Las cámaras de comercio ya tienen su ley
Aunque la nueva normativa reconoce a las Cámaras de Comercio como corporaciones de derecho público con funciones público administrativas, no concreta los fondos con los que contarán para esas labores, aspecto que será una absoluta incógnita hasta el 31 de enero de 2015, fecha en la que cada administración regional deberá tener lista su propia ley, desarrollando en ella los aspectos que la regulación marco no recoge, incluyendo el capítulo económico.
Texto de Jesús García-Bermejo Hidalgo @chusgbh Fotos de Nacho Cubero
Publicado en mayo de 2014
El pasado 3 de mayo entró en vigor la nueva Ley Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación, la cual, entre otras cosas, establece un nuevo sistema de financiación para estos organismos basado en la prestación de servicios y las aportaciones voluntarias de las empresas, al tiempo que las concede un papel fundamental, en colaboración con el Estado y las comunidades autónomas, en el proceso de internacionalización y el impulso de la competitividad de las compañías españolas.
Sin embargo, aunque la normativa reconoce a las Cámaras como corporaciones de derecho público con funciones público administrativas, no concreta los fondos con los que contarán para esas labores, aspecto que, en el mejor de los casos, será una absoluta incógnita hasta 31 de enero de 2015, fecha en la que cada gobierno regional deberá tener lista su propia ley, desarrollando en ella los aspectos que la regulación marco no recoge, incluido el capítulo económico.
Y es que, la eliminación de la obligatoriedad en el pago del impuesto cameral establecida por el Real Decreto de diciembre 2010, unida a los continuos retrasos en la aprobación de la normativa que ahora por fin entra en vigor, ha traído consigo una importante mengua en los ingresos de estas instituciones, las cuales se han visto obligadas a realizar importantes reestructuraciones de personal y a buscar vías alternativas de financiación para poder seguir operando, como el cobro por determinados servicios que hasta hace bien poco eran gratuitos.
En el caso de la Cámara de Comercio de Cantabria, según las cifras de la propia entidad, tras un 2011 en el aún se pudo contar con la aportación de las empresas, dado que el abono de la cuota se realizaba a año vencido –de los 3,8 millones de euros de presupuesto, 2,2 procedieron del impuesto cameral–, y un 2012 en el que solo aquellas firmas cuya facturación superase los 10 millones de euros estaban obligadas al pago –575.000 euros se obtuvieron por esta vía–, en 2013 los ingresos que el organismo recaudó de las compañías de la región apenas superaron los 110.000 euros, lo que supone una caída del 95% en solo 4 años. Para hacer frente a esta situación, la entidad con sede en la Plaza Porticada, en Santander, financia su actividad mediante la participación en concursos públicos de carácter europeo, la firma de numerosos convenios de colaboración a nivel regional y nacional y el cobro por servicios que hasta no hace tanto eran gratuitos o tenían un coste reducido, como la formación, la elaboración de planes de viabilidad o la emisión de certificados de origen –documentos fundamentales para cualquier empresa que pretenda exportar productos más allá de la Unión Europea–, además alquilar salas para reuniones, jornadas o eventos. Del mismo modo, en abril de 2013 el organismo dejó de realizar los tradicionales informes de coyuntura económica que, hasta entonces, venía publicando trimestralmente, y un mes después gran parte de los vicios de consultoría medioambiental que desde 1997 venían prestándose entre sus muros tocaron a su fin. De hecho, el personal que se encargaba de estas labores se ha ido reorientando a las áreas de internacionalización y competitividad, las cuales, de acuerdo a los borradores de la normativa, se sabía que serían prioritarias en la futura ley. En cualquier caso, la plantilla de la institución cántabra, en la misma línea que en el resto del país, ha venido reduciéndose progresivamente de los 37 profesionales con los que contaba en 2010 a los 22 con los que cerró el pasado ejercicio.
Nuevo escenario
“Lo más positivo, después de tres años de indefinición, es que por fin tenemos una ley, aprobada además con gran consenso parlamentario, lo que demuestra que existe un convencimiento generalizado de la importancia que tienen las Cámaras para las pymes del país, aunque nos hubiese gustado que el tema de la financiación estuviese algo más claro”. Las palabras de Modesto Piñeiro, presidente de la Cámara de Comercio de Cantabria, resumen el sentir por una normativa que llega tarde, no en vano en un primer momento se habló de que pudiese estar lista a finales de 2012 o, en el peor de los casos, a cierre del primer trimestre de 2013. Este retraso ha dejado a las instituciones camerales en una delicada situación económica, y no invita al optimismo de cara al desarrollo normativo que han de afrontar las comunidades autónomas, que establecerá la financiación pública de estas entidades de acuerdo a las funciones que la regulación a nivel nacional recoge.
Al menos, el anteproyecto de ley y las continuas modificaciones de los borradores posibilitarán que la adaptación al nuevo escenario no sea excesivamente traumática. De hecho, los cuatro grandes ejes que la normativa contempla para el desarrollo de las Cámaras de Comercio ya venían siendo protagonistas en la actividad de estos organismos en el último año: plan cameral de internacionalización, plan de competitividad, formación profesional dual y mediación y arbitraje en conflictos.
Así, estas entidades, junto con la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España, que pasa a sustituir al antiguo Consejo Superior de Cámaras, y con la participación de las comunidades autónomas y el Estado, serán protagonistas en el proceso de internacionalización y en el impulso de la competitividad de las empresas de su área de influencia, lo que implicará la colaboración de las Cámaras españolas ubicadas en el exterior, así como el refuerzo de aspectos relacionados con la innovación, las tecnologías y las nuevas formas de gestión.
Modesto Piñeiro, presidente de la Cámara de Comercio de Cantabria.
Así mismo, participarán con las administraciones competentes en la organización de la formación práctica en los centros de trabajo, incluida en las enseñanzas de la formación profesional, en especial en la selección y validación de centros de trabajo y empresas, en la designación y formación de tutores, en el control y evaluación del cumplimiento de la programación y en la emisión de certificados de profesionalidad. “Estas tareas son fundamentales para el futuro de las empresas de nuestro país, y la financiación concedida para ellas vendrá determinada de acuerdo al papel que la Administración autonómica tutelante otorgue a cada Cámara en las distintas áreas –asegura Modesto Piñeiro–. Del mismo modo, la ley nos atribuye otras funciones de carácter público, como la realización de estudios o la elaboración del censo público de las empresas de la región, algo que no hacemos desde 2010, labores que también han de ir acompañadas de dotación económica porque actualmente no tenemos capacidad para asumirlas. Al margen de esto, contamos con servicios que tienen bastante demanda y que mantendremos porque nos aportan una importante cuantía anual, como el área de creación de empresas, por la que pasan unas 2.000 personas al año y que da lugar a más de 300 nuevas compañías cada ejercicio solo en nuestra región”.
Del mismo modo, la normativa reconoce a las Cámaras de Comercio como órganos intermediarios en la gestión de los fondos europeos, función que asumirán junto con 10 instituciones públicas que ya venían haciéndolo y que servirá para generar unos ingresos que, según se asegura desde la institución cántabra, redundarán en servicios para las pymes del país.
En lo que respecta a las aportaciones voluntarias de las empresas, desde el organismo con sede en Santander se afirma que se va a iniciar una campaña de captación de fondos entre las firmas de la comunidad autónoma, dando a conocer los servicios que ofertará la entidad y las posibles líneas de cooperación. De cualquier forma, dada la actual coyuntura, parece complicado, al menos a corto plazo, lograr recaudar grandes sumas, aunque el acuerdo suscrito entre las Cámaras y el Ministerio de Hacienda para que las contribuciones de las compañías tengan un trato fiscal ventajoso puede jugar un papel fundamental. “En estos momentos, se está ultimando una Ley de Mecenazgo en la que podrían encajar este tipo de donaciones y, aunque la normativa está aún en estudio y tramitación, de concretarse, supondría un paso muy importante para nuestro futuro”, considera el presidente de la Cámara de Comercio de Cantabria. Del mismo modo, para incentivar la colaboración, las comunidades autónomas, si así lo estiman conveniente, pueden otorgar una mayor representatividad en los órganos de gobierno de estas entidades a las compañías que hayan realizado aportaciones más elevadas. En todo caso, dos tercios del pleno seguirán siendo elegidos entre todas las empresas, como hasta la fecha, y será el tercio restante el que se reparta entre las firmas que más contribuyan y las organizaciones empresariales más representativas, labor que recaerá sobre la administración regional tutelante, que en el caso de la institución cántabra es la Dirección General de Comercio del Gobierno regional.
Incógnitas y certezas
Con la nueva norma las Cámaras estarán obligadas a hacer públicas las retribuciones de los altos cargos y a depositar sus cuentas anuales en los registros mercantiles correspondientes a su localidad. Asimismo, se fija un sistema de adscripción universal de todas las firmas a estas entidades, con el fin de que representen los intereses generales del comercio y no los de un determinado sector, asociación o colectivo de empresas, permitiendo acceder a sus servicios a todas las compañías en condiciones de igualdad de oportunidades, calidad y proximidad.
Por otra parte, uno de los aspectos que más ha dado que hablar antes incluso de la publicación de la normativa ha sido la probable reducción del número de Cámaras de nuestro país sin mayor limitación que la propia demanda que generasen entre las empresas. Sin embargo, tras su paso por el Congreso y el Senado, la nueva ley incorporó entre los cambios de última hora que, como mínimo, deberá existir una entidad de este tipo en cada provincia para garantizar la capilaridad, coordinación y vertebración de la red nacional. En este sentido, a nadie se le escapa la posibilidad de que el mapa actual de Cámaras españolas, formado a día de hoy por 88 instituciones de este tipo, sufra modificaciones importantes a medio plazo, una decisión que recaerá de nuevo sobre los gobiernos autonómicos y que deberá reflejarse claramente en la regulación que estos han de tener lista a comienzos de 2015. “Desconocemos si esto puede afectar a la Cámara de Comercio de Torrelavega”, apunta Modesto Piñeiro.
Así pues, aún son muchas las incógnitas que, a pesar de la entrada en vigor de la nueva Ley de Cámaras, quedan por resolver, especialmente las relacionadas con las aportaciones económicas que cada administración regional destinará a la entidad bajo su tutela. En cualquier caso, en este año de tránsito la Cámara de Comercio de Cantabria está desarrollando su labor como en cualquier otro, ejercicio en el que cuenta con un presupuesto de 1.754.000 y para el que la institución ya tiene contemplado un déficit de 400.000 euros, el cual, al igual que en años anteriores, se afrontará con cargo a las reservas de la propia entidad. “Con la reestructuración de personal que ya efectuamos en su momento y las distintas vías que la ley establece para obtener fondos, esperamos cerrar el 2015 sin pérdidas –afirma el presidente del organismo–. Tras años de indefinición, creo que ahora podemos respirar tranquilos y mirar hacia delante con optimismo, no en vano la nueva normativa nos convierte en corporaciones de derecho público y nos otorga funciones fundamentales para la economía de nuestro país. Por fin podemos decir que el futuro de las Cámaras está asegurado”.
