“Los PGE van a ser un parón de la obra civil en Cantabria”

Cerca de cumplir su primer año al frente del Colegio –lo hará el próximo mes de abril–, el decano de esta institución con 1.055 colegiados analiza los desafíos y oportunidades de una profesión que ha recuperado el pulso tras años de profunda crisis. Reclama una revisión de la Ley de Contratos del Sector Público, especialmente en el caso de los contratos menores; aboga por el cumplimiento de los pliegos de adjudicación y por una reducción de los tiempos de tramitación, y defiende el papel de esta ingeniería en el progreso social.

Manuel Casino @mcasino8

Pregunta.– Su compromiso al acceder al cargo hace casi diez meses fue integrar la Universidad, el Colegio y las empresas. ¿Objetivo cumplido?
Respuesta.– Vamos por el buen camino. Tenemos una relación muy estrecha con la Universidad de Cantabria (UC) a través de la Escuela Técnico Superior (ETS) de Ingenieros de Caminos, con la que mantenemos reuniones periódicas todos los meses para tratar de fomentar esta carrera universitaria y analizar, entre otros asuntos, el nuevo plan de estudios o cómo captar alumnos para la Escuela, además de promover iniciativas como el concurso de puentes para estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato. En este sentido, hay que tener en cuenta que esta carrera ha sufrido en Cantabria los efectos perversos de la paralización de la construcción durante los años de la crisis y la existencia de 33 escuelas en toda España, de las que 16, incluida la de la UC, imparten el máster habilitante para obtener la titulación de ingeniero de caminos. En la actualidad, el número de alumnos que cursan este máster en la ETS de Cantabria ronda la treintena, algunos de los cuales proceden de otras universidades sabedores del prestigio que tiene la de Cantabria y atraídos por el Instituto de Hidráulica Ambiental, que es un referente en nuestra escuela. Con las empresas, por su parte, estamos haciendo de puente para intentar conectar a estos alumnos de Máster con la empresa privada.

P.– Además, apeló a la necesidad de poner en valor la profesión. ¿Le preocupa el intrusismo?
R.– No especialmente. Lo que más preocupa es que todas las profesiones técnicas que de algún modo han estado vinculadas a la corrupción y a otras prácticas, como las bajas temerarias o el desvío en los costes iniciales de los proyectos, tenían una especie de mancha. Digamos que existía un cierto desprestigio de la profesión. Además, los colegiados se quejaban de que la sociedad ya no les percibía como profesionales serios, rigurosos y responsables. Lo que hemos hecho en estos meses para tratar de evitar esta percepción es organizar foros y debates sobre actividades relacionadas con nuestro desempeño profesional. Y en eso estamos, en divulgar el papel de la ingeniería y en qué beneficia nuestra labor a la sociedad en su conjunto.

P.– Hacer caminos, tender puentes, abrir canales y llegar a buen puerto. ¿Por este orden?
R.– (Se ríe). Bien, básicamente esta cuestión está relacionado con lo que apuntaba anteriormente. Partiendo de la base de que las infraestructuras constituyen el capítulo principal para el progreso de cualquier civilización, queremos que el trabajo del ingeniero de caminos sea valorado desde un punto de vista técnico, pero también social.  Por delante va la ejecución de la obra y por detrás el trasfondo social y el beneficio para la colectividad. Esto es lo que nos mueve.

P.– Poco antes de acabar el año solicitaba al Gobierno regional impulsar nuevas fórmulas para mejorar la Ley de Contratos del Sector Público y tratar de superar algunas dificultades. ¿Debo entender pues que no esta muy satisfecho con la nueva norma y que el escepticismo que levantó su aprobación aún sigue instalado?
R.– El problema va más allá y no afecta solo a los ingenieros de caminos, sino a cualquiera que sea proveedor de servicios de las administraciones públicas. Esta cuestión es especialmente preocupante en el caso de la adjudicación de contratos menores, en la  que existe una disparidad muy importante en la interpretación. Los distintos ayuntamientos de la región no aplican de la misma manera el criterio de objeto del contrato. Es un problema serio que en algunas ocasiones llega al absurdo al comprometer la compra de simples suministros. Por eso, desde el Colegio proponemos a las distintas administraciones que se revise la ley. Otro punto que nos preocupa y mucho es el de los excesivos plazos que maneja la Administración para adjudicar licencias. Amparándose en la seguridad jurídica, que entiendo sea una premisa fundamental en la toma de decisiones políticas, no puede ser que todo acabe en los tribunales. Sin duda es un tema complejo, pero no cabe duda de que, como sociedad, algo estamos haciendo mal que debemos cambiar.

P.– Aunque esta nueva Ley venía a poner coto a las bajas temerarias, la ambigüedad de su redactado deja la puerta abierta a que esta práctica esté todavía a la orden del día. ¿Es así?

R.– Bueno, lo que sí tenemos claro en el Colegio no es tanto cuál es el mínimo para aceptar una baja como temeraria o no, sino algo más prosaico: que se cumplan los pliegos de adjudicación. Las bajas son un problema en sí, pero creo que el problema real descansa más en el cumplimiento de los pliegos de contratación.

P.– Reclaman que, estructuralmente, las competencias en la elaboración del Informe de Evaluación de Edificios (IEE) les pertenecen a ustedes. Pero muy pocas comunidades de propietarios acuden a ustedes para su redacción y sí, en cambio, a otros profesionales. ¿Por qué?
R.– Vuelve a ser un problema de interpretación de lo que dice la ley. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) lleva emitidas más de una decena de resoluciones en contra de lo que ellos llaman reserva de actividad. Es decir, es partidaria de que no se restrinja la evaluación del IEE a arquitectos y aparejadores porque supone un menoscabo de la competencia. Aunque entendemos que nosotros también somos competentes para la redacción de estos informes, lo que ocurre es que el Tribunal Supremo, al menos hasta ahora, no ha recogido en sus sentencias estas resoluciones de la CNMC. Y como es de competencia autonómica, las comunidades siguen manteniendo el criterio que marca la Ley de Ordenación de la Edificación. En Cantabria, se imparte un máster en rehabilitación y regeneración urbana al que acuden ingenieros de caminos, industriales, arquitectos y aparejadores. Pese a ello, se da la paradoja de que tan solo los alumnos de estas dos últimas titulaciones van a poder hacer el IEE, pese a que los cuatro grupos de profesionales cuenta con la misma formación de excelencia. Es un contrasentido que hay que tratar de corregir.

P.– Una de las funciones más relevantes del Colegio es el visado de trabajos profesionales. ¿Qué formulas plantea para extender este requisito que entiendo ya no es obligatorio?
R.– Lo que estamos haciendo es una cuestión principal: sentarnos con las diferentes administraciones y establecer con ellas convenios de visado para que sea la propia administración la que incentive y exija el visado.

P.– Los PGE de 2019 consignan para el Ministerio de Fomento y las empresas que dependen de él un total de 211 millones de euros de inversión para Cantabria, lo que representa un 8,2% menos que en 2018. ¿Teme que este recorte suponga un cierto parón en la obra civil?
R.– No lo temo ni lo supongo, lo aseguro. Los presupuestos van a ser un parón en la obra civil. Es una cuestión de números. Cuando vino el anterior ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, hablábamos de una inversión de 3.655 millones de euros, aunque es cierto que la mayor parte de este montante, en torno a 2.700 millones, iban destinados al ferrocarril e incluía tramos no solo en Cantabria sino también en Castilla y León. Con todo, le voy a poner dos ejemplos: si el anterior Ejecutivo contemplaba 123 millones para las obras de mejora en la A-67, éste ha reducido esta partida hasta los 38. Y mientras que antes se recogían 350 millones para la ejecución del tercer carril de la A-8, ahora se destinarán 100.000 euros. El argumento del Gobierno actual es que a lo largo de 2019 no va a haber máquinas trabajando y que estas cantidades se van a destinar a redactar proyectos y tramitar las diferentes fases administrativas. Mi pregunta es, ¿por qué van a tardar un año en tramitar la parte administrativa de todas las obras que estaban previstas? ¿Debemos entender por tanto que pasan a un segundo plano? ¿O es que los recursos de Fomento se van a destinar a otras comunidades autónomas? El hecho de que este año no se contemple inversión real en Cantabria invita a pensar que estas obras ya no son prioritarias. Esa es la duda que nos queda a nosotros, pese a que el ministro Ábalos dijo en su última visita a la región que todos los proyectos se mantenían.

P.– En este sentido, ¿cuál es el proyecto que despierta más interés entre los colegiados?
R.– Nosotros creemos que todos son importantes. Le doy otro ejemplo. El acceso al Puerto de Santander, que antes contaba con una consignación de 76 millones de euros, en los PGE de 2019 se reduce a 12,1 millones. ¿Qué antes las obras estaban infladas? No lo sé, pero estamos hablando de infraestructuras básicas para Cantabria que, además, están todas interconectadas entre sí.

P.– El Gobierno central decidió en septiembre pasado decretar la suspensión temporal e indefinida de la obra de los diques de la Magdalena. ¿Comparte la decisión?
R.– Técnicamente, no; y socialmente entiendo que el Colegio no debe ni puede posicionarse en estas obras que son tan controvertidas porque hay tantos puntos de vista como colegiados. En cualquier caso, creo que los diques solucionaban un problema que, de no continuar con las obras, persistirá.

P.– El ámbito laboral del ingeniero de caminos ha cambiado mucho en los últimos años. De estar prácticamente ligado solo a la construcción, ahora su presencia abarca otros campos como las energías renovables, la eficiencia energética, el cambio climático…El campo de juego se ha ensanchado y diversificado. ¿En qué terreno cree usted que se encuentra más cómodo?
R.– En nuestra profesión hay dos tópicos. Que los ingenieros siempre estamos asociados al movimiento de tierras y al hormigón y que, en consecuencia, estamos poco digitalizados. Pero lo cierto es que nuestra formación es mucho más amplia. El caso del Instituto de Hidráulica es, en este sentido, paradigmático. Participamos en la gestión de residuos y de la energía, en la calidad y tratamientos de las aguas… En estos y en otros muchos campos siempre ha habido algún ingeniero de caminos, aunque puede que ahora tengamos más relevancia. Del otro lado y para integrarnos en ese mundo digital, le diré que el Colegio de Caminos en sede nacional ha sido elegido como Oficina de Transformación Digital para ayudar a las pymes a avanzar en su proceso de digitalización.

P.– La CNMC lleva tiempo poniendo en tela de juicio la colegiación obligatoria en determinadas profesiones y defiende que ciertos Colegios sean Asociaciones Profesionales. ¿Es su caso?
R.– No, no es nuestro caso pero reconozco que es un tema complicado. Estamos hablando de la Ley de Colegios Profesionales que regula qué profesionales tienen que estar colegiados por la trascendencia de las funciones que ejercen. Sin embargo, la Ley Ómnibus, aprobada por Zapatero en 2009, tiende a que los colegios desaparezcan con carácter general. Está claro que es tema aún no resuelto. Desde la Unión Profesional defendemos que la colegiación es necesaria como garantía para los ciudadanos de su buen hacer profesional. En este caso, además, coger el caso de Europa no es comparable. Seguramente la sociedad avanza en la línea de que las competencias se solapen entre varias profesiones, pero otra cosa muy distinta es que esto conlleve a la desaparición de los colegios.

P.– Santander debe hacer frente a retos urbanísticos de enorme calado –integración ferroviaria, remodelación del Frente Marítimo, la protección de su franja costera…– Y todo ello con una norma, el PGOU, de hace más de 20 años. ¿Lo encuentra razonable?
R.– No, desde luego que no. En este asunto nos enfrentamos de nuevo al problema de los tiempos de tramitación. ¿Cuántos años puede suponer reactivar el derogado? Lo que ocurre ahora es un auténtico sinsentido. Todos los colectivos vinculados con el desarrollo urbanístico entendemos que el funcionamiento de las ciudades no puede estar pendiente de la tramitación de un PGOU que, por término general, se va a los 15 años. El día a día de las ciudades necesita respuestas dinámicas. Desde el Colegio estamos impulsando una mesa de debate para evaluar las distintas figuras de planeamiento urbano y desarrollo regional para darles sentido espacial y temporal.

P.– Tras años de profunda crisis, la profesión vive ahora años de bonanza. ¿Cómo ve el futuro inmediato? ¿Cree que su profesión es suficientemente valorada?
R.– En relación a su primera cuestión, es cierto que el nivel de paro de los ingenieros de caminos está en torno al 4,6-4,7%, lo que no deja de ser un nivel envidiable. Pero también es cierto que la mayoría de los ingenieros se ha tenido que ir fuera de España a trabajar porque hasta la fecha el volumen de obra era insuficiente para dar cabida a todos los titulados, aunque reconozco que ahora ha vuelto a aumentar. Sobre la segunda parte de su pregunta, le diré que soy de los que piensa que el ingeniero de caminos nunca ha estado desprestigiado. Lo que ocurre es que de un tiempo a esta parte hay otras titulaciones, especialmente las relacionadas con las nuevas tecnologías,  que han despertado un mayor interés entre los estudiantes. La percepción que tenemos es que los alumnos escogen otras ingenierías en detrimento de la de Caminos. Ahora lo que está de moda es lo digital.