El deporte base se tambalea

La regularización laboral que pretende el Gobierno de todas aquellas personas que colaboran en el ámbito de las entidades deportivas sin ánimo de lucro pone en serio riesgo la supervivencia del deporte aficionado en nuestro país. Y es que, dar de alta en la Seguridad Social a jugadores, delegados, entrenadores, coordinadores o directivos puede disparar los costes fijos de estos clubes hasta en un 200%. Por lo pronto, ya se han producido las primeras huelgas, y no se descartan nuevas medidas de presión.

Texto de Jesús García-Bermejo @chusgbh Publicado en marzo de 2015

A mediados del pasado mes de febrero cerca de 10.000 partidos de fútbol pertenecientes a competiciones organizadas por diferentes organismos autonómicos fueron suspendidos como protesta por la regularización laboral que pretende el Gobierno de todas aquellas personas que colaboren en el ámbito del deporte aficionado: monitores, entrenadores, delegados, coordinadores, jugadores… La huelga tuvo un seguimiento del 100% en todos los encuentros pertenecientes a las federaciones de Asturias, País Vasco, La Rioja, Cataluña, Extremadura, Castilla y León, Ceuta, Melilla, Canarias y Cantabria. En total, 332.404 deportistas federados y 19.410 equipos de fútbol base en las categorías masculina, femenina y fútbol sala no compitieron en lo que podría ser el primer episodio de un culebrón que parece que va para largo. Y es que, el propio presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar, ha advertido que la protesta se extenderá a las ligas de Primera y Segunda División si no hay novedades al respecto, sin olvidar que, al afectar la normativa a cualquier entidad sin ánimo de lucro, otros deportes se podrían sumar a un hipotético plante.

La postura del Gobierno

Dados las recientes parones y el espacio que los medios de comunicación han dedicado a la noticia en las últimas semanas, podría parecer que la polémica nace a colación de una ley de reciente creación. Nada más lejos de la realidad. De hecho, ya en 2012 se realizaron inspecciones laborales en clubes catalanes y malagueños y, ante las numerosas sanciones impuestas por el no cumplimiento de dar de alta a los colaboradores y trabajadores de los equipos, se decidió que estos aspectos quedasen aparcados hasta la realización de un riguroso análisis.

En este sentido, la disposición adicional decimosexta de la Ley 14/2013 de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización incluyó un breve párrafo en el que se indicaba que, 4 meses después de la aprobación de la normativa, el propio Gobierno procedería a la realización de un estudio de la naturaleza jurídica y, en su caso, del encuadramiento en el campo de aplicación de la Seguridad Social de la actividad desarrollada para los clubes y entidades deportivas sin ánimo de lucro, cuando la misma pudiese considerarse marginal y no constitutiva del medio fundamental de vida. Así, en enero de 2014, se constituye un grupo de trabajo integrado por miembros del Consejo Superior de Deportes (CSD) y del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el cual presenta, meses más tarde, las conclusiones a la Administración en un amplio y detallado informe.

Partiendo de lo dispuesto en el Estatuto de Trabajadores, y ante la dificultad de poder ignorar el carácter laboral en la prestación de servicios que une a estas entidades con sus empleados, el estudio propone regularizar la relación entre las partes por medio del contrato a tiempo parcial. Además, teniendo en cuenta la complejidad que existe para diferenciar los conceptos de remuneración y compensación de gastos, se establece que solo tendrán naturaleza compensatoria las cantidades que no excedan los costes reales que el deportista tiene que soportar por la práctica de su actividad, y recae sobre la entidad la responsabilidad de probar tal circunstancia. Sin embargo, que el club o el trabajador lo consideren contraprestación o compensación no será vinculante ni para la Administración ni para los tribunales, pudiendo ser la periodicidad y la uniformidad en esos pagos un indicio de su naturaleza retributiva, dada la irregularidad y variabilidad propias de cualquier abono que se realice con el fin de cubrir costes.

Así las cosas, independientemente de la cantidad percibida, todo voluntario que colabore con un club no profesional, ya sea monitor, entrenador, delegado, utillero, coordinador, secretario o jugador, deberá ser dado de alta en la Seguridad Social del mismo modo que cualquier trabajador en una sociedad, con los costes que ello pudiese suponer, una postura que, en palabras de Miguel Cardenal, presidente del CSD, solo pretende salvaguardar el Estado de bienestar. “No regularizar una relación laboral mediante los mecanismos previstos es economía sumergida, y que haya personas que no tengan la obligación de cotizar sería enviar un mensaje muy negativo a los españoles –considera–. Se trata de aplicar la legislación vigente, que no se ha modificado, y toda retribución estable, fija y periódica, más allá de la cuantía, tiene que estar registrada y controlada. Estamos para apoyar y dar protección al deporte base, pero haciendo las cosas bien, y ni el fútbol ni cualquier otro ámbito pueden ser un departamento estanco en el que no rigen las leyes que el resto sí debemos cumplir”. Así mismo, en aquellos casos que se trate de una compensación de gastos, el máximo responsable del CSD ha recordado que, quienes hagan labores voluntarias deben formalizar tal relación en un contrato especial en el que es sencillo justificar que el dinero percibido se destina a cubrir los distintos costes.

La postura de los clubes

La reacción llegaba casi medio año después de la presentación de las conclusiones del citado estudio. Concretamente, el 1 de enero, coincidiendo con la entraba en vigor la Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades, la cual, como su propio nombre indica, establece que toda entidad debe tributar en el impuesto de sociedades. Este nuevo revés, según se asegura desde la Federación Cántabra de Fútbol, fue la gota que colmó el vaso, al obligar a los clubes deportivos a subcontratar servicios profesionales que les permitan llevar una contabilidad infinitamente más compleja. Y todo a pesar de su escasa incidencia sobre las arcas del Estado. “Muy pocos equipos llegan al mínimo establecido para abonar cantidad alguna, pero, de aplicarse la normativa a las entidades deportivas sin ánimo de lucro, sus gastos y complicaciones se iban a multiplicar –afirma Guillermo Nalda, secretario y asesor jurídico de la Federación Cántabra de Fútbol–. Al menos, atendiendo a las declaraciones del señor Montoro, parece que se va a retroceder en este aspecto, lo cual supone un pequeño respiro para todos nosotros”.

Y es que, a la caída de los patrocinios y al recorte de las subvenciones destinadas al fomento del deporte base, males que se vienen arrastrando desde hace años, hay que sumar ahora las nuevas obligaciones y la disminución en un 26% de las ayudas derivadas de los ingresos de las quinielas, las cuales tradicionalmente se destinaban a financiar la construcción de infraestructuras para el balompié amateur. Así mismo, la Federación Española de Fútbol ha alzado la voz para protestar por el real decreto sobre comercialización centralizada de los derechos audiovisuales de las competiciones profesionales, normativa que, en su opinión, obvia por completo los intereses de las categorías más modestas.

En nuestra región, al igual que en el resto de comunidades autónomas del país, solo el fútbol ha optado por parar la competición, no en vano, con más de 14.000 licencias, representa casi el 30% de las 50.000 que entre todos los deportes aficionados existen en Cantabria. Y a nivel nacional, son 680.900 los jugadores afiliados, con un total de 19.000 clubes y unos 550 millones de euros de gasto anual. “Esto supone, directamente, la desaparición de una buena parte de los equipos no profesionales del país, porque dar de alta a sus colaboradores y abonar las cotizaciones y retenciones dispararía los costes fijos de estas entidades hasta en un 200%, haciéndolas del todo inviables, incluyendo a las secciones inferiores y las escuelas deportivas –sentencia Guillermo Nalda–. Y no estamos pidiendo funcionar al margen de la ley, sino que se desarrolle una normativa propia para el deporte aficionado, al igual que se hizo, sin ir más lejos, con las empleadas del hogar. Ya hemos trasladado al Gobierno nuestra voluntad de sentarnos para tratar de alcanzar un acuerdo, porque tampoco vemos lógico plantear un marco regulatorio sin tener en cuenta la opinión de los principales afectados”.

La Federación Cántabra de Fútbol ha llevado a cabo su propio estudio, y en él, como no podría ser de otra manera, las conclusiones son muy distintas de las que figuran en el desarrollado por el CSD. Así, se apunta a la imposibilidad de que las personas dadas de alta puedan percibir otras prestaciones, como ocurre en el caso de funcionarios, desempleados o jubilados, los cuales, en palabras del asesor jurídico del organismo, realizan buena parte de los trabajos diarios en los clubes modestos de la región. Del mismo modo, se llama la atención sobre la imposibilidad de desgravar el IVA consumido en las compras o adquisiciones realizadas y se recuerda que la responsabilidad de las infracciones que pudieran derivarse del incumplimiento de las obligaciones exigibles recaería personalmente sobre los directivos de estas entidades, un aspecto este último que solo en Asturias ha provocado la renuncia de más de 3.000 miembros de distintas juntas en los últimos 4 años.

Aunque, según el secretario de la Federación, en Cantabria aún no se han realizado inspecciones de trabajo en entidades deportivas sin ánimo de lucro, lo cierto es que estas ya están teniendo lugar en distintos puntos del país, y hay que recordar que las sanciones son las mismas que para cualquier sociedad que incumpla las obligaciones de dar de alta a sus empleados. Por lo pronto, no parece que vayan a producirse novedades en la regulación planteada, al menos a corto plazo, y más atendiendo al cruce de acusaciones que se viene produciendo entre el CSD y la propia Federación Española de Fútbol. Para los primeros, las huelgas responden a una venganza personal del presidente del organismo por el recorte de los fondos de las quinielas y el reparto de los derechos audiovisuales; para los segundos, la aplicación de la Ley de Emprendedores al mundo del deporte base solo responde a una intención política por parte del Gobierno de elevar las cifras de empleo y sostener así la disminución del paro en pleno año electoral, incluso otorgando la categoría de trabajador a personal que no gana más que para cubrir sus gastos.

Con todas las dudas sobre el resultado final, lo único que por ahora parece claro es que este partido se resolverá en la prórroga.