El laberinto del coche eléctrico

A falta de desarrollar otras tecnologías, el fomento de la movilidad con vehículos sin emisiones tiene a los automóviles movidos por electricidad como únicos actores de un reto que choca con el obstáculo de su precio, su limitada autonomía y la todavía escasa red de puntos de recarga. Un Real Decreto del pasado mes de diciembre incide sobre este último punto al establecer la obligatoriedad de montar postes para la carga en todos los edificios de uso no residencial que cuenten con más de veinte plazas de aparcamiento, ya sea en su interior o en un espacio exterior acotado. La norma, que afectaría a edificios de la administración pero también a centros comerciales, hoteles o fábricas, marca como plazo máximo para hacerlo el 1 de enero de 2023. Aunque ya hay iniciativas en marcha y existen fórmulas variadas para financiar las instalaciones, incluso a coste cero, quienes trabajan en estos proyectos creen que sera my complicado porder cumplir esos plazos.

José Ramón Esquiaga |  @josesquiaga | Abril 2022

Como en otros ámbitos en los que las tecnologías emergentes compiten con otras que han madurado a lo largo de décadas, se diría que los vehículos eléctricos combaten en una guerra que tienen perdida de antemano. Incluso con la aportación de las ayudas públicas, su precio de adquisición sigue por encima de los modelos equivalentes que utilizan combustibles fósiles, su autonomía compromete las condiciones de uso en desplazamientos largos y, unido a todo ello, la red de puntos de recarga continúa siendo escasa y obliga a planificar al detalle cualquier viaje que se salga de las rutas conocidas, pues habrá que prever dónde detenerse durante los muchos minutos que, en el mejor de los casos, tendrá que estar enchufado el vehículo. Frente a esto se contrapone el argumento de la sostenibilidad, las cero emisiones mientras circulas y las ventajas a las que ello da lugar cuando se trata de acceder a centros urbanos donde cada vez estarán más limitadas las posibilidades de moverse en coches con motores de combustión, sin olvidar la conciencia medioambiental de cada cual. De lo anterior, y a un ritmo lento pero con tendencia a acelerarse, está surgiendo un mercado que empieza a captar la atención de los fabricantes y también, cada vez en mayor medida, de las empresas energéticas, las principales interesadas en ampliar la red y preparar un escenario en el que tendrán que buscar un relevo a los hidrocarburos en los que hoy siguen basando buena parte de su negocio.

La extensión de la red de postes de recarga para vehículos eléctricos es también el objetivo del Real Decreto-Ley 29/2021, de 21 de diciembre que, junto a otras medidas que buscan facilitar las condiciones de uso de los coches eléctricos, en su artículo 4 establece que los edificios de uso distinto al residencial que cuenten con más de 40 plazas de aparcamiento –20 si se trata de un edificio público– deberán contar con puntos para cargar estos vehículos, así como también deberán contar con ellos los estacionamientos existentes no adscritos a edificios. En esas categorías entraría cualquier edificio de la administración pero también, y por ejemplo, centros comerciales, hoteles, hospitales o fábricas, siempre que cuenten con zonas de estacionamiento, en su interior o en una zona adscrita a los mismos, que superen el número de plazas a que hace referencia el decreto. En los edificios que tengan como titular al Estado o a organismos públicos dependientes de este, deberá montarse un poste de recarga por cada 40 plazas de estacionamiento, y cada 20 plazas en el resto de casos. El plazo para cumplir con esta obligación expira con el año en curso, de manera que el 1 de enero de 2023 deberían estar operativas las nuevas estaciones de recarga a las que dará lugar la nueva normativa, algo que quienes están habituados a trabajar con estos proyectos consideran muy difícil de conseguir.

“Son proyectos que llevan su tiempo, seis meses en el mejor de los casos, y más si el montaje de la estación de recarga implica obra civil, que suele ser algo habitual”, explica Pablo Casado, ingeniero de Energy Watch, consultoría energética cántabra que ha desarrollado el proyecto técnico para montar varias instalaciones de este tipo. Como en otras normativas que se han aprobado anteriormente para poner en marcha iniciativas que tienen que ver con el sector eléctrico, Casado está convencido de que habrá prórrogas para alargar el plazo, ante la imposibilidad de cumplir con el que inicialmente contempla el real decreto: “Pero siempre es conveniente no dejar las cosas para última hora, porque lo que es seguro es que hay una voluntad tanto por parte de la Administración como de las empresas energéticas para fomentar la movilidad eléctrica, y eso ofrece oportunidades tanto para quien está obligado a montar un poste de recarga como a quien quiera hacerlo porque considera que tiene una buena ubicación para ello”.

El objetivo de la norma publicada el pasado mes de diciembre es romper  el círculo vicioso que supone uno de los principales lastres para el mercado de los vehículos movidos por electricidad: la red de puntos de recarga no crece porque el número de potenciales usuarios es pequeño, y se venden pocos coches porque hay pocos lugares donde llenar sus baterías, más allá del que pueda habilitarse en el propio domicilio. Encontrar una forma de resolver ese enredo es también el objetivo de las empresas petroleras, que necesitan posicionarse de cara a un futuro en el que la demanda de los combustibles tradicionales será muy inferior a la actual. De esa coincidencia entre lo que persigue la legislación y lo que contemplan las estrategias empresariales surgen ya algunas oportunidades que pueden favorecer la entrada en funcionamiento de nuevos puntos de carga, incluso a coste cero para los propietarios del lugar donde se instalen.

 

Energy Watch ha elaborado los proyectos técnicos para la instalación de postes de carga en hoteles y parkings de uso público, y trabaja actualmente en el desarrollo de otros en edificios de la administración y hospitales. Lo que se valora ahí, explica Pablo Casado, es todo lo que tiene que ver con la viabilidad de la instalación, poniendo sobre la mesa factores como los requerimientos que puede implicar en lo referente a la obra civil o a las redes de suministro de la energía, la demanda esperada por parte de los potenciales usuarios, el número de postes o la potencia de carga de cada uno, y casando todos esos elementos con el interés del tecnólogo –normalmente una empresa energética– que en último término es quien se hará cargo de montar la estación de recarga.

La fórmula que puede resultar de ello es tan variada como puede serlo cada caso, pero lo más común es que pueda resolverse sin que el propietario del estacionamiento tenga que asumir ningún desembolso: “Lo habitual es que quien instala el punto de recarga es asumir todo el coste de instalación a cambio de que se le ceda el uso y explotación del mismo durante un número determinado de años”, explica el ingeniero de Energy Watch, que con la referencia de los proyectos en los que ha trabajado, siempre con Totalenergies como tecnólogo, calcula que doce años suele ser el plazo más utilizado en esos acuerdos. “Pero dependiendo de cada caso las condiciones pueden ser otras, incluso llegando a contemplar la cesión de parte del beneficio de las recargas al propietario de la instalación, si esta está ubicada en un lugar especialmente interesante, por ser de paso para muchos vehículos”.

Con independencia de la fórmula elegida, Pablo Casado admite que, hoy por hoy, los postes de recarga no van a ser una gran fuente de ingresos para ninguna de las partes. Las cifras que manejaba el Gobierno, recuerda, calculaban que el 2% del parque español de vehículos actual sería eléctrico, un porcentaje que está muy lejos de alcanzarse. A ello hay que unir que la mayor parte de quienes utilizan un vehículo eléctrico lo hacen para desplazamientos cortos, normalmente entre el trabajo y el domicilio, y hacen las recargas en su casa, donde el precio es más barato. En estas circunstancias, señala el ingeniero de Energy Watch, la rentabilidad de los postes hay que medirla en términos distintos a los económicos: “Para la empresa o la administración propietario del aparcamiento donde se instala supone cumplir la norma, por supuesto, pero también demostrar el compromiso con la movilidad sostenible y el medio ambiente. A la energética, por su parte, le permite extender los puntos donde dar servicio a sus clientes, aunque ahora estos no sean muchos”.

En el caso de los aparcamientos en edificios de la administración pública, la instalación mediante el mecanismo de cesión de la explotación del poste puede chocar con la normativa que regula los contratos de cualquier organismo público, aunque desde Energy Watch se confía en que pueda habilitarse una fórmula para ello. En ausencia de esta, siempre quedaría la opción de recurrir a un sistema convencional, en el que se licite la instalación y se adjudique a la mejor oferta. Esa es también la posibilidad a la que puede recurrir cualquier empresa privada o particular, aunque el coste y la difícil amortización del mismo serían importantes obstáculos a salvar.

Según los cálculos que realizan los responsables de la consultoría energética cántabra, el precio de un poste de recarga puede moverse entre los 1.000 euros que puede costar uno con  la potencia de carga más baja, los 3.500 de las potencias intermedias y los 18.000 de los de carga ultrarápida, en principio destinados únicamente a las llamadas electrolineras. Por debajo de esas cifras estarían los cargadores domésticos, a instalar en el propio garaje y concebidos para cargar durante toda la noche. “Hecha la ley, hecha la trampa, es verdad que estamos viendo que hay empresas que optan por instalar un punto de recarga de estas características en sus aparcamientos, por ejemplo en centros comerciales”. Con ello, admite Pablo Casado, cumplen la norma, pero la utilidad práctica de esa instalación sería muy escasa: “En el tiempo que puede estar enchufado el vehículo de un cliente el nivel de recarga que se consigue es mínimo, aunque es cierto que quien opta por este sistema suele ofrecer la energía de forma gratuita”.

Dentro del laberinto que supone la generalización del coche eléctrico como alternativa, la forma de pago es otro de las cuestiones a resolver, lo que pasaría por unificar los diferentes sistemas que se emplean para ello, siempre con el teléfono móvil como instrumento. Cada operador cuenta actualmente con su propia ‘app’, algo que obliga al usuario a descargarse la de todos si quiere planificar un desplazamiento largo. Con alguna plataforma que ya ha conseguido integrar varios sistemas, este parece un reto menor en comparación con el que tiene que ver con la red de recarga, la infraestructura definitiva para que la movilidad del futuro sea también competitiva frente a los vehículos y combustibles que se emplean en el presente.