El aniversario con premio de Asepyme

La asesoría cántabra alcanza los 15 años de actividad en un momento marcado por la crisis sanitaria y su desigual impacto en el trabajo, con un aumento en la carga y complejidad de las tareas asumidas, pero también con el desgaste que provoca la difícil situación económica por la que pasan muchos de sus clientes. En ese contexto también hay lugar para las buenas noticias con las que celebrar la efeméride: el despacho, que tiene a Pedro Sainz e la Maza al frente de su departamento jurídico, se ha situado en el primer lugar en el ranking que elabora Emérita Legal dentro de los litigios por incumplimiento de contratos en Cantabria.

José Ramón Esquiaga |  @josesquiaga | Abril 2021

La etapa que se abrió hace un año con la declaración del estado de alarma situó a las asesorías, como a resto del tejido empresarial, ante un escenario desconocido, sin referencias a las que remitirse en el pasado y con un futuro marcado por todas las incertidumbres que planteaba la crisis sanitaria. Sin embargo, y a diferencia de lo que sucedía en otros sectores, todo ello vino acompañado por un fuerte incremento en la carga de trabajo y en la relevancia de la tarea a realizar, convertida muchas veces en vital para la continuidad del negocio de sus clientes. Ese es el contexto en el que le ha tocado celebrar su decimoquinto aniversario a Asepyme, un despacho que ofrece asesoramiento fiscal, jurídico y contable desde sus oficinas de Santander y Torrelavega, y que ha vivido el último año con sensaciones encontradas. Al inevitable desgaste derivado de lo acuciante de los retos a los que se ha hecho frente, se une la conciencia de vivir momentos históricos, que han probado la capacidad de los profesionales que trabajan en firma para enfrentarse a una situación excepcional, y cuya labor ha tenido una incidencia directa en que muchos autónomos y pymes hayan llegado hasta aquí con posibilidades de salir adelante. Y como colofón a todo ello, el espaldarazo que ha supuesto aparecer en lo más alto del ranking que elabora Emérita Legal, y que ha situado a Asepyme y a Pedro Sainz de la Maza, el socio director de su departamento jurídico, en el primer puesto entre los despachos cántabros en la categoría de litigios por incumplimiento de contratos.

Asepyme nació en 2005, inicialmente con una actividad muy centrada en el área fiscal pero casi desde el primer momento con la intención de incorporar profesionales de otras disciplinas, con la idea de convertir la asesoría en un aglutinador de talento. Ser, como explica su fundador, Jesús Pereda, una empresa de servicios  especializados, ofrecidos por profesionales de alta cualificación que se sientan más cómodos trabajando bajo el paraguas de la marca, en lugar de hacerlo de forma autónoma. La trayectoria de la asesoría es el principal aval en ese objetivo de atraer talento profesional: en su origen muy vinculada al emprendimiento, Asepyme ha crecido acompañando los proyectos que contribuyó a poner en marcha, dando forma a una cartera de clientes en la que hay desde quienes reciben asesoramiento para poner en marcha una empresa a pymes que requieren servicios más técnicos, pasando por todas las categorías intermedias entre unos y otras: “Sabemos atender al emprendedor en lo que necesita para arrancar y acompañar al empresario en lo que requiere el día a día de su actividad”, señala Pereda.

Acompasada con ese acompañamiento a los clientes en sus proyectos, la historia de Asepyme en estos años es en gran medida el relato de los avatares por los que han pasado las empresas en un tiempo marcado por dos crisis: la actual y la que se vivió con el estallido de la burbuja inmobiliaria, a partir del año 2008. Dos momentos que tienen en común la brusca caída de la actividad y las dificultades que ello ha provocado en las empresas, pero poco más. Son muy diferentes las medidas tomadas desde la Administración para enfrentarse a una y otra, y completamente distintos, también, los sectores más afectados entonces y ahora. La hostelería y el comercio son hoy los que más han sufrido el parón económico, por más que este haya alcanzado de una u otra forma al conjunto de la actividad. En todo caso, una y otra circunstancia –la respuesta de la Administración ante la crisis, y el perfil de las empresas en dificultades– han situado en primera línea a las asesorías, y particularmente a aquellas que, como Asepyme, tienen a autónomos y pequeñas y medianas empresas como principales clientes.

“Este último año ha sido extraño para todos”, resume Jesús Pereda, que destaca la labor realizada con los clientes, que ha ido mucho más allá de lo habitual en otras circunstancias: “Los empresarios buscan consejo y asesoramiento, pero muchas veces también un apoyo sicológico frente al desánimo”. La habilitación de herramientas como los ERTE o los créditos ICO, que el director de Asepyme valora como muy positivas, ha elevado la carga de trabajo y de responsabilidad de las asesorías, al tiempo que cumplía el objetivo de mantener el empleo y las posibilidades de futuro de empresas que, en una situación como la actual y sin el uso de esos instrumentos, se verían abocadas al cierre.

La tramitación de ERTEs e ICOs, la preparación de la documentación necesaria para ello y el asesoramiento sobre su uso y alcance han centrado buena parte del trabajo de Asepyme desde la declaración del estado de alarma, hace ahora un año, y las previsiones apuntan a que no cedan protagonismo en los próximos meses. Junto a ello, apuntan los responsables de la asesoría, se espera un nuevo incremento de la carga de trabajo derivado de la preparación de documentación para acceder a las ayudas habilitadas a las empresas que han sufrido el impacto de la crisis de forma más directa y, para aquellas que se encuentren con problemas para hacer frente a sus compromisos de pago, la tramitación de los instrumentos habilitados para enfrentarse a las insolvencias. En este último ámbito, que será fundamental para evitar que la crisis  provoque la desaparición de empresas viables y expulse del mercado a centenares de autónomos, se han producido algunas novedades que Pedro Sainz de la Maza considera que pueden tener una gran relevancia de cara a conseguir ese objetivo.

El socio director del departamento jurídico de Asepyme cree que la conocida como ‘Ley de Segunda Oportunidad’ –que regula los concursos de acreedores para personas físicas– ha estado hasta ahora lejos de poder cumplir la función que le da nombre, en gran medida por una circunstancia que se está viendo corregida por algunas sentencias de los juzgados de lo mercantil: la condición privilegiada que tenían las deudas con Hacienda y Seguridad Social, que imposibilitaba quitas y aplazamientos e impedía el borrón y cuenta nueva para buena parte de quienes podrían beneficiarse de no norma. “La ley está pensada para aquellos acreedores de buena fe que, por circunstancias sobrevenidas, han visto imposible hacer frente a sus deudas. A la vista de su patrimonio, el juez determina la cantidad que puede pagar y en qué plazo, y le libera del resto. El problema es que se excluía a las deudas con la Administración, y eso hacía imposible alcanzar el objetivo que se persigue, que es permitir la vuelta a la actividad de quienes de otra forma no podrían hacerlo”, señala Sainz de la Maza, que celebra que los tribunales estén corrigiendo lo que considera una situación perjudicial para todas las partes, permitiendo que el autónomo pueda poner el contador a cero y volver a trabajar, y dando a la Administración la oportunidad de recuperar la cantidad condonada gracias a las cotizaciones y el empleo que genera esta vuelta a la actividad: “Las leyes siempre son estáticas y cuesta cambiarlas, pero los jueces las adaptan a las circunstancias. Este me parece un caso evidente de buen criterio judicial”.

Teniendo en cuenta la situación en la que están ahora mismo buena parte de los autónomos de la hostelería y el comercio, los responsables de Asepyme están convencidos de que la Ley e Segunda Oportunidad va a tener muchas ocasiones de ponerse a prueba en el futuro más próximo, y que la jurisprudencia creada por las sentencias que han exonerado una parte de la deuda con la Administración a algunas personas físicas –una de las últimas, la emitida por el juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Huesca, remitiéndose a otras similares de juzgados de lo Mercantil de Madrid y Barcelona– sientan un buen precedente para que la crisis no suponga un punto final para muchos empresarios. “La condonación nunca será total, y para que pueda producirse es necesario acreditar la buena fe y que se ha hecho todo lo posible para pagar, pero va a ser posible conseguirla en muchos casos, porque los autónomos en España son pagadores y tienen afán de continuidad”, señala Pedro Sainz de la Maza, que destaca que, para lograrlo, es necesario hacer una valoración de todos los bienes del acreedor, acreditar que se ha pagado todo lo que ha sido posible y que se han puesto todos los medios para evitar la situación de insolvencia: “Es un procedimiento de gran carga jurídica, pero que también exige la participación del departamento económico de la asesoría. El éxito de un trabajo de este tipo depende en gran medida de esa labor conjunta, y nuestra ventaja es que contamos con un equipo multidisciplinar que nos permite asumir todas las tareas desde el despacho”, señala el director del departamento jurídico de Asepyme.