El negocio en ciernes del cannabis

El consumo de cannabis está prohibido en España, a diferencia de lo que ocurre en muchos países americanos y en cada vez más europeos, donde su uso está permitido aunque solo sea con fines medicinales. Pese a ello, en Cantabria existen ya medio centenar de clubes relacionadas con esta sustancia y sus derivados. Una potente cultura asociativa y reivindicativa que no para de crecer y que trabaja por la regulación de una actividad que reportaría sustanciosos beneficios a las arcas públicas y permitiría la creación de miles de puestos de trabajo. Algunos de sus actores explican cómo funcionan estas asociaciones convencidos de que la legalización de la marihuana, al menos para uso terapéutico, está cada vez más cerca.

Manuel Casino |  @mcasino8 | Abril 2019

El consumo de cannabis no para de crecer en España. Según estimaciones del Ministerio de Sanidad, alrededor de 322.000 personas, lo que representa el 7,3% de la población, fuma habitualmente porros. Pero no todos lo hacen por el puro placer de cogerse un colocón. El Observatorio Español de Cannabis Medicinal (OEDCM) calcula que cerca de un tercio de estos consumidores de marihuana lo hacen con fines terapéuticos para aliviar los efectos de las enfermedades que padecen o los tratamientos médicos que reciben.

Pese a ello, ningún gobierno en nuestro país ha dado muestras hasta el momento de querer regular una actividad que ya mueve de forma legal millones de euros en todo el mundo y al que muchos señalan como el negocio del siglo. De hacerlo, un reciente estudio de la Universidad Autónoma de Barcelona consideraba que el erario público español conseguiría ingresar 3.312 millones de euros anuales en concepto de impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social y la regularización de más de 100.000 puestos de trabajo. Este análisis, difundido en octubre pasado, advertía de que su legalización no supondría la erradicación del mercado negro pero sí una fuerte debilitación de las redes criminales, que verían reducida su cuota de mercado hasta el 15% del total.

Legalización

Pero todo apunta a que las cosas no van a tardar mucho en cambiar. Aunque el consumo, el cultivo, la posesión y la compra están prohibidos en España –a no ser que estos actos se produzcan en el ámbito de la privacidad y se lleven a cabo sin ánimo de lucro, en cuyo caso tampoco es legal, pero no está penalizado–, la creciente presión ejercida desde América, fundamentalmente desde Canadá –el segundo país tras Uruguay en legalizar la marihuana sea para usos medicinales o recreativos– y Estados Unidos, donde también lo es de forma integral en ocho estados y en otros treinta con fines terapéuticos, está provocando movimientos a esta otro lado del Atlántico. A las decisiones de Portugal, Alemania o de Italia, donde su consumo ya es legal para usos medicinales, se acaba de sumar el Parlamento europeo con la aprobación este pasado mes de febrero de una resolución en la que pide a la Comisión y a las Estados miembros que aborden los aspectos reglamentarios, financieros y las barreras culturales que pesan sobre la investigación científica en el uso de cannabis para fines terapéuticos.

Una decisión, sin valor legislativo, pero que viene a reforzar la posición expresada recientemente por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que apenas una semana antes recomendaba a la ONU la retirada del cannabis de la Lista IV de su Convención de Estupefacientes de 1961, las que engloba las sustancias más peligrosas y sin valor medicinal, y su pase a la Lista I, con un control menor y a las que se reconocen propiedades  en el campo de la medicina.

Sembrado el terreno, los actores de este negocio confían en que muchos Estados, incluyendo el español, muevan ficha y se decidan a regular más pronto que tarde el cannabis terapéutico.

Así, cabe recordar, se lo exigieron los cinco grupos políticos (PP, PRC, PSOE, Podemos y Ciudadanos) del Parlamento de Cantabria en una proposición no de ley aprobada por unanimidad hace ahora justo dos años, y así lo reclaman también algunos de sus principales actores en la región, convencidos de las beneficios que tal decisión reportaría a la sociedad en su conjunto.

De aquí a cinco años

¿Cuándo podría ocurrir? Para Antonio Bezanilla, abogado que conoce bien esta cuestión, esta regulación podría llegar de aquí a cinco años. “Es posible que se produzca en esta próxima legislatura”, apunta este letrado que asesora a la mitad del medio centenar de asociaciones o clubes de cannabis que existen en la actualidad en Cantabria, todas ellos dados de alta en el registro de asociaciones de la Consejería de Justicia y Presidencia del Gobierno regional aunque, como reconoce, no todos tienen actividad.

Para el otro, el recreativo, Bezanilla cree que habrá que esperar más tiempo, pero que también llegará, aunque está convencido de que el gran mercado es el del cannabis medicinal. “El futuro del cannabis es su uso en cosmética y productos para la salud”, asegura antes de subrayar que para estos campos, que cuentan con numerosas aplicaciones y en los que las grandes compañías farmacéuticas y multinacionales ya están tomando posiciones, España podría convertirse en el “gran granero de Europa”.

Una opinión que también es compartida por Juan Carlos Pavón, propietario de Dr. Cogollo, la primera tienda dedicada a la venta de parafernalia y productos para el cultivo del cannabis que se abrió en Cantabria hace ya 18 años y que el año pasado alcanzó una facturación de unos 150.000 euros. “El impacto y las consecuencias económicas de su regularización son la bomba. Y no hablo solo de fumar, sino de una industria con miles de aplicaciones para la que nuestra país cuenta con unas condiciones privilegiadas”, aclara.

Aunque temen que los prejuicios ideológicos y culturales vuelvan a dejar a España fuera de esta carrera –“no nos podemos quedar a la cola”, advierte el dueño de esta ‘grow shop’ y fundador también de Mano Verde, la primera asociación de estudios del cannabis–, ambos resaltan el papel destacado que Cantabria desempeña en este ámbito dentro del contexto nacional.

50 clubes en Cantabria

Así, y junto a la exigencia unánime del Parlamento cántabro de regular el uso terapéutico, tanto Pavón como Bezanilla destacan la proliferación de clubes de cannabis a lo largo y ancho de toda la región. “Actualmente hay 50 clubes, cuando en la Comunidad Valenciana, mucho más poblada, existen dos”, apunta el primero.  “Solo en Santander hay 17 clubes, los mismos que en toda Asturias”, subraya por su parte el segundo para apuntalar esta “fuerte cultura asociativa y reivindicativa hacia el cannabis” que existe entre los cántabros.

Un interés y preocupación que alumbró, hace ahora un año, la creación de la Federación de Asociaciones Cannábicas de Cantabria. Dirigida a dotarse de un catálogo de servicios y recursos comunes, esta federación integrada por 14 asociaciones y que, según Bezanilla, funciona de una forma “muy asamblearia”, ha intentado sentar las bases y principios que faciliten el buen gobierno a sus asociados. “En ausencia de leyes y de ordenanzas municipales que regulen su actividad, los clubes han intentado autorregularse”, explica este abogado que resalta la aprobación de un código de buenas prácticas para tratar preservar la salud pública en estos locales, los encontronazos con la policía y la adecuada convivencia ciudadana con sus vecinos.

“En Cantabria hay pocas intervenciones policiales y apenas condenas porque aquí las cosas se han hecho bastante bien desde el principio y los comportamientos que desarrollan estos clubes se ajustan a la doctrina del Tribunal Supremo, que en una sentencia de 2015 cambio radicalmente la situación al endurecer las condiciones para la creación de estos colectivos”, sostiene Bezanilla.

Desde entonces –continúa–, la Fiscalía de Cantabria evalúa caso por caso e interviene cada vez que se pretende constituir una asociación de este tipo, que se acogen para ello al derecho fundamental de asociación y al doctrina del consumo compartido. “Esta pasada semana he asistido en sede judicial ante el fiscal antidroga a cinco asociaciones que se querían constituir, aunque lo más habitual es que esta cifra sea solo de una al mes”, matiza este abogado acostumbrado a cumplir con estos trámites desde hace seis años, cuando acompañó por primera vez a una asociación de Selaya, y que desgrana cuáles son los requisitos para su fundación.

“En primer lugar, todos los miembros deben ser mayores de edad y declararse previamente adictos al consumo de cannabis. A partir de ahí, el club tiene que estar compuesto por un pequeño grupo de participantes”, explica.

Pero, ¿hasta dónde extiende la Fiscalía este requerimiento? Bezanilla asegura que “en una norma no escrita” el actual fiscal antidroga, Ángel Emilio Santiago, “sigue los criterios de su predecesor en el cargo, Ángel González, y suele manejar un número máximo de entre 100 y 120 personas”. A partir de aquí, “el club no está abierto a una incorporación sucesiva e indiscriminada de socios; se puede incorporar nuevos miembros, pero de forma muy reservada y paulatina”, aclara.

Además, también se requiere que el consumo se lleve a cabo en local cerrado, para evitar su publicidad y fomentar el hábito entre los no consumidores, y que sea inmediato y en pequeñas cantidades. ¿Cuánto? “Lo que se pueda consumir en una unidad de acto”, ilustra este abogado que fija esta cantidad hasta los 20 gramos por persona y día, aunque el consumo normal en la mayoría de los clubes es de entre dos y cinco gramos.

No solo fumaderos

Pese a que en todos estos locales se fuma, Bezanilla sostiene que “no son fumaderos”. Así, destaca, que la mayoría de ellos realizan otras muchas actividades recreativas y culturales con una programación estable a lo largo de todo año. Algunas tienen además médicos en sus plantillas que vigilan por la salud de sus socios y la Federación tiene intención de contratar a un psicólogo y poder mancomunar estos servicios.

Por su parte, Pavón incide en que muchos de los miembros de estos colectivos, que por norma general pagan una cuota media de entre cinco y diez euros mensuales, son terapéuticos hartos, como todos, de tener que comprar la marihuana en el mercado negro. “En los clubes, sabes lo que estás tomando. Conoces la trazabilidad del cannabis y en qué proporción están presentes los dos principios activos que predominan en su estructura –el THC, psicoactivo y que sube; y el CBD, que no coloca, pero atesora múltiples aplicaciones terapéuticas– y de paso evitas los riesgos para la salud que comparta adquirirla en la calle”, detalla antes de explicar que el precio medio de un gramo comprado en estos clubes oscila entre los cinco y diez euros, pero que todo depende de cómo se venda en el mercado negro.

El propietario de Dr. Cogollo defiende que a su establecimiento acuden clientes que buscan satisfacer su consumo personal con pequeñas plantaciones propias de una actividad que se conoce como horticultura técnica. “Adquirir un kit de cultivo para una persona –lámpara, armario, semillas, fertilizantes y la tierra,– cuesta unos 350 euros”. De aquí pueden obtener alrededor de 300 gramos de flor seca cada cuatro meses, subraya. En la mayoría de los cosas no se trata, además, de jóvenes sino de personas ya más adultas, independizados y con la vida resuelta. “Hay muy pocos chavales a los que sus padres les dejan plantar en su casa”, clarifica.

Cada uno por su lado, insiste en la necesidad de regular este mercado que en el País Vasco y sobre todo en Cataluña está creciendo como la espuma. “En Barcelona hay clubes de tres pisos que se parecen más a una tienda de Zara o de Apple que a locales en bajos de edificios de los que pocos saben su existencia y casi nadie habla. Es el top mundial al que acuden miles de turistas en busca de cannabis y que ha dejado a Amsterdam, la ciudad de los coffeeshops, prácticamente en el olvido”, advierte Pavón. Un negocio, recalca, que empresas y grupos de capital mayoritariamente extranjero están invirtiendo millones de euros convencidos de que su legalización está cada vez más cerca.

“No solo estamos hablando de un mercado emergente de millones de euros y de  la creación de cientos de miles de puestos de trabajo, sino también de una actividad que permitiría, gracias a su cultivo, la fijación de la población rural. Luego vendrá el juego de la oferta y la demanda y ya se verá”, concluye Bezanilla.