Las imposibles macrogranjas de Cantabria

La polémica abierta por el ministro Garzón en torno a las macrogranjas ha dejado al descubierto la realidad de un sector ganadero en el que junto a grandes explotaciones con miles de animales conviven otras muchas de pequeñas dimensiones, generalmente familiares y asociadas al territorio. Una dicotomía entre ganado vacuno intensivo y extensivo que el Gobierno pretende ahora ordenar mediante un Real Decreto que actualmente negocia con todas las partes implicadas. En juego no está solo el tamaño de las ganaderías, sino la supervivencia de un modelo que Cantabria defiende que descanse claramente sobre la segunda opción.

Manuel Casino |  @mcasino8 | Febrero 2022

La polémica desatada con las macrogranjas a principios de año por el ministro Garzón ha abierto un amplio debate nacional sobre cuál es el paradigma ganadero que defiende cada comunidad autónoma. Así, frente a este modelo intensivo criticado por su indudable impacto medioambiental se han alzado numerosas voces que apuestan por una ganadería tradicional, extensiva, familiar y ligada al territorio. Es el caso de Cantabria, donde tanto el Ejecutivo regional como las principales asociaciones del sector coinciden en que el único modelo posible es el extensivo. Así lo asegura el consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Guillermo Blanco, para quien Cantabria ha sido y es “una región de vacas”. Frente a las críticas vertidas por el ministro de Consumo en las que, según advierte, “minusvaloró la carne que se produce en España y trató de diferenciarla en dos categorías”, Blanco insiste en su defensa del sector primario en general, al que atribuye cerca del 23% de la producción industrial de la región, y de la cabaña ganadera en particular. “Nosotros apostamos por el ganado extensivo y asociado al territorio. Así lo llevamos haciendo desde hace tiempo y así lo hemos defendido, junto al resto de comunidades de la cornisa cantábrica, ante la elaboración de los planes estratégicos de la Política Agraria Común (PAC)”, aclara. “Fue un error grave”, apostilla el titular de Ganadería, que se reafirma en su defensa del sector ante unas palabras “dichas con falta de rigor por un ministro de España en el exterior. Eso hace daño y si realmente lo que perseguía era potenciar un sector productivo en extensivo, que lo haga con una ley y no devaluando la actividad ganadera fuera de nuestras fronteras”, zanjó.

En cualquier caso, Blanco resuelve que en Cantabria no existen macrogranjas. “No hay ninguna, ni tampoco hemos recibido solicitudes en este sentido”, precisa antes de expresar su convencimiento de que en la región, donde existen actualmente un total de 4.388 explotaciones de ganado vacuno perceptoras de la PAC, de las que 3.415 corresponden a vacuno de carne y las 973 restantes a vacuno de leche, no pueden darse este tipo de instalaciones porque, según matiza, “la ley de protección ambiental inhabilitaría seguramente cualquier posibilidad de llevarla a cabo”.

En parecidos términos se expresa el secretario general de la Unión de Ganaderos y Agricultores Montañeses (Ugam-Coag), Gaspar Anabitarte, quien estos días participa como responsable del sector lácteo de este sindicato ganadero a nivel nacional en las negociaciones del futuro Real Decreto de ordenación del sector vacuno al que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) pretende dar luz verde antes de que finalice este primer semestre de año.

Ordenación del vacuno

Según anticipa, el MAPA ha planteado en la última reunión celebrada a finales de enero un modelo de sector con un límite máximo de 850 vacas por explotación. Por debajo de esa cifra, Agricultura propone otras tres categorías: explotaciones de menos de 20 vacas; de entre 20 y 180 animales; y de más de esta cifra y menos de 850, a las que irían asociadas diferentes exigencias ambientales moduladas de menos a más en función de su impacto y trascendencia. Obviamente, según recalca Anabitarte, en España existen ya muchas explotaciones por encima de ese límite a las que la nueva normativa no podría tocar, pero sí reducir mucho su margen de maniobra al señalarles como responsables de los principales problemas en materia medioambiental o de sanidad y bienestar animal.

A juicio del secretario general de UGAM, sindicato mayoritario en Cantabria, “la piedra angular” de esta negociación está en el tamaño que finalmente puedan tener las explotaciones. “No todas las partes piensan lo mismo –puntualiza en referencia a la industria–, pero nosotros defendemos que el límite se establezca en 180 vacas por explotación”, un número que, según anuncia, en la actualidad apenas superan 65 explotaciones en Cantabria, aunque ninguna como para recibir el apelativo de macrogranja o, según prefiere denominar, macroexplotación. De hecho, la media de animales por explotación en la región fluctúa entre las 40, en el caso de las dedicadas a carne, y las 57 en las de vacuno de leche, que en este último caso es la cifra más baja de toda España, donde la media ronda las 71 vacas por explotación.

Prospere o no su propuesta, destaca de que el Gobierno de Cantabria tiene competencias para bajar ese límite máximo de 850 cabezas de vacuno que plantea el ministerio. “Lo que no sé es si tendrá la valentía”, explica Anabitarte antes de insistir en su petición formulada al Ejecutivo cántabro de fijar el máximo en 180 vacas, aunque reconoce su disposición a modificar algo esta cifra en función de la base territorial.

En este sentido, explica que ya ha traslado a los responsables de la Consejería de Desarrollo Rural y Ganadería la necesidad de que Cantabria cuente con legislación propia, una aspiración que, de momento, asume que tendrá que esperar al menos hasta que se apruebe este plan de ordenación del sector vacuno a nivel nacional.

El enemigo, dentro del sector

Con todo, este dirigente sindical y ganadero de leche ecológica advierte que detrás de todo esto hay un problema de fondo todavía de mayor calado para la supervivencia del sector. “Es verdad que el ganadero se siente absolutamente maltratado y que la ganadería, tal y como hoy la conocemos, se está perdiendo. Pero lo que no se acaba de identificar es al agresor, que para mí lo tenemos dentro”, explica antes de ponerle nombre y apellidos al culpable: el capital riesgo foráneo: “En el sector agrario español está entrando capital a mansalva que está alterando el sector y poniendo en riesgo la seguridad alimentaria del país en el futuro”.

Gaspar Anabitarte asegura que cuando una empresa quiere instalar una granja con decenas de miles vacas –la cooperativa Valle de Odieta promueve un proyecto en Soria con 23.500 vacas, lo que le convertiría en la mayor instalación de Europa, y ya explota una macrogranja en Caparroso (Navarra) con 4.700 vacas en ordeño que producen 160.000 litros diarios de leche–, está echando a la calle a miles de ganaderos, también de Cantabria: porque el mercado es el que es y no da más de sí, dice. “A nosotros, a diferencia de la industria, que se lleva mucho mejor con las macrogranjas que con los ganaderos de San Roque de Riomiera, nos interesa un campo con muchos ganaderos”, continúa Anabitarte, quien no oculta su temor a que el sector del vacuno de leche en Cantabria acabe a medio plazo con no más de medio millar de explotaciones, o incluso por debajo. Así, reconoce que en la región están aumentando las explotaciones de carne y descendiendo las de leche, y que existe además un trasvase de estas últimas a las primeras. “En la ganadería de leche el factor más determinante no es la rentabilidad de la explotación, sino la esclavitud que conlleva”, un problema que, asegura, no afecta tanto al vacuno de carne donde existen muchos ganaderos mixtos.

Sea como fuere, el secretario general de Ugam-Coag reitera su apuesta por implantar un techo de no más de 180 vacas por explotación, incluso para cebaderos, profesional y que ayude a controlar la competencia que se está generando por parte de ese capital que viene de fuera del sector; que contribuya a la redistribución de la riqueza y al asentamiento de la población en el medio rural; que no genere problemas ambientales importantes, que cuente con una base territorial aceptable para poder gestionar el estiércol y los purines; y que proponga un grado de bienestar animal excelente porque las vacas salen muy habitualmente al pasto. “Este sí es un modelo virtuoso y no el de las macro explotaciones”, resume.   

Pese a ello, concede que en estos momentos, en los que los costes de producción superan al precio de la leche, el negocio no es rentable. “Llevo más de cuarenta años en el sector y épocas brillantes en las que se haya ganado dinero habré vivido tres o cuatro, y no duraron precisamente mucho tiempo. Pero ahora mismo el vacuno de leche, tal como está, es inviable y está en claro riesgo de quedarse en algo testimonial”, advierte contrariado porque, según sostiene, “en Cantabria no se toma leche de Cantabria”.

Defender la leche de Cantabria

“El consumo de lácteos de Cantabria no llegará ni al 50% del total. Es más, la marca que más se consume en la región es asturiana, y menos mal que la marca blanca de Mercadona se está elaborando en Renedo con leche de Cantabria y levanta un poco el pabellón. Pero yo no concibo que en La Rioja se tomara mayoritariamente vino de la Ribera del Duero”, censura antes de ofrecer un dato elocuente: “Cantabria era, con una producción de 540.000 millones de litros de leche anuales, la cuarta comunidad productora de leche, tras Galicia, Castilla y León y Asturias. Ahora, con unos 440.000 millones de litros, nos ha superado Cataluña y Andalucía y ya somos la sexta”. Sobre esta realidad, Anabitarte asume que el sector también tiene su parte de culpa. “Deberíamos haber sabido trasladar mejor nuestros mensajes y concienciar más al consumidor, pero la verdad es que no hemos sabido defender nuestra leche”, admite.

En este punto, el secretario general de Ugam alude a las movilizaciones que el sector inició a finales del pasado verano y que aún mantiene para dignificar el precio de la leche. “Cuando empezamos en agosto, el consumidor pagaba el litro de marca blanca de leche a 0,58 euros; hoy, se paga a 0,65 o 0,66 euros y aspiramos a que llegue a 0,70, un precio a partir del cual estimamos que se puede pagar razonablemente bien a todos los actores de la cadena”. Lo que ocurre, lamenta Anabitarte, es que esos siete céntimos adicionales los ha ganado la distribución, pero no se han trasladado a los productores, que siguen vendiendo el litro a un precio que oscila entre los 0,34 y 0,38 euros. “Si siguen vendiendo a pérdidas, esto no lo arreglan ni las ayudas de la PAC”, enfatiza.

Ley de la Cadena Alimentaria

En este sentido, el consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente se remite a la reciente modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria, que básicamente establece el pago de cada actor al anterior eslabón de la cadena –la distribución a la industria, y ésta al productor– de como mínimo el coste de producción, una labor que, resalta, compete garantizar a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) dependiente del Ministerio de Agricultura. “Lo que hace falta es que se cumpla”, explica Blanco, quien admite que su departamento, además de instar a la AICA a que así se haga, también dispone de “pequeños” mecanismos de control, aunque con una capacidad de actuación “muy limitada” porque, según explica, para poder hacerlo es necesario que los tres eslabones tengan su razón social en Cantabria, algo no muy habitual en un mercado “absolutamente nacional” como el de la leche.

En esta línea, el consejero de Desarrollo Rural asume que el principal escollo es hacer atractivas económicamente las explotaciones, por lo que considera igualmente “esencial” que se valore la leche y se pague al productor por lo que realmente cuesta producirla. “El precio de la leche se mantiene prácticamente igual desde hace mucho tiempo, pero no así los costes de producción. El ganadero quiere vivir de lo que produce y no de las subvenciones. Pero, por desgracia, ahora mismo con los precios de los imputs disparados muchas explotaciones no pueden vivir ni con las subvenciones. Por eso, y aunque confío en que se trate de un problema coyuntural, esta reivindicación de un precio justo es más necesaria que nunca”, afirma.

“Ser ganadero exige vocación, inquietud y pasión. Y aquí se entiende al sector. De hecho, gran parte de la historia de Cantabria se escribe con leche. De ahí que lo rural nunca pueda ser una moda. Es una necesidad y un reto para el presente. Por eso todas las administraciones se van a volcar en ayudarles”, aclara el consejero de Desarrollo Rural, quien apunta que las ganaderías, lejos de ser las grandes emisoras de gases de efecto invernadero, son las grandes benefactoras del medio ambiente.  “Es más, si no hubiera animales que pacieran el campo y ganaderos que lo segaran, el territorio no estaría como está y Cantabria sería un matorral, monte bajo. Gracias a ellos, somos un pulmón verde”, subraya.

Por su parte, para tratar de superar esta situación Gaspar Anabitarte reclama que la PAC vuelva a regular los mercados porque los productores están asumiendo “unos riesgos tremendos ante un previsible escenario de tensiones gigantescas en la alimentación mundial provocadas por el cambio climático”. De lo contrario, el secretario general de Ugam-Coag alerta de que Cantabria se pueda quedar en el futuro solo con vacas de carne, un sector al que, según analiza, España se lanzó hace años animada por la demanda de los mercados árabes, especialmente de los países del Mediterráneo. “Aquí en Cantabria hacemos poquita carne y nuestros principales mercados son los terneros para cebaderos de fuera de la región o para vender en vivo a Libia, Líbano, Egipto o Turquía, principalmente. Estos mercados están bien, pero dependemos de unos pocos importadores que son los que realmente se hacen ricos. Por eso es necesario tener controladas las cosas, y eso le corresponde al Gobierno de España. El Ejecutivo no tiene que tutelar; tiene que gobernar. Y esperemos que este real decreto ponga orden en el sector del vacuno”, concluye.