El ‘kit digital’ pone a prueba las ayudas de Europa

Aunque los fondos de recuperación y resilencia ya se han utilizado en programas relacionados con la eficiencia energética en edificios o con la movilidad, la ayuda al mantenimiento del empleo en micropymes y el llamado ‘kit digital’ son los primeros programas en los que su uso supondrá aportaciones directas a las cuentas de las empresas. Será también la primera vez que se pondrá a prueba el funcionamiento de los mecanismos para promocionar, gestionar, controlar y hacer efectivas las ayudas, con el reto de cumplir uno de los principales objetivos con los que se han diseñada los fondos europeos: que el dinero llegue rápidamente a la economía real. El ‘kit digital’, que cuenta con un presupuesto de más de 3.000 millones de euros y un millón de empresas potencialmente beneficiarias, publicó en marzo su primera convocatoria, que sirvió como auténtica piedra de toque para calibrar el funcionamiento de todo el sistema. Destinada a empresas de entre 10 y 50 trabajadores, la ayuda se agotó rápidamente, algo que puede repetirse en las convocatorias de los próxios meses, destinadas a las empresas más pequeñas y a los autónomos.

José Ramón Esquiaga |  @josesquiaga | Abril 2022

El fogonazo de las grandes cifras, y el anuncio de los proyectos a los que pueden dar lugar, deja un amplio espacio de sombra donde, lejos del ruido mediático y fuera del foco del interés político, se mueven quienes más directamente viven las incertidumbres del mercado y de los que depende, en último término, la toma de decisiones para hacerles frente en las mejores condiciones. Con las millonarias inversiones en juego en La Pasiega y el Mupac –por mencionar dos de los que no han pasado el filtro europeo– o en Solvay y la Central de San Miguel de Aguayo –si nos referimos a alguno de los que está pendiente de esa aprobación– podría discutirse la relevancia de aportaciones de entre 2.000 y 12.000 euros destinadas a financiar actuaciones con presupuestos no mucho mayores de esa cantidad, pero es precisamente ahí donde los fondos europeos para la recuperación van a poner a prueba su capacidad para cumplir con los objetivos para los que han sido diseñados. También es ahí, en la capilaridad de las aportaciones destinadas a pymes y autónomos, donde tendrá su verdadera piedra de toque todo el mecanismo diseñado por la UE para hacer llegar esos incentivos a la economía real, garantizando que todo se haga conforme a los fines para los que se ha diseñado este mecanismo pero, al tiempo, evitando que la carga burocrática de todo el proceso frene la puesta en marcha de proyectos o, en lo que sería el principal riesgo, queden sin emplearse recursos por falta de actuaciones susceptibles de optar a estas ayudas. Aunque habrá nuevas oportunidades para hacerlo, la apertura del primer plazo para presentar solicitudes al llamado ‘kit digital’, el pasado 15 de marzo, ha dado una primera oportunidad para calibrar el funcionamiento del sistema, que tiene en ese programa el desafío de distribuir 3.067 millones de euros entre un millón de potenciales beneficiarios, y conseguirlo en un plazo de menos de tres años.

El compromiso de la UE para aportar financiación que contribuya a la transformación económica en la era postcovid ha supuesto ya inyecciones de capital en programas como los destinados a la mejora de la eficiencia energética de los edificios o los planes para la renovación de la flota de vehículos, pero con el kit digital será la primera vez que estas aportaciones vayan directamente a financiar la adquisición de productos y servicios por parte de las empresas, con el consiguiente impacto en el mercado tanto en la parte de quienes ofertan como en la de quienes los demandan.  La diferencia es relevante por cuanto se pondrán en juego aquí alguna de las características que definen el funcionamiento de todo el sistema, y que marcan distancias con otras convocatorias. Entre estas, probablemente la más significativa sea la referidos a la forma de seleccionar los beneficiarios, que no será a partir de un baremos que puntúe determinados criterios, sino por lo que se conoce como concurrencia no competitiva: esto es, las cantidades se repartirán siguiendo el orden de llegada de las solicitudes, entre las empresas y proyectos que cumplan los criterios para ello y hasta que se agoten los fondos de cada partida. Se busca con ello dar la máxima agilidad a todo el proceso, que el dinero llegue rápidamente a sus destinatarios y que las empresas acometan cuanto antes las inversiones que deberían contribuir a la mejora de su competitividad y al tránsito a una economía más digitalizada y sostenible.

Como prólogo al ‘kit digital’, y manejando claves muy similares a este en cuanto a su sistema de gestión, la Dirección General de Trabajo del Gobierno de Cantabria abrió una línea de ayudas para el mantenimiento del empleo y la continuidad de la actividad de autónomos y micropymes que se enmarca también en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La expectación generada por esta iniciativa, que aportará a quienes resulten beneficiarios de la misma una cantidad de 5.000 euros, ha llevado a que se contasen por cientos los asistentes que, de forma presencial o virtual, tomaron parte en la jornada organizada por la Cámara de Comercio de Cantabria para dar a conocer el programa, celebrada el 31 de enero y que tuvo una segunda edición días más tarde para resolver las dudas planteadas.

Con un planteamiento que plantea ayudar al mantenimiento del empleo favoreciendo las inversiones en transformación digital y en sostenibilidad, la ayuda diseñada por la Consejería de Empleo y Políticas Sociales y gestionada por la Dirección General de Trabajo tiene un cierto componente híbrido, una característica que ha sido la principal fuente de dudas y motivo para gran parte de las consultas realizadas por los asistentes a la doble jornada de la Cámara de Comercio. A diferencia de convocatorias anteriores con el mismo objetivo –el mantenimiento del empleo–, en el que el criterio de concesión es que, tras un determinado periodo de tiempo, la empresa beneficiaria tuviera un número de trabajadores igual o superior al del momento de solicitar la ayuda, aquí a esta condición se une la puesta en marcha de un plan que contribuya a avanzar en la digitalización o en la sostenibilidad de la actividad.

La actuación, que cuenta con un presupuesto de 5,2 millones de euros –4,4 a utilizar este año, y 821.000 el que viene–, está dirigida a micropymes y autónomos, además de a sociedades laborales, lo que abre un enorme campo de posibles destinatarios. Según los cálculos de la consejería, pueden optar a esta línea de ayudas las 13.500 empresas de menos de 10 trabajadores que existen en Cantabria, además las 200 sociedades laborales y cooperativas y los 42.000 autónomos de la región. Teniendo en cuenta el presupuesto y la cuantía de lo que se aportará –los 5.000 euros por empresa o autónomo– los fondos alcanzarán para poco más de un millar de perceptores, lo que invita a pensar que esta línea de ayudas se agotará rápidamente.

Quienes aspiran a estos fondos deberán haber presentado, antes del cierre del plazo, un plan con las actuaciones a acometer y una explicación de la forma en que estas pueden contribuir al mantenimiento del empleo. Al tratarse de concurrencia no competitiva, estos planes no serán objeto de una puntuación de la que dependa quienes reciban o no las ayudas, ni tendrá tampoco valor para descartar a nadie, si bien desde la Dirección General de Trabajo se puede requerir al solicitante que subsane errores en el documento presentado. En la práctica, esto último puede afectar directamente a las posibilidades de acceder a la ayuda, dado que la solicitud a corregir pasaría a la última posición entre los peticionarios y vería muy mermadas así sus opciones de conseguirlo. “Lo que nos ha trasladado desde la consejería es que los planes deben ser muy concretos, con un detalle claro de lo que va a hacerse, cuándo cómo y con quien, y valorando especialmente que incluya acciones formativas para los trabajadores, esas serían las claves para que se dé curso a la solicitud”, explica Francisco Javier Dueñas, responsable de la Oficina Acelera Pyme de la Cámara de Comercio de Cantabria, que recomienda seguir esas indicaciones y evitar generalidades e incongruencias: “El programa no dice en qué te tienes que gastar los 5.000 euros de la ayuda, pero conviene ser coherente, no sería lógico presentar un plan que prevea un gasto de 100 euros”.

La Cámara de Comercio, como CEOE-Cepyme de Cantabria, es una de las sedes que tiene en la región el programa Acelera Pyme, la iniciativa a través de la que Red.es canaliza las acciones encaminadas a la transformación digital de las pymes. A diferencia de lo que sucede en el caso de las ayudas gestionadas por la Dirección General de Trabajo, donde la Cámara ha jugado solo un papel de colaborador en la difusión de la iniciativa, en el caso del kit digital le ha correspondido tanto el papel de dar a conocer el programa como, una vez este se ponga en marcha, la verificación de toda la documentación necesaria para que los bonos lleguen a las empresas. Muy por delante de la referencia que pueda ofrecer el programa de ayudas de la Dirección General de Trabajo, el del ‘kit digital’ va a suponer una auténtica prueba de fuego para valorar la capacidad de los fondos europeos para llegar a las empresas más pequeñas, aquellas que, por no contar ni con los medios ni con la experiencia necesaria para moverse por los laberintos burocráticos de la Administración, corren un mayor riesgo de no quedarse fuera de un mecanismo en principio especialmente concebido para ellas.

A pesar de que el proceso se ha concebido teniendo en cuenta esta circunstancia, el acceso a los bonos a los que da lugar el programa no está exento de complejidad y, de hecho, en el momento de hacerse pública la convocatoria –el 28 de febrero– estaban todavía sin resolver incógnitas importantes, a pesar de quedar por delante solo 15 días hasta la fecha en que se abría la posibilidad de presentar las primeros contratos susceptibles de recibir la ayuda. La principal de esas cuestiones pendientes es la que tiene que ver con las empresas que podrán prestar los servicios para los que se conceden las aportaciones, a las que se define como agentes digitalizadores.

Agentes digitalizadores

Para tener esa condición es necesario cumplimentar la solicitud correspondiente y tener las condiciones que el programa establece para ello, entre ellas contar con una trayectoria mínima en el mercado, acreditando una facturación que sume al menos 100.000 euros en los dos últimos años, o 50.000 en el último, en productos o servicios como los que ahora subvenciona el ‘kit digital’. Aunque no hay datos oficiales, la información con que cuenta el responsable de la oficina Acelera Pyme de la Cámara de Comercio es que se habían tramitado 5.000 solicitudes para ser agente digitalizador en toda España. El proceso de nuevas altas como agentes digitalizadores no tiene un plazo de cierre, por lo que con independencia de los plazos de las convocatorias de ayudas, siempre estará abierto para cualquier empresa que cumpla las condiciones.

En lo que se refiere a los plazos de las ayudas, la convocatoria abierta el 15 de marzo se corresponde con el primer segmento de los tres que contempla el ‘kit digital’, el referido a las empresas de entre 10 y 50 trabajadores, las mayores entre las beneficiarias potenciales del programa. Posteriormente se convocarán las correspondientes a quienes cuentan entre 3 y 10 –previsto en principio para el próximo mes de junio– y, finalmente, las destinadas a autónomos y empresa entre 1 y 3 trabajadores, cuya convocatoria se espera para septiembre. “Entiendo que se ha optado por empezar por el segmento de empresas de más tamaño porque el número de potenciales beneficiarios es menor, con lo que es más sencillo ir probando el funcionamiento del sistema”, señala el responsable de la oficina de Acelera Pyme de la Cámara de Comercio.

Funcionamiento

Las ayudas del ‘kit digital’ se organizan a partir de un mecanismo que contempla la concesión de un bono con el que se pueden pagarse las inversiones en soluciones de digitalización, según un catálogo ya definido: presencia en Internet, comercio electrónico, redes sociales, gestión de clientes, ‘business inteligent’ y analítica, oficina virtual, gestión de procesos, factura electrónica, comunicaciones seguras y digitalización. Los detalles, y las actuaciones concretas subvencionables en cada una de esas categorías, pueden consultarse en la web de Acelera Pyme. Esos servicios podrán contratarse solo con alguno de los agentes digitalizadores que hayan sido admitidos como tal, probablemente a través de un ‘market place’ –una web donde puedan cruzarse oferta y demanda– que está todavía pendiente de definir. El digitalizador facturará su trabajo por el importe que corresponda, y el beneficiario solo tendrá que abonar el IVA y la parte de la factura que no cubra el bono. El importe de ese bono lo cobrará directamente el agente digitalizador, entre un 60 y un 80% –dependiendo de la solución­– a la firma del contrato y el resto a la finalización de los trabajos.

El presupuesto destinado a este primer segmento es de 500 millones de euros, que se repartirán a razón de un bono de 12.000 euros por empresa. Dependiendo de la solución, el beneficiario podrá destinar entre 2.000 y 6.000 euros del importe del bono para financiarlo. Si la solución tiene un coste mayor, la diferencia correrá de su cuenta. En Cantabria existen unas 1.300 empresas de entre 10 y 50 trabajadores, una cifra de la que habría que restar aquellas con una antigüedad menor de seis meses, a las que no se da la opción de acceder a las ayudas. Con seis meses de plazo para presentar la solicitud, y con unos 40.000 bonos a repartir entre más de 70.000 empresas en toda España, la incógnita en las semanas previas a la convocatoría era si los fondos se agotarían o si, por el contrario, lo complejo de la tramitación alargaría todo el proceso, con el riesgo incluso de que se perdieran las ayudas. La tercera posibilidad era que la cantidad presupuestada se quedara muy por debajo de las solicitudes de las empresas, y eso ha sido finalmente lo sucedido: la cantidad destinada a este primer segmento se agoto en unas pocas horas. Francisco Javier Dueñas admite que es más difícil hacer previsiones sobre lo que puede suceder en las convocatorias destinadas a empresas más pequeñas y, sobre todo, a micropymes y autónomos: “Ahí quedarán 2.500 millones de euros, que es mucho dinero, aunque también el número de potenciales beneficiarios es muy alto. S hacemos la división, sí podemos pensar que no va a llegar, pero no es fácil saber cuántas micropymes y autónomos solicitarán la ayuda”.

Además de tener una base para valorar la dotación presupuestaria del ‘kit digital’, cuando se abran las convocatorias a los siguientes segmentos –con bono de 6.000 euros para las empresas de entre 3 y 10 trabajadores, y de 2.000 las de entre 1 y 3 y autónomos– ya se habrá puesto a prueba el funcionamiento del sistema en lo correspondiente a tramitación, control y abono de las cantidades a sus beneficiarios. La mayor parte de esa labor la ejercerán las cámaras de comercio, pero Francisco Javier Dueñas no teme que se produzcan atascos: “Todo el proceso va a estar muy digitalizado, con lo que nos corresponderá solo un trabajo de verificación que no creemos que vaya a colapsarnos. Como referencia, aquí hemos gestionado las campañas de bonos al comercio que suponían tramitar la documentación de 800 comerciantes, cada 15 días y durante dos meses. Con el ‘kit digital’ no nos vamos a mover en esas cifras”.