Luz verde a las autocaravanas
Los 40.000 autocaravanistas de nuestro país y los 200.000 que lo visitan cada año no dudaban en colgarle a Cantabria el cartel de territorio hostil. Sin embargo, la modificación de la ordenanza municipal que prohibía el estacionamiento de estos vehículos en Santander, unida al anuncio de la creación de un área de servicio en la ciudad, podrían suponer el inicio de un nuevo periodo para este tipo de turismo en la región.
Texto de Jesús García-Bermejo @chusgbh
La reciente modificación de la ordenanza de circulación municipal que prohibía a las autocaravanas estacionar en Santander, junto al anuncio de la creación de un área de servicio específica para estos vehículos, supone un punto de inflexión en la política de la ciudad en lo que respecta a este tipo de turismo. Y es que, con solo un modesto aparcamiento habilitado en la calle César Llamazares –en el polígono de Nueva Montaña– y otro similar en el puerto deportivo Marina de Santander, en Raos, las asociaciones de autocaravanistas no dudaban en calificar a la capital de Cantabria como territorio hostil. De hecho, denuncian que en varias ocasiones han recibido multas y se han encontrado cepos junto sus neumáticos, lo que, sumado a la ausencia de infraestructuras correctamente equipadas, hacía insostenible su tránsito por la urbe.
La moción fue presentada conjuntamente por los grupos municipal socialista y regionalista, quienes aseguraron que el 22% de los 170.000 pasajeros anuales del Ferry llegan a Santander en autocaravana, es decir 44.000 turistas, los cuales, de gastar una media de 54 euros por persona, supondrían un impacto económico de 2,9 millones de euros. Y todo ello sin olvidar las cerca de 40.000 autocaravanas que a día de hoy están registradas en nuestro país, a las que hay que sumar las 200.000 que visitan España cada año, un mercado que todas las formaciones políticas consideraron potencialmente interesante.
Ahora, tras la aprobación por unanimidad del pleno del ayuntamiento, se tramitará la modificación del artículo 22.4 de la Ordenanza de Circulación, al tiempo que se avanzará en la construcción de la nueva zona, de la que ya se sabe que estará ubicada junto al faro de Cabo Mayor, concretamente en el aparcamiento exterior del Campo de Golf de Mataleñas. La inversión ascenderá a 350.000 euros y permitirá el estacionamiento de hasta 45 autocaravanas durante un periodo máximo de 48 horas, un área que estará dotada con redes de alumbrado, una fuente, puntos de reciclaje y zonas de evacuación de aguas grises –lavabos, duchas, etc– y negras –fecales–, entre otros servicios. Lo que aún está por ver es si será gratuita o de pago, aunque Íñigo de la Serna, alcalde de Santander, ya ha apuntado a la posibilidad de que se implante una tarifa simbólica que, si bien no tendría afán recaudatorio, serviría para mantener las instalaciones y llevar a cabo un control de las estancias. De cualquier forma, lo que sí ha querido dejar claro el regidor es que todo el proceso estará presidido por una clara voluntad de consenso, al llevarse a cabo conjuntamente con asociaciones de autocaravanistas y de campings, los dos colectivos más afectados.
Las cifras y la ley
Según se asegura desde la Plataforma de Autocaravanas Autónomas (PACA), Santander era la única capital de provincia de España en la que, hasta hace apenas unas semanas, se restringía la circulación y estacionamiento de estos vehículos, dificultades que, de acuerdo a los datos de usuarios que maneja la organización, se extienden a otros municipios de la región, sobre todo de zonas costeras. “Hemos recibido denuncias de asociados que nos cuentan que en muchas playas se encuentran con barras de control de gálibo para impedir el paso a las autocaravanas, lo que no es solo denigrante, sino completamente ilegal”, asegura Miguel Ríos Beltrán, presidente de la entidad.
Pero, ¿qué dice la ley exactamente? Si la caravana o autocaravana está estacionada, deberá cumplir con la normativa nacional sobre tráfico, lo que permite comer y dormir en su interior, así como poner calzos a las ruedas como medida de seguridad. Del mismo modo, será posible elevar el techo y abrir claraboyas, siempre que ningún elemento exceda el perímetro del propio automóvil. Sin embargo, se considerará acampada, y, por tanto, mal estacionada, toda aquella autocaravana que tenga una o más sillas fuera del vehículo, cuyos toldos sobresalgan del perímetro y cuyas patas o niveles estabilizadores estén instalados. En la misma línea, solo se podrán verter líquidos o fluidos al exterior o emitirse ruidos molestos en caso de que el usuario se encuentre en una zona habilitada para la pernoctación.
De cualquier forma, ante el aumento de la problemática y la falta de regulación, la Dirección General de Tráfico (DGT) impulsó una instrucción que establecía que el régimen de parada y estacionamiento en vías urbanas sería regulado por ordenanza municipal, pudiéndose adoptar las medidas necesarias para evitar el entorpecimiento del tráfico, entre ellas, limitaciones horarias de duración del estacionamiento. “Se han vulnerado derechos constitucionales durante años, con multas por el mero hecho de utilizar aparcamientos públicos, y en Santander la situación llegó a ser extrema. Nos sentíamos perseguidos, como si fuésemos delincuentes –lamenta Miguel Ríos Beltrán–. Nos alegra comprobar que las conversaciones con Íñigo de la Serna han dado sus frutos, pero no va a ser sencillo que los autocaravanistas se queden en Cantabria, pues ya son varios los años que llevamos con la comunidad autónoma tachada de nuestros mapas”.
Al margen de consideraciones puramente técnicas, las cifras son el otro gran argumento de las asociaciones. En opinión del presidente de PACA, este tipo de turismo itinerante es uno de los más lucrativos, puesto que, frente a los escasos gastos que implica, genera unos ingresos en los lugares de destino de unos 70 euros por persona y día. Además, según asegura, contribuiría a desestacionalizar, al menos en parte, los resultados hosteleros de la región, ya que este perfil de usuario viaja a lo largo de todo el año. “El 90% de las autocaravanas que desembarcan en Santander procedentes del Reino Unido van directas a Palencia, porque saben que allí cuentan con áreas de servicio equipadas, vigiladas, controladas y reguladas. Y no solo Cantabria tiene este problema: Asturias, Cataluña y la Comunidad Valenciana tampoco nos facilitan mucho las cosas, y eso provoca que los españoles opten por las costas portuguesas o incluso por África, destino que incrementó un 26% la afluencia de autocaravanistas procedentes de nuestro país en 2014”.
La postura de los campings
De acuerdo a las cifras que maneja PACA, España dispone de unas 700 áreas específicas para autocaravanas, frente a las 4.800 de Francia, aunque apenas 370 cuentan con el equipamiento mínimo –alumbrado, puntos de reciclaje, zonas de evacuación de aguas grises y negras, vigilancia, etc–. De estas, 11 se localizan en Cantabria: tres de ellas públicas, cinco privadas, una en el interior de un camping y dos más exclusivamente para aparcar, aunque la propia organización reconoce que en los últimos tiempos se han multiplicado por todo el país las zonas privadas de estacionamiento, así como las instalaciones habilitadas en campings.
A pesar de estar lejos de otros puntos en cuanto a infraestructuras –Galicia, sin ir más lejos, suma 95 espacios destinados a estos vehículos–, ha sido la aplicación de la normativa municipal en Santander la que ha alejado a los autocaravanistas de la región, al menos en opinión del presidente de PACA. Es más, según afirma, son los propietarios de campings los que suelen presionar a los ayuntamientos para dificultar la circulación y aparcamiento de estas casas rodantes. “Sospechosamente, en los municipios donde hay campings solemos encontrarnos con problemas; sin embargo, en los que cuentan con áreas públicas para autocaravanas, todo son facilidades. No cuestiono que los empresarios miren por sus intereses, pero sí que los gobernantes sigan sus indicaciones sin tener en cuenta los perjuicios que ocasionan. Creemos que es porque el turismo de autocaravanas no figura en la estadística, pero ya estamos trabajando para que esto cambie y podamos aportar cifras”, expone.
Desde la Asociación de Campings de Cantabria se asegura que no se está en contra de la libre circulación y estacionamiento de las autocaravanas en la región, aunque sí que se considera necesaria una regulación de las pernoctaciones. “Hablamos de un colectivo muy importante, y, por tanto, muy interesante para el sector turístico de la comunidad autónoma –afirma Pablo Alonso Astuy, presidente de la organización–. Ahora bien, no podemos estar de acuerdo con que haya autocaravanas estacionadas durante días en zonas turísticas de San Vicente, Santander, Liencres, Comillas o Noja, con el perjuicio que suponen para la imagen de Cantabria. Siempre hemos defendido que lo más adecuado sería la elaboración de una normativa específica para estas acampadas. De hecho, hace ya cuatro años que nos pusimos en contacto con la Consejería de Turismo del Gobierno de Cantabria para ello, y sabemos que la regulación está lista a falta de unos detalles”.
En lo que respecta al futuro área que se levantará en Santander, el mandatario de la Asociación de Campings se muestra tranquilo, pues confía en que el consistorio de la ciudad tenga en cuenta sus opiniones en la misma línea que hasta la fecha. Y es que, a su parecer, el mayor problema podría radicar en que el propio Ayuntamiento incurriese en una competencia desleal con los dos campings de los que dispone actualmente la capital de Cantabria. “El área de servicio debe ser de pago, porque nuestros asociados tienen que cumplir con unas obligaciones legales y abonar unos impuestos que las áreas gratuitas no, y es evidente que no partiríamos en igualdad de condiciones. Habrá que estudiar la fórmula más adecuada y justa, y, una vez se concrete, debemos centrar todos los esfuerzos en perseguir a aquellos que privatizan terrenos y los convierten, sin darse de alta ni cumplir con la legislación, en zonas para autocaravanas, cosa que sabemos que está ocurriendo y que perjudica a todas las partes”, considera.
Desde la PACA se argumenta que los campings pretenden cobrar a los autocaravanistas como a cualquier otro cliente, es decir por noche, número de personas y parcela, cuando el uso que se hace de la instalación es mínimo. “Sería más justo que los importes se fijasen en base a los servicios que vayan a usarse: vaciado y llenado de aguas, pernoctación…”. Por su parte, la Asociación de Campings de Cantabria defiende el libre mercado. “Oferta y demanda”, sentencia Pablo Alonso Astuy. Precisamente los mismos conceptos a los que alude Miguel Ríos Beltrán al ser cuestionado sobre las posibilidades de que la región incremente en un futuro los ingresos procedentes de este tipo de turismo.
