La indefinición bloquea a las agencias privadas de empleo

Creadas por real decreto hace más de cuatro años, estas entidades siguen a la espera de los convenios que regulen la forma en que intermediarán en el mercado laboral por encargo de los servicios públicos. En Cantabria están dadas de alta 26 agencias, la mayor parte de las cuales ofrecen esta actividad como uno más dentro de un catálogo de servicios más amplio. La más antigua, la del Colegio de Economistas, colocó el pasado año a 23 desempleados

Texto de Jose Ramón Esquiaga @josesquiaga Publicado en abril de 2015

Aun asumiendo el lento avance que acostumbran a tener las cuestiones palaciegas, pocos eran los que a la altura de 2012 –cuando la reforma laboral dio renovado protagonismo a una figura nacida dos años antes– no confiaban en una posterior reglamentación que dotara a las agencias privadas de colocación de plena operatividad antes de que terminara la presente legislatura. Cuando esta apura los últimos plazos en términos autonómicos, ese optimismo se ha moderado a la vista de las muchas trabas que ha vivido el proceso de tramitación administrativa, centrado primero en la regulación y homologación de los agentes y después –y ahí es donde estamos– en el establecimiento de las reglas de juego para alcanzar los correspondientes convenios de colaboración entre estas agencias privadas y los servicios públicos de empleo. Aunque algunas autonomías han conseguido dar los primeros pasos en ese sentido –la última, aunque pendiente todavía de adjudicar los primeros contratos, ha sido Asturias– no ha sido capaz ni el Estado, que ha visto bloqueada su propia experiencia piloto por los recursos planteados al concurso, ni Cantabria, que trabaja en dar forma a su propio modelo pero que no llegará a tiempo de cerrarlo antes que de que acabe el actual periodo de sesiones. Mientras tanto, las 26 agencias privadas de colocación reconocidas como tales en Cantabria operan al ralentí, dando un servicio que apenas cubre una mínima parte de lo que prevé la normativa y que, en consecuencia, mide sus resultados a partir de cifras muy modestas.

La normativa concede a las agencias privadas de colocación la tarea de intermediar en el mercado laboral, de una forma similar a cómo lo hacen los servicios públicos de empleo. Esto es, trabajan con una base de candidatos en situación de desempleo y establecen una relación con las empresas donde pueden encontrar trabajos para estas personas, a las que forman y orientan para mejorar su empleabilidad. También de acuerdo a la regulación legal que les dio carta de naturaleza, estas entidades tienen expresamente prohibido cobrar cantidad alguna a quienes buscan trabajo, de manera que su financiación solo puede llegar bien de las empresas que contratan sus servicios para cubrir sus vacantes, o bien mediante los convenios que se firmen con la administración, que adjudicaría a las agencias la labor de colocar a los trabajadores apuntados a las listas del paro, asumiendo una tarea en la que los servicios públicos no pueden presumir de haber logrado grandes resultados. Con el primer nicho de mercado –el de las empresas– muy condicionado tanto por la crisis como por sus pequeñas dimensiones, la firma de los convenios con la administración siempre ha aparecido como la principal fuente de actividad. Para concretarse, esos modelos de colaboración entre lo público y lo privado deberían entrar a regular cuestiones como el número y características de los desempleados cuya colocación se encargue a las agencias, la forma de retribuir a estas y el modo de adjudicar el servicio. El proceso de homologación de quienes podían optar a las adjudicaciones y los casos de las comunidades autónomas que han comenzado el proceso han despejado alguna de las incógnitas planteadas, pero a costa de poner sobre la mesa algunas otras.

Asturias y la Comunidad Valenciana ejemplifican dos de las fórmulas empleadas para alcanzar acuerdos entre los servicios públicos y las agencias privadas. Son dos de las cinco comunidades autónomas que ya lo han hecho –las otras son Aragón, La Rioja y Murcia, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla– y han optado por modelos distintos: la primera segmentará a los desempleados en colectivos y sacará a concurso el servicio de cada uno de ellos, en tanto que en Valencia se ha comarcalizado la comunidad autónoma, por lo que el criterio de adjudicación será geográfico. En relación con el precio, las principales referencias las aportó el proceso de homologación y acreditación que puso en marcha el Servicio Público de Empleo Estatal.

El Real Decreto que en 2010 dio carta de naturaleza a las agencias privadas de colocación estableció las condiciones que deberían cumplir estas para ser reconocidas como tales. Ese proceso ha dado lugar a la inscripción de cerca de 1.500 de estas entidades en toda España –26 de ellas en Cantabria–, un listado heterogéneo en el que conviven sociedades mercantiles, fundaciones, asociaciones y organizaciones no gubernamentales. Ante las dificultades prácticas que presentaba operar con ese universo tan diverso en tamaño y naturaleza, desde la Administración se puso en marcha un segundo proceso de homologación del que salió un listado de 80 agencias que serían las autorizadas para optar a la firma de convenios con los servicios públicos regionales. En ese proceso se establecieron las primeras referencias de las tarifas que podrían optar a cobrar estas empresas por cada desempleado al que encontrasen trabajo, según un cuadro que abonaría cantidades más altas más por aquellos parados que perteneciesen a colectivos de más difícil inserción, y más bajas por aquellas personas que teóricamente tienen un mejor accesibilidad al mercado laboral. Así por ejemplo, para un parado menor de 25 años con menos de seis meses en el paro, la tarifa sería de 300 euros; en el otro extremo, por conseguir trabajo para un desempleado de más de 45 años y más de dos en el paro, la agencia cobraría 3.000 euros. Se trata de un listado de máximos, susceptible de ser rebajado en los procesos de adjudicación, dado que el precio estará abierto a la competencia entre los aspirantes a firmar los correspondientes convenios y será, lógicamente, uno de los principales criterios de valoración en los concursos por los que las diferentes administraciones los adjudiquen.

Lo heterogéneo de las agencias privadas de colocación fue una de las motivaciones que llevó a un grupo de estas empresas a crear el pasado año la delegación cántabra de la Asociación Nacional de Agencias de Colocación (ANAC), en un intento también de dar forma a un interlocutor en lo que se entendía como inminente firma del convenio de colaboración con el Servicio Cántabro de Empleo. Esta última circunstancia no se ha producido, pero las agencias cántabras han avanzado en ese intento de dotar de representatividad al colectivo, que ha elegido como presidente a Francisco Díaz. Otro de los objetivos con los que nace la asociación es la de centralizar la recogida información, tanto de puertas adentro como en lo relativo a las propias estadísticas de actividad. Las empresas no tienen datos, por ejemplo, del número de contratos que se firman con la intermediación de las agencias de colocación, pese a que cada una de ellas remite periódicamente la memoria de su actividad al SEPE. Tampoco se sabe qué empresas cántabras están en el listado de las 80 homologadas para acceder a los convenios con los servicios regionales: “Gran parte de las que están en la lista de las 80 son uniones temporales de empresas, en las que nos consta que hay cántabras, pero no podría dar un número”, señala el presidente de ANAC Cantabria.

En su condición de representante de las agencias cántabras, y en coordinación con ANAC España, Francisco Díez ha seguido atentamente los procesos abiertos allí donde se ha conseguido firmar el correspondiente acuerdo de colaboración con el servicio público, y también los procedimientos que se han estancado, y que dan cuenta de las enormes dificultades que tiene el poner en marcha desde cero un sistema que tiene pocas referencias. De estos últimos, el caso más llamativo posiblemente es el del proyecto piloto que puso en marcha el servicio estatal para adjudicar un convenio que superara los límites territoriales autonómicos. Para ello dividió España en seis zonas –Cantabria quedaba encuadrada en la zona norte, junto a Galicia, Asturias y el País Vasco– adjudicando cada una de ellas por separado. En el proceso de adjudicación se hizo con el lote de la zona norte la empresa FSC Inserta, filial de la ONCE: “Pero quienes perdieron el concurso recurrieron la forma en que se había puntuado y los tribunales les dieron la razón, con lo que todo ha vuelto al punto de partida. De alguna manera esto era como una prueba piloto que hubiera servido para despejar algunas dudas, pero seguimos como al principio”.

En principio, de haberse cumplido los objetivos del SEPE, FSC Inserta habría recibido la base de datos con desempleados con los que trabajar y, con sus propios medios o subcontratando a agencias locales, tendría que buscar un puesto de trabajo para ellos. Cobraría por sus servicios solo en caso de éxito, entendiéndose este como que el parado firme un contrato y siga trabajando seis meses después. La retribución a la empresa saldría de una partida que, en el caso de la zona 1 –la que corresponde a Cantabria– sería de 3 millones de euros. Es una cantidad pequeña si tenemos en cuenta que el Gobierno central tiene reservada desde 2013 una partida de 200 millones de euros para poner en marcha este sistema de colaboración público-privada en el ámbito del empleo.

La situación actual

Con todas las incertidumbres sobre el futuro a despejar, lo cierto es que las agencias de colocación privadas vienen operando desde que el Real Decreto de 2010 les diera cobertura legal. Aunque las cifras que dan cuenta de su actividad son modestas –sobre todo si tenemos en cuenta el número de desempleados y el potencial campo de actuación que se abriría con los acuerdos con los servicios públicos– la labor que realizan estas entidades aporta una muestra, a escala forzosamente reducida, de lo que pueden aportar a las políticas activas de empleo. La más antigua de las que trabajan en la región, la del Colegio de Economistas de Cantabria, fue creada en 1996, antes por tanto de la actual regulación. Desde entonces ha tramitado cerca de un millar de demandas de trabajo y encontrado empleo para cerca de 500 personas, 24 de ellas el último año. “El hecho de dirigirnos exclusivamente a nuestros colegiados nos permite un trato personalizado y de calidad. Conocemos exactamente a cada uno de nuestros demandantes de empleo, lo que nos permite también responder de manera más eficaz a las empresas que se dirigen al colegio en busca de profesionales cualificados”, apunta Adela Sánchez, responsable de la agencia para explicar alguna de las claves del proceso de intermediación, en el que entra en juego tanto la relación con los demandantes como con los ofertantes de empleo.

La agencia de los economistas es también significativa en cuanto a la forma de financiarse de estas empresas: la actividad de intermediación es un servicio más dentro de un catálogo más amplio, bien sea este el propio de una asociación o colegio –como aquí– o el de una empresa dedicada a la formación o a otras áreas de los recursos humanos, como las empresas de trabajo temporal (ETT). En todo caso, nunca es la fuente principal de ingresos. Esa circunstancia, común a todas las agencias mientras no se firmen los convenios con los sistemas públicos, no impide que la labor de estas aporte pistas sobre lo que pueden llegar a sumar en la lucha contra el desempleo. Tanto Adela Sánchez como Francisco Díaz coinciden en señalar que es imprescindible innovar en las políticas activas de empleo, un concepto que hace referencia tanto al diseño de la formación como al establecimiento de cauces para que el tejido productivo –los ofertantes de puestos de trabajo– participen en todo el proceso. El reto es aportar soluciones para un colectivo de parados que hasta ahora no ha encontrado respuestas en los ámbitos tradicionales: poco más del 3% de quienes encuentran trabajo lo hacen gracias a la intermediación de los servicios públicos. El desafío es enormemente complejo pero, cuanto menos en lo tocante a esa referencia, el listón a superar no queda demasiado alto.