tenemos por delante una labor importante de adaptación de las empresas a la robótica y a la industria 4.0. Es una tarea que nos compete a todos: empresas, comunidades autónomas y ayuntamientos. Es cuestión de ponerse las pilas y adaptarse a los nuevos mercados. La empresa tradicional está obligado a hacerlo y nosotros trataremos de ayudarles. O por lo menos dirigirles.

P.– En la presentación de los nuevos miembros del Comité Ejecutivo aseguró que el objetivo era dotar de la máxima representatividad a los distintos sectores que integran el tejido económico de la comunidad. Sin embargo, en este órgano de dirección, a diferencia de los anteriores, no hay ningún representante del sector hostelero. ¿Por qué?
R.– Desde que que estoy en el cargo he hablado dos o tres veces con el presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería. De las problemáticas que afectan al sector. Y le he ofrecido un puesto en el Comité Ejecutivo, pero están pendientes de su propio proceso electoral. Mi relación con Ángel [Cuevas, presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Cantabria] es estupenda. Me parece un buen presidente y que por ello el sector tiene que estar de enhorabuena. Habrá que ver cómo podemos encajar ese puesto en este órgano de dirección. Me gustaría tener un Comité Ejecutivo paritario. Porque considero que la mujer empresaria tiene un mérito muy valorable en esta sociedad. Es una evidencia que ellas lo han tenido más difícil. Por eso le doy mucho valor.

P.– La entrada en vigor de la nueva normativa sobre control horario en las empresas ha llenado de incertidumbre a muchos empresarios, que lamentan que su implantación solo vaya a traer consigo más burocracia, mayores costes y perjudicar las relaciones laborales flexibles. ¿Cuál es su opinión?
R.– Es una decisión unilateral por parte del Gobierno. Tendría que haber contado con la opinión de los actores que participan: trabajadores y empresarios. Creo que es un error. Supone más preocupaciones para los propios trabajadores y existe un descontento total entre los empresarios. No hay un sector que esté contento. Y no hablo solo de Cantabria. Si lo que se pretendía era regular las horas extras, vayamos a por el 2% de las empresas que a nivel nacional no computan esas horas de forma legal. Pero no banalicemos una ilegalidad y la traslademos a todo el empresariado. De este modo no se prestigia el mundo de la empresa ni de los empresarios. No me des, pero no me quites. No existía esa necesidad. Insisto, es un error y más aún cuando el trabajo ha cambiado. ¿Cómo computas el teletrabajo?

P.– Según ha avanzado el presidente Miguel Ángel Revilla, Sodercan volverá a estar bajo el paraguas de la Consejería de Industria. ¿Comparte esta decisión?
R.– Sí. Me parece una buena decisión. Comparto que Sodercan dependa de Industria. Y como opción B, de Economía.

P.– Ha afirmado que el trabajo desarrollado por esta sociedad pública para favorecer la internacionalización de las empresas apenas ha dado resultados. ¿No ha sido una relación clara?
R.– Se ha trabajado pero no ha sido efectivo. Es verdad que se han dedicado recursos y en ese sentido estamos satisfechos. Pero considero que no ha sido efectivo.

P.– No comparte que el Gobierno sea accionista de empresas privadas. ¿En ningún caso?
R.– Para mí, en ningún caso. ¿Dónde pones la línea roja? El Gobierno regional no está para entrar en ninguna empresa privada.

P.– Reclama eliminar lo que Ud. llama ‘listas de espera’ en los diferentes sectores productivos por culpa de los excesivos trámites burocráticos y administrativos. ¿La Administración sigue siendo una maquinaria demasiado lenta?
R.– Los trámites burocráticos que maneja la Administración, y que afectan a empresas y ciudadanos, tienen unos plazos desfasados y fuera de las necesidades que tenemos en el mundo empresarial. Hay lista de espera para todo. Además, en otras comunidades limítrofes utilizan sistemas de ventanilla única que agilizan y facilitan todos estos trámites. En ese sentido, es claro que Cantabria tiene una desventaja competitiva. Dicho esto, creo que sí podemos ser competitivos. No lo somos porque nos hemos quedado atrás estos últimos años. Pero hay empresas cántabras que trabajan fuera y que tienen éxito. Y también trabajadores. Cantabria puede ser tan o más competitiva que el País Vasco. Y tenemos una ventaja: somos una comunidad pequeña. Unirnos, por tanto, debería ser mucho más fácil, aunque en la práctica no lo hagamos.

P.– ‘Cantabria 2030’ es la apuesta de la patronal para modernizar la economía regional. Basado en cuatro palancas, asegura que es un guion inicial para tratar de impulsar la comunidad hacia el futuro al que espera se sumen todos los agentes implicados. Por su parte, el Gobierno regional cuenta con su propio plan de desarrollo y crecimiento. ¿Confía en alcanzar pronto un documento único y consensuado?
R.– Más que un documento único, ‘Cantabria 2030’, es un plan que va generándose y actualizándose con la ayuda altruista de muchos empresarios. Ya hay alguna palanca en la que están trabajando personas del Gobierno regional, de la Universidad de Cantabria y de otras instituciones. Es una apuesta de futuro. ¿Cómo no vamos a contar con el Ejecutivo regional? Se lo damos para que nos facilite su visión. Cualquier aportación es fundamental, venga de donde venga. Veremos quién va ser el nuevo interlocutor.

P.– Ambas partes han coincidido en la necesidad de impulsar la conexión ferroviaria a Bilbao que nos acerque a Europa y el centro logístico en el Llano de la Pasiega. ¿Las deficientes infraestructuras son el principal obstáculo para poder competir en igualdad de condiciones con las comunidades limítrofes?
R.– Sin duda. Así me lo han trasladado las empresas. Es una perogrullada, pero en materia de ferrocarril estamos mucho peor que otras comunidades. La red de carreteras, por su parte, está bastante bien, aunque adolece de terceros carriles. Y el Puerto tiene sus limitaciones geográficas. Desde luego que sería muy interesante contar con un centro logístico que soporte las mercancías del puerto. Llámese Llano de la Pasiega o como se llame.

P.– Ha reclamado que la industria debe ser el motor de la economía de Cantabria. ¿En cifras de negocio y también de empleo?
R.– Sí. La industria es ahora mismo el sector que está tirando de la economía regional. Tenemos capacidad para que más industrias se instalen en la comunidad. Ahora hay que ver qué tipo de industria.  Ahí tenemos el ejemplo de la agroalimentaria. Con todo, creo que hay un desconocimiento del tejido industrial. Hay industrias que no se conocen. Percibo que, en general, existe una cierta falta de cariño por parte de esta región hacia la industria. Debemos apoyar a las grandes industrias para que puedan ampliar producción y plantilla.

P.– ¿La movilidad eléctrica y el cambio climático están en la agenda de la patronal?
R.– El cambio climático es una obligación a nivel nacional. En CEOE estamos concienciados pero nos falta participar más activamente en este asunto. En cuanto a la movilidad eléctrica, efectivamente hay un sector de la automoción en Cantabria que está posicionándose en este nicho de negocio.

P.– Su predecesor en el cargo sostenía que el turismo no aporta valor añadido y sí empleo temporal y precario. ¿Es este también su diagnóstico? ¿Cree que hay que apostar por otro modelo de desarrollo turístico?
R.– Bueno. Es una opinión personal, pero yo no creo que que el turismo no aporte. Quizá lo que tengamos que conseguir es que no sea tan estacional. Aún falta planificación. Hay otro turismo que no es el de sol y playa. Surf, espeleología, montañismo, de congresos, cultural, del sector sanitario… Son actividades que se podrían potenciar de un modo brutal. Y no dependen solo del buen tiempo. Hay un turismo procedente del norte de Europa que no solo busca sol y que haría posible un empleo más estable y de calidad.

P.– Durante los últimos doce meses (de mayo de 2018 a mayo de 2019), Cantabria perdió casi un autónomo al día y los contratos indefinidos cayeron un 13,24%. ¿Estamos ante una paralización de la economía?
R.– En la última asamblea de CEOE dijimos que en la economía se está produciendo una deceleración. Estamos dejando de crecer y apunta a que será así hasta 2021. Depende de cómo hagamos los deberes de aquí a entonces entraremos o no en recesión. Con todo, los factores a tener en cuenta son muy aleatorios. De un lado, está la excesiva burocratización y la ordenación de los sectores para evitar la competencia desleal; de otro, y más a medio plazo, hay que ver cómo resolvemos el problema de las infraestructuras, de los polígonos logísticos…

P.– ¿Le preocupa que el próximo ministro de Trabajo y Seguridad Social pueda ser Pablo Iglesias u otro dirigente de Unidas Podemos?
R.– No especialmente. Pero desde luego que no me gustaría que nadie viniera con ideas felices y decisiones unilaterales. Cualquier medida que se quiera adoptar se debería hablar con la patronal y los sindicatos. Y aunque parezca mentira, en estos últimos años los intereses de una y de otros están confluyendo.

El Instituto Europeo de Innovación y Tecnología, EIT, es un organismo creado por el Consejo de Europa con el objetivo de impulsar la innovación en Europa. Para conseguirlo creó las llamadas KIC, Knowledge Innovation Communities, es decir Comunidades de Conocimiento e Innovación. Una de ellas, el Climate KIC, trabaja para paliar los efectos del cambio climático y, además de sede en Valencia, tiene representación en Cantabria. Cliona Howie del Río, experta en Economía Circular y directora de la antena cántabra de Climate KIC, explica  lo que esta entidad puede ofrecer a las empresas de la región para innovar medioambientalmente.

Cristina Bartolomé |  @criskyraEnero 2020

Cliona Howie, directora de la oficina cántabra de Climate KIC, explica que cada KIC está destinado a promover la innovación para un reto social y que el que ella dirige, que en Cantabria tiene su sede en la Cámara de Comercio, fue uno de los primeros de los ocho que funcionan actualmente, y también el más amplio y con el reto –favorecer la innovación en la lucha contra el cambio climático– más definido. “Nosotros lo tenemos bien claro, el objetivo es mitigar el CO2 mediante una transformación sistémica de nuestra economía y sociedad”. Uno de los cambios que propone es el del modelo de economía, pasando de un sistema lineal a un sistema de economía circular basado en la reutilización de los materiales que evita generar residuos y abarata los costes de producción reduciendo así impactos negativos en el ecosistema.

Pregunta.– Habla de que el objetivo primordial es reducir las emisiones de CO2 y hay una línea roja de aquí a 2030: que la temperatura del planeta no suba más de 1,5 grados centígrados. ¿De qué manera pueden ayudar en ese objetivo iniciativas como la de Climate KIC?
Respuesta.– Se trata de crear mecanismos económicos sostenibles, por ello todos los KICs que existen están muy orientados a la sostenibilidad, no todos trabajan con bajar las emisiones de carbono pero de alguna forma están vinculados. La innovación si no es sostenible no es innovación, dependemos mucho de los recursos de fuera de Europa y la manera de hacer negocios está cambiando, en Climate-KIC estamos muy centrados en ello. Apuntamos muy alto. Que la innovación sea sostenible es una necesidad, no es una cuestión de diseño, sino de supervivencia, para todos los KICs. Creo que están claras algunas cosas como la necesidad de financiar programas de investigación y hay empresas que han de cambiar sus modelos de negocio. Pero los cambios también han de darse a nivel político, tenemos que cambiar en nuestras políticas.

Presentación de la antena de EIT Climate- KIC Spain en Cantabria, el pasado 10 de septiembre.

P.– ¿Cómo se financia el Instituto Europea de Innovación y Tecnología y, en consecuencia, las KIC?
R.– Desde 2014 y hasta 2020 ha recibido para todas las acciones y todas sus líneas de trabajo un presupuesto de 2,4 billones de euros de la UE. El Climate-KIC en concreto cuenta con cerca de 90 millones de euros anuales de presupuesto. Cada Comunidad de Innovación y Conocimiento, cada KIC, tiene su curva de financiación. En Climate-KIC estamos saliendo del pico de la financiación y ya estamos poniendo en marcha nuevas formas de trabajar con otros tipos de inversión, pretendemos llegar a la financiación público-privada. Al principio las KIC están impulsadas por Europa, pero al cuarto o quinto período va bajando esa aportación. La idea es que la Comisión Europa financie el arranque de un modelo para estimular la innovación, pero este impulso tiene que ser sostenible y Climate-KIC  ya está en esa fase. Después de unos años de financiación europea hemos conseguido por ejemplo un acuerdo con el Gobierno de Eslovenia mediante el cual éste financiará un proyecto de economía circular contando con expertos de Europa. Nosotros lo implementamos pero lo financia el gobierno esloveno.

P.– ¿Cómo puede beneficiar económicamente a Cantabria éste impulso para paliar el cambio climático y para alcanzar la economía circular?
R.– La nueva Comisión Europea está 100% a favor de un modelo de economía circular y los nuevos programas de financiación están orientados a ello. Cantabria puede beneficiarse de nuevos programas de financiación si demuestra que está alineada con la estrategia de Comisión Europea. Nosotros, como instrumento de la Comisión, sabemos qué quiere financiar y podemos ayudar al Gobierno y a las empresas a captar esos recursos. Hay que demostrar ese compromiso. Yo en Bruselas, y ante la Comisión, he presentado los pasos que ha dado Cantabria y despertaron mucha atención.

P.– Cómo es el sistema de apoyo económico y subvenciones?
R.– Después de una década financiando la innovación de una forma más convencional, nos hemos dado cuenta de que no es suficiente. Para enfrentar el cambio climático necesitamos cambiar el sistema en que vivimos, desde las políticas hasta la forma en que compramos, nos movemos… todo. Eso se llama transformación sistemática. Climate-KIC apuesta por retos a gran escala y trabajamos mucho con ciudades, regiones o países. En cada caso identificamos los retos y áreas para mejorar la vida de los ciudadanos y al tiempo enfrentar el cambio climático. Toda de nuestra sociedad está relacionado con el medio ambiente: transporte, contaminación, industria, emprendimiento… .

P.– ¿Cuál es la influencia que tiene la acción de los gobiernos frente al cambio climático y, en concreto, la economía circular?
R.– Hay un ejemplo muy claro: pensemos en cómo tratamos los residuos. Esas líneas de acción vienen de los gobiernos. Hay empresas especializadas para ejecutar las estrategias y planes del gobierno, pero hay que matizar que las empresas solo reaccionan ante las políticas, ya que si concurren a concursos públicos tiene que atenerse a determinadas condiciones. Por ejemplo, en el País Vasco todas las carreteras nuevas deben construirse con un porcentaje de cemento reciclado, es una medida que estimula el mercado. Cuando las políticas favorecen eso hay más probabilidad de que las empresas busquen la manera de emprender e innovar, y después tengan éxito en el mercado. Por tanto hay que introducir cambios en las políticas y para llegar a ese punto hace falta formación. En Climate-KIC traemos y transferimos conocimiento desde toda Europa, cogemos lo bueno y lo traemos. Tratamos de acelerar la innovación, porque para superar  ese reto de los 1,5º C y para armonizar una sociedad de bajas emisiones de carbono tenemos que acelerar lo que estamos haciendo. Hay mucho conocimiento y hay que replicarlo en toda Europa y es necesaria una organización que puede facilitar esa transferencia.

P.– ¿Cómo puede influir Climate-KIC en ese proceso?
R.– Somos un instrumento, tenemos oficinas en toda Europa, somos un equipo de 260 técnicos preparados para facilitar estos procesos. Trabajamos en toda Europa y reconocemos las diferencias de las condiciones y contextos para poder codiseñar proyectos de trasformación. Cada KIC tiene una comunidad de socios que incluye universidades, gobiernos, empresas, centros tecnológicos, ciudades… En Climate-KIC trabajamos con todos ellos, en algunos casos financiamos, pero nuestro rol fundamental es evaluar y reconocer lo que funciona para poder traerlo e implementarlo en otros sitios. Algunas de las mayores industrias de Europa son socias nuestras, entre ellas por ejemplo está Ferrovial que creo se beneficia del conocimiento que puede encontrar en nuestro KIC. En cada caso, hay que definir el proceso según el reto. Algunas veces implica definir una estrategia y entonces Climate-KIC puede ayudar a ponerla en marcha, hay que definir cómo se gasta ese dinero público para combatir el cambio climático y como se pueden integrar actividades para el cambio climático en todas las líneas de actuación.

P.– ¿En qué nivel está Cantabria?
R.– Cantabria está comprometida. Estamos iniciando un acuerdo para ayudar a Cantabria para que sea lo más sostenible posible y pensar estratégicamente. Cambiar la política es urgente y el proceso requiere una implicación global, que todas las industrias participen, también los colegios, la universidad, la ciudadanía… hay que diseñar proyectos a nivel de ecosistema y Cantabria es un ecosistema en sí. El estilo de gobernanza diseñado es así, hay que facilitar que Cantabria trabaje además con País Vasco y Asturias. La gestión de residuos, por ejemplo, puede ser macroregional. La idea es que si podemos gestionar todo el ecosistema a la vez, el impacto es mayor y se puede contribuir realmente a reducir el CO2 que se emite. Cuando un gobierno está comprometido ya hay un impacto. Planteamos y diseñamos soluciones a ese nivel para acelerar la disminución del CO2.

P.– ¿En Cantabria hay empresas o industrias que deberían trabajar en este sentido con más urgencia?
R.– En realidad todas las empresas pueden estar vinculadas, porque todas las empresas tienen algún impacto: todas forman parte del ecosistema. Aunque sea una empresa digital, ocupa un espacio, debe conectarse a una red de agua, a la red eléctrica, genera algún tipo de desecho… Es casi imposible no estar relacionado. En Cantabria se firmó un acuerdo entre Sodercan, la Cámara de Comercio y Climate-KIC. Lo que interesa esa usar ese acuerdo para estimular el diseño de un plan estratégico de cambio climático. Uno que ya existe entra ahora en 2020 en revisión y participaremos para mejorar ese plan. Además se quiere diseñar un plan estratégico para la economía circular, que aún no existe, y vincular ambas estrategias. .

P.– Además de al medio ambiente, ¿en qué medida la economía circular puede ayudar a la mejora de la competitividad de las empresas?
R.– La economía circular es un nuevo modelo de economía para aumentar la competitividad, y es el instrumento clave para combatir el cambio climático. En una estrategia circular se repiensa todo el ecosistema, porque se trata de mantener el valor de los materiales dentro del ecosistema sin aumentar los residuos. Ahora funcionamos de una manera lineal: extraemos recursos naturales, producimos algo, compramos materiales, lo usamos y luego lo tiramos. El planeta ya no puede funcionar así. Hay que rediseñar los productos para que se puedan reutilizar, no vale solo el reciclaje. Estamos hablando de algo que va más allá del concepto medioambiental.

P.– ¿Cómo podemos diseñar desde el principio productos que se puedan reutilizar?
R.– La respuesta está en el ecodiseño. Por ejemplo, sin el packaging, el empaquetamiento, evitamos ese problema. La economía circular pone de relieve la forma en la que se hacían las cosas hace una generación: las cosas se hacían para durar y durar. Y es que la forma en la que se fabrica hoy no es sostenible. Por ejemplo el móvil, que se produce con materias primas críticas. La cuestión es cómo diseñar un móvil para que no sea contaminante, y para eso hay que estimular la innovación. No es imposible, hemos llegado a la luna, ¿no?.

P.– Pero a las empresas les puede resultar difícil cambiar sistemas y cadenas de producción.
R.– Pero creo que a todas las empresas les interesa. Hay grandes empresas que ya saben que tienen que cambiar algunos aspectos para mejorar la sostenibilidad y ya están actuando. Hay otras empresas que dependen de ayudas del Gobierno, y saben que si contaminan lo van a pagar. Y hay otras que aún no lo han asumido, pero políticas bien diseñadas les ayudarán a ello. La noticia positiva en Cantabria es que hemos dado los primeros pasos para plantear una economía sostenible. Hemos llamado a líderes empresariales y de gobierno, a ONG y mancomunidades de la región. Entre septiembre y octubre hicimos dos reuniones, percibimos que existe el reconocimiento de que hay que replantearse las cosas y se comprobó el compromiso con el cambio, con la transición. Todos ven el riesgo de seguir con ese modelo lineal en el que los costes pueden llegar a ser muy altos, porque el precio de la materia prima depende muchísimo de factores que están fuera de control. Por ejemplo, empresas de componentes ven que cuando tu negocio es sostenible tienes más posibilidades de sumarte a ese modelo circular en el que ya están grandes empresas. Rediseñando la mejora de tu negocio mejoras la cadena de suministro y tu futuro a largo plazo. También se percibe por parte de inversores. La economía circular no es medioambiental, es de funcionamiento: existe cuando se da una simbiosis industrial en la que un residuo es materia prima o subproducto para otra empresa. Como la madera no usada, o la arena no usada en el cemento, o los tintes en una empresa textil… todo eso tiene un valor y es más barato que buscarlo como materia prima.

P.– ¿Cuál es el siguiente paso?
R.– Este mes empezaremos a trabajar con varias consejerías del Gobierno regional. Haremos también una reunión y presentaremos nuestras conclusiones para facilitar la transición a la economía circular, a raíz de las reuniones anteriores y que abarcan la investigación, el ámbito social, la economía, la gestión… Será un mapeo de hoja de ruta, de cómo se plantea y así elaboraremos la estrategia y las tareas a implementar. Es algo que se diseña con la voz de todos, no es para regular el emprendimiento: hay que plantear una transición que sea justa socialmente, dando oportunidades a todos, sostenible, baja en emisiones de carbono y accesible. Pero se hace en colaboración con todos.

P.– La Unión Europa lleva la iniciativa en éste cambio de modelo pero hay otras instancias que también promueven medidas medioambientales. ¿Por qué recurrir a Climate-KIC y el ITE?
R.– El interés de trabajar con Climate-KIC es precisamente ser una institución que viene de Europa. No hacemos esto para vender, nos vemos como otro actor para trabajar en colaboración y coordinar sinergias. Trabajamos de forma muy unida con la Comisión Europea y somos un instrumento suyo, nos gestionan en Bruselas, ese el formato que tenemos. Por eso podemos compartir información y transferencia de conocimiento entre los países, en todas las direcciones. Trabajamos también con otras instituciones fundamentales para diseñar el nuevo modelo económico, como el World Economic Fórum, el Banco Europeo de Inversiones, Naciones Unidas… este respaldo es otro beneficio que traemos al Gobierno de Cantabria. Yo ya he presentado el caso de Cantabria y ha generado interés, eso solo puede traer beneficios para la región.

P.– Si son necesarias nuevas leyes y acciones, ¿cuáles considera que serían las más positivas para Cantabria?
R.– Hay muchas leyes posibles, pero prefiero no enfocarme en ninguna en concreto porque esta transición tiene que ser algo sistemático, que toca todos los aspectos. Lo que sí puedo decir es que la contratación pública es un importante impulso para la economía circular: los concursos públicos deberían integrar la economía circular entre los requisitos, ya que esto tiene un impacto directo porque son muchas las empresas que dependen de la contratación por parte de las diferentes administraciones públicas. Así se estimula que las empresas concurran con esos requisitos. Esto les impulsa a innovar y cambiar.

Martín Vega Uribarri es desde 2011 la cara y la voz de los ingenieros industriales de Cantabria, un colectivo integrado por unos 550 profesionales que gozan, según defiende, de gran prestigio más allá de nuestras fronteras gracias a una amplia y sólida base de conocimientos que les faculta para adaptarse a la realidad cambiante de las empresas y asumir competencias en todo el ámbito industrial. Funcionario del Gobierno de Cantabria desde 1986, sostiene que su profesión seguirá estando presente en toda la cadena productiva, aunque augura que lo hará de una manera más activa en el área de la relación con el cliente, ya sea pre o post venta. Recién iniciado su tercer mandato, anuncia que trabajará por abrir aún más el Colegio a la sociedad y por atraer a los nuevos titulados. Crítico con el Ejecutivo cántabro, al que reclama que trate a la industria en primera instancia y de forma importante, exige más claridad y definición en los presupuestos regionales para eliminar incertidumbres en el sector y ansía la estabilidad institucional en España que permita al empresario ver hacia dónde va y cómo.

Manuel Casino |  @mcasino8 | Enero 2020

Pregunta.– Uno de los objetivos que se ha marcado en esta su tercera etapa al frente del Colegio es el de promover la colegiación obligatoria, especialmente entre los profesionales que trabajan en la Administración pública. ¿Por qué?
Respuesta.– Porque técnicamente consideramos que la Administración que ordena las funciones de la sociedad debe tener un objetivo principalmente profesional y, por tanto, su actividad debe ser avalada por profesionales colegiados. No podemos olvidar que los informes que estos elaboran tienen valor pericial y resolutivo para el ciudadano, que deben tener a su vez garantía de que estos dictámenes no repercutirán en una mala acción.

P.– Sin embargo, esta colegiación obligatoria choca con los criterios que desde hace años sostiene la CNMC, organismo regulador que en reiteradas ocasiones ha manifestado su oposición a este requisito al entender que restringe la libre competencia en tanto en cuanto no se reforme la Ley de Servicios. ¿Es este también su caso?
R.– Sí, claro. El problema fundamental radica en que España es el único país en el que los colegios son considerados entidades de derecho público colaboradoras de la Administración para garantizar los trabajos técnicos de diferentes profesiones vinculadas a la seguridad. En tanto que en el resto de países europeos lo que existen son asociaciones profesionales. En estas circunstancias puede parecer que somos más intervencionistas pero lo cierto es que, en la realidad actual, los colegios somos hermanos gemelos de esas asociaciones profesionales de otros países. Puede que cuando se crearon en la década de los 50 tuvieran esa connotación de actividad cerrada, pero en este momento no se da está condición restrictiva. Lo cierto es que estamos en una especie de limbo a la espera de que la Administración adapte los colegios profesionales a ese marco europeo. Desde que se aprobara la Ley de Servicios en 2009 ha habido dos o tres iniciativas para adecuarnos a esta realidad europea, pero en todos los casos, cuando llegaba el momento de tomar una decisión en firme, no se ha dado la oportunidad política para resolverlo. En cualquier caso, es claro que todos los colegios que no consigan la calificación de actividad regulada tenderán a desaparecer. Dicho esto, creo que el asociacionismo en este país está aún muy lejos de ser una actividad ordinaria en cuanto a su desarrollo.

El decano presidente del Colegio de Ingenieros Industriales de Cantabria, durante la entrevista

P.– Colegas suyos critican la proliferación de titulaciones que llevan la palabra ingeniero, de las que hay cerca de cuatrocientas entre grado y máster y todos con nombres distintos. ¿Le preocupa esta realidad?
R.– Sí, nos preocupa terriblemente porque la sociedad, al final, no distingue entre unos y otros ingenieros. Y hay muchos. Parece que todos somos un mismo colectivo cuando obviamente no es así. Es verdad que tenemos un marco de competencias un tanto obsoleto y que las nuevas titulaciones universitarias surgidas para adaptarse a las nuevas realidades del mercado lo han hecho sin tener el apoyo legal de las competencias que les corresponden. El problema es que, al no estar ese marco de competencias bien definido, todos somos técnicos y titulados competentes. Hay que entender que el ingeniero industrial, a diferencia del técnico, tiene competencias en todo el ámbito industrial y, por tanto, no tiene que estar, como sí ocurre con aquel, vinculado a una especialidad determinada. Lo que ocurre, en la práctica, es que como es una guerra que nadie quiere asumir, esta manipulación de los términos se traduce en que el usuario de la calle no distingue entre unos y otros.

P.– Ser generalista. ¿Esa es la clave para entender su profesión?
R.– Bueno. La gran diferencia y la buena imagen que los ingenieros industriales españoles tenemos en el exterior es gracias a nuestra capacidad de adaptación en tiempo y conocimiento a cualquier ámbito o área de actividad: directivo, comercial, relación con los clientes, innovación, producción, tecnología… Ese es nuestro gran valor. Esta versatilidad y polivalencia nos hace, además, ser claves y muy eficaces para las pymes a la hora de buscar soluciones a los problemas. Ese es nuestro principal baluarte en Europa.

P.– Pero la ingeniería industrial, como tal titulación en España, apenas cuenta con equivalencias en cuanto a contenidos en otras partes del mundo. ¿Es exportable y sostenible el modelo español?
R.– Desde el propio Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales lo que estamos planteando en todos los foros en los que participamos es la defensa de ese ingeniero generalista con una base de conocimientos amplia y sólida que le permite adaptarse a la realidad cambiante. Por eso creemos que nuestro marco de competencias es el ideal. Para las especialidades ya están los ingenieros técnicos u otras ingenierías específicas. Que nos dejen esa capacidad plurifuncional a nosotros, que en las pymes es fundamental.

P.– ¿Cuál será el sector o actividad empresarial en la que mejor se moverá el ingeniero industrial en un futuro?
R.– Hoy en día las producciones cada vez son más cortas y singularizadas, mientras que las ventas están más tecnificadas. Por eso entiendo que, aunque seguiremos estando presentes en toda la cadena productiva, lo haremos de una manera más activa en el ámbito de la relación con el cliente, ya sea pre o post venta.

P.– El Programa de Orientación Profesional (POP) puesto en marcha el pasado curso por el Colegio y la Escuela Técnico Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicaciones de la Universidad de Cantabria se ha demostrado como una herramienta muy útil para conectar universidad y empresa. ¿Satisfecho de la respuesta que esta iniciativa ha tenido en el mundo empresarial?
R.¬ Sí. Realmente el POP nos ha permitido acercarnos a la universidad y también a la empresa, aunque debo reconocer que nuestra intención inicial era fundamentalmente que los alumnos de último año conocieran el colegio. Estamos realmente satisfechos porque este programa permite que los proyectos de fin de carrera tengan una vida real y de ejecución inmediata. Que los trabajos que estos alumnos desarrollan sirvan para algo, porque así se los plantean las empresas participantes.

P.¬ Ingeniería industrial es una de profesiones con mayor nivel de empleabilidad. Sin embargo, no son muchos los estudiantes que optan por seguir estos estudios. ¿A qué achaca este escaso interés que despierta entre los jóvenes estudiantes?
R.– Tenemos un problema generacional. Estimo que las nuevas tecnologías, las redes sociales y el móvil nos han llevado a una falta de interés por las cosas. Lo tenemos todo tan al alcance de la mano que no nos comprometemos. Vemos la vida excesivamente fácil. Y como el objetivo final es tener una carrera, los estudiantes optan por otras más cómodas. Las ingenierías, en este sentido, no son evidentemente de las más apetecibles.

P.– ¿En qué aspecto considera que el colegio tiene más margen de mejora?
R.– Para el Colegio lo fundamental son sus colegiados. En este sentido, necesitamos tener más capacidad participativa y mayor poder de atracción para los nuevos titulados. Y, por supuesto, abrirnos a la sociedad.

P.– A lo largo de las últimas semanas se han acumulado las malas noticias sobre el sector industrial en Cantabria. ¿La industria necesita mucho más apoyo público, tal y como demandan algunos actores?
R.– Sí. La industria tiene que ser tratada en primera instancia y de forma importante. Si miramos los presupuestos de Cantabria de 2020, ¿hay alguna partida que hable de empresa? ¿Con qué partidas vamos a contar para la industria? Creo que falta claramente una política industrial seria. Las subvenciones están muy bien para desarrollar actividades ya en marcha y ampliar su calidad, pero el problema estriba en la capacidad de atracción de nuevas empresas y de poner en el mercado lo que producen las ya existentes. El presidente de Cantabria ha dicho que va a presentar un plan industrial para 2030. Me temo que pasará como con todos los planes plurianuales, que al final se quedan en cuatro acciones puntuales de pequeño calado. ¿En qué hemos convertido los polígonos industriales? En espacios para grandes almacenes de distribución y pequeños talleres, pero industria como tal, no hay nada. Creo sinceramente que los políticos no demuestran un interés activo por el sector industrial.

P.– Ya que lo menciona, el consejero Innovación, Industria, Transporte y Comercio ha calificado de “transición” el presupuesto de algo más de 85 millones de euros con el que contará su departamento en 2020 ¿Estas son las cuentas que necesita la industria de Cantabria?
R.– El problema no son los 85 millones sino saber qué parte va a ir destinada a la innovación o a la atracción de empresas y al desarrollo de nuevos productos o tecnologías ya existentes. Que nos lo digan. Necesitamos saberlo y el empresario lo está esperando.

P.– Según el último barómetro industrial, el 60% de sus colegas de profesión considera que la situación de la industria en la región es mala o muy mala. ¿Qué opina usted?
R.– No, hombre. Yo soy más optimista. Es evidente que ahora atravesamos un mal momento, que entiendo es transitorio y que tiene una connotación política importante, que deja al empresario en una situación de absoluta incertidumbre. Estamos en un ‘impasse’ a la espera de ver qué ocurre en España. No puedes mirar al Gobierno de Cantabria sin el reflejo del de Madrid. Necesitamos un gobierno que aporte estabilidad al sistema y que permita al empresario ver hacia dónde va y cómo. Dicho esto, y reconociendo que estamos ante una ralentización de la economía, me parece que en alguna medida las empresas están aprovechando la oportunidad para hacer ajustes en sus plantillas. En situaciones de incertidumbre política los expedientes de regulación de empleo se aprueban. Si el escenario fuera diferente, seguramente se hubieran planteado otras opciones. En cualquier caso, en Cantabria hay muchas pymes que están funcionando muy bien.

P.– Cantabria es una de las seis comunidades españolas en la que el peso de la industria se sitúa por encima del 20% del PIB que fija como objetivo la Unión Europea para 2020. ¿Cuáles deben ser los pilares para hacer del sector industrial el motor de la economía regional?
R.– Lo ideal es atraer empresas no contaminantes y ayudar a las siderúrgicas en su transición hacia el nuevo modelo energético. Más no podemos hacer. No cabe duda que una crisis industrial tendría una repercusión social muy importante, sobre todo en el empleo. A diferencia de los años 80 y 90, cuando había una economía mixta, si ahora se produjera una crisis en la industria no habría ningún otro sector capaz de absorber el excedente de mano de obra resultante. El turismo no va a poder colocarlos.

P.– Distintos informes señalan que la industria 4.0 continúa siendo una de las grandes asignaturas pendientes del sector industrial. ¿Lo cree así también?
R.– Sí, sí. En parte también porque el empresario está expectante a ver qué momento es el oportuno para arrancar este proceso. Y ahí es donde más necesita el apoyo de la Administración. Si lo encontrase de forma sólida, estoy convencido de que el ritmo de implantación de la industria 4.0 sería otro bien distinto. Aquí es donde Sodercan debe desempeñar un papel fundamental. No está para dar subvenciones, sino para la promoción e implantación de empresas, aunque las subvenciones puedan ser una de sus herramientas. Creo, en este sentido, que esta sociedad pública debería tener una plantilla más técnica y adaptada a las necesidades de la industria.

P.– El sector de la automoción es responsable de más de una cuarta parte del PIB industrial de Cantabria. ¿Cree que las incertidumbres que pesan sobre el futuro del automóvil pueden comprometer este protagonismo dentro de la industria regional? O dicho de otro modo ¿Juzga que la economía regional depende en demasía de este sector?
R.– Lo ideal sería tener un sector más diversificado. Pero Cantabria cuenta con un subsector auxiliar de automoción muy importante y reconocido desde hace cien años que seguramente sabrá adaptarse a las nuevas circunstancias de producción. Con todo, creo que el resbalón político del Gobierno de España con el diésel ha sido excesivo y un auténtico mazazo para el sector. Nunca he conocido un cambIo sustancial de un proceso productivo en un plazo tan corto, tan exhaustivo y tan inmediato como el planteado por el Ejecutivo central. Pero es verdad que la nueva tipología de vehículos nos va a llevar a un periodo de readaptación que seguramente tendrá una mayor incidencia en las empresas siderometalúrgicas, de matricería y fundición.

P.– La industria depende en gran medida de las decisiones futuras que el Gobierno de España adopte en materia laboral, fiscal y energética. ¿Cuál de ellas le preocupa a usted más?
R.– Singularmente la energética porque tiene una repercusión decisiva en los costes de producción. Y también la laboral, un ámbito en el que los sindicatos tendrán que hacer sus equilibrios para adaptarse. La fiscal, al final, depende de la oportunidad política.

P.– ¿El cambio climático marcará la agenda industrial en los próximos años?
R.– Bien. Es evidente que la industria va a tener que adaptarse en materia de vertidos y de una producción más eficiente y sostenible. De hecho, ya lo está haciendo. Y eso incidirá directamente en los costes. El ritmo al que se haga este proceso lo marcarán al final los políticos. La industria se ha ido adaptando toda la vida. El problema radica en que se promueven muchas normas pero se cumplen muy pocas. Cuando surge un problema, publicamos una normativa pero en ningún caso con un procedimiento de comprobación de si efectivamente se cumple o no se cumple. Y así estamos siempre.

Carlos Crespo Viadero (Santander, 1962) es ante todo un emprendedor. Curtido en mil batallas en el sector hostelero, en el que dio sus primeros pasos hace ya casi cuatro décadas con la apertura del bar ‘El Tubo’, en Solares, su voluntad de afrontar nuevos proyectos y retos le ha llevado a embarcarse solo o en compañía de terceros en más de una veintena de iniciativas empresariales, las más relacionadas con la hostelería, pero con destacadas incursiones en el comercio, el arte o el sector agroalimentario, en el que gobierna satisfecho una cabaña de vacas en Güemes.

Texto de Manuel Casino @mcasino8 Fotos de Nacho Cubero @Nachocuberofoto

Ahora, a caballo entre Santander y Madrid, donde participa de la gestión de algunos de los restaurantes de ascendencia cántabra más reconocidos en la capital de España (‘La Maruca’, ‘La Bien Aparecida’ y ‘La Primera’, junto a Paco Quirós y Teresa Monteoliva), Carlos Crespo está resuelto a seguir dando guerra y anuncia nuevas aperturas (la más inmediata ‘La Carnaza’, en Casimiro Sainz, la que será su segunda hamburguesería). Sincero y cercano, asegura que este ha sido un “buen verano”, aunque con un final “muy abrupto”, y que en sus fogones mandan más hombres que mujeres. Saluda que cada vez haya más cultura gastronómica, que los clientes sean más exigentes y se muestra partidario de horarios laborales más sostenibles en un negocio en el que reconoce que existe demasiada rotación.

Pregunta.– Quirós y Crespo son la cara del Grupo Cañadío. ¿Importa el orden?
Respuesta.– Sí. El grupo lo lidera Paco Quirós. Siempre se planteó así desde el inicio y también mi participación es menor. Mi labor está más vinculada al desarrollo y análisis de negocio, a buscar nuevos locales… Pero la gestión diaria de los restaurantes la lleva él. Yo no sé ni llevar una bandeja. Además, Paco vive en Madrid y yo aquí, aunque al menos voy allí tres días a la semana.

P.– De su mano han llevado el nombre de Santander a Madrid. ¿Hacía falta este acercamiento?
R.– Bueno. Por un lado, nos da una identidad propia a nuestros negocios y, por otro, entendíamos que a muchos madrileños Santander y todo lo que conlleva ese nombre les da buen rollo. Decir Santander te lleva muchas veces a pensar en vacaciones, el mar, el verano, buenos productos… Por tanto, asociarnos a la marca Santander es asociarnos a buenos momentos. Y eso ayuda a arrancar. De algún modo es lo que a nosotros, los santanderinos y cántabros, nos pasa con Cádiz.

P.– Hace unos meses se han hecho cargo de la Cafetería Santander, todo un emblema durante más de medio siglo de la glorieta de Alonso Martínez, que anuncian será la primera cafetería de Madrid puesta al día. Explíquese.
R.– Nos gusta el nombre e incide en lo que somos nosotros. Las cuatro esquinas de la Glorieta de Alonso Martínez tienen que ver con Santander. Tenemos previsto abrir en febrero próximo y seguramente lo hagamos con el nombre de ‘Gran Café Santander’. ¿Por qué esta apuesta? Porque el formato de cafetería, que parece estar un tanto en desuso, nos va a permitir tener una alta rotación desde primeras horas de la mañana: desayuno, aperitivo, comida, vino de tarde y cena. Nuestro reto es precisamente hacer atractivo todos los tramos del día. Y que se coma bien. En el fondo, no deja de ser una restaurante con barra con un horario amplio en el que se sirve de todo. Y en el que, además, puedes quedar a cualquier hora del día.

Carlos Crespo, fotografiado a la puerta de Días Desur, el ultimo establecimiento en incorporarse a la relación de bares, cafeterías y restaurantes que gestiona el empresario hostelero.

P.– En Santander gestiona algunos de los establecimientos con más solera de la ciudad, en los que ha tratado de preservar y mantener su esencia sin renunciar a la modernidad. ¿Se hace necesario mantener viva la memoria?
R.– Es que a mí este tipo de locales me gustan. Eso sí, el que es de verdad y tiene detrás una historia que contar. Entonces, me gusta poner en valor su identidad. Yo no conocí a Víctor Merino [creador de El Riojano], pero trato de seguir sus pasos y continuar, como él hacía, ligando de alguna manera el restaurante a la cultura, el deporte y a la sociedad cántabra. En el caso del Solórzano [el primer bar que abrió en Peña Herbosa, en 1941], es una vermutería que intento mantener con una puesta al día. Este año le quiero dar un nuevo impulso. Desgraciadamente, ya no quedan muchos locales así en Santander. Nosotros damos mucha importancia a la luz, a crear claroscuros y diferentes ambientes.

P.– En su estrategia empresarial apuesta por no repetir marca ni concepto pero manteniendo unas mismas señas de identidad. ¿Qué distingue a sus negocios?
R.– Podríamos repetir alguna de las marcas; de hecho, es una cuestión que no descartamos. Dicho esto, creo que la cocina es nuestro punto fuerte. Apostamos por una comida sabrosa, reconocible, accesible y cercana envuelta en unos locales agradables, bien iluminados y con buena sonoridad. Nos gustan que sean más atemporales que de una moda rabiosa y que sean elegantes pero sin estar nunca por encima del cliente. Por decirlo de otro modo, queremos que nuestros negocios sean coherentes y armoniosos.

P.– En Madrid existe mucha competencia pero también más clientes que consumen de una forma regular a lo largo del año. En Santander, en cambio, el mercado es bastante más pequeño y muy estacional. ¿Dónde es más difícil triunfar?
R.– Triunfar es difícil en todos los lugares. Y, la verdad, no sé si alguien sabe cómo se consigue. Es más, creo que suele ser un malentendido. La hostelería es un mundo de intangibles. A ti te gusta más salado y a mí más soso; a mí el Ribera y a ti el Rioja. Con frecuencia caemos en el error de hablar de la hostelería como si fuera un sector homogéneo. Y no lo es. Hay bares, restaurantes, hoteles, cafeterías en gimnasios… No lo sé. Creo que es muy difícil en todos los casos. Luego, claro, si aciertas, qué fácil se ve todo.

P.– La Asociación de Hostelería de Cantabria anunciaba hace unos días su intención de traer a Cantabria 400 camareros procedentes de Perú ante la falta de profesionales en la región. Este plan ha sido duramente criticado por los sindicatos y por la Consejería de Empleo y Políticas Sociales, que ha recordado que en las Oficinas de Empleo de Cantabria hay más de 4.000 personas esperando un empleo de camarero. ¿Qué opinión le merece este iniciativa?
R.– No conozco el detalle. Pero lo que sí es verdad es que en verano cuesta muchísimo hacer plantillas. Esa es la realidad. En cualquier caso, supongo que la propuesta de la patronal responde a una demanda del sector. A mí, insisto, me gustaría contar con plantillas más estables y mejor formadas. Pero la realidad es otra.

P.– La hostelería ha sido tradicionalmente un sector refugio para muchas personas sin empleo pero también sin ninguna experiencia ni conocimiento del sector. ¿La formación brilla por su ausencia?
R.– No. Yo creo que cada vez hay más formación y más específica aunque, efectivamente, la barrera de entrada a este negocio es nula. A mí no me parece mal que sea así, pero hay conductas que no entiendo. Para un camarero decir no debería estar prohibido. Se puede decir otra cosa, pero nunca no a un cliente.

P.– El sector continúa dando buenas noticias y ya supone cerca del 8% del PIB nacional. ¿Crisis superada?
R.– No, creo que no. En Madrid existe además una cierta burbuja. Da un poco de miedo. Hay muchísima oferta.

P.– Ya que lo dice. España es el país con más bares de Europa, con una media de tres locales por cada 1.000 habitantes, según reflejaba en 2017 el estudio ‘Benditos bares en datos’. ¿Hay espacio para todos?
R.– Mientras haya libre competencia… Es el juego de la oferta y la demanda. No es un mercado regulado. Y el que empieza siempre cree que a él le va a ir bien.

P.– Informes de consultoras especializadas apuntan a que la personalización, el delivery (envío a domicilio), la reserva de espacios como puntos de venta de alimentos o la sostenibilidad en su sentido más amplio (productos de dieta sana, de proximidad, cocina de mercado, uso de renovables, bienestar animal…) serán factores claves que marcarán el futuro del sector. ¿Lo comparte?
R.– Sí, desde luego. Los hábitos de consumo cambian y hay que estar atento a todas esas cuestiones que menciona, especialmente a lo sostenible que cada día tiene mayor importancia. Pero, pese a ello, creo que todavía lo que tiene más valor es la experiencia completa en el local: comida, servicio, atención, bebida, la interacción con otros clientes, la ubicación.. Hay cosas que no se pueden ofrecer por internet ni llevar a casa.

P.– El Gobierno y el sector de las telecomunicaciones lamentan el bajo nivel de digitalización de las pequeñas y medianas empresas españolas. ¿Qué papel desempeñan las herramientas tecnológicas en su modelo de negocio?
R.– El sector ha evolucionado mucho en este aspecto y ya hemos incorporado la digitalización a la gestión. Con todo, creo que aún no le sacamos todo el partido al ‘big data’. En este sentido, no cabe duda de que aún tenemos mucho camino que recorrer. Por ejemplo, relacionarnos con nuestros proveedores de un modo más digital nos ahorraría mucha estructura. Pero debe ser en ambas direcciones.

P.– Las redes sociales, en especial Instagram, son tendencia en la hostelería. ¿No corremos el riesgo de acabar comiendo con los ojos?
R.– Pues sí. Pero lo que más vende en la redes sociales son las fotos de gastronomía. Es lo que hay, aunque debo reconocer que es muy endogámico. Tú sigues a los que te siguen y al revés. Es innegable que tiene una cierta importancia pero aún debemos aprender cómo canalizar ese flujo y convertirlo en ventas. Por otro lado, si no estás en el lío, no estás. Y siempre habrá alguno que esté. Si no lo haces tú, vendrá otro y ocupará tu lugar. Aquí y en Madrid ha habido restaurantes conocidísimos y grandes cocineros de los que ya no se acuerda nadie. Están en cartel los que están.

P.– Un gran higienizante es pagar por lo que uno come. ¿Una comida de tres dígitos es un precio justo?
R.– Sí, puede serlo. En este caso habría que diferenciar entre el precio y el valor. Nadie lleva un Rolex por la hora. Con lo que cuesta te compras cien ‘Casios’, que te la dan igual, o la consultas en el móvil. ¿Y un vino? ¿Cómo es un huevo con patatas? Insuperable. Y un bocadillo de sardinas puede ser lo más sofisticado. Por eso, no me atrevo a ser juez del precio de las cosas. O qué decir del arte. ¿Qué obra es la que vale o no vale? ¿A quién no le gustaría quedarse una noche en el Palace o ir a comer a un restaurante de tres estrellas Michelin? Aunque solo sea por vivir la experiencia.

P.– Después de más de un lustro sin parar de crecer, ¿no siente vértigo?
R.– No, porque espero no haberme subido a ningún lado. Me gusta emprender. Es mi forma de ser y de vivir. Y, si puedo, voy a seguir haciendo cosas. A mí lo que más me gusta es el proyecto. Es cierto que cada local que abres te da miedo; de lo contrario sería un insensato. Vértigo a ese tipo de miedo sí que tengo; pero no en cuanto a estar muy arriba. Me encanta abrir una hamburguesería.

La normativa española para afrontar las insolvencias ha conseguido escasos resultados prácticos, ni como salvaguarda de los intereses de los acreedores ni como instrumento para favorecer la continuidad de las empresas en dificultades. Habituados a trabajar en su aplicación, los representantes de la recién constituida Asociación Profesional para la Administración Concursal en Cantabria achacan este fracaso a una combinación de factores, entre los que tiene un peso importante la cultura empresarial española, pero también cuestiones directamente relacionadas con la letra de la ley, como la protección que garantiza a la deuda con las Administraciones. Dando voz al colectivo, los administradores concursales cántabros confían en poder contribuir a corregir las ineficiencias de la norma, y en trasladar a los empresarios lo que puede aportar como instrumento de gestión.

Texto de José Ramón Esquiaga @josesquiaga Fotos de Nacho Cubero @Nachocuberofoto

El número de concursos de acreedores ha remitido claramente, como un indicio más de la salida de la crisis económica pero también sin que esta figura, pensada para hacer frente a las insolvencias, haya demostrado su eficacia para lograr aquello para lo que fue diseñada: proteger a los acreedores y, al tiempo, ofrecer una salida para que las empresas en dificultades tengan futuro. Ninguna estadística avala que se haya avanzado demasiado ni en lo uno, ni en lo otro, y de ese fracaso también da cuenta la experiencia de quienes más directamente trabajan en la aplicación de la norma, los administradores concursales. Con la situación económica ofreciendo una tregua, los fundadores de la recién nacida Asociación Profesional para la Administración Concursal en Cantabria creen que es el momento de encarar las ineficiencias de la normativa, que tienen que ver tanto con su propia redacción como con la forma en que se aplica, y con la visión que los empresarios tienen de un instrumento que nació para ayudarles, pero que nunca han entendido como tal.

Pregunta.- ¿Por qué una asociación, y por qué ahora, cuando la crisis ha ido quedando atrás y hay menos concursos de acreedores?
Ramón Cifrián (RC).– Somos una provincia pequeña y no somos muchos quienes nos dedicamos profesionalmente a la administración concursal, pero lo cierto es que no teníamos mucho contacto. Solo nos juntábamos en cursos de formación, aceptando un cargo en el Mercantil… Con la crisis en pleno auge, estábamos a otra cosa, ahora hay más sosiego y creemos que es un buen momento para asumir esa labor de representación que hasta ahora no teníamos. Hay que agradecer a uno de nuestros colegas, Jorge Fernández Sanz, la labor que ha realizado para dar impulso y empujar en la creación de esta asociación. Ahora a nosotros nos toca ponerlo en marcha, asumiendo la representación hasta que haya unas elecciones y la asociación comience a funcionar con normalidad.

P.- ¿Cuántos administradores concursales trabajan en Cantabria?
Belén Alonso (BA).- No es fácil saberlo. Básicamente son dos grandes colectivos los que nos dedicamos a esta actividad: abogados y economistas, incluyendo en estos también a los titulados mercantiles. Cada tiene su propia lista de profesionales.
R.C.- En todo caso, hay menos de los que había. Como referencia, hemos pasado de llenar el salón de actos del antiguo paraninfo de la UIMP, en las Llamas, a que cuando ahora organizamos una jornada de formación vayan una docena. No quiere decir que esos sean los profesionales de la administración concursal que trabajan en Cantabria, hay más, pero los que siguen el día a día de esta actividad no serán muchos más que esos. En la lista del Colegio de Economistas puede haber cuarenta o cincuenta, no más. También hay administradores que vienen de fuera, porque cualquier administrador, de cualquier lugar de España, puede atender un concurso.

P.- Mencionan la necesidad de realizar una labor de representación del colectivo. ¿Con qué objetivo?
R.C.- Podemos resumirlos en dos: mejorar aspectos relativos a la propia actividad de la profesión, tanto a nivel interno como para poder influir en reformas legales que mejore la eficacia de la ley y, en un segundo objetivo, conseguir transmitir a los empresarios lo que la Ley Concursal puede ofrecer como herramienta de gestión. La Ley Concursal no nació para cerrar empresas, como desgraciadamente está sucediendo, sino para afrontar dificultades, para que podamos sentarnos y encontrar una fórmula, que puede ser incluso extrajudicial, para satisfacer a los acreedores y que la empresa pueda salir adelante. Esto, lamentablemente, no ha funcionado así hasta ahora. Tener voz, a través de una asociación profesional, esperemos que nos dé una oportunidad para corregirlo.

Sonia Garzón, Ramón Cifrián y Belén Alonso, representantes de la Asociación Profesional para la Administración Concursal en Cantabria, en un momento de la entrevista.

P.- Parece evidente que la Ley Concursal no ha servido como vía para que las empresas salven sus dificultades, pero tampoco para salvaguardar los intereses de los acreedores. ¿Es un problema de la letra de la ley, o tiene más que ver con el uso que se hace ella, con esa cultura empresarial que menciona y que siempre la ha visto el concurso como algo a evitar, y no como un instrumento que puede ayudar a afrontar una insolvencia?
RC.- El empresariado no cree que la Ley Concursal pueda ayudarle. La idea es que si entro en concurso, comercialmente estoy hundido. Eso no ha cambiado con ninguna de las reformas que se han hecho de la ley y es lo que queremos contribuir a cambiar.
Sonia Garzón (SG).- Pero es verdad que, con la propia ley en la mano, es muy difícil cambiar esa percepción y que se vea la norma como un instrumento para tener una auténtica segunda oportunidad, para empresas y personas físicas. Porque cuando se tienen deudas con las administraciones públicas es muy difícil encontrar una vía para esa segunda oportunidad. Eso es un problema de la ley, no de su aplicación o de la cultura empresarial, y es una losa que condiciona todo lo demás.
RC.- Se pide el esfuerzo a los acreedores privados para que sacrifiquen parte de la deuda, o para que alarguen los plazos de cobro, pero hay un estricto proteccionismo a las administraciones públicas. En el último estado de la fase de liquidación, a la que llegan más del 90% de las empresas en concurso, la última oportunidad es segregar una parte de la actividad, o la unidad productiva completa, para que la pueda explotar un tercero. ¿Qué pasa? Que, como bien dice Sonia, las deudas con la Administración se convierten en una losa, y si se deben los seguros sociales de un año de treinta trabajadores, eso lo hereda el nuevo inversor. Lo habitual es que, ante esto, desista. Todos hemos visto empresas con potencial para continuar, con trabajadores y medios para seguir adelante, que se han quedado en el camino. No digo que toda la culpa sea de la deuda con la Administración, pero sí que es un obstáculo muy importante. Y que va en contra de los propios intereses públicos, porque si esos treinta puestos de trabajo no se pierden, los trabajadores no irán al paro y la Seguridad Social seguirá contando con esas cotizaciones.

P.- El caso es que ha habido siete u ocho reformas de la ley desde su promulgación en 2003, y ninguna ha ido en la línea de corregir eso.
R.C.- De hecho han ido en sentido contrario. Porque ha habido jueces intrépidos, por ejemplo en Cataluña, que cuestionaban que la venta de la unidad productiva conllevase la mochila de la deuda con la Seguridad Social, incluso con sentencias. Viendo que había esas referencias doctrinales, una de las reformas vino a establecer claramente que la deuda con la Seguridad Social la heredaba la nueva empresa. Sin interpretaciones. Hemos ido a peor, en ese sentido. No digo que la deuda con la Administración no merezca una protección, pero quizá habría que encontrar un punto intermedio, como sucede con el resto de acreedores. O estudiar caso por caso, que no sea algo inflexible que condicione toda negociación.
B.A.- Cuando precisamente la negociación es la base sobre la que funciona todo el sistema. Puedes plantear una propuesta de pagos a todos los acreedores, salvo a la Seguridad Social y a la Agencia Tributaria. Y aunque cierres un acuerdo con todos los acreedores privados, y pueden ser muchos y por un importe alto, siempre te quedan esos dos, que no negocian. Te pueden dar un aplazamiento, pero no salen de ahí, aplican su propia normativa que es la misma que aplicarían a cualquiera: no hay nada diferente por estar en un proceso de mediación concursal, o ya en concurso de acreedores.

P.- Que los empresarios recurran al concurso solo cuando no queda otro remedio puede indicar, en efecto, que algo no funciona. Pero también existe la percepción de que el procedimiento es caro, y en buena medida por los honorarios que cobra el administrador concursal.
R.C.- Es parte de esa labor de concienciación que queda por hacer, porque esa idea está equivocada: la percepción que se tiene de las retribuciones que reciben los administradores no es correcta. Casos como el de Martinsa-Fadesa, en los que se habló de honorarios de millones de euros, han dejado en los empresarios esa idea de que se pagan grandes cantidades. Pero es que concursos como ese, que por otro lado suponen una ingente carga de trabajo, no son representativos, han podido darse cinco o seis en toda España. Un concurso tipo, que puede durar dos años en el mejor de los casos, porque lo normal es que sea más, supone que el administrador concursal cobre una media de entre 10.000 o 15.000 euros en la fase común. Eso por dos, tres o más años de trabajo y en un concurso de cierto tamaño.
S.G.- Y para sacar adelante un concurso como ese necesitas tener un equipo detrás, no es solo el administrador concursal el que hace el trabajo.
R.C.- Añade a esto que lo normal es que, en un concurso como los que suelen llegarnos, con empresas en muy mala situación, no haya dinero para pagar a nadie, y no cobres. Un administrador concursal es una pieza necesaria y fundamental para que el concurso se tramite y se concluya. Por tanto deberían estar garantizados unos honorarios, los que se estime que sean adecuados, convenientes, justos… Hay un arancel que lo regula, en función del activo y del pasivo. Bien, si esos son los justos, correcto. Pero que se garantice el cobro. Lo que no puede ser es que se nos relegue al último de la fila. El argumento es que igual en este concurso no cobras, pero ya cobrarás en el siguiente. Eso no puede ser.
S.G.- Con todas las reformas que ha tenido la Ley Concursal, lo que está pendiente todavía es el desarrollo del Real Decreto que debería regular el arancel, precisamente. Los legisladores han obviado esa parte, y la jurisprudencia nos ha ido relegando.

P.- Las estadísticas reflejan que en España está aumentando el número de personas físicas, con o sin actividad empresarial, que recurren al procedimiento concursal para ordenar sus deudas. En Cantabria en cambio ese crecimiento no se ha dado, y el número de particulares que utilizan este mecanismo es residual. ¿Hay alguna lectura que hacer de ese dato?
S.G.- Son herramientas que no se están utilizando porque muchas veces el ciudadano no las conoce. Muchos deudores se encuentran en situaciones en las que tienen todo embargado, y no conocen la segunda oportunidad, cuando es una herramienta que puede ser muy útil.
R.C.- Está la cuestión de la falta de conocimiento que se tiene de la ley, en efecto, pero hay otro elemento que influye en el poco uso que se hace de la segunda oportunidad, y que de nuevo tiene que ver con  la retribución: la falta de mediadores. En un proceso de segunda oportunidad, antes de llegar al concurso se pasa por una fase inicial de mediación. Y son casos que se cobran muy mal, o no se cobran. Debería articularse alguna solución, un turno de oficio o similar, que garantice una retribución mínima. Porque yo puedo hacer una mediación, o dos, sin cobrar, pero a la tercera voy a renunciar.

B.A.- En una mediación, si cierras con acuerdo, bien. Has trabajado dos o tres meses, pero has llegado a ese acuerdo. El problema, como dice Ramón, es que la mayor parte de las mediaciones no tienen éxito, y tienes que ir a concurso, con el mismo procedimiento que si hubieras ido a concurso directamente sin pasar por esa mediación, y con todo lo que ello supone de carga de trabajo. Y cobrando, si es que cobras, la parte de la mediación, que es una cantidad muy pequeña. La parte del concurso, gratis. Y un concurso en una persona física puede ser algo más sencillo que una empresa, pero no mucho más: las fases son las mismas, y la carga documental muy parecida.
R.C.- En segunda oportunidad los concursos son siempre de liquidación: venda todo lo que pueda, pague a sus acreedores y a ese señor se le rehabilita. Es un proceso que puede ser más sencillo que en una empresa, en efecto, pero en una empresa tienes el auxilio de un contable, de un administrativo… hay una estructura con la que puedes contar en tu labor. Con las personas físicas te encuentras solo, sin ningún apoyo.

P.- ¿El colapso de los juzgados afecta también a la efectividad de la norma?
R.C.- No hay ya un colapso como el que llegó a existir en los años más duros de la crisis, pero en el caso de la segunda oportunidad sí que hay un problema claro relacionado con esto. Los juzgados especialistas en la Ley Concursal, que son los de Mercantil, pero los concursos de personas físicas que no son empresarios se tramitan ante los juzgados de Primera Instancia. Un juzgado de Primera Instancia de asuntos concursales generalmente no tiene ni idea, porque no tiene por qué tenerla. Eso se traduce en retrasos. La segunda oportunidad es una buena idea, pero que a mi entender se introdujo de una forma un tanto improvisada. No se la ha dotado de estructura, es un edificio que puede crecer mucho, pero que tiene un entramado muy débil para sostenerse. Estamos ante una oportunidad para que se nos escuche, a los administradores concursales, a los jueces, a quienes trabajamos con esto, y para que se realice una reforma con sosiego, ahora que parece que tanto la situación económica como la política tienen cierta estabilidad.

Cerca de cumplir su primer año al frente del Colegio –lo hará el próximo mes de abril–, el decano de esta institución con 1.055 colegiados analiza los desafíos y oportunidades de una profesión que ha recuperado el pulso tras años de profunda crisis. Reclama una revisión de la Ley de Contratos del Sector Público, especialmente en el caso de los contratos menores; aboga por el cumplimiento de los pliegos de adjudicación y por una reducción de los tiempos de tramitación, y defiende el papel de esta ingeniería en el progreso social.

Manuel Casino @mcasino8

Pregunta.– Su compromiso al acceder al cargo hace casi diez meses fue integrar la Universidad, el Colegio y las empresas. ¿Objetivo cumplido?
Respuesta.– Vamos por el buen camino. Tenemos una relación muy estrecha con la Universidad de Cantabria (UC) a través de la Escuela Técnico Superior (ETS) de Ingenieros de Caminos, con la que mantenemos reuniones periódicas todos los meses para tratar de fomentar esta carrera universitaria y analizar, entre otros asuntos, el nuevo plan de estudios o cómo captar alumnos para la Escuela, además de promover iniciativas como el concurso de puentes para estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato. En este sentido, hay que tener en cuenta que esta carrera ha sufrido en Cantabria los efectos perversos de la paralización de la construcción durante los años de la crisis y la existencia de 33 escuelas en toda España, de las que 16, incluida la de la UC, imparten el máster habilitante para obtener la titulación de ingeniero de caminos. En la actualidad, el número de alumnos que cursan este máster en la ETS de Cantabria ronda la treintena, algunos de los cuales proceden de otras universidades sabedores del prestigio que tiene la de Cantabria y atraídos por el Instituto de Hidráulica Ambiental, que es un referente en nuestra escuela. Con las empresas, por su parte, estamos haciendo de puente para intentar conectar a estos alumnos de Máster con la empresa privada.

P.– Además, apeló a la necesidad de poner en valor la profesión. ¿Le preocupa el intrusismo?
R.– No especialmente. Lo que más preocupa es que todas las profesiones técnicas que de algún modo han estado vinculadas a la corrupción y a otras prácticas, como las bajas temerarias o el desvío en los costes iniciales de los proyectos, tenían una especie de mancha. Digamos que existía un cierto desprestigio de la profesión. Además, los colegiados se quejaban de que la sociedad ya no les percibía como profesionales serios, rigurosos y responsables. Lo que hemos hecho en estos meses para tratar de evitar esta percepción es organizar foros y debates sobre actividades relacionadas con nuestro desempeño profesional. Y en eso estamos, en divulgar el papel de la ingeniería y en qué beneficia nuestra labor a la sociedad en su conjunto.

P.– Hacer caminos, tender puentes, abrir canales y llegar a buen puerto. ¿Por este orden?
R.– (Se ríe). Bien, básicamente esta cuestión está relacionado con lo que apuntaba anteriormente. Partiendo de la base de que las infraestructuras constituyen el capítulo principal para el progreso de cualquier civilización, queremos que el trabajo del ingeniero de caminos sea valorado desde un punto de vista técnico, pero también social.  Por delante va la ejecución de la obra y por detrás el trasfondo social y el beneficio para la colectividad. Esto es lo que nos mueve.

P.– Poco antes de acabar el año solicitaba al Gobierno regional impulsar nuevas fórmulas para mejorar la Ley de Contratos del Sector Público y tratar de superar algunas dificultades. ¿Debo entender pues que no esta muy satisfecho con la nueva norma y que el escepticismo que levantó su aprobación aún sigue instalado?
R.– El problema va más allá y no afecta solo a los ingenieros de caminos, sino a cualquiera que sea proveedor de servicios de las administraciones públicas. Esta cuestión es especialmente preocupante en el caso de la adjudicación de contratos menores, en la  que existe una disparidad muy importante en la interpretación. Los distintos ayuntamientos de la región no aplican de la misma manera el criterio de objeto del contrato. Es un problema serio que en algunas ocasiones llega al absurdo al comprometer la compra de simples suministros. Por eso, desde el Colegio proponemos a las distintas administraciones que se revise la ley. Otro punto que nos preocupa y mucho es el de los excesivos plazos que maneja la Administración para adjudicar licencias. Amparándose en la seguridad jurídica, que entiendo sea una premisa fundamental en la toma de decisiones políticas, no puede ser que todo acabe en los tribunales. Sin duda es un tema complejo, pero no cabe duda de que, como sociedad, algo estamos haciendo mal que debemos cambiar.

Ezequiel San Emetario, decano del Colegio de Ingenieros de Caminos de Cantabria.

P.– Aunque esta nueva Ley venía a poner coto a las bajas temerarias, la ambigüedad de su redactado deja la puerta abierta a que esta práctica esté todavía a la orden del día. ¿Es así?

R.– Bueno, lo que sí tenemos claro en el Colegio no es tanto cuál es el mínimo para aceptar una baja como temeraria o no, sino algo más prosaico: que se cumplan los pliegos de adjudicación. Las bajas son un problema en sí, pero creo que el problema real descansa más en el cumplimiento de los pliegos de contratación.

P.– Reclaman que, estructuralmente, las competencias en la elaboración del Informe de Evaluación de Edificios (IEE) les pertenecen a ustedes. Pero muy pocas comunidades de propietarios acuden a ustedes para su redacción y sí, en cambio, a otros profesionales. ¿Por qué?
R.– Vuelve a ser un problema de interpretación de lo que dice la ley. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) lleva emitidas más de una decena de resoluciones en contra de lo que ellos llaman reserva de actividad. Es decir, es partidaria de que no se restrinja la evaluación del IEE a arquitectos y aparejadores porque supone un menoscabo de la competencia. Aunque entendemos que nosotros también somos competentes para la redacción de estos informes, lo que ocurre es que el Tribunal Supremo, al menos hasta ahora, no ha recogido en sus sentencias estas resoluciones de la CNMC. Y como es de competencia autonómica, las comunidades siguen manteniendo el criterio que marca la Ley de Ordenación de la Edificación. En Cantabria, se imparte un máster en rehabilitación y regeneración urbana al que acuden ingenieros de caminos, industriales, arquitectos y aparejadores. Pese a ello, se da la paradoja de que tan solo los alumnos de estas dos últimas titulaciones van a poder hacer el IEE, pese a que los cuatro grupos de profesionales cuenta con la misma formación de excelencia. Es un contrasentido que hay que tratar de corregir.

P.– Una de las funciones más relevantes del Colegio es el visado de trabajos profesionales. ¿Qué formulas plantea para extender este requisito que entiendo ya no es obligatorio?
R.– Lo que estamos haciendo es una cuestión principal: sentarnos con las diferentes administraciones y establecer con ellas convenios de visado para que sea la propia administración la que incentive y exija el visado.

P.– Los PGE de 2019 consignan para el Ministerio de Fomento y las empresas que dependen de él un total de 211 millones de euros de inversión para Cantabria, lo que representa un 8,2% menos que en 2018. ¿Teme que este recorte suponga un cierto parón en la obra civil?
R.– No lo temo ni lo supongo, lo aseguro. Los presupuestos van a ser un parón en la obra civil. Es una cuestión de números. Cuando vino el anterior ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, hablábamos de una inversión de 3.655 millones de euros, aunque es cierto que la mayor parte de este montante, en torno a 2.700 millones, iban destinados al ferrocarril e incluía tramos no solo en Cantabria sino también en Castilla y León. Con todo, le voy a poner dos ejemplos: si el anterior Ejecutivo contemplaba 123 millones para las obras de mejora en la A-67, éste ha reducido esta partida hasta los 38. Y mientras que antes se recogían 350 millones para la ejecución del tercer carril de la A-8, ahora se destinarán 100.000 euros. El argumento del Gobierno actual es que a lo largo de 2019 no va a haber máquinas trabajando y que estas cantidades se van a destinar a redactar proyectos y tramitar las diferentes fases administrativas. Mi pregunta es, ¿por qué van a tardar un año en tramitar la parte administrativa de todas las obras que estaban previstas? ¿Debemos entender por tanto que pasan a un segundo plano? ¿O es que los recursos de Fomento se van a destinar a otras comunidades autónomas? El hecho de que este año no se contemple inversión real en Cantabria invita a pensar que estas obras ya no son prioritarias. Esa es la duda que nos queda a nosotros, pese a que el ministro Ábalos dijo en su última visita a la región que todos los proyectos se mantenían.

P.– En este sentido, ¿cuál es el proyecto que despierta más interés entre los colegiados?
R.– Nosotros creemos que todos son importantes. Le doy otro ejemplo. El acceso al Puerto de Santander, que antes contaba con una consignación de 76 millones de euros, en los PGE de 2019 se reduce a 12,1 millones. ¿Qué antes las obras estaban infladas? No lo sé, pero estamos hablando de infraestructuras básicas para Cantabria que, además, están todas interconectadas entre sí.

P.– El Gobierno central decidió en septiembre pasado decretar la suspensión temporal e indefinida de la obra de los diques de la Magdalena. ¿Comparte la decisión?
R.– Técnicamente, no; y socialmente entiendo que el Colegio no debe ni puede posicionarse en estas obras que son tan controvertidas porque hay tantos puntos de vista como colegiados. En cualquier caso, creo que los diques solucionaban un problema que, de no continuar con las obras, persistirá.

P.– El ámbito laboral del ingeniero de caminos ha cambiado mucho en los últimos años. De estar prácticamente ligado solo a la construcción, ahora su presencia abarca otros campos como las energías renovables, la eficiencia energética, el cambio climático…El campo de juego se ha ensanchado y diversificado. ¿En qué terreno cree usted que se encuentra más cómodo?
R.– En nuestra profesión hay dos tópicos. Que los ingenieros siempre estamos asociados al movimiento de tierras y al hormigón y que, en consecuencia, estamos poco digitalizados. Pero lo cierto es que nuestra formación es mucho más amplia. El caso del Instituto de Hidráulica es, en este sentido, paradigmático. Participamos en la gestión de residuos y de la energía, en la calidad y tratamientos de las aguas… En estos y en otros muchos campos siempre ha habido algún ingeniero de caminos, aunque puede que ahora tengamos más relevancia. Del otro lado y para integrarnos en ese mundo digital, le diré que el Colegio de Caminos en sede nacional ha sido elegido como Oficina de Transformación Digital para ayudar a las pymes a avanzar en su proceso de digitalización.

P.– La CNMC lleva tiempo poniendo en tela de juicio la colegiación obligatoria en determinadas profesiones y defiende que ciertos Colegios sean Asociaciones Profesionales. ¿Es su caso?
R.– No, no es nuestro caso pero reconozco que es un tema complicado. Estamos hablando de la Ley de Colegios Profesionales que regula qué profesionales tienen que estar colegiados por la trascendencia de las funciones que ejercen. Sin embargo, la Ley Ómnibus, aprobada por Zapatero en 2009, tiende a que los colegios desaparezcan con carácter general. Está claro que es tema aún no resuelto. Desde la Unión Profesional defendemos que la colegiación es necesaria como garantía para los ciudadanos de su buen hacer profesional. En este caso, además, coger el caso de Europa no es comparable. Seguramente la sociedad avanza en la línea de que las competencias se solapen entre varias profesiones, pero otra cosa muy distinta es que esto conlleve a la desaparición de los colegios.

P.– Santander debe hacer frente a retos urbanísticos de enorme calado –integración ferroviaria, remodelación del Frente Marítimo, la protección de su franja costera…– Y todo ello con una norma, el PGOU, de hace más de 20 años. ¿Lo encuentra razonable?
R.– No, desde luego que no. En este asunto nos enfrentamos de nuevo al problema de los tiempos de tramitación. ¿Cuántos años puede suponer reactivar el derogado? Lo que ocurre ahora es un auténtico sinsentido. Todos los colectivos vinculados con el desarrollo urbanístico entendemos que el funcionamiento de las ciudades no puede estar pendiente de la tramitación de un PGOU que, por término general, se va a los 15 años. El día a día de las ciudades necesita respuestas dinámicas. Desde el Colegio estamos impulsando una mesa de debate para evaluar las distintas figuras de planeamiento urbano y desarrollo regional para darles sentido espacial y temporal.

P.– Tras años de profunda crisis, la profesión vive ahora años de bonanza. ¿Cómo ve el futuro inmediato? ¿Cree que su profesión es suficientemente valorada?
R.– En relación a su primera cuestión, es cierto que el nivel de paro de los ingenieros de caminos está en torno al 4,6-4,7%, lo que no deja de ser un nivel envidiable. Pero también es cierto que la mayoría de los ingenieros se ha tenido que ir fuera de España a trabajar porque hasta la fecha el volumen de obra era insuficiente para dar cabida a todos los titulados, aunque reconozco que ahora ha vuelto a aumentar. Sobre la segunda parte de su pregunta, le diré que soy de los que piensa que el ingeniero de caminos nunca ha estado desprestigiado. Lo que ocurre es que de un tiempo a esta parte hay otras titulaciones, especialmente las relacionadas con las nuevas tecnologías,  que han despertado un mayor interés entre los estudiantes. La percepción que tenemos es que los alumnos escogen otras ingenierías en detrimento de la de Caminos. Ahora lo que está de moda es lo digital.