Nueva vida para las Cámaras

A la espera de que se concrete la financiación con la que contarán las instituciones camerales para el desarrollo de las funciones públicas que establece la normativa aprobada en abril de 2014, la Cámara de Comercio de Cantabria ha puesto en marcha un nuevo sistemas de cuotas voluntarias a cambio de las cuales las empresas podrán beneficiarse de sus servicios de asesoramiento e información en distintos campos.

Texto de Jesús García-Bermejo @chusgbh Publicado en mayo de 2015

En 2010 un real decreto impulsado por el Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero eliminaba la obligatoriedad en el pago del impuesto cameral que abonaban las empresas, hasta entonces la principal fuente de ingresos de las Cámaras de Comercio del país. Este hecho, unido a los continuos retrasos en la aprobación de una normativa que definiese de manera clara sus funciones y, sobre todo, su financiación, ha traído consigo una importante mengua en los fondos de estas entidades durante los últimos ejercicios, las cuales se han visto obligadas a realizar importantes reestructuraciones de personal y a buscar vías alternativas para poder seguir operando, como el cobro por determinados servicios que hasta hace no tanto eran gratuitos.

En el caso de la Cámara de Comercio de Cantabria, tras un 2011 en el aún se pudo contar con la aportación de las compañías de la región, dado que el abono de la cuota se realizaba a año vencido –de los 3,8 millones de euros de presupuesto, 2,2 procedieron del impuesto cameral–, y un 2012 en el que solo aquellas firmas cuya facturación superase los 10 millones de euros estaban obligadas al pago –575.000 euros–, en 2013 los ingresos que el organismo recaudó por esta vía apenas superaron los 110.000 euros, lo que equivale a una caída del 95% en solo 4 años.

Al menos, en mayo del pasado ejercicio, el primero en el que el presupuesto de las Cámaras no contemplaba entradas procedentes del denominado recurso cameral permanente, entraba en vigor la nueva Ley Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación. Esta, entre otras cosas, establecía un nuevo sistema de financiación basado en la prestación de servicios y las aportaciones voluntarias de las empresas, al tiempo que las concedía un papel fundamental, en colaboración con el Estado y las comunidades autónomas, en el proceso de internacionalización y el impulso de la competitividad de las compañías españolas.

Sin embargo, aunque la normativa reconocía a las Cámaras como corporaciones de derecho público con funciones público-administrativas, no concretaba los fondos con los que contarían para esas labores, aspecto que, en el mejor de los casos, no quedaría resuelto hasta el 31 de enero de 2015, fecha en la que cada Gobierno autonómico debía tener lista su propia ley, desarrollando en ella los aspectos que la regulación marco no recogía, incluido el capítulo económico.

Pues bien, a día de hoy esa labor continúa pendiente, lo que ha obligado a la Cámara de Comercio de Cantabria a poner en marcha un nuevo sistema de cuotas voluntarias para aquellas empresas que quieran beneficiarse de sus servicios. No en vano, ya en 2014, año en el que la institución contaba con presupuesto de 1.754.000 euros, el ejercicio se cerró con cerca de 400.000 euros de déficit, y todo a pesar de que la plantilla de la entidad cántabra, en la misma línea que en el resto del país, ha venido reduciéndose progresivamente de los 37 profesionales con los que contaba en 2010 a los 22 actuales.

Cuotas voluntarias

Para hacer frente a la situación, la institución con sede en la Plaza Porticada ha venido financiando su actividad de los últimos años mediante la participación en concursos públicos de carácter europeo, la firma de numerosos convenios de colaboración a nivel regional y nacional y el cobro por servicios que hasta no hace tanto eran gratuitos o tenían un coste reducido, como la formación, la elaboración de planes de viabilidad o la emisión de certificados de origen –documentos fundamentales para cualquier empresa que pretenda exportar productos más allá de la Unión Europea–, además de alquilar salas para reuniones, jornadas o eventos. Del mismo modo, en abril de 2013 el organismo dejó de realizar los tradicionales informes de coyuntura económica que, hasta entonces, venía publicando trimestralmente, y un mes después gran parte del asesoramiento en consultoría medioambiental que desde 1997 venía prestándose entre sus muros tocó a su fin.

A día de hoy, tal y como establece la normativa aprobada en abril del pasado año, las Cámaras cuentan capacidad para prestar distintos servicios con carácter privado y en régimen de libre competencia, entre los que se menciona expresamente la información y el asesoramiento, los cuales la entidad cántabra facilitará a las distintas firmas a cambio del abono de cuotas anuales. Con este paso, la institución inicia un nuevo capítulo en su historia reciente en el que, con una dimensión y estructura acorde a su volumen de actividad e ingresos, el déficit a cierre de ejercicio no está contemplado. Es más, según asegura su presidente, Modesto Piñeiro, ya el ejercicio de 2015, con un presupuesto de 1.778.000 euros, debería concluir sin pérdidas.

De esa cuantía, aproximadamente 50.000 euros se obtendrán mediante la nueva iniciativa, un modelo que se estructura de acuerdo a las facturaciones de las distintas firmas. Así, si un autónomo quiere beneficiarse de los servicios de la Cámara deberá abonar 100 euros al año, cuantía que se eleva a 200 euros para aquellas pymes que facturen hasta 6 millones de euros. Del mismo modo, las compañías cuyo volumen de negocio se sitúe entre los 6 y los 15 millones desembolsarán 500 euros por ejercicio, y las que superen esos 15 millones de euros tendrán una cuota de 1.200 euros anuales. “La mayoría de firmas pagarían 200 euros, una cantidad asumible y puramente simbólica, a cambio de la cual recibirán asesoramiento e información en materias diversas, además de contar con bonificaciones en servicios que son de pago, como el alquiler de salas o la asistencias a determinados cursos –afirma Modesto Piñeiro–. El objetivo no es otro que poder financiar nuestra propia actividad, aunque la iniciativa también contribuirá a consolidar el compromiso de las empresas con la propia Cámara, puesto que es una forma de hacerlas entender que estamos encantados de ayudar en todo lo que esté en nuestra mano, pero que esa labor, cuya profesionalidad y calidad está fuera de toda duda, tiene un coste que hay que cubrir. De hecho, solemos dedicar más de una hora a cada persona que se acerca a nuestras instalaciones”.

Teniendo en cuenta que, de acuerdo a las cifras que maneja la propia institución, cerca de 5.000 empresas pasan por la sede de la Plaza Porticada cada año para realizar distintas consultas, parece sencillo alcanzar el objetivo previsto, al menos este primer ejercicio, no en vano con solo 250 altas en el nuevo sistema ya se lograrían recaudar los 50.000 euros planteados. Y más teniendo en cuenta que los servicios incluidos en la cuota son de los más demandados en los distintos campos: legislación, registros, reclamaciones, horarios, aperturas, rebajas, financiación y ayudas en comercio interior; normativa, trámites, ayudas y  promoción en comercio exterior; normativa, legislación, acreditaciones, certificación, asesoramiento, auditoría interna en materia de calidad; legislación, ayudas, subvenciones, evaluación de impacto, sistemas de gestión, auditoría, gestión de residuos, etiquetado en medio ambiente; programas, proyectos, normativa, marcaje, etiquetado, reglamento en el ámbito de la Unión Europea; y tecnologías y herramientas, certificación digital, facturación electrónica, DNI electrónico, firma electrónica en tramitación electrónica.

Por el momento, la institución cántabra está haciendo llegar información a las cerca de 1.500 firmas que, de acuerdo a los registros de la entidad, han consultado sobre el nuevo sistema, a continuación de lo cual se dirigirán a las cerca de 5.000 con las que mantienen una relación directa. De cualquier forma, con 36.000 empresas adscritas en la región, de las que 4.000 son sociedades, el potencial de crecimiento del nuevo modelo es enorme.

Fuentes de ingresos

Con más de un millón de euros en gastos de personal solo en 2015, y unos ingresos previstos próximos a  200.000 euros en patrocinios y aportaciones específicas de empresas y superiores a 400.000 euros en servicios de pago –alquiler de espacios, expedición de certificación de origen, formación, cuotas voluntarias…–, las restantes fuentes de financiación se antojan fundamentales para la viabilidad de la institución cántabra. Es en este punto en donde entran en juego el resto de funciones asignadas en la Ley Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación.

Y es que, aunque la normativa establece que estas entidades prestarán servicios públicos con carácter universal en campos como la internacionalización, la competitividad y el arbitraje, lo cierto es que aún no existen certezas sobre cómo se van a estructurar estas funciones ni sobre los fondos con los que van contar las Cámaras para llevarlas a cabo. De hecho, todo apunta a que antes de 2016 no se producirán novedades al respecto.

Donde sí se han producido avances es en el papel que la ley otorgaba a estas instituciones como gestoras de fondos europeos, labor que solo las Administraciones y estos organismos están autorizados a llevar a cabo y que las Cámaras ya venían realizando durante años. “Aunque la mayoría de programas europeos son de carácter finalista, es decir, los fondos van a parar directamente a las empresas, a nosotros nos aportan unos ingresos muy importantes, dado que también contemplan financiación para quienes realizan toda la gestión. Leonardo, STEP… Son varios los proyectos que lideramos y en los que ya contamos con una dilatada experiencia, lo que resulta fundamental, dada su complejidad y la coordinación entre entidades de distintos países que requieren”, considera Modesto Piñeiro.

Del mismo modo, también resultan claves los programas que la entidad cameral desarrolla con fondos del Gobierno de Cantabria y que redundan en beneficio de las propias empresas: Laboreso, Formación Profesional Dual, propiedad industrial… Y no menos importantes son los que la Cámara de España cierra directamente con el Estado, y cuyo desarrollo depende de las Cámaras de cada zona: PAEM –Programa de Ayuda a Mujeres Empresarias–, Plan de Competitividad del Comercio, PICE –Programa Integral de Cualificación y Empleo–.

Solo en 2015 estas tres vías servirán a la Cámara de Comercio de Cantabria para ingresar cerca de 1,1 millones de euros, más del 60% del presupuesto anual, una suma fundamental que lo seguirá siendo hasta que los distintos aspectos que la normativa aún no concreta se definan.