“Escucharemos a las empresas y entenderemos sus problemas”

Francisco Javier Fernández, consejero de Medio Ambiente, aboga por ser estricto en el cumplimiento de las exigencias legales en materia medioambiental, pero flexible para que las empresas puedan adaptarse a la normativa sin poner en riesgo su continuidad.

Texto de José R. Esquiaga @josesquiaga. Publicado en enero de 2012.

Pregunta.- Desde el punto de vista medioambiental, ¿hay alguna cuestión que vaya a marcar la legislatura, un objetivo prioritario por parte de la consejería?
Respuesta.- Hay algunas líneas muy claras: una es la actuación a través de planes concretos, de ámbito comarcal. Un ejemplo es el plan Besaya 20-20, que ya ha sido presentado. Es un plan multidisciplinar, pero que va a tener como hilo conductor la recuperación ambiental de la comarca. El proyecto más ambicioso en esta legislatura va a ser éste. No es una actuación puntual y concreta, sino un plan vivo, que irá creciendo. Eso queremos combinarlo con actuaciones inmediatas, planes que ya no serían de recuperación, sino de puesta en valor de los valores ambientales. Ejemplos como los del ecoparque de Trasmiera en Arnuero, la recuperación de las marismas en Astillero… por esa vía queremos ir. Y relacionado con lo anterior, está la recuperación de zonas degradadas. Ya hemos comenzado a trabajar con la Federación de Municipios para elaborar un mapa de estos puntos negros medioambientales, para convertirlos en puntos verdes. Recuperarlos y, una vez recuperados, custodiarlos, dando un uso que evite que vuelvan a degradarse. Resumiendo, esas serían dos líneas claves: planes comarcales de recuperación y puesta en valor y actuaciones puntuales de eliminación de puntos negros medioambientales.

P.- ¿Qué papel van a jugar las empresas en esas actuaciones, qué se les va a pedir?
R.- Sobre todo les vamos a pedir implicación. Los agentes impulsores van a ser las diferentes administraciones, autonómica y municipal, pero el proyecto va a abrirse a sociedad y empresas. Vamos a estudiar fórmulas de colaboración en todas las actuaciones, porque entiendo que las empresas son conscientes de que sin respeto al medio ambiente su actividad no tiene futuro. De hecho están llevando a cabo importantes actuaciones en esa materia. Con las empresas queremos dejar claro dos cosas: vamos a ser inflexibles en el cumplimiento de la normativa en materia de protección medioambiental, y al mismo tiempo vamos a ser flexibles para que la empresa pueda adaptarse a esas normas sin poner en riesgo su continuidad. Es cuestión de equilibrio, pero sin que la segunda premisa signifique dejar de cumplir la primera.

P.- En esas actuaciones comarcales, ¿se va a ir más allá del cumplimiento estricto de la normativa, se va a elevar el nivel de exigencia?
R.- En Cantabria tenemos una normativa suficientemente exigente en materia de medio ambiente. Pero cuando hablamos de zonas degradadas, dejando al margen aspectos como los suelos degradados, donde sí existe una legislación al respecto, hay áreas que queremos recuperar aunque no haya una exigencia legal para hacerlo. Queremos trabajar en emisiones, y si conseguimos estar por debajo de los niveles exigidos, pues mejor que mejor. Otro tanto pasa con los vertidos. Siempre respeto a los límites, pero si se puede mejorar, lo haremos.

P.- El caso es que ahora mismo la situación económica no parece propicia para que las empresas acometan inversiones. ¿Hay riesgo de que estos planes, o incluso el simple cumplimiento de las normas, se vean comprometidos por esta circunstancia?
R.- Sabemos que el momento es muy difícil y no vamos a plantear objetivos propios de una época de abundancia cuando estamos en una época de crisis. Hay mínimos que no podemos obviar, por mucha crisis que haya, pero no vamos a pedir milagros. En todo caso, hay actuaciones que no comprometen una gran inversión y que pueden conseguir grandes resultados. Cuando hablamos de recuperación, no se trata de actuaciones caras, es más cuestión de saber emplear los recursos, los medios con los que contamos para conseguir con ellos los máximos objetivos. Vamos a ser estrictos en el cumplimiento de la normativa, también flexibles para propiciar que las empresas puedan alcanzar esos objetivos y, en lo que va más allá de la normativa, no vamos a plantear exigencias que sean imposibles de cumplir. Escucharemos a las empresas y entenderemos sus problemas, pero sin perder de vista cuales son los objetivos.

P.- En su día, con la autorización ambiental integrada, se consideró que había un riesgo real de que algunas empresas vieran comprometida su continuidad. Finalmente no sucedió, no sé si por esa flexibilidad de la que hablamos o por un cumplimiento real. ¿Podemos dar por superado ese listón?
R.- Ahora mismo, con carácter general, la cuestión medioambiental no es un problema para la continuidad de las empresas. Se asumió la necesidad de obtener las autorizaciones ambientales, las empresas asumieron esa realidad y se adaptaron a ella. Nosotros, por nuestra parte, damos muestra de esa flexibilidad que estamos comentando. Por ejemplo, en la ley de acompañamiento de este año hemos limitado una exigencia que se establecía en la ley de control ambiental integrado: el acta de conformidad. Este es un trámite que, con carácter general, deben cumplir las empresas que se van a instalar, un estudio previo que determina que es conforme con los niveles de exigencia de la normativa actual. En la normativa de Cantabria, no en la española o en la comunitaria, se planteó la necesidad de esa acta de conformidad también para las empresas existentes. Yo creo que eso era excesivo y lo vamos a modificar. Pero eso no significa que tengan autorización para contaminar, los niveles que tienen que cumplir son los mismos para todos, pero partamos de un hecho real: no es lo mismo una empresa que se abre que una que lleva años trabajando.

P.- ¿Las empresas cántabras cumplen con lo comprometido, en materia de emisiones y vertidos, por ejemplo?
R.- No tenemos supuestos de incumplimientos reiterados en materia medioambiental. No hay una crisis generalizada en ese sentido, hay un cumplimiento aceptable, lo que no significa que no haya casos puntuales sobre los que actuar, tomando las medidas que procedan.

P.- En su momento se habló de la economía verde, incluso como una de las vías para un cambio de modelo. Da la impresión de que eso no se ha producido, y que incluso el sector medioambiental está sufriendo la crisis de una forma especialmente acusada.
R.- Sí que hay iniciativas en ese campo. Hay empresas de Cantabria que están reorientando su actividad hacia ese campo, pensemos en recuperación de residuos por ejemplo. Hay proyectos que se plantean esa recuperación, que esos residuos se conviertan en subproductos con un uso industrial. En materia de reciclaje de residuos de construcción y demolición, de plásticos… hay todo un movimiento en ese sentido, proyectos de plantas de biomasa, de biogás… Todo esto, que se irá poniendo en marcha con el tiempo, es economía verde y contará siempre con el apoyo de esta consejería.

P.- Alguna de las actuaciones que ha mencionado está vinculada con el concurso eólico. ¿Existe el riesgo de que esas inversiones queden en nada, debido al redimensionamiento del plan?
R.- El Plan Energético, que debe servir de marco para el desarrollo eólico, sigue su camino. Estamos en la fase de evaluación ambiental y el plan va a ser una realidad en los próximos meses, contemplando unas magnitudes de implantación eólica. De ahí se derivarán los proyectos de i+D+i relacionados con las energías alternativas. Queremos hacer las cosas como creo que deberían haberse hecho, y como los propios servicios jurídicos le plantearon al Gobierno anterior: primero un plan energético, y luego la ejecución del plan.

P.- Entiendo que el redimensionamiento del plan afectará a los proyectos asociados, de manera que las expectativas asociadas a los mismos sean menores de lo que se dijo inicialmente.
R.- Si las expectativas son todo lo que se aprobó en el anterior concurso, en efecto probablemente no van a ser expectativas viables. Por ejemplo, en energía eólica marina se planteaba que en Cantabria se iba a instalar del orden del 80 o el 90% de toda la energía marina de España. Eso no era muy realista. Las magnitudes que vamos a manejar van a ser inferiores, pero no por eso van a ser insuficientes. Lo que planificamos es cuáles son las dimensiones adecuadas para Cantabria. Una vez respondamos a eso, ejecutaremos los planes.

P.- ¿Los plazos para resolverlo caben en el marco de una legislatura?
R.- Sin duda. El consejero de Industria habla de meses para la aprobación del plan. Ahí habrá que encajar los proyectos para, a partir de ahí, hacer la tramitación y la ejecución de los proyectos. Cabe en una legislatura, seguro.

P.- ¿Para cuándo estará operativo el vertedero que sustituya a El Mazo?
R.- El Mazo sigue operativo en lo relativo a residuos industriales no peligrosos, que es a lo que se destinará el futuro vertedero de Monte Carceña en Castañeda. Respecto a este último, queda poco tiempo para acabar la obra civil con lo que su puesta en marcha dependerá del entendimiento entre la empresa concesionaria y el Ayuntamiento en todo lo relativo a los permisos municipales. Esperamos que quede resuelto cuanto antes, en el transcurso del primer trimestre de 2012.

P.- ¿Cómo puede conseguirse que haya menos material que vaya al vertedero, fomentarse el reciclaje y la reutilización?
R.- Hay empresas que tienen esa función, que recogen los residuos de construcción para reutilizarlos como árido o grava. Eso se está haciendo y habrá que buscar un plan que nos permita colaborar en esa línea, estableciendo sistemas de recogida y reciclado, de manera que llegue al vertedero la mínima cantidad posible. Ahí hay mucho por hacer.

P.- La Ley de Costas se ve como una amenaza para la continuidad de empresas, y también para propiedades de particulares. El año 2018 está cada vez más cerca. ¿Qué va a pasar de aquí a entonces?
R.- Hay una conciencia bastante generalizada de que la aplicación de la Ley de Costas puede dar lugar a situaciones injustas a las que debe buscarse una solución. La ley transforma derechos de propiedad en derechos concesionales cuando se opera dentro del dominio público, en una idea que no fue declarada inconstitucional en su día, pero sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera tener el Estado por la pérdida de derechos del propietario. Eso supone una situación de incertidumbre que habrá que abordar y es posible hacerlo por dos vías: o bien respondiendo a las reclamaciones que pudieran producirse o bien, por vía legal, haciendo una modificación del régimen transitorio para dar una solución más allá de 2018 a esa situación que va a producirse. Esta segunda posibilidad es la que había intentado ya el PP cuando estaba en la oposición y creo que ahora el camino está despejado para hacerlo. Habrá que ver en qué términos el Estado busca una solución, teniendo en cuenta que hay que dar una respuesta a todos los supuestos en los que el régimen transitorio de la ley de costas establecía el año 2018 como fin de las concesiones. ¿Con una nueva concesión, con un reconocimiento de otro tipo de derechos? No lo sé. Lo que sí se va a llevar a cabo es una reforma antes del vencimiento, de eso estoy convencido.

P.- Entiendo que esa postura descarta la búsqueda de soluciones puntuales, caso por caso, que era la respuesta que propugnaba el Gobierno anterior.
R.- No hablo como Gobierno, porque ahí no tenemos competencia, pero mi opinión personal, en efecto, es que que la solución no puede ser un estudio individualizado caso a caso, si no una respuesta legal de ámbito general.