La cultura reivindica su valor de empresa
La Comisión Europea calcula que la cultura aporta un 3% del PIB de la UE, genera 6 millones de empleos y mantiene un potencial económico notable, aunque admite que poco reconocido y escasamente valorado. Las empresas cántabras que operan en la industria cultural y creativa sufren esa misma falta de visibilidad y lamentan que no se valore adecuadamente su relevancia económica, aunque admiten que parte del problema es responsabilidad del propio sector, integrado por micropymes que tienden a descuidar la dimensión puramente empresarial de su actividad.
Por Juan Carlos Arrondo
La Constitución, en su artículo 44.1, consagra el derecho de todos los españoles al acceso a la cultura y el deber de los poderes públicos de protegerlo y tutelarlo. En una sociedad de mercado como la nuestra, esto se traduce en el reconocimiento al ciudadano de su derecho a consumir cultura. Esta consideración como bien económico no invalida la de bien social y es en el equilibrio entre ambas en la que se sitúan las empresas y los profesionales que crean, producen, distribuyen o gestionan la cultura. Los organismos europeos apuestan por la innovación, la creatividad y el compromiso de las ‘industrias culturales y creativas’ (ICC) como motor del desarrollo local, de la cohesión y la transformación social. Además, con una aportación del 3% al PIB comunitario y más de seis millones de puestos de trabajo, constituyen para la Comision Europea un sector con un potencial económico notable, aunque infravalorado y poco reconocido.
Esta falta de reconocimiento es particularmente significativa en España, donde –a pesar de representar un 2,5% del PIB y superar los 500.000 empleos– está muy enraizada la opinión de que la cultura vive parasitariamente de las subvenciones públicas y poco ha hecho por desmentirla la Administración con sus erráticas políticas. La Plataforma de Empresas Culturales de Cantabria (PECCA) trata de demostrar que la inversión en cultura ofrece un fuerte retorno, tanto económico como social, y cree necesario que las comunidades autónomas, como instituciones competentes en la materia, hagan suya la apuesta europea. Al Gobierno de Cantabria le pide que establezca un rumbo mediante la elaboración de un plan estratégico, que defina una marca Cultura Cantabria y la posicione en el exterior.
Según los últimos datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en 2015 había 1.116 empresas culturales en Cantabria. En PECCA no están convencidos de que esta cifra ofrezca una dimensión real de un sector que incluye diversas ramas que no siempre constan en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas –CNAE– en epígrafes inequívocamente culturales. “Las estadísticas sobre industrias culturales y creativas del Ministerio de Cultura se hacen partiendo de la CNAE. Hay actividades que están en epígrafes que son cajones de sastre y a la hora de elaborar las estadísticas no son tenidas en cuenta”, advierte Ángel Astorqui, presidente de PECCA. La plataforma ha demandado al Ministerio de Hacienda una reordenación de estas actividades en epígrafes que les permita tener una visibilidad oficial de la que hoy carecen, al tiempo que intenta que el ejecutivo autonómico averigüe la situación del sector en Cantabria: “Hemos reclamado un estudio de las industrias culturales y creativas para saber su estado actual y esto sirva como base para trazar objetivos y estrategias”, apunta su presidente.
La tarea no es sencilla porque, si bien se trata de una comunidad autónoma con mucha afición cultural, las empresas son muy pequeñas, tanto que en muchos casos sería más preciso hablar de ellas en términos de profesionales autónomos que a veces compaginan su actividad cultural con otras de distinta índole. Además, especialmente tras el estallido de la crisis económica, la precariedad en la que viven muchas de ellas hace que nazcan y mueran en poco tiempo.
La crisis sigue ahí
La reducción del consumo de productos culturales y el drástico recorte en los presupuestos públicos han supuesto que la crisis económica haya atacado con particular virulencia a las empresas de un sector que, a diferencia de otros, no parece dar grandes signos de recuperación. “Estamos sobreviviendo las que hemos podido sobrevivir porque hay mucha gente que ha tenido que optar por que la cultura sea su segundo modo de vida. Vivir de la cultura, y más en una comunidad pequeña como esta, no es fácil”, señala Isabel Lorente, coordinadora de proyectos de PECCA. En su opinión, un aspecto que continúa haciéndoles mucho daño es el tipo del IVA que grava sus actividades: “Tenemos uno de los ‘IVA culturales’ más altos del mundo, el sector no puede soportar el 21%. Ahora se dice que en las artes escénicas ha bajado al 10%, pero es engañoso porque sólo afecta a la compra de una entrada, todo el engranaje del espectáculo, que implica al artista, al que lo distribuye, a los técnicos que realizan la infraestructura de luces, de sonido, de adaptación al espacio, sigue al 21%. Esa bajada ni siquiera la va a notar el consumidor, porque en el precio de la entrada el teatro va a repercutir lo que ha pagado por el espectáculo, que no ha bajado”. Tampoco se está recuperando el nivel de inversión pública anterior a la crisis, algo que para PECCA significa que no se está siendo coherente con el apoyo a las industrias culturales y creativas que abanderan las instituciones europeas.
Las empresas culturales suelen enfrentarse a la dificultad de financiar sus actividades, un problema que se agrava cuanto menor es su tamaño. “Vas a pedir financiación a un banco y no te dan crédito. Te exigen lo mismo que a cualquier empresa de otro sector, pero en nuestro caso es más difícil que los números salgan porque hay mucha precariedad”, lamenta Ángel Astorqui. En junio de 2016 la Comisión Europea acordó destinar 250 millones de euros a través del Fondo Europeo de Garantía para proporcionar avales a pequeñas industrias culturales y creativas sobre el 80% del total a financiar.
El presidente de PECCA lo interpreta como un avance: “Supone que para desarrollar un proyecto no vas a tener que hipotecar tu casa. No soluciona completamente el problema, pero esperamos que sea un balón de oxigeno para poder desarrollar mayor actividad y crear más empleo”. Sin embargo, un año después de su creación, el programa aún no ha comenzado a funcionar. La idea original es que, como ocurre con otros fondos europeos, se gestionase a través de las entidades financieras, que se encargarían de crear unos productos con las correspondientes especificidades y de ponerlos a la venta en sus oficinas, pero la banca europea no ha respondido como se esperaba.
La solución para poner en marcha el programa en nuestro país llega de la mano de las Sociedades de Garantía Recíproca. “Hay una específica para industrias culturales y creativas a nivel nacional, CREA SGR, con la que ha firmado el Fondo Europeo de Garantía su distribución en España para que nos llegue a las empresas, que se podrán dirigir a esa o a las Sociedades de Garantía Recíproca que hay en cada Comunidad Autónoma”, explica Ángel Astorqui.
La aportación pública
En el negocio cultural hay mucha vocación, pero a nadie se le escapa que para desarrollarla, para continuar esa forma de pensar y entender la vida, se necesita una sostenibilidad económica porque en definitiva es un medio de vida. Dicha sostenibilidad depende en buena medida de los ingresos procedentes del dinero público y, para hacer frente a esa imagen de ser empresas que viven de las subvenciones, las empresas se han marcado como objetivo que se tenga en cuenta el impacto económico y social de cada céntimo que las instituciones invierten en el sector. Economistas como Lluis Bonet o Pau Rosell, especializados en este campo y que han asesorado a los gobiernos españoles en la elaboración de la Cuenta Satélite de la Cultura, han sido capaces de medir el citado impacto económico. Su conclusión es que por cada euro de dinero público invertido en cultura, hay un retorno de siete euros en el territorio en el que se produce la actividad.
El presidente de la Plataforma de Empresas Culturales de Cantabria recuerda hoy un estudio de referencia titulado ‘Valor social de la cueva de Altamira’: “El valor social es la capacidad que tiene la comunidad donde se desarrolla esa actividad de identificarse, de hacerse suyo, de que eso les retorne algo. No solo puestos de trabajo o turistas, sino que aporta algo como ser humano y en este estudio eso se mide. Un ejemplo de este valor social es que en Italia se está estudiando el retorno que la cultura tiene en ahorro sanitario”.
La medición de ese impacto no debería ceñirse exclusivamente a aquellas ramas afectas directamente al sector: gestión cultural, artes escénicas, artes plásticas, audiovisuales, patrimonio cultural, diseño gráfico, música, ediciones, danza, etc. Requiere además la valoración de las aportaciones indirectas de otros sectores, algunos tan estrechamente ligados como el turismo y la educación. En torno al 14% de los turistas que vienen a España lo hacen por motivos culturales y nueve de cada diez turistas consume cultura.
Los economistas de la cultura han valorado estas circunstancias, aunque según Ángel Astorqui carecen de suficientes datos en origen para afinar sus modelos: “Los comportamientos turísticos han cambiado. Ahora están más asociados a ‘tribus’: los moteros, los que viajan a un festival de música, etc. Esto habría que analizarlo bien, pero en las encuestas oficiales se siguen haciendo preguntas de los años setenta”. La cultura también tiene una fuerte relación con el sistema educativo. En los escalones más bajos, tanto dentro del currículo como en actividades extraescolares, hay una fuerte demanda de productos culturales. En ámbitos superiores, muchas empresas del sector ofrecen diversos servicios a universidades y centros de investigación. Isabel Lorente añade que esa relación también alcanza a la educación no reglada: “La cultura es transversal a muchas actividades formativas. Por ejemplo, las artes escénicas están en cursos de preparación al profesorado, de oratoria o para perder el miedo a hablar en público”.
Sin embargo, la transversalidad con otros sectores económicos no se produce con la Administración: “Hablamos con la Dirección General de Cultura, pero no con la de Educación o la de Industria. Podemos acceder a los programas y subvenciones culturales, pero no tenemos acceso al I+D+i de Sodercan porque no nos consideran industria, a pesar de que en la UE seamos industrias culturales y creativas”, lamenta el presidente de PECCA.
De sus relaciones institucionales, que califican de fluidas aunque apenas se llega a concretar nada, los miembros de PECCA se han marcado como objetivos prioritarios la consecución de un consenso político y la elaboración de un Plan Estratégico de la Cultura de Cantabria. “Estamos intentando reunirnos con todos los partidos para intentar consensuar que la cultura no dependa de los cambios políticos, que los adelantos que vayamos logrando y, en definitiva, nuestro futuro no dependan de quién está en el poder en cada momento”, explica la coordinadora de proyectos de la Plataforma. Su reivindicación al Gobierno cántabro se centra en la petición de un planteamiento político a futuro sistematizado en un plan estratégico. Es necesario, señalan, conocer con precisión el estado actual de la cultura en Cantabria, a partir del cual establecer unos objetivos de lo que se pretende ser y diseñar una estrategia para alcanzarlos. “Después hay que dotarlo de unos recursos económicos, técnicos y humanos, hacer un cronograma, poner unos hitos y unos indicadores de cumplimiento, para ver finalmente las desviaciones que han podido producirse y por qué”, desgrana el presidente de PECCA, que se ofrece a colaborar aportando diálogo y crítica constructiva: “Trasladamos al Gobierno la importancia de que se reconozca la Marca Cultura Cantabria. Tenemos diez cuevas Patrimonio de la Humanidad, empresas que se están moviendo a nivel europeo. El Gobierno debe llevar consigo esa marca cultural cuando sale de Cantabria porque ahora no lo está haciendo y esto no puede coordinarlo ni encabezarlo nadie más”.
PECCA, asociación que nació a finales de 2011 y reúne a cerca de 40 empresas del sector, ha renovado recientemente su junta directiva, marcándose tres grandes líneas de trabajo: mejorar la comunicación a nivel interno y externo, crecer mediante una campaña de captación de socios y mejorar la organización interna, intentando que sea más horizontal y participativa a través de la creación de varias mesas de trabajo. Una de ellas es la de proyectos, que coordina Isabel Lorente: “Somos una región con un gran componente cultural, pero un entorno muy pequeño y si queremos desarrollarnos tenemos que salir fuera. Con ‘Cultura en movimiento’ estamos trabajando junto a Artekale –Asociación de Artes Escénicas de Calle de Euskadi– y ACPTA –Asociación de Compañías Profesionales de Teatro y Danza de Asturias– en cauces de colaboración para crear proyectos en común con todo el tejido cultural desde Gijón hasta Bilbao, pasando por Santander, y multiplicar así nuestro potencial”.
El otro gran proyecto de la Plataforma es dar continuidad al éxito de las primeras Jornadas Marca Cultura Territorio. Isabel Lorente resume así su desarrollo: “En las primeras Jornadas conseguimos traer expertos del mundo de la cultura, de la educación, del turismo, de los proyectos de redes de colaboración. Tratamos de que fuera un punto de encuentro del sector, donde pudieran ponerse en común sus problemas y sus proyectos”. La segunda edición se celebrará en marzo de 2018 y para Ángel Astorqui la principal novedad reside en que se dará voz a la ciudadanía: “Las nuevas tecnologías permiten a la gente crear cultura además de consumirla. La cultura, como bien común, debe crearse entre todos”.