Los desequilibrios de un mercado en expansión

Cantabria continúa por debajo de la media española en número de locales de apuestas por habitante, pero existen iniciativas en marcha que ya este año darían la vuelta a ese dato. La continua apertura de nuevos establecimientos ha situado en el ojo del huracán a una actividad a la que se acusa de promover la ludopatía y los comportamientos adictivos entre los más jóvenes. Los empresarios cántabros del sector creen que gran parte de las críticas se deben a la desinformación y a intereses partidistas, pero admiten que habría que corregir excesos publicitarios y prácticas como el regalo de bonos e bienvenida a nuevos apostantes. Tres años después de su legalización, Cantabria cuenta con 45 locales en los que es posible realizar apuestas presenciales, y están previstas en torno a una decena de nuevas aperturas antes de que acabe 2019. Un fuerte crecimiento que se explica por la estrategia corporativa de las grandes empresas del sector, y no tanto por un incremento de la demanda.

José Ramón Esquiaga |  @josesquiaga | Marzo 2019

Cantabria fue, en 2015, una de las últimas comunidades autónomas en regular las apuestas presenciales, aquellas que se realizan en un establecimiento público autorizado para ello, y lo hizo con una normativa que buscaba un cierto equilibrio entre las más permisivas y aquellas que no lo eran tanto. Aprobada por el recién estrenado gobierno del PRC-PSOE aunque elaborada en gran parte por el anterior del PP, aquella regulación optó por ejemplo por vetar la posibilidad de apostar en locales de hostelería –dejando esa posibilidad abierta para el futuro– pero no obligó a poner una gran distancia entre unos locales y otros a la hora de autorizar aperturas. Tres años después de su entrada en vigor, y pese a que este último aspecto se corrigió posteriormente para hacerlo más restrictivo, en Cantabria es posible realizar apuestas en 45 establecimientos públicos, y hay planes para abrir en torno a una decena más antes de que acabe el año. Las nuevas aperturas situarán a la región por encima de la media española de locales por habitante –una condición que todavía no tiene hoy– y metida de lleno en el debate que durante los últimos meses ha puesto en el ojo del huracán a una actividad a la que desde algunos ámbitos se acusa de fomentar la ludopatía y de acercar el juego a los colectivos más vulnerables a las adicciones, como los jóvenes.

Salón de juego que ofrece la posibilidad de realizar apuestas, abanderado por Kibrolet, empresa del sector.

Los empresarios cántabros del sector representados en la Asociación Cántabra de Empresas Operadoras de Máquinas Recreativas contemplan con preocupación una polémica en la que, a su juicio, se mezclan datos de juego presencial y ‘on line’, generando una desinformación que no contribuye a clarificar el debate. Con todo, admiten que algunas prácticas habituales por parte de las grandes casas de apuestas tampoco han contribuido a mejorar la imagen de la actividad, con agresivas campañas de publicidad o con el regalo de cuantiosos bonos de bienvenida –de hasta 200 euros en algunos casos– para los nuevos apostantes. José Ramón Sainz San Emeterio, presidente de ACEO, aboga por una normativa que regule estas prácticas publicitarios y promocionales: “No estamos diciendo que se prohíban, pero sí que se acoten unos excesos que es verdad que se están produciendo y que no hacen más que promover una imagen negativa del juego”. El representante de los empresarios, que es también presidente de Cántabra de Apuestas, la única empresa cántabra del sector, admite que la apertura de nuevos establecimientos puede contribuir también a dibujar una imagen del sector que, dice, no se ajusta a la realidad: “Supongo que habrá quien piense que este es un gran negocio, en el que se gana mucho dinero, pero no es así. Esta es una actividad como cualquier otra, aunque más regulada que ninguna y en la que se trabaja con márgenes muy pequeños”.

Durante 2018 los jugadores cántabros apostaron de manera presencial 18.260.993 euros, una cantidad superior en un 33% a la registrada en 2017, que a su vez fue mayor en un 72% a lo jugado en 2016. La desaceleración en el crecimiento de lo apostado durante los tres ejercicios completos que han pasado desde que se autorizaran en Cantabria los locales de apuestas es una de las características de un mercado que contabiliza únicamente lo que se juega en las máquinas ubicadas en salones recreativos, bingos, casino y locales específicos, y no lo jugado ‘on line’. El presidente de ACEO considera que gran parte de los reproches que se le hacen al juego, y casi todos los efectos negativos que producen los excesos publicitarios y promocionales, tienen su origen precisamente en las apuestas que pueden realizarse ‘on line’, que son también las que en mayor medida utilizan deportistas y caras famosas en sus agresivas campañas, y las que regalan bonos para animar al juego. “Pero luego se nos señala a los locales, que somos precisamente quienes podemos impedir que un menor juegue, o quienes tenemos que cumplir estrictas medidas para poder funcionar. Todo eso me parece bien, y que se sancione a quien no cumpla, lo que no se puede hacer es demonizar a una actividad legal, que genera empleo y aporta una gran cantidad de dinero en impuestos”, apunta José Ramón Sainz San Emeterio.

Las apuestas presenciales aportaron el pasado año 323.408 euros en concepto de tasas a la hacienda autonómica. De la cantidad total jugada –de la que una parte se correspondería a dinero reinvertido procedente de apuestas ganadas– se devolvieron algo más de 15 millones de euros vía premios, lo que supone algo más del 82% del total. Los números, asegura el presidente de ACEO, dejan claro la estrechez de los márgenes con que trabaja el sector. Pese a ello, siguen abriéndose nuevos locales y el interés por el negocio parece no decaer. Una contradicción, admite José Ramón Sainz San Emeterio, pero no muy diferente a la que se produce en otros mercados: “A las grandes marcas les interesa tomar posiciones en el mercado. Es una inversión de futuro que no tiene mucho que ver con la rentabilidad que puedan conseguir ahora”.

Distribución de la oferta

De los 45 establecimientos en los que es posible hacer apuestas presenciales en Cantabria, 33 son salones de juegos –en los que se ha habilitado un rincón de apuestas junto a las tradicionales máquinas recreativas con premio–, 5 son bingos y 6 son locales específicos de apuestas. La relación la completa el Gran Casino de El Sardinero, que también cuenta con un espacio para realizar apuestas. Salvo para los locales específicos –los que más propiamente pueden responder a la denominación de casas de apuestas– para el resto de establecimientos de esta relación las apuestas son un complemento de la oferta, y no el centro del negocio. Son estos, también, los que han registrado un mayor crecimiento en términos porcentuales –algo lógico, si tenemos en cuenta que no había ninguno antes de 2015– aunque no en términos absolutos, en los que el protagonismo en nuevas aperturas lo mantienen los salones de juego. También será así en el año que acaba de empezar, en los que del total de nuevos establecimientos se espera que entre 4 y 7 sean salones, y entre 3 y 5 locales específicos de apuestas. Con todo, son las aperturas de estos últimos –por depender más directamente de la actividad de los apostadores– las más significativas de ese hipotético ‘boom’ que se denuncia desde determinados ámbitos.

Jose Ramón Sainz San Emeterio, presidente de ACEO y de Cántabra de Apuestas.

Precisamente para frenar la proliferación de locales de juego se aprobó el principal cambio que ha sufrido la normativa cántabra que regula las apuestas presenciales desde su promulgación en 2015: la modificación de las distancias mínimas entre establecimientos, que era de 150 metros en poblaciones de más de 150.000 habitantes y de 75 metros en el resto, y que desde el cambio publicado en el BOC a finales de 2017 ha pasado a ser de 500 metros en todos los casos. Con todo, no es de esperar que esa mayor restricción en la norma vaya a tener un efecto inmediato, ni siquiera a medio plazo. Como con cualquier otra ley, la modificación no tiene efectos retroactivos, por lo que no afecta ni a los locales ya en marcha ni a aquellos que habían iniciado ya los trámites para su apertura, por muy incipientes que sean estos. Basta con presentar un estudio previo de viabilidad de un local determinado para tener ya unos derechos adquiridos sobre el mismo, e impedir que se concedan licencias en la zona de la que se trate. “La modificación nos parece positiva, pero el largo periodo de tramitación provocó un efecto llamada: se sabía que iba a salir una norma más restrictiva y las empresas se apresuraron a dar los primeros pasos para una futura apertura, beneficiándose de las distancias mínimas que marcaba la ley antes del cambio”. En esa situación, calcula el presidente de ACEO, se encontrarían en torno a una veintena de locales, pendientes de activar el permiso de puesta en marcha que tienen ya con carácter previo: “No se van a poner en marcha todos, pero en todo caso sí se produce una distorsión porque las empresas entran en una carrera para no quedarse atrás. Con independencia de que dentro de cinco años tengan que cerrar por falta de rentabilidad”.