CEOE asume la gestión de las prácticas formativas no remuneradas

La patronal cántabra libera a las empresas de la carga burocrática que supone cumplir con las nuevas obligaciones de Seguridad Social sobre las prácticas formativas no remuneradas, en vigor desde el pasado uno de enero, pero lamenta que su implantación no se haya pospuesto al próximo curso escolar, tal y como reclamaban las comunidades autónomas.

Manuel Casino |  @mcasino8 | Mayo 2024

Está resuelto. Las empresas pueden estar tranquilas. CEOE-Cepyme Cantabria ha asumido la gestión de las altas y bajas en la Seguridad Social de los alumnos que realicen prácticas formativas no remuneradas en sus centros de trabajo. De este modo, la directora general de la patronal, Isabel Cuesta, resuelve la incertidumbre y preocupación que los cambios normativos relacionados con la cotización de este alumnado, en vigor desde el pasado uno de enero, habían levantado entre el tejido empresarial de la región.

Las modificaciones, que Cuesta lamenta se hayan convertido en ley con lo que considera muy poca explicación y muy poco tiempo para su internalización por parte de las empresas, suponen a su juicio una “importante carga burocrática” difícil de gestionar para la mayoría de ellas, especialmente para las más pequeñas, además de que incrementan las obligaciones y responsabilidades de las organizaciones en las diferentes enseñanzas regladas que prevean este tipo de prácticas curriculares (FP, formación para el empleo y universidad).

Según explica, la decisión de asumir esta gestión, y liberar así a las empresas de tener que hacerlo, surge una vez que el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes no atiende la petición de las comunidades autónomas de establecer una demora en su aplicación hasta el inicio del próximo curso escolar.

A partir de ahí, continúa con su exposición, “la unidad de FP de la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria nos pide ayuda para tratar de resolver el problema que se les plantea dado el papel fundamental que las empresas desempeñan en la FP –el módulo de prácticas es obligatorio para que los alumnos titulen–. Como nosotros creemos en el valor estratégico de la FP para nuestro tejido empresarial, nos pusimos a trabajar para ver cómo podíamos tramitar las altas, bajas y comunicaciones mensuales a la Seguridad Social de los alumnos”, relata.

Valoración doble

Asumido este reto, la directora general de CEOE-Cepyme hace una valoración doble de estos cambios recogidos en el Real Decreto-ley 2/2023, de 16 de marzo, de medidas urgentes para la ampliación de derechos de los pensionistas, la reducción de la brecha de género y el establecimiento de un nuevo marco de sostenibilidad del sistema público de pensiones.

Por un lado, insiste en que supone una complicación añadida a la de ya de por sí compleja legislación laboral para las empresas y también para los centros educativos, que no están acostumbrados a realizar este tipo de trámites. “Afortunadamente, aquí esta complicación esta superada porque lo gestiona CEOE-Cepyme”, lo que convierte a la patronal cántabra, asegura, “en uno de los pocos ejemplos que en este sentido existen en España”, según destaca.

Del lado de los jóvenes, Cuesta detalla que desde CEOE-Cepyme, en una postura que califica de “nacional”, se ha entendido que con estas nuevas generaciones, que van a tener carreras laborales más tardías, más inestables y con un peor acceso a las pensiones, era “responsable” impulsar este tipo de medidas: “Digamos que es casi una medida solidaria intergeneracional, de apoyo y atención a los jóvenes”, puntualiza.

Obligaciones y derechos

En síntesis, la normativa establece que el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social corresponde a la empresa, institución o entidad en la que los alumnos desarrollan las prácticas no remuneradas, salvo que cuenten con algún convenio o acuerdo en el que se establezca que corresponden al centro de formación responsable de la oferta formativa. Esta cotización consiste en una cuota empresarial por cada día de prácticas formativas por contingencias comunes de 2,54 euros y por contingencias profesionales de 0,31 euros, con una bonificación en este ejercicio del 95%.

La cotización dará lugar a los derechos correspondientes, salvo la protección por desempleo, la cobertura del fondo de garantía salarial y por formación profesional, además de la prestación por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, que tampoco está incluida. Las prestaciones económicas por nacimiento y cuidado de menor, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural, deberán ser abonadas por la entidad gestora, o en su caso, por la mutua colaboradora.

“Las cotizaciones de este curso escolar, que se calcula supondrán un gasto de unos 200.000 euros, las paga el Ministerio –si no lo hubiera hecho, el Gobierno de Cantabria ya había anunciado su disposición a hacerlo en su lugar, según precisa– porque, aunque se trata de un coste pequeño, no quiere trasladarlo a las empresas. ¿Qué ocurrirá el próximo? No sé lo que decidirá el Ministerio, pero me consta que, si no lo hace, la Consejería de Educación tiene previsto cubrirlo”, avanza la directora general de CEOE-Cepyme.

Correcta gestión

Para la correcta gestión de todo el proceso, Cuesta explica que han establecido, conjuntamente con el resto de partes interesadas, un sistema con el objetivo de que toda la información fluya adecuadamente. “La Consejería de Educación coordina en primer lugar con los centros formativos, que son los que mes a mes deben comunicar las horas efectivas de prácticas realizadas por cada alumno, y luego nos remite todos esos datos a nosotros para que los gestionemos y tramitemos ante la Seguridad Social”, matiza.

Pese a ello, la responsable de la patronal reconoce que lo más complejo, hasta que la Seguridad Social ha ido sentando criterio, ha sido saber cómo resolver la gran variedad de casos que se relaciona con los alumnos de FP: “Hay alumnos adultos que trabajan, que están de baja médica, sin papeles a los que hay que garantizar el derecho a la formación… Todavía hay que afinar algunos procedimientos, pero cuadrar una legislación laboral como la nuestra con toda esta casuística no ha resultado nada sencillo. Quizá sea porque la legislación laboral y la educativa, desde el punto de vista de la Seguridad Social, no se conocían suficientemente”, afirma.

En este sentido, abunda en que estas novedades legislativas han supuesto un cambio de modelo y de relaciones con los centros educativos y los alumnos que aún requiere de un tiempo para implementarse y para que la sociedad en general y las empresas en particular entiendan cuál es su papel y el porqué de todo este proceso. “Y creo que se ha hecho de manera acelerada y de un modo un tanto atropellado. En Cantabria, como ya he dicho, lo tenemos resuelto y creo que bien resuelto, pero hay otras comunidades autónomas que van muy lentas”, argumenta.

Además, la directora general de la patronal cántabra reitera la preocupación que esta normativa ha suscitado entre el tejido empresarial dentro de un contexto en el que la legislación laboral, advierte, está sufriendo continuos cambios y aumentos de costes durante los últimos años: “Este no deja de ser un elemento más. Por eso, desde CEOE-Cepyme Cantabria hemos querido tomar la iniciativa y asumir esta responsabilidad ante las empresas asociadas, aunque lo ideal hubiera sido posponer su implementación al próximo curso escolar 2024-25”, recalca.

“Nuestra justificación para dar este paso ha sido dar confianza a las empresas y que el sistema de FP, que es clave para nuestro tejido productivo, no se vea afectado por falta de plazas. Este es un buen ejemplo de para qué sirve CEOE: para dar servicio a sus asociados y también a la sociedad”, subraya.

5.000 alumnos hasta junio

Finalmente, tras subrayar que la colaboración establecida con la Consejería de Educación ha dado mucha seguridad al procedimiento y ha traído tranquilidad y certeza a las empresas, al igual que a los 45 centros públicos y 19 concertados de formación profesional con los que trabajan, Isabel Cuesta destaca que, hasta la fecha, han tramitado ya el alta de 565 alumnos a los que hay que añadir otros 2.350 correspondientes a la convocatoria de abril, mes en el que comienza uno de los dos periodos reglados de prácticas anuales. En total, 2.915 altas, que prevé puedan alcanzar las 5.000 hasta el próximo mes de junio, fecha de finalización del calendario escolar.

“Todos los alumnos van a tener sus prácticas. Eso era prioritario para el Gobierno de Cantabria y también para nosotros”, concluye.