El sector ganadero ante Mercosur, el lobo y otros desafíos

Un año después de la gran tractorada, el sector ganadero sigue denunciando la asfixia burocrática, la falta de relevo y la competencia desleal de productos importados. La situación es compleja y, aunque se han producido algunas mejoras, advierten que no permitirán que su sector siga siendo tratado como una “moneda de cambio”.

Ana Bringas | Abril 2025

Como una “moneda de cambio”. Así se siente el sector ganadero en términos generales respecto al acuerdo con los países del Mercosur o la abundante presencia del lobo en Cantabria. La primera es una de las principales amenazas y preocupaciones para las organizaciones agrarias cántabras, y varias coinciden en señalar que para la clase política son un instrumento de negociación que ha entrado a jugar un importante papel en las complejas dinámicas de intereses políticos, económicos y ambientales de España en la Unión Europea (UE). La segunda, el aumento de manadas de lobos en el territorio y sus continuos ataques, se suma a la problemática sin visos de mejora.

Ya se ha cumplido un año desde la multitudinaria tractorada que tomó Santander en febrero de 2024 en protesta por la delicada situación del campo. En aquel momento, unos tres centenares de tractores ocuparon las principales calles de Santander en señal de defensa del campo y sus problemas. El acuerdo con Mercosur, posterior a aquello, la asfixia burocrática, la proliferación del lobo, la falta de relevo generacional… Son varios los frentes abiertos del sector y aunque desde las organizaciones profesionales agrarias de Cantabria no quieren lanzar un mensaje negativo sobre el panorama actual, sí reconocen que hay mucho por solucionar.

Es curioso porque observando los datos del Instituto Cántabro de Estadística (Icane), conocemos que entre los años 2001 y 2023, el número total de explotaciones ganaderas ha aumentado de 14.516 a 16.297, lo que representa un crecimiento del 12,3%. No obstante, este incremento se observa principalmente en las explotaciones de ovino y caprino, que han aumentado en 3.747 y 2.922, respectivamente. Sin embargo, en el caso del vacuno, el número de explotaciones ha disminuido en 4.888, lo que indica un cambio en la estructura de la ganadería.

A pesar del aumento en el número de explotaciones, el total de reses ha disminuido en 70.854 cabezas, pasando de 420.825 en 2001 a 349.971 en 2023. Esta reducción se ha dado principalmente en vacuno y ovino, con una caída de 80.702 y 5.813 reses, respectivamente. En contraste, el sector caprino ha experimentado un crecimiento en su número de reses, con 15.661 más que en 2001.

El tamaño promedio de las explotaciones ha seguido una tendencia mixta. Destaca el caso del vacuno, en este sentido, aunque hay menos explotaciones, el número de reses por explotación ha aumentado de 27,98 a 35,88, lo que indica una mayor concentración de animales por unidad productiva. Por otro lado, en ovino y caprino, el promedio de reses por explotación ha caído significativamente. En ovino, pasó de 35,08 a 11,29, mientras que en caprino, bajó de 28,62 a 8,82, lo que sugiere una fragmentación de la producción en unidades más pequeñas.

Aunque hay más explotaciones ganaderas en Cantabria, el número total de reses ha disminuido, especialmente en vacuno

En conclusión, aunque hay más explotaciones ganaderas en general, el número total de reses ha disminuido, especialmente en vacuno. Además, la estructura de las explotaciones ha cambiado: en vacuno hay menos pero con mayor tamaño, mientras que en ovino y caprino hay más explotaciones, pero con menos reses por unidad.

Llama la atención la pérdida de casi 5.000 explotaciones ganaderas de especie vacuna. Más allá de los datos, la situación actual evidencia una escasez de relevo generacional que previsiblemente apunta a la pérdida de muchas explotaciones más. Desde las organizaciones agrarias cántabras señalan que la media de edad de los dueños de ganaderías en la región está por encima de los 60 años, lo que se traduce en un sector envejecido, con dificultades para renovarse y también para adaptarse a la carga burocrática que se exige actualmente.

Según Alberto Pérez Quintial, secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), la situación del sector desde las manifestaciones del año pasado “no ha ido a peor” e incluso “algo ha mejorado”. En cuanto a los precios, destaca que el de la carne se encuentra en un momento óptimo –“los terneros valen mucho dinero”– y el de la leche “no está mal”. La escasez en Europa, especialmente en Francia, dice, está beneficiando a España. También resalta que el precio de las materias primas, como los cereales, no es alto.

Por su parte, Luis Pérez Portilla, secretario general de la Unión de Ganaderos y Agricultores Montañeses (Ugam-Coag), subraya la necesidad de incrementar los precios de la leche, ya que en España se encuentran, advierte, “por debajo de la media del resto de la Unión Europea”.

Mercosur

Sin embargo, tanto Pérez Quintial como Pérez Portilla y Carlos Elizondo, secretario general de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), coinciden en expresar una gran preocupación por el acuerdo Mercosur, al considerar que se está utilizando a ganaderos y agricultores como “moneda de cambio para las multinacionales”. Desde UPA explican que los productos importados desde Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay llegan con condiciones de producción distintas, lo que supone una “competencia desleal” para el sector primario de Cantabria.

En el mismo sentido, en cuanto al libre comercio, desde Ugam-Coag Pérez Portilla critica que no se apliquen los mismos controles de seguridad alimentaria a los productos importados que a los que se exigen a las explotaciones españolas, las cuales deben cumplir con sistemas de producción mucho más complejos. Considera que esta diferencia supone una competencia desleal que perjudica gravemente al sector.

Pérez Portilla también señala que la burocracia “exagerada” es un problema histórico que cada vez lastra más a los ganaderos españoles, mientras que en otros países no se imponen los mismos requisitos. Explica que este exceso de trámites administrativos dificulta la obtención de ayudas en el día a día. En este sentido, cuestiona la Política Agraria Común (PAC), afirmando que “no tiene sentido” debido a sus exigencias y directrices alejadas de la realidad del sector. Sostiene que pocos ganaderos pueden acceder a estas ayudas y que, en su opinión, la PAC debería garantizar una renta asegurada, ya que Mercosur “tira por tierra la seguridad de los ganaderos”. “A nosotros se nos exige mucho en materia medioambiental, mientras que a Mercosur no”, denuncia.

Sobre la carga burocrática, Elizondo advierte que “cada vez va a peor y exigen más y más documentación”. Según él, esta situación provoca el cierre de explotaciones, no por falta de viabilidad, sino por la burocracia. “Vamos a peor, todo es por el bienestar animal y nadie se preocupa por los ganaderos”, critica.

Precisamente, la burocracia es otro de los grandes problemas que enfrenta el sector ganadero y aunque se perciben pequeños avances en su flexibilización, el proceso, lamentan, “es muy lento”. Los representantes de los ganaderos cántabros explican que estas exigencias provienen de la Comisión Europea y de la PAC, por lo que Cantabria tiene un margen de maniobra “limitado” para simplificar los trámites.

Pérez Quintial insiste en que la burocracia es su mayor “caballo de batalla” y que muchas ganaderías están gestionadas por personas mayores de 60 años, quienes a menudo carecen de los conocimientos o los medios tecnológicos necesarios para cumplir con los requisitos administrativos. Además, la falta de conexión a internet y de cobertura en algunas zonas rurales dificulta aún más la gestión. Sobre la tramitación de ayudas, comenta: “Es bonito y necesario, pero difícil de aplicar”.

Nuevas explotaciones

Respecto al relevo generacional, Pérez Quintial señala que “cuesta mucho” mantener el número actual de explotaciones, y aún más complicado es iniciar una ganadería desde cero sin alguien que ceda terrenos. Aunque existe una ayuda de 50.000 euros para nuevas explotaciones, considera que no es suficiente y que debería ascender, como mínimo, a 100.000 euros. Además, la ayuda exige estar dado de alta como ganadero durante cinco años, algo que él estima insuficiente. Propone aumentar tanto la cantidad económica como el tiempo de compromiso para afianzar a los nuevos profesionales y consolidar las explotaciones. “Cada vez somos menos, hay que reforzar las incorporaciones con ayudas más atractivas y por más años”, concluye.

En relación con este asunto, Elizondo explica que las nuevas incorporaciones al sector se dan mayormente en explotaciones ganaderas ya existentes, dentro de negocios familiares, lo que impide la apertura de nuevas explotaciones, una realidad que califica como “muy complicada”. Además, señala que “no solo cierran explotaciones pequeñas, también desaparecen grandes”.

Pérez Portilla insiste en la necesidad de un plan real que no solo facilite la incorporación de nuevos ganaderos, sino que también refuerce y apoye a los que ya están en activo, en su mayoría mayores de 60 años, para que puedan transmitir su conocimiento y experiencia a los jóvenes.

Además, advierte que Cantabria lidera el ranking de pérdida de explotaciones de leche, una situación preocupante para el futuro del sector. Aunque hay ganaderos interesados en incorporarse, lamenta que el ambiente general en el sector es de “derrotismo”, lo que desanima a quienes podrían iniciarse en la actividad. “Por mucho que guste el oficio, hace falta estabilidad”, señala, reclamando una PAC que garantice una renta digna para los productores.

 

Otro tema que inquieta al sector ganadero es la creciente amenaza del lobo. Elizondo lo califica como “una sangría” y afirma que la situación ya no tiene arreglo porque el cánido está ya en toda la región, hasta las mismas playas: “Se pasea sin miedo por los pueblos y mata todos los días”, una situación ante la que, dice, el Gobierno no hace nada. A su juicio, la única solución viable sería extraer ejemplares, ya que, de lo contrario, la situación será insostenible.

En este sentido, los últimos estudios revelan la existencia de 23 manadas de lobos en el año 2024, lo que supone que casi se han duplicado en la última década, pues el Censo Nacional 2012-2014 apuntó que había 12. Se calcula que estos animales están presentes ya en un 78,8% del territorio de la región incluyendo terrenos de 65 municipios, además de la Mancomunidad Campoo-Cabuérniga. En los últimos cinco años se han extendido a 11 municipios nuevos, llegando a zonas de costa y urbanas e industriales.

Pérez Quintial recuerda un reciente incidente en Ruiloba, donde un lobo fue atropellado mientras comía una oveja, lo que, según él, evidencia que cada vez están más cerca de los núcleos urbanos. Señala que los ataques son diarios y que afectan tanto al vacuno extensivo como a pequeños rebaños de ovejas. “Están por todas partes, cada vez más cerca de la población”, advierte.

Luis Pérez Portilla denuncia que los ataques son “desmedidos”, incluso en municipios costeros. “La situación se ha ido de las manos en la montaña y está llegando al litoral”.

“Desde las capitales se defiende al lobo, eso queda muy bonito, pero hay que cambiar la mentalidad. Nosotros lo sufrimos y no queremos que desaparezca, pero sí que haya un control”. Carlos Elizondo (Asaja)

Sobre la situación general del sector, Elizondo manifiesta su preocupación: “Lo veo complicado, no me gusta decir mal”, y reclama: “Nos tienen que dejar respirar”. Si el panorama no cambia, advierte que convocarán movilizaciones. “No vamos a permitir que se nos trate como moneda de cambio y que los lobos estén en las playas, matan hasta dentro de las cuadras”, advierte el representante de Asaja, que lamenta la distancia que en este asunto existe entre el mundo rural y el urbano: “Desde las capitales se defiende al lobo, eso queda muy bonito, pero hay que cambiar la mentalidad. Nosotros lo sufrimos y no queremos que desaparezca, pero sí que haya un control”.

Pérez Quintial menciona otras preocupaciones del sector, como los parques eólicos. En la zona oriental, los proyectos en El Peruquito y Corus amenazan con instalarse en áreas agrícolas. Aclara que los ganaderos no están en contra de estas infraestructuras, pero solicitan que se ubiquen en zonas altas y alejadas de los pueblos, ya que su presencia conlleva una pérdida de valor en los terrenos.