Jaime Paino, vicepresidente de la Asociación de Viviendas de Uso Turístico de Cantabria (Avitcan): “El nuevo decreto sobre viviendas de uso turístico no va a solucionar nada”

Es la cara y la voz de los propietarios de viviendas de uso turístico (VUT) en Cantabria, una modalidad de alojamiento permanentemente en entredicho. Dueño de un vivienda legalizada en Mogro, reivindica el papel de las VUT para satisfacer los nuevos modos de viajar, y reclama espacio para un modelo en constante crecimiento que, pese a ello, asegura que aún presenta en la región un porcentaje sobre el total del parque inmobiliario muy inferior a la media media española.

Manuel Casino |  @mcasino8 | Junio 2024

Pregunta.– Nacen con el objetivo de dar voz a los propietarios de viviendas de alquiler por estancias cortas de Cantabria. ¿Siente que hasta ahora estaban silenciados?

Respuesta.– Hasta ahora no existía una asociación que uniera a todos los propietarios de este tipo de alojamientos y, por tanto, no hemos tenido presencia en ningún organismo o foro, ni nadie nos ha consultado nada, ni siquiera de forma individual. Esperemos que a partir de ahora esta situación cambie.

P.– En apenas unas semanas ya cuentan con más de 350 asociados. ¿Se han marcado alguna meta?

R.– No. En estos momentos vamos ya por casi 450. Ahora mismo no somos una asociación de socios, sino de representados, aunque en un futuro sí nos planteamos dar servicios a los socios. No hay meta. 450 en apenas tres semanas ya es como para sentirnos muy contentos, pero estoy convencido de que llegaremos a cifras muy importantes de representación en el sector, a pesar de que acceder a nuestros posibles representados no es un camino fácil porque los listados, por la ley de protección de datos, no son públicos. En el listado del portal de Turismo del Gobierno regional aparecen 1.400 propietarios de vivienda de uso turístico (VUT) con teléfono, pero otras fuentes nos dicen que ya hay alrededor de 3.500. Es decir, existe un conjunto de propietarios al que no tenemos acceso, salvo a través de redes sociales y los medios de comunicación. Con estos condicionantes, que contemos ya con 450 es todo un éxito.

P.– Aspiran a ser un interlocutor ante la Administración. ¿Se ha puesto alguna en contacto con ustedes?

R.– No. Hemos escrito a las diferentes administraciones, al igual que también nos hemos dirigido a diferentes asociaciones del sector hostelero, partidos políticos y al colegio de Administradores de Fincas. Hasta la fecha solo se ha puesto en contacto con nosotros los grupos municipales Socialista y del PRC en el ayuntamiento de Santander y también el Partido Socialista a nivel regional para celebrar una futura reunión. No tenemos noticias de la Consejería de Turismo ni tampoco del Ayuntamiento de Santander. Pero es entendible, no les culpamos. Hemos nacido apenas hace un mes y tienen agendas complicadas. Ya saben que existimos. Ahora solo hace falta que nos reciban.

P.– En su opinión, ¿cuál es la realidad del sector?

R.– Es un sector regulado. No es la ley del oeste. Existe un decreto que funciona, sólido y joven, y que en ningún momento ha sido recurrido ante los tribunales por su articulado. No entendemos por qué tiene fecha de caducidad. No sabemos las razón por la que se quiere cambiar un decreto que, como digo, funciona. El problema es que no se ha aplicado en su totalidad. Es decir, el artículo 8, que habla del régimen sancionador, se refiere a todos aquellos establecimientos que deben ser inspeccionados y sancionados si no cumplen la normativa. Y ese es el problema real. El problema no son las viviendas de uso turístico, que es una modalidad legal, regulada, de calidad y necesaria. El problema es que hay cientos o miles de alojamientos ilegales, y remarco alojamientos, porque no solo son VUT, sin también campings, hoteles o posadas, que también los hay. La cuestión es que últimamente el término ilegal solo se vincula con las VUT. Que las hay mayoritariamente, de acuerdo. Pero este problema no lo va a solucionar un nuevo decreto. Lo va a solucionar si entre todos –administraciones públicas, organismos privados, Policía Nacional, Guardia Civil y todas las asociaciones implicadas– hacemos un censo de alojamientos ilegales y dotamos de recursos y servicios a la Consejería o a quien corresponda para inspeccionar y sancionar. Mientras tanto, todo seguirá igual. Será una cortina de humo que no terminará con el problema real que, insisto, no son las viviendas de uso turístico, sino los miles de alojamientos ilegales. De hecho, creemos que el nuevo decreto, que seguramente sea mucho más restrictivo que el actual, consiga el efecto contrario: si en un futuro va a ser mucho más difícil conseguir una licencia de uso turístico, muchos pasarán a la ilegalidad. El año pasado solo se sancionaron 22 alojamientos ilegales de los 5.500 que existen, según el INE, y los más de 10.000 que sostiene Hostelería. Estamos hablando por tanto de un porcentaje tan absurdo que, mientras no corrijamos esto, nada va a cambiar.

P.- ¿Qué medios plantean para hacer aflorar esa bolsa de alojamientos fuera de cualquier regulación?

R.- Le digo varias herramientas. En primer lugar, a través de un buzón ciudadano en el que cualquier persona, de forma anónima, puede comunicar que al lado de su casa cree que hay una vivienda de uso turístico. Después, hablando con las plataformas Airbnb y Booking para que cedan, si es posible, los datos de los propietarios que tengan dados de alta. En tercer lugar, la Agencia Tributaria sabe perfectamente quién ha ejercido la actividad a través de estos portales digitales y se puede cruzar con las licencias concedidas. Cuarto, que los administradores de fincas ofrezcan el listado de viviendas de este tipo que existen en los edificios que gestionan. Es verdad que en las ciudades perseguir estas prácticas es más complicado porque los anuncios que se publican son del interior de las viviendas y las zonas que estas plataformas señalan de dónde se encuentra el piso suelen ser muy amplias. Pero en la zona rural, por las fotos, sí puedes localizar de qué vivienda se trata. Lo que ocurre es que este seguimiento requiere de unos recursos humanos y tecnológicos de los que ahora no se dispone. Y es mucho más fácil hacer un maquillaje con un nuevo decreto, que lejos de solucionar va a agravar el problema, que unirnos todos para realmente tratar de atajar esta problemática. Le acabo de enumerar cuatro o cinco medidas, pero seguramente hay otros medios para conseguir estos datos. Le cito otro: con el listado de licencias denegadas, verifiquemos si efectivamente no ejercen la actividad. Le reitero mi opinión de que este nuevo decreto va a conseguir que muchas viviendas que se podrían legalizar no lo puedan hacer. Y viendo que de forma ilegal no pasa nada, pues… Blanco y en botella.

P.– ¿Cree que está justificada la creciente preocupación social que existe en torno a este tipo de viviendas?

R.– No, no lo comparto. Le doy algún dato. En Cantabria, las VUT legales representan el 0,5% del total del parque inmobiliario, mientras que en el conjunto de España este porcentaje se eleva al 1,7%. Por tanto, estamos muy por debajo de la media española. Pero, ¿sabe cuántas viviendas vacías hay en Cantabria? 50.000, según el INE, lo que supone el 12,9% del total. Pese a ello, se nos culpa de tensionar el mercado de la vivienda. Con el 0,5% esta acusación no se sostiene. Sin embargo, si lo comparas con el número de viviendas vacías, ahí tienes a alguien más culpable que nosotros. Ahora, pregúntese qué se está haciendo para sacar esas viviendas vacías al mercado. ¿De quién son? Aquí se podría abrir otro debate. Pero le doy otro dato. El número de viviendas de protección oficial construidas en Cantabria en los últimos cinco años es de 311, mientras que el número de viviendas de obra nueva construidas solo en 2023 es de 1.017. ¿La culpa de la falta de vivienda de alquiler a largo plazo y de disponibilidad de vivienda asequible no será más bien del alto número de viviendas vacías o de que no se construyen más que de un ínfimo 0,5% de VUT? ¿De verdad que se quiere achacar a este colectivo este problema? El cóctel molotov que se ha producido en España con las leyes de Arredramientos Urbanos, de Vivienda y de Enjuiciamiento Civil hace que las personas prefieran tener las viviendas vacías antes que exponerlas a un alquiler a largo plazo.

“El problema no son las viviendas de uso turístico,
que es una modalidad legal, regulada, de calidad y
necesaria. El problema es que hay cientos o miles de
alojamientos ilegales, y remarco alojamientos, porque
no solo son VUT, sino también campings, hoteles o
posadas, que también los hay”

P.– El ruido excesivo, la pérdida de privacidad, el uso indebido de las zonas comunes y la sensación de inseguridad son, a menudo, algunos de los aspectos que más perturban y tensan la convivencia entre unos y otros. ¿Ve solución a estos desafíos?  

R.– La solución pasa por saber si es realmente así o no. Nos llevaríamos una sorpresa. Aquí nadie ha hablado de cuántas hojas de reclamaciones acumulan las viviendas de uso turístico versus otro tipo de alojamientos. Ni nadie tampoco ha aportado un dato de las veces que la Policía o la Guardia Civil ha tenido que acudir por una denuncia de ruidos en una VUT. Es minoritario. Lo que interesa es culpabilizarnos de algo que no creo que sea real. En primer lugar, porque los propietarios, por la normativa, tenemos que exigir unas normas en nuestra casa y, uno de ellas, es que por favor respeten el descanso de los vecinos. Somos los primeros interesados en que no se moleste a los vecinos. Es más, autoimpongámonos una monitorización de ruido. Perfecto, instalemos sensores de ruido y de movimiento. Pero es que no está pasando realmente. Nos acusan de echar a los vecinos del centro de las ciudades. Le invito a que nos demos un paseo por los portales del centro de Santander. Están llenos de despachos profesionales, de negocios empresariales que sí han desplazado al inquilino. Y están ejerciendo una actividad en una vivienda que no es vivienda, como sí en cambio son las VUT. Y veo en los portales un tráfico constante de personas que acuden a dentistas, abogados, notarías, gabinetes psicológicos o a la multitud de negocios que existen en viviendas. ¿Vamos a prohibir las VUT en los inmuebles pero vamos a dejar al resto de negocios profesionales? Ahora mismo, somos los malos de la película. Porque en la mayoría de los casos se trata de propietarios individuales. Aquí no hay grandes tenedores ni grupos de inversión. El 95% solo tiene una licencia. Son cántabros y cántabras que cotizan aquí sus ganancias. Que además de desarrollo, también contribuyen a la recuperación de inmuebles que estaban abandonados y llevan el turismo a zonas en las que antes no había. Lo que ocurre es que es mucho más fácil meterse con un individuo, que hace poco ruido, que hacerlo con grandes grupos empresariales. Quizá esta asociación ha empezado a decir que también los propietarios de VUT son un objeto de derecho.

P.– Como ha apuntado antes, la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria estimaba hace unos meses que en la comunidad existen alrededor de 10.000 viviendas de uso turístico, de las que apenas un 16% estarían legalizadas. ¿Da por buenas estas cifras?

R.– Me da igual la cifra. Como si fueran solo dos ilegales. No tiene sentido pelearse por las cifras. Nadie conoce cuántas son en realidad porque nadie ha realizado un censo, que por otro lado habría que hacer. Es preocupante en el momento en que ya exista una. No entremos en una batalla absurda de datos. Lo que hay que hacer es censarlos para poder inspeccionarlos y sancionarlos. Y una vez que lo hagamos, publicitar dichas sanciones para que el resto que actúa de manera ilegal se dé cuente de que a lo mejor no es tan barato seguir haciéndolo de ese modo. Lo que sí es cierto es que ahora se está produciendo un aluvión de solicitudes, no tanto para explotar turísticamente la vivienda, como para tener la licencia antes de que entre en vigor el nuevo decreto, como un valor de futuro.

 

P.– Apuestan por un turismo de calidad y sostenible. ¿Encaja la proliferación de pisos turísticos con este objetivo?

R.– Claro que sí. Pero no solo es sostenible, es además necesario. Como le decía antes, el porcentaje de VUT legales en Cantabria está muy por debajo de la media nacional. Actualmente, el turismo está aumentando una barbaridad y no podemos ir contra los tiempos. Es un hecho que la forma de viajar y de visitar los lugares ha cambiado. Y hay personas que expresan su deseo de alojarse de forma diferente. Pero hay mercado para todos. Los hoteles están llenos y batiendo récords de ocupación en este primer trimestre del año. Y ahora mismo las VUT están dando un servicio demandado porque, según varios estudios, el viajero que opta por esta modalidad no se plantea hacerlo de otra forma. O le damos el alojamiento que busca, o no vendrá. Le pongo un ejemplo: una persona que viaja de camping, que le gusta este modelo de alojamiento, si no lo hay no irá a un hotel. Buscará otro lugar donde sí lo haya. ¿Vamos a renunciar al turismo cuando es nuestra principal fuente de riqueza? ¿Les vamos a decir a los turistas que no vengan este verano? Y, ¿es sostenible? Sí, en la medida que respondas a esta nueva demanda de venir a Cantabria, que está de moda.

P.– La Asociación de Turismo Rural reclama desde hace tiempo que se igualen los requisitos entre pisos turísticos y los alojamientos regulados en cuanto a infraestructuras y equipamientos. ¿Lo comparte?

R.– Es que ya lo hacemos. Lo que no ofrece una VUT es servicios de hostelería. Pero tenemos hojas de reclamaciones, extintores, damos parte de viajeros a la Policía y Guardia civil… Lo que no se puede decir es que no se hace. La mayoría de las VUT tenemos una seguro ampliado a huéspedes. ¿Qué además quieren un seguro de responsabilidad civil? Perfecto, lo que quieran. ¿Luces de emergencia? Pues si la tenemos que poner en la puerta de nuestra casa, la ponemos.

P.– La Asociación Hostelería, por su parte, solicita un mayor control sobre los viajeros que se alojan en cada vivienda, cuyo número en muchas ocasiones supera al anunciado inicialmente. ¿Alguna idea para lograrlo?

R.– No es así. No hay ningún dato que lo valide. Los propietarios somos los primeros preocupados por si eso sucede. Como ya le he dicho, hacemos un parte de viajeros y somos los primeros interesados en que no se moleste a los vecinos, en que se cumplan las normas de cada casa y en que no entren más personas de las admitidas. Y tenemos un formulario de entrada que los viajeros tienen que rellenar. Tenemos la obligación y lo hacemos.

P.– El pasado 16 de abril concluyó el periodo de consulta pública abierto por el Ejecutivo regional para aportar propuestas sobre el futuro decreto que regulará esta actividad en Cantabria. ¿Han presentado alguna?

R.– Sí. Básicamente hemos apuntado que la asociación no entiende las razones que llevan a redactar un nuevo decreto. Además, creemos que esta consulta pública está llena de vaguedades y falsedades. Que se nos atribuyen supuestas molestias sin concretar ni sostener ninguna de las valoraciones que se hacen. Igualmente, hemos advertido del peligro que supone hacer un decreto que viole nuestros derechos, por lo que explicamos la necesidad de que los servicios jurídicos hagan un trabajo profundo porque, de lo contrario, nos encontraremos con el decreto en los tribunales, como ha ocurrido con todos los publicados en España, salvo con el aún vigente en Cantabria. No se entiende que la única normativa que realmente ha sido sólida se quiera ahora cambiar. Simplemente es una cortina de humo para mirar hacia otro lado o para culparnos de la falta de vivienda. También les hemos dicho que el decreto actual es mejorable en muchos puntos. Y les hemos dicho unos cuantos. Primero, que realmente se aplique lo que se aprobó ya por consulta pública en 2022 de que no era necesaria la confirmación del administrador de fincas y que era posible cambiar la titularidad del contrato. Que, en cierta medida, estamos de acuerdo en que esta actividad se abra a sociedades siempre y cuando se limite el número de VUT a nombre de empresas o personas jurídicas. Luego, estamos diciendo que en Cantabria no se ha declarado aún ninguna zona tensionada. Por tanto, no hagamos cosas que sabemos de partida que pueden ser ilegales y que van en contra de la propiedad privada y del derecho constitucional en muchos casos. En verdad, creemos que no están buscando soluciones al problemas real, sino elaborando un decreto que de nada va a servir. Somos, insisto, los primeros perjudicados por las VUT ilegales. Finalmente, también les pedimos que defiendan nuestra modalidad de alojamiento tanto como hacen con otras porque somos igual de legales e igual de necesarias. Y, sobre todo, que no nos vinculen constantemente con la palabra ilegal. Porque no es así.

“Todos los modelos de alojamiento tienen su público. La
competencia es buena. Vamos a ofrecer un turismo de
mayor calidad y sostenible. Porque el turismo es de todos
y para todos. No solo de unos cuantos y para los que
quieren viajar de una manera determinada”

P.– ¿Qué espera entonces de este decreto?

R.– No espero nada. Más problemas y más viviendas ilegales, si cabe. ¿Qué cree que va a pasar con el nuevo decreto? ¿Que de forma mágica van a desaparecer todas las viviendas ilegales? Es ridículo. Lo que hay que hacer es luchar contra los ilegales, no contra los que crean un servicio. Lamentablemente, este decreto será nada, humo.

P.– Cuando anunció la creación de este nuevo marco jurídico, la Consejera de Turismo explicó que con este decreto no solo se trata de atajar el problema de los pisos turísticos que no cumplen con la normativa o no están registrados, sino abordar también a cuántas viviendas legales se puede dar cabida. ¿Para cuántas estima que hay espacio en Cantabria?

R.– Antes de nada habría que estudiar el número total de plazas de alojamiento, independientemente del modelo. Y habrá que aplicar esa restricción a todos los modelos. Lo que es absurdo es que a unos se les dé barra libre y a las VUT se les limite su actividad. Tendremos los mismos derechos que un hotel. Además, si miramos la realidad del mercado vemos que hay más demanda de viviendas de uso turístico que de plazas hoteleras. Porque está cambiando el modo de viajar y no podemos imponer cómo hacerlo. Las alternativas existen y coexisten en todos los sectores. Lo que ocurre es que ahora las VUT han llegado al sector hotelero. Si vamos a limitar las plazas, habrá que hacerlo de forma proporcional y en todos los modelos. Pero creo que no hace falta. El problema es si Cantabria cuenta con los servicios e infraestructuras necesarias para dar un servicio de calidad al creciente número de viajeros. A lo mejor no es el momento de limitar. Como he dicho, todos los modelos de alojamiento tienen su público. La competencia es buena. Vamos a ofrecer un turismo de mayor calidad y sostenible. Porque el turismo es de todos y para todos. No solo de unos cuantos y para los que quieren viajar de una manera determinada. Porque podemos y, sobre todo, porque es el sector económico que nos mueve.