“La eólica debería ser una energía mimada, no castigada”

Agustín Valcarce asume la presidencia de la Asociación Eólica de Cantabria en sustitución de Manuel Huerta Terán, que había ocupado el puesto desde su fundación. Como representante de las empresas que optan a invertir en el desarrollo eólico le tocará vivir la entrada en vigor del nuevo marco legal que regirá el desarrollo eólico en la región  y gestionar las consecuencias legales de la anulación del anterior concurso.

Texto de José R. Esquiaga @josesquiaga Fotos de Nacho Cubero
Publicado en julio de 2014

En Agustín Valcarce y la Asociación Eólica de Cantabria (AEC) se unen algunos aspectos curiosos, cuando no contradictorios. Valcarce llega a la presidencia de una asociación empresarial cuya mayoría de miembros no ha conseguido siquiera poner en marcha su actividad, pero lo hace desde el único de ellos que tiene un parque eólico en funcionamiento en la región. Lo curioso, o lo contradictorio, es que éste, el de Cañoneras, no se tramitó de acuerdo con el polémico concurso eólico convocado por el anterior Gobierno regional, que está en el origen de la creación de la propia asociación. Con el concurso muerto, pero coleando en los tribunales, y con la ley que debe poner marco al nuevo desarrollo pendiente de sus propios problemas legales y de la entrada en vigor del nuevo Plenercan, Agustín Valcarce asume que pasarán algunos años antes de que las empresas que representa puedan sumar un solo kilovatio/hora a la red. Pese a ello, en sus declaraciones se deja ver un cierto optimismo sobre las posibilidades que abrirá el nuevo marco legal que prepara Cantabria. No sucede lo mismo cuando habla del tratamiento que el Gobierno central está dando a las renovables, que considera el principal foco de incertidumbre para el desarrollo del potencial eólico que, asegura, mantiene la región.

Pregunta.- Las renovables están siempre en el ojo del huracán, con continuos cambios regulatorios y en el centro de un debate que cuestiona su aportación al sistema. Eso, que es así en toda España, tiene en Cantabria complejidades añadidas. ¿Cómo se encara eso desde la presidencia de la Asociación Eólica de Cantabria?
Respuesta.- Con mucha preocupación, sobre todo por los derroteros que ha tomado el Ministerio de Industria. Cada reforma que han aprobado desde que llegaron al Gobierno está añadiendo dificultades, poniendo en riesgo inversiones ya realizadas y dañando la imagen del propio país… Se está demonizando a un sector en el que España cuenta con tecnología propia y empresas competitivas, y que podía estar tirando de la economía. Con todo eso, ahora mismo parece difícil reconstruir un marco que permita desarrollar el potencial de las energías renovables.

P.- A escala regional la situación no es menos compleja, con el concurso eólico en los tribunales y pendientes de la aprobación del plan energético.
R.- Es complicado, en efecto. Tenemos una Ley Eólica que no entrará en vigor hasta que no se apruebe el Plan Energético de Cantabria (Plenercan). Pero nos consta que el Gobierno regional tiene voluntad de sacarlo adelante cuanto antes, y eso es una buena noticia. El inversor interesado en desarrollar una actuación en Cantabria contará ya con un marco que define cómo debería ser la tramitación del aprovechamiento eólico.

P.- El consejero de Industria dijo que el plan estaría aprobado en junio, pero no ha sido así.
R.- Insisto en que nos consta que hay voluntad de aprobarlo cuanto antes. No ha sido en junio, pero es muy probable que pueda estar listo en julio.

P.- ¿Qué va a suceder con el anterior concurso eólico y con las adjudicaciones otorgadas?
R.- De los siete adjudicatarios, cinco han recurrido al Supremo ante la anulación del concurso. Se está a la espera de esa resolución. En cualquier caso parece que la vía que marcaba el concurso no es la que se va a seguir en las nuevas adjudicaciones, y habrá que ver qué pasa con las empresas adjudicatarias, que han hecho inversiones, han gastado dinero y tienen todo el derecho a reclamar un resarcimiento por ello.

P.- Aquel concurso concedió las zonas para los aprovechamientos eólicos a cambio de que los adjudicatarios invirtieran en proyectos industriales y de I+D+i. Pero esos proyectos no se han puesto en marcha.
R.- Nada más adjudicarse las zonas eólicas el Gobierno suspendió la tramitación, con lo que sólo los grupos que pudieron avanzar incurrieron en gasto. No han sido todos. Los que lo hicieron arrancaron proyectos de I+D+i, en algún caso con inversiones y resultados importantes. Pero hay grupos que no pudieron invertir nada, en efecto.

P.- ¿Cuentan con algún cálculo de cuánto se invirtió, y de cuánto puede reclamarse por tanto?
R.- Cada grupo hará sus propios números. Sinceramente, es una cuestión que dentro de la asociación no se ha cuantificado.

P.- El nuevo plan supone un borrón y cuenta nueva, cambiando tanto el volumen de los desarrollos eólicos que se plantean como la forma de adjudicación.
R.- El sector eólico estaba acostumbrado en España a que hubiera concursos, o pseudoconcursos, en los que imperaba cierta sensación de barra libre. No creo que eso fuera bueno. La situación ahora es completamente distinta. Como en cualquier otro negocio, en los desarrollos eólicos la rentabilidad depende de tener un buen proyecto, con los números muy estudiados. Si puedes desarrollar un parque con un coste determinado, no tiene sentido que detraigas unos recursos para poner en marcha un proyecto industrial. El futuro es todo lo contrario: habrá que competir en el mercado con la energía lo más barata posible, lo que significa que necesitas arrancar con la menor inversión posible, que no te pongan trabas administrativas, pagar las menores tasas posibles… La ley de Cantabria va a ser pionera en España en ese sentido, porque pone el acento en minimizar esas trabas.

P.- Plantea un sistema de adjudicación más convencional que el que fijó el anterior concurso eólico.
R.- Es una concurrencia competitiva entre empresas. No nos parece ni bien, ni mal, lo que queremos es que haya un marco legislativo claro que nos permita invertir. En ese sentido, creo que el sistema que plantea la Ley eólica va a ser válido.

P.- Tal y como se planteó el desarrollo eólico en su momento, parecía que todo el futuro económico de Cantabria pasaba por ahí.
R.- Las cifras que se manejaron entonces eran bastante irreales. Cuando había primas, cuando el mercado de las renovables estaba en el mejor momento, me preguntaban cuánta capacidad eólica veía en Cantabria. Yo nunca he visto que hubiera espacio para más allá de 600 o 700 megavatios de potencia instalada, y el concurso planteaba 1.500.  Dicho esto, yo creo que uno de los problemas del concurso eólico es que se explicó mal, porque se hablaba de esos 1.500 megavatios, que era el desarrollo máximo que se permitía, lo que no quería decir que esa fuera la potencia que se iba a desarrollar. Ambiental y técnicamente nunca hubiera sido posible llegar a esa cifra.

P.- Sin embargo en el concurso eólico no quedó desierta ninguna zona, se adjudicaron todas.
R.- Creo que hubo 51 grupos que concursaron, y para poder hacerlo había que presentar avales, estamos hablando de grandes empresas. Si algo tuvo bueno es que puso a Cantabria en el mapa del sector eólico nacional e internacional. Eran otros tiempos, pero insisto en que el planteamiento no era el correcto.

P.- El Gobierno central ha esgrimido el déficit de tarifa como justificación para acabar con las primas a las renovables. ¿En qué medida son éstas las culpables del déficit?
R.- Desde luego la eólica no es culpable. Obviamente ha recibido primas, porque no estaba lo suficientemente madura para competir sin ellas en el mercado, pero si ponemos en una balanza todo lo que hay que poner, es más lo que aporta que lo que ha recibido. La eólica, entre las renovables, se lleva el 20% de las primas. Si tienes en cuenta que produce el 80% de la energía renovable, que ha generado un tejido industrial que exporta, cuantificas las emisiones de CO2 que evita o los combustibles fósiles que dejamos de importar gracias a ella, si sumamos todo eso la eólica debería ser una energía mimada, y no castigada. Hay un informe de la UE que dice que el déficit de tarifa viene de la sobrerretribución que se da a tecnologías ya amortizadas, pero eso no se ha tenido en cuenta cuando se ha reformado el sistema.

P.- Su empresa explota el único parque eólico de Cantabria, en Cañoneras, así que puede hablar con conocimiento de causa: ¿Es rentable la energía eólica sin primas, para un inversor que llegue ahora?
R.- Al eliminar la prima estás quitando una parte de los ingresos, y eso sólo se puede compensar de dos maneras: o con una tecnología más eficiente o instalando los parques en zonas con un potencial eólico mayor. Dependiendo de eso, del emplazamiento y la tecnología, la energía eólica puede competir perfectamente en el mercado.

P.- ¿También en Cantabria?
R.- Cantabria tiene magníficos emplazamientos, en los que se puede rentabilizar la inversión, sí.

P.- El futuro Plenercan establece un desarrollo eólico de 700 megavatios, lo que está en los límites superiores del potencial máximo de desarrollo del que hablaba usted hace un momento.
R.- La tecnología de hoy no es la misma que existía entonces, hay máquinas más potentes y tecnologías más eficientes. Aun con eso, llegar a esa cifra me parecería un éxito. Hay que tener en cuenta que los proyectos tienen un proceso de maduración lento, nosotros todavía estamos tramitando alguno que sigue vivo desde el año 98. Si hablamos de un horizonte de diez años, sí que me parece razonable hablar de 500 o 600 megavatios. Más que eso, insisto, me parecería un gran éxito.

P.- Habla de un horizonte a diez años, ¿es ese un plazo razonable para que veamos molinos en funcionamiento?
R.- Con la nueva ley empezamos de cero. No hay un marco legal autonómico y no lo habrá hasta que no se apruebe el Plenercan. A partir de ahí, lo que hace falta es que la normativa nacional acompañe, esa es la principal incertidumbre. Los desarrollos eólicos tienen plazos de maduración largos, necesitan financiación externa… sin un marco establecido con una cierta estabilidad, en el sistema de subastas por ejemplo, es muy difícil. Se irán buscando emplazamientos, se tantearán las posibilidades de inversión, pero no creo que veamos nada tangible hasta 2016. Y ahí ya estoy siendo muy optimista, porque simplemente la tramitación administrativa, como media, está en más de cinco años. Eso se puede mejorar con la nueva ley, que la tramitación sea más ágil, pero habrá que ver cuánto.