El largo viaje entre Cataluña y Cantabria

Más de 4.000 empresas catalanas han cambiado su domicilio social desde que comenzó la crisis independentista, en un éxodo que alcanzó niveles de desbandada en los primeros meses de 2018 y que ha continuado desde entonces en proporciones algo menores, pero constantes. Solo una veintena de ellas ha elegido Cantabria como lugar en el que domiciliar su sede, una cifra que convierte a la comunidad autónoma en uno de los destinos menos utilizados por las empresas que salen de Cataluña, lo que no impide que entre las que han llegado haya alguna de dimensiones notables. En todos los casos el cambio ha sido un trámite puramente administrativo, sin efecto en la creación de empleo y con una repercusión económica y fiscal muy limitada.

Jose Ramón Esquiaga @josesquiaga

Es un proceso llamativo en las cifras, discreto en los nombres y limitado en sus efectos económicos, pero también muy indicativo de la conmoción que el proceso independentista ha provocado en la sociedad y en el tejido empresarial de Cataluña. El éxodo de empresas catalanas tras el simulacro de referéndum del primero de octubre –una auténtica sangría en los primeros momentos, y un goteo constante desde entonces– refleja los temores con los que los empresarios están viviendo el llamado ‘procés’, y también el diferente atractivo que tienen las distintas comunidades autónomas a la hora de postularse como destino para las empresas que prefieren huir de las incertidumbres políticas. Cantabria no se cuenta entre las regiones más beneficiadas por esta reubicación empresarial, una circunstancia difícil de valorar pero en la que probablemente algo ha tenido que ver que el consejero de industria descartara promocionar Cantabria entre los interesados en salir de Cataluña y calificara de “carroñerismo político” las iniciativas de otras comunidades autónomas para conseguir ese objetivo. También que, dentro de la escasa relevancia fiscal que puede tener el cambio, Cantabria no es una comunidad que ofrezca relevantes ventajas tributarias frente al resto. Lo cierto es que, con o sin esa promoción y más allá de otras circunstancias, una veintena de empresas catalanas han trasladado su sede a Cantabria desde el 1 de octubre de 2017, y que entre ellas se cuentan algunas de dimensiones notables y larga trayectoria. También hay que apuntar que en la mayoría de los casos –y desde luego en las mayores empresas entre las exiliadas–, el traslado ha sido puramente administrativo, sin efectos en el empleo y con una mínima repercusión económica y fiscal en la región de destino.

Desde el 1 de octubre de 2017 y hasta el último día del pasado año habían formalizado su salida de Cataluña un total de 4.110 empresas, una cifra llamativa por sí misma, pero que lo es sobre todo al buscar referencias más atrás en el tiempo: en los cuatro años que van de 2013 a 2016 fueron 2.802 las empresas que trasladaron su sede fuera de Cataluña, menos de las que lo hicieron en los seis meses que siguieron a la declaración unilateral de independencia. El alboroto de las cifras –recogidas en los estudios que publica periódicamente la consultora Informa D&B– contrasta con la discreción con la que la mayor parte de las empresas ha llevado a cabo su reubicación administrativa, una prudencia que es también muy indicativa del contexto en el que se está produciendo este proceso. Una discreción que se ve favorecida por el hecho de que en la mayor parte de los casos el cambio no ha supuesto mudanza alguna: las empresas mantienen sus centros de trabajo allí donde estaban, por lo que el traslado no deja rastro alguno más allá de la obligada publicación en los registros mercantiles.

Las llegadas a Cantabria

La reserva con la que se está produciendo esa salida administrativa no solo se refleja en las dificultades para conocer quiénes son las empresas que se van, sino también en las reticencias de estas para hablar sobre las razones y el alcance del cambio, una vez que se logra contactar con ellas. Esto es especialmente válido cuando quien se va es una pyme, aun cuando sea ya de cierto tamaño, el caso en el que se encuentran las empresas catalanas que han elegido Cantabria como destino.

La discreción con que se ha llevado todo el proceso se refleja también en que ninguna de ellas ha establecido contacto alguno con CEOE-Cepyme de Cantabria, ya sea para comunicar o para preparar su llegada. Así las cosas, la posibilidad de identificar a las más pequeñas, aquellas que por sus dimensiones pasan desapercibidas en cualquier listado, es mínima, pero el buceo en los boletines del registro mercantil permite poner nombre a las mayores entre las veinte que han llegado a Cantabria desde el inicio de la crisis independentista.

Con más de 20 millones de euros de facturación anual y más de 250 trabajadores en plantilla, Bella Aurora Labs SL es la mayor de las empresas catalanas que han trasladado su sede social a Cantabria, ubicándola en el Centro de Empresas Sardinero. Fabricante de productos cosméticos con más de 100 años de historia, Bella Aurora Labs también es perfectamente representativa de lo dicho hasta aquí: el cambio –formalizado el 15 de enero de 2018 y publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME) ocho días más tarde– es puramente administrativo y no ha tenido ningún efecto práctico en la actividad de la empresa, con la que esta revista ha intentado reiteradamente ponerse en contacto, pero sin lograr ninguna respuesta ni a las llamadas telefónicas ni a los correos electrónicos enviados. También han sido infructuosos los intentos de recoger una valoración por parte de Cloquer SA y Arazzo Fabrics SL, empresas que comparten administradores y que se han domiciliado en un piso de Santander. La primera, que factura en torno a tres millones de euros anuales, es una industria textil que mantiene su fábrica en Barcelona, dedicada a la confección de telas para su uso en la elaboración de pan. Dedicada a la compraventa de textiles, Arazzo Fabrics SL tiene los mismos accionistas y la misma nula presencia en Cantabria, más allá de haber asentado en Santander su domicilio social.

A diferencia de las anteriores, Empresa Transportes Autocamiones SA (Etasa) y

Heller Ibérica Machine Tools SL ya contaban con presencia en Cantabria antes de que formalizaran el traslado de su sede a la región. La primera –2,27 millones de euros de facturación en 2016– es una empresa de transporte de mercancías por carretera con más de sesenta años en el mercado, y cabecera de un grupo que cuenta con una filial para el transporte internacional que mantiene su sede en el Prat de Llobregat (Barcelona). Allí están también las principales instalaciones de la empresa, que cuenta en Cantabria con una pequeña oficina en Torrelavega, un modesto local que desde el 13 de diciembre de 2017 es también la sede social de la empresa.

Entre las empresas de mayor tamaño llegadas a Cantabria a raíz de la crisis política catalana, el caso de Heller Ibérica es posiblemente el que más se aleja de la mera mudanza administrativa. A diferencia de las anteriores, incluida la casi anecdótica presencia previa de la oficina de Etasa, esta filial alemana dedicada a la venta e instalación de maquinaria industrial cuenta con mercado en Cantabria, lo que hace que la elección de la nueva ubicación para su sede responda a cuestiones estratégicas, por más que la motivación de la salida de Cataluña esté directamente relacionada con el proceso independentista. También a diferencia de las anteriores, ha sido relativamente sencillo hablar con la dirección de la empresa para recoger sus valoraciones sobre las motivaciones y el alcance del traslado.

El caso de Heller Ibérica

“Tomamos la decisión de cambiar la sede por las mismas razones que creo que tienen todas las empresas que han hecho lo mismo desde el inicio de la crisis independentista, para evitar inseguridades y riesgos innecesarios”, explica Hermann Twiehaus, gerente de Heller Ibérica Machine Tools, una empresa, subraya, “española, filial de una alemana” que quiere crecer en toda la península ibérica y también en Portugal: “No queremos que eso se vea condicionado por un proceso independentista aquí, en Cataluña”.

Heller Ibérica es la filial española de Gebrüder Heller Maschinenfabrik, fabricante alemán de máquinas de arranque de

viruta con una fuerte implantación dentro de la industria de automoción. La empresa contaba ya con una nave en el polígono de Trascueto, en Camargo, desde la que atendía a sus clientes del norte de España y que desde el 23 de enero de 2018 es también el domicilio social de la filial alemana: “La dirección y la administración la mantenemos en Barcelona, pero el principal centro de trabajo ya era el que teníamos en Cantabria, así que la elección fue fácil, y también lo fue todo el proceso administrativo. Muy rápido y muy sencillo”. Heller Ibérica, que factura en torno a 13 millones de euros al año, emplea a 16 personas, 10 de ellas en su delegación –hoy sede central– de Cantabria, que esperan que se convierta en la plataforma para seguir ganado mercado para sus productos: “Estamos creciendo a buen ritmo, quizá en 2019 y 2020 las perspectivas van a ser algo menores, pero a largo plazo las previsiones son buenas”, asegura Hermann Twiehaus, que destaca la buena imagen que la empresa tiene entre sus clientes, buena parte de los cuales se encuentran en Cantabria.

Las incertidumbres generadas por la crisis política catalana, y las ideas que el nuevo Gobierno catalán expresó en cuanto a su política fiscal, están en el origen de la decisión de trasladar la sede social fuera de Cataluña. Más allá de que la delegación en Trascueto ofreciera una fácil plataforma para hacerlo, la elección de Cantabria como destino se apoyó en razones que también podrían servir para cualquier otra empresa que tuviese intenciones similares: “Cantabria es una comunidad autónoma que tiene una imagen neutra, y eso coincide con lo que nosotros queremos trasladar como empresa”. Lo que no hubo, confirma el gerente de Heller Ibérica, es ningún contacto con las autoridades regionales para llevar a cabo la reubicación, a la que también concede implicaciones en términos comerciales: “Me he encontrado con algunas empresas clientes que me preguntan dónde pagamos nuestros impuestos. No queremos que haya ninguna duda de que lo hacemos en España”.

La referencia a las implicaciones fiscales del traslado, y a las incertidumbres que provoca el proceso independentista en esa materia, remite de forma directa a las repercusiones económicas que puede tener este éxodo, tanto en Cataluña como en las comunidades autónomas de destino de las empresas huidas. La facturación de las 19 empresas catalanas que llegaron a Cantabria desde el 1 de octubre de 2017 y hasta el 30 de septiembre de 2018 –último periodo del que ha publicado datos Informa D&B– suma algo más de 60 millones de euros anuales, una cifra de relevancia indiscutible, pero con implicaciones económicas difíciles de calibrar y que, en todo caso, no necesariamente repercuten en la región donde se ubica la sede social.

Una repercusión económica y fiscal muy limitada

Cuando el traslado no implica movimiento de los centros de trabajo, como es el caso de todos los que se han producido entre Cataluña y Cantabria, las repercusiones económicas de la medida son muy pequeñas, de manera que ni la región de origen ni la de destino sufren o disfrutan de perjuicio o beneficio relevante: el empleo y la actividad siguen en el mismo lugar donde estaban antes del cambio, y ninguna modificación hay tampoco en la relación con proveedores y clientes. El nuevo domicilio sí implica, por el contrario, que algunos impuestos pasen de abonarse en un lugar, a hacerlo en otro, pero las características del sistema de financiación español –en lo que toca al régimen general, donde se integran tanto Cantabria como Cataluña– hace que esto tenga consecuencias muy limitadas para la recaudación de las comunidades autónomas.

El Impuesto de Sociedades, que grava los beneficios, es el principal tributo directo que abonan las empresas, y lo hacen en el lugar en el que tienen su domicilio. Sin embargo, y al tratarse de un impuesto estatal, su efecto sobre la recaudación de la comunidad autónoma en la que está su sede es nulo. El cambio de domicilio sí tiene un efecto en los impuestos cedidos a las comunidades autónomas y en aquellos de ámbito municipal, aunque en tributos que, o bien tienen un escaso peso en términos recaudatorios, o bien esa recaudación depende muy poco de la actividad de las empresas. Otra cosa es la repercusión que el cambio puede tener en la empresa, dado que cada autonomía tiene capacidad para decidir el tipo que aplica en los impuestos cedidos. Desde ese punto de vista, el traslado no es demasiado interesante para las empresas catalanas, dado que en Cantabria la presión fiscal es mayor en algunos tributos.

David Cantarero, profesor titular de Economía y responsable del Grupo de I+D+I en Economía Pública de la Universidad de Cantabria, explica que ese caso –una mayor presión fiscal en Cantabria– se da en el tributo que más incidencia puede tener en términos empresariales entre los cedidos a la comunidad autónoma, el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Es un tributo, recuerda, que grava los documentos notariales, mercantiles o administrativos y, más concretamente, las transmisiones patrimoniales onerosas, las Operaciones Societarias y los Actos Jurídicos Documentados. En todo caso, la mayor parte de la recaudación de este impuesto depende de la actividad de los particulares, sobre todo desde que en 2010 se eximiera del pago a la mayor parte de las operaciones societarias, entre ellas las ampliaciones de capital.

Entre los tributos municipales, sería el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) el más directamente relacionado con la ubicación de las empresas, si bien las exenciones han ido restándole importancia recaudatoria. “No representa una fuente de ingresos a resaltar en la mayoría de los municipios”, apunta el profesor de la UC, que señala como excepción a ciudades como Vitoria, Pamplona y Sevilla, donde la aportación sí llega a ser significativa. No sería el caso, sin embargo, de la capital de Cantabria: “En Santander el IAE supone en torno a un 8,17% del total de impuestos directos locales, pero sólo es un 3,7% del total de ingresos locales”. En los tributos directos municipales que menciona David Cantarero está también el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica –popularmente conocido como impuesto de circulación– en el que la llegada de nuevas empresas sí podría tener un efecto recaudatorio significativo en caso de que estas cuenten con flota de vehículos propia. En todo caso, y como sucede con el Impuesto de Sociedades, su importancia recaudatoria es escasa: un 4,81% del total de ingresos locales en Santander, según apunta el responsable del Grupo de I+D+I en Economía Pública de la Universidad de Cantabria.

Todos esos cálculos se hacen en función de la actual normativa tributaria y asumiendo que la mudanza es solo administrativa. También dando por hecho que Cataluña va a seguir siendo una de las comunidades autónomas españolas. Cualquier variación sobre los supuestos anteriores trastocaría los cálculos, y también cambiaría radicalmente la valoración sobre el alcance de la desbandada empresarial que sufre Cataluña, y sobre el escaso atractivo que está teniendo Cantabria como destino. Con todo, es difícil negar que una y otra circunstancia tienen, ya hoy, una gran fuerza simbólica.