La directora del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), Carmen Arce, y la trabajadora social de atención primaria de Cáritas Diocesana de Santander, Alba Fernández Díaz, analizan en este reportaje la evolución de la pobreza y la exclusión social en Cantabria y la efectividad del ingreso mínimo vital y la renta social básica para evitar que se cronifiquen.
Manuel Casino | Marzo 2025
Administración y organizaciones del tercer sector comparten la necesidad de luchar contra la cronificación de la pobreza y la exclusión social. Un objetivo común que, tras la entrada en vigor a mediados de 2020 del ingreso mínimo vital (IMV), dejó de ser una cuestión exclusiva del Ejecutivo cántabro, que desde entonces ha reducido sensiblemente su presupuesto para satisfacer la renta social básica (RSB), la versión regional de la renta mínima de inserción (RMI). Así se desprende del documento difundido a principios de año por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, a partir del informe de la RMI correspondiente a 2023, elaborado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, en el que se recoge que, tras la implantación por parte del Gobierno de España del IMV, la inversión destinada a Cantabria a esta prestación económica de carácter periódico había descendido desde los más de 31,6 millones de euros en 2020 hasta los algo más de 14,2 millones de euros en 2023, lo que representa una caída superior al 55%.
Para la directora del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), Carmen Arce, esta menor inversión, que en 2025 asciende a 15 millones de euros, no conllevaría en ningún caso un «supuesto ahorro» en el presupuesto global de la Consejería, sino que el montante que antes se destinaba a la renta social básica ahora se redistribuye para cubrir otras políticas de inserción social y prestaciones sociales. Así, a modo de ejemplo, además de destacar el incremento “histórico” del presupuesto del ICASS, que ha aumentado un 6,71% sin contar los fondos europeos, cita la puesta en marcha de los programas Housing First y Housing Led para facilitar una vivienda y atención social y laboral a personas sin hogar.
Carmen Arce, directora del ICASS. Foto: Nacho Cubero.
“No hay una menor cobertura social”, insiste en destacar Arce, “lo que ha habido es un trasvase de beneficiarios de una prestación a otra”, precisa antes de explicar el carácter subsidiario –una persona con derecho a ayuda, tiene que cobrar con carácter previo el IMV– y complementaria –el beneficiario de esta ayuda tiene derecho a recibir también la RSB hasta el límite de la renta garantizada, que este año oscila entre los 552 euros mensuales para un único beneficiario y los 862 euros, en el caso de una unidad familiar de cinco miembros– de la prestación autonómica. “La renta social básica es una herramienta fundamental dentro de la cartera de servicios y de atención social de la Consejería de las personas”, tal y como la define la directora del ICASS, que este año, apunta, se va a ver completada con la prórroga de la prestación extraordinaria de carácter temporal para paliar los efectos del alza de precios de energía y suministros básicos aprobada en 2024 por el Ejecutivo regional.
Según especifica Arce, la vigencia de esta prórroga, que beneficiará a los aproximadamente 3.000 perceptores de la renta social básica que el Ejecutivo calcula que existen en la región, será de enero a diciembre y se concederá de oficio por el ICASS, sin que sea necesaria ninguna solicitud por parte de los interesados. “De este modo nadie con derecho a la prestación queda fuera del sistema. Es más, si analizas las cifras de personas atendidas en 2024, ves que la cobertura es incluso mayor en 2020”, opina convencida.
Mejores cifras que a nivel estatal
De otro lado, Arce, que lleva en el cargo apenas cinco meses, resalta el menor porcentaje de personas bajo el umbral de la pobreza que presenta Cantabria con relación a la media española, (15,2% frente al 20,2%), tal y como refleja el citado documento elaborado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, y corrobora el último informe de la Plataforma de Europea de Entidades Sociales que luchan y trabajan contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN, por sus siglas en inglés), en el que, según observa, Cantabria es la tercera comunidad española con un menor índice de carencia material y social severa. “Nuestra foto de la pobreza es mejor que en el resto de España, aunque no nos podemos quedar de brazos cruzados”, aclara.
Esta visión es compartida, aunque con matices, por la trabajadora social de atención primaria de Cáritas Diocesana de Santander, Alba Fernández Díaz. Esta responsable participa de que la pobreza y exclusión social es muchas veces “crónica”, como demuestra el hecho de que su institución atienda a personas a las que viene acompañando desde hace mucho tiempo. “A raíz de la pandemia se ha incrementado la cronificación y hoy atendemos a más personas que antes” –Cáritas atendió a 6.085 personas en 2024, un 10% más que el ejercicio anterior, la mayoría de ellas mujeres y casi la mitad familias con niñas y niños a su cargo, según se recoge en su memorial anual–. “Ahora hay menos posibilidades de salir de la exclusión social. Muchas personas cobran ayudas, pero los gastos a los que tienen que hacer frente se han incrementado, por lo que al final son más pobres”, razona.
Aunque asegura que no hay un perfil concreto de las personas que acuden en busca de ayuda, Fernández Díaz aclara que en la mayoría de los casos se trata de familias de media edad que viven por debajo del índice de pobreza –un parámetro estadístico desarrollado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que incluye el acceso a alimentos, disponer de una vivienda adecuada, el acceso a una educación de calidad, salud, empleo digno y otros elementos esenciales para el bienestar humano–, si bien explica que también atienden a personas jubiladas a las que no les llega la pensión y a jóvenes que trabajan el verano pero que no les da para vivir en invierno.
Alba Fernández, trabajadora social de Cáritas Diocesana. Foto: Nacho Cubero.
Con todo, apunta que en la actualidad existe una corriente “muy fuerte” de personas sin permiso de trabajo recién llegadas procedentes de otros países, especialmente de Colombia y Perú, que “no existen” para la Administración porque, como no tienen permiso de residencia, no tienen derecho a prestaciones: “Están en situación de calle y algunas con menores”, alerta sobre un problema que Arce admite conocer por boca de estas organizaciones sociales. “Llegan familias enteras”, refrenda. Un problema que, a juicio de la trabajadora de Cáritas, lejos de solucionarse se está viendo agravado por la “terrible” falta de vivienda y el incremento de la cesta de la compra, “lo que está llevando a muchas personas españolas a entrar también en la exclusión”.
“En este ámbito, hay un concepto clave, que es la brecha digital, que para Cáritas y el resto de organizaciones llamadas del tercer sector nos supone un trabajo increíble”. Según relata, muchos de los demandantes de ambas prestaciones, que recuerda se deben solicitar de forma conjunta, no disponen de teléfono móvil con datos y, si lo tienen, no saben cómo tramitar la solicitud de forma telemática. “Nosotros se la preparamos y los acompañamos en todo el proceso porque la tramitación administrativa de esta ayudas es muy farragosa y muchos de ellos se quedan por el camino. Es que la exclusión social es a todos los niveles”, enfatiza Alba Fernández.
El problema del empadronamiento
Sobre el funcionamiento del sistema de prestaciones en Cantabria, esta trabajadora social de Cáritas critica la existencia de requisitos que impiden a muchas personas beneficiarse de alguna de estas dos ayudas. El principal, en su opinión, es la necesidad de justificar un año de empadronamiento para el caso de la RSB, y de seis meses de unidad de convivencia estable, para el IMV. “Muchas de estas personas tienen dificultades para mantener el alojamiento o, si lo consiguen, lo hacen en alquiler en habitaciones cuyos propietarios no les quieren empadronar. No son pisos de Airbnb, son alquileres precarios en los que las mafias de empadronamiento, que las hay, extorsionan a las personas que necesitan cumplir con este requisito con precios de 300 o 400 euros por habitación”, argumenta. Por eso, reclama suavizar los requisitos para permitir un mayor acceso a las prestaciones. “Si se flexibilizara el empadronamiento, estoy convencida de que se produciría un incremento exponencial del número de perceptores”, admite.
En este sentido, la directora del ICASS admite que el empadronamiento es un escollo difícil de superar para muchas personas, pero arguye que algún filtro o requisito de estancia legal hay que poner para percibir la RSB. “Actualmente es este. Es verdad que se suma al problema que ya existe en torno a la vivienda. Nada es perfecto y todo es susceptible de mejora”. Por eso, avanza que su departamento está trabajando, junto con el Servicio Cántabro de Empleo, en un estudio de activación de renta social básica dirigido, precisamente, a que no se cronifique y a incentivar el trabajo para lograr la plena inserción social y laboral.
«Si se flexibilizara el empadronamiento, estoy convencida de que se produciría un incremento exponencial del número de perceptores». Alba Fernández, trabajadora social de Cáritas Diocesana
De otro lado, Fernández Díaz también reclama la necesidad de agilizar los trámites de concesión de estas ayudas que, lamenta, suelen alargarse hasta cuatro meses e incluso seis en el caso del IMV, aunque advierte de que no hace mucho estos plazos han llegado a ser incluso de un año. A este “excesivo tiempo de espera” para recibir respuesta añade además la dilación que representa los habituales requerimientos de la Administración para subsanar errores o adjuntar más documentación, “que hacen aún más interminable el proceso”.
Sobre esta petición, Arce admite esta demora en su concesión, pero destaca el carácter retroactivo de estas ayudas, al tiempo que avanza que su departamento ya está trabajando en la manera de simplificar los procedimientos. “Todo lo que se tramita en el ICASS se refiere a personas y, por eso, son de urgencia extrema”, concede.
Aumentar las cuantías
Entre sus reivindicaciones, la responsable de Cáritas Diocesana también señala el incremento de las cuantías. “Si pagan la habitación, ya les queda muy poco dinero para hacer frente a los gastos de alimentación o necesidades de ropa, especialmente si tienen menores a su cargo. Por eso, aunque cobren, muchos acuden a la Cocina Económica para poder comer porque no les llega”, relata.
Tras señalar el diferente criterio económico que se sigue en cada caso para su concesión –la RSB tiene en cuenta los ingresos en el momento de la solicitud, mientras que el IMV requiere la presentación de la declaración del IRPF o, en su defecto, de los ingresos del ejercicio anterior–, Fernández Díaz defiende la necesidad de valorar antes el coste de una habitación, de la alimentación y de los gastos del día a día y, en función de eso, establecer una cantidad. Asimismo, recuerda que muchos perceptores son personas con trabajos temporales y discontinuos, que ven cómo esos ingresos percibidos les restan posibilidades de acceso al IMV. Al final, advierte de que esta realidad desincentiva a muchos de ellos a buscar una oportunidad laboral.
Reparto de comida dentro de la iniciativa ‘ola de frío’, del Ayuntamiento de Santander. Foto: Nacho Cubero.
Así, menciona el caso de personas que antes percibían la RSB y que ahora, por haber trabajado algunos días o meses, cobran el IMV, cuya cuantía, aunque en teoría debería ser mayor, en la práctica es bastante menor porque a la hora de fijar la prestación se tiene en cuenta si has percibido o no ingresos durante el último ejercicio, explica. “Es una cuestión que no beneficia en nada a quienes se esfuerzan por salir de la exclusión social. Muchos, de hecho, se plantean si les compensa trabajar porque, por otro lado, saben que si lo hacen, pierden el derecho a la prestación y luego, si la vuelven a necesitar, tardan demasiado tiempo en concedérsela de nuevo. El IMV está lejos de cumplir sus objetivos de mejorar la calidad de vida de las personas. Esta ahí, pero no cumple”, sostiene sin querer que sus palabras sirvan para politizar este asunto.
Sobre esta demanda, Arce explica que, tanto el reconocimiento del derecho como la determinación de la cuantía de ambas prestaciones, vienen referenciados por el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM), actualmente establecido en 600 euros mensuales. Con todo, se muestra de acuerdo en que hay que buscar una solución para aquellas personas que optan a un trabajo temporal y que tienen miedo de aceptarlo porque luego van a tardar en volver a percibir la RSB y pueden estar sin cobrarla unos meses. “Aunque tenga carácter retroactivo, tienen que vivir todos los meses”, admite.
Mejorar la comunicación
Fernández Díaz concluye su lista de peticiones reclamando al ICASS un número de teléfono específico para poder pedir cita. “Te puedes hacer viejo si esperas a que te cojan el teléfono. Siempre está comunicando”, advierte antes de reconocer que su institución mantiene una buena comunicación con la Administración, que le gustaría se hiciera también extensiva con los más pobres y excluidos. “No importa tanto cómo sea su relación con nosotros, sino la que tiene con los particulares, que no es una relación fluida”, subraya.
“Ahora no estamos mejor que hace cuatro años, cuando entró en vigor el IMV. Es verdad que desde entonces se ha registrado un trasvase de perceptores de un subsidio a otro, pero el gasto en su conjunto no se ha incrementado. La situación es peor porque las personas que antes cobraban 480 euros de la renta social básica ahora perciben de media menos de 200 euros del IMV –un informe del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones detalla, con datos referidos a octubre pasado, que la cuantía media mensual por beneficiario de esta prestación ha sido de 194,53 euros– por haber trabajado en verano”, enfatiza.
«Ningún político serio puede sentirse conforme con lo conseguido. Hay que trabajar para llegar a más personas». Carmen Arce, directora del ICASS
Después de recoger esta petición –“tomamos nota y buscaremos fórmulas más ágiles”, afirma– Arce desgrana los principales retos y desafíos del ICASS en esta materia. Entre ellos, apunta a la necesidad de lograr un “mejor encaje” entre la inserción laboral y la percepción de la RSB para que “no se cronifique y conseguir así la plena inserción social de las personas en situación de vulnerabilidad”, además de profundizar en el “engranaje” entre ambas prestaciones para llegar “al mayor número de personas en Cantabria”.
Igualmente, la directora del ICASS apunta al estudio en curso sobre el impacto en familias perceptoras con hijos menores de edad para mejorar la cobertura y protección de este colectivo que, según concede, en los últimos informes aparece como uno de los más vulnerables. “La protección social siempre es mejorable. Las necesidades sociales son inagotables. Ningún político serio puede sentirse conforme con lo conseguido. Hay que trabajar para llegar a más personas. El faro debe ser evitar la cronificación y conseguir la inserción laboral y social plena de las personas en exclusión”, concluye
El último eslabón de la cadena asistencial
La directora del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), Carmen Arce, y la trabajadora social de atención primaria de Cáritas Diocesana de Santander, Alba Fernández Díaz, analizan en este reportaje la evolución de la pobreza y la exclusión social en Cantabria y la efectividad del ingreso mínimo vital y la renta social básica para evitar que se cronifiquen.
Manuel Casino | Marzo 2025
Administración y organizaciones del tercer sector comparten la necesidad de luchar contra la cronificación de la pobreza y la exclusión social. Un objetivo común que, tras la entrada en vigor a mediados de 2020 del ingreso mínimo vital (IMV), dejó de ser una cuestión exclusiva del Ejecutivo cántabro, que desde entonces ha reducido sensiblemente su presupuesto para satisfacer la renta social básica (RSB), la versión regional de la renta mínima de inserción (RMI). Así se desprende del documento difundido a principios de año por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, a partir del informe de la RMI correspondiente a 2023, elaborado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, en el que se recoge que, tras la implantación por parte del Gobierno de España del IMV, la inversión destinada a Cantabria a esta prestación económica de carácter periódico había descendido desde los más de 31,6 millones de euros en 2020 hasta los algo más de 14,2 millones de euros en 2023, lo que representa una caída superior al 55%.
Para la directora del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), Carmen Arce, esta menor inversión, que en 2025 asciende a 15 millones de euros, no conllevaría en ningún caso un «supuesto ahorro» en el presupuesto global de la Consejería, sino que el montante que antes se destinaba a la renta social básica ahora se redistribuye para cubrir otras políticas de inserción social y prestaciones sociales. Así, a modo de ejemplo, además de destacar el incremento “histórico” del presupuesto del ICASS, que ha aumentado un 6,71% sin contar los fondos europeos, cita la puesta en marcha de los programas Housing First y Housing Led para facilitar una vivienda y atención social y laboral a personas sin hogar.
Carmen Arce, directora del ICASS. Foto: Nacho Cubero.
“No hay una menor cobertura social”, insiste en destacar Arce, “lo que ha habido es un trasvase de beneficiarios de una prestación a otra”, precisa antes de explicar el carácter subsidiario –una persona con derecho a ayuda, tiene que cobrar con carácter previo el IMV– y complementaria –el beneficiario de esta ayuda tiene derecho a recibir también la RSB hasta el límite de la renta garantizada, que este año oscila entre los 552 euros mensuales para un único beneficiario y los 862 euros, en el caso de una unidad familiar de cinco miembros– de la prestación autonómica. “La renta social básica es una herramienta fundamental dentro de la cartera de servicios y de atención social de la Consejería de las personas”, tal y como la define la directora del ICASS, que este año, apunta, se va a ver completada con la prórroga de la prestación extraordinaria de carácter temporal para paliar los efectos del alza de precios de energía y suministros básicos aprobada en 2024 por el Ejecutivo regional.
Según especifica Arce, la vigencia de esta prórroga, que beneficiará a los aproximadamente 3.000 perceptores de la renta social básica que el Ejecutivo calcula que existen en la región, será de enero a diciembre y se concederá de oficio por el ICASS, sin que sea necesaria ninguna solicitud por parte de los interesados. “De este modo nadie con derecho a la prestación queda fuera del sistema. Es más, si analizas las cifras de personas atendidas en 2024, ves que la cobertura es incluso mayor en 2020”, opina convencida.
Mejores cifras que a nivel estatal
De otro lado, Arce, que lleva en el cargo apenas cinco meses, resalta el menor porcentaje de personas bajo el umbral de la pobreza que presenta Cantabria con relación a la media española, (15,2% frente al 20,2%), tal y como refleja el citado documento elaborado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, y corrobora el último informe de la Plataforma de Europea de Entidades Sociales que luchan y trabajan contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN, por sus siglas en inglés), en el que, según observa, Cantabria es la tercera comunidad española con un menor índice de carencia material y social severa. “Nuestra foto de la pobreza es mejor que en el resto de España, aunque no nos podemos quedar de brazos cruzados”, aclara.
Esta visión es compartida, aunque con matices, por la trabajadora social de atención primaria de Cáritas Diocesana de Santander, Alba Fernández Díaz. Esta responsable participa de que la pobreza y exclusión social es muchas veces “crónica”, como demuestra el hecho de que su institución atienda a personas a las que viene acompañando desde hace mucho tiempo. “A raíz de la pandemia se ha incrementado la cronificación y hoy atendemos a más personas que antes” –Cáritas atendió a 6.085 personas en 2024, un 10% más que el ejercicio anterior, la mayoría de ellas mujeres y casi la mitad familias con niñas y niños a su cargo, según se recoge en su memorial anual–. “Ahora hay menos posibilidades de salir de la exclusión social. Muchas personas cobran ayudas, pero los gastos a los que tienen que hacer frente se han incrementado, por lo que al final son más pobres”, razona.
Aunque asegura que no hay un perfil concreto de las personas que acuden en busca de ayuda, Fernández Díaz aclara que en la mayoría de los casos se trata de familias de media edad que viven por debajo del índice de pobreza –un parámetro estadístico desarrollado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que incluye el acceso a alimentos, disponer de una vivienda adecuada, el acceso a una educación de calidad, salud, empleo digno y otros elementos esenciales para el bienestar humano–, si bien explica que también atienden a personas jubiladas a las que no les llega la pensión y a jóvenes que trabajan el verano pero que no les da para vivir en invierno.
Alba Fernández, trabajadora social de Cáritas Diocesana. Foto: Nacho Cubero.
Con todo, apunta que en la actualidad existe una corriente “muy fuerte” de personas sin permiso de trabajo recién llegadas procedentes de otros países, especialmente de Colombia y Perú, que “no existen” para la Administración porque, como no tienen permiso de residencia, no tienen derecho a prestaciones: “Están en situación de calle y algunas con menores”, alerta sobre un problema que Arce admite conocer por boca de estas organizaciones sociales. “Llegan familias enteras”, refrenda. Un problema que, a juicio de la trabajadora de Cáritas, lejos de solucionarse se está viendo agravado por la “terrible” falta de vivienda y el incremento de la cesta de la compra, “lo que está llevando a muchas personas españolas a entrar también en la exclusión”.
“En este ámbito, hay un concepto clave, que es la brecha digital, que para Cáritas y el resto de organizaciones llamadas del tercer sector nos supone un trabajo increíble”. Según relata, muchos de los demandantes de ambas prestaciones, que recuerda se deben solicitar de forma conjunta, no disponen de teléfono móvil con datos y, si lo tienen, no saben cómo tramitar la solicitud de forma telemática. “Nosotros se la preparamos y los acompañamos en todo el proceso porque la tramitación administrativa de esta ayudas es muy farragosa y muchos de ellos se quedan por el camino. Es que la exclusión social es a todos los niveles”, enfatiza Alba Fernández.
El problema del empadronamiento
Sobre el funcionamiento del sistema de prestaciones en Cantabria, esta trabajadora social de Cáritas critica la existencia de requisitos que impiden a muchas personas beneficiarse de alguna de estas dos ayudas. El principal, en su opinión, es la necesidad de justificar un año de empadronamiento para el caso de la RSB, y de seis meses de unidad de convivencia estable, para el IMV. “Muchas de estas personas tienen dificultades para mantener el alojamiento o, si lo consiguen, lo hacen en alquiler en habitaciones cuyos propietarios no les quieren empadronar. No son pisos de Airbnb, son alquileres precarios en los que las mafias de empadronamiento, que las hay, extorsionan a las personas que necesitan cumplir con este requisito con precios de 300 o 400 euros por habitación”, argumenta. Por eso, reclama suavizar los requisitos para permitir un mayor acceso a las prestaciones. “Si se flexibilizara el empadronamiento, estoy convencida de que se produciría un incremento exponencial del número de perceptores”, admite.
En este sentido, la directora del ICASS admite que el empadronamiento es un escollo difícil de superar para muchas personas, pero arguye que algún filtro o requisito de estancia legal hay que poner para percibir la RSB. “Actualmente es este. Es verdad que se suma al problema que ya existe en torno a la vivienda. Nada es perfecto y todo es susceptible de mejora”. Por eso, avanza que su departamento está trabajando, junto con el Servicio Cántabro de Empleo, en un estudio de activación de renta social básica dirigido, precisamente, a que no se cronifique y a incentivar el trabajo para lograr la plena inserción social y laboral.
De otro lado, Fernández Díaz también reclama la necesidad de agilizar los trámites de concesión de estas ayudas que, lamenta, suelen alargarse hasta cuatro meses e incluso seis en el caso del IMV, aunque advierte de que no hace mucho estos plazos han llegado a ser incluso de un año. A este “excesivo tiempo de espera” para recibir respuesta añade además la dilación que representa los habituales requerimientos de la Administración para subsanar errores o adjuntar más documentación, “que hacen aún más interminable el proceso”.
Sobre esta petición, Arce admite esta demora en su concesión, pero destaca el carácter retroactivo de estas ayudas, al tiempo que avanza que su departamento ya está trabajando en la manera de simplificar los procedimientos. “Todo lo que se tramita en el ICASS se refiere a personas y, por eso, son de urgencia extrema”, concede.
Aumentar las cuantías
Entre sus reivindicaciones, la responsable de Cáritas Diocesana también señala el incremento de las cuantías. “Si pagan la habitación, ya les queda muy poco dinero para hacer frente a los gastos de alimentación o necesidades de ropa, especialmente si tienen menores a su cargo. Por eso, aunque cobren, muchos acuden a la Cocina Económica para poder comer porque no les llega”, relata.
Tras señalar el diferente criterio económico que se sigue en cada caso para su concesión –la RSB tiene en cuenta los ingresos en el momento de la solicitud, mientras que el IMV requiere la presentación de la declaración del IRPF o, en su defecto, de los ingresos del ejercicio anterior–, Fernández Díaz defiende la necesidad de valorar antes el coste de una habitación, de la alimentación y de los gastos del día a día y, en función de eso, establecer una cantidad. Asimismo, recuerda que muchos perceptores son personas con trabajos temporales y discontinuos, que ven cómo esos ingresos percibidos les restan posibilidades de acceso al IMV. Al final, advierte de que esta realidad desincentiva a muchos de ellos a buscar una oportunidad laboral.
Reparto de comida dentro de la iniciativa ‘ola de frío’, del Ayuntamiento de Santander. Foto: Nacho Cubero.
Así, menciona el caso de personas que antes percibían la RSB y que ahora, por haber trabajado algunos días o meses, cobran el IMV, cuya cuantía, aunque en teoría debería ser mayor, en la práctica es bastante menor porque a la hora de fijar la prestación se tiene en cuenta si has percibido o no ingresos durante el último ejercicio, explica. “Es una cuestión que no beneficia en nada a quienes se esfuerzan por salir de la exclusión social. Muchos, de hecho, se plantean si les compensa trabajar porque, por otro lado, saben que si lo hacen, pierden el derecho a la prestación y luego, si la vuelven a necesitar, tardan demasiado tiempo en concedérsela de nuevo. El IMV está lejos de cumplir sus objetivos de mejorar la calidad de vida de las personas. Esta ahí, pero no cumple”, sostiene sin querer que sus palabras sirvan para politizar este asunto.
Sobre esta demanda, Arce explica que, tanto el reconocimiento del derecho como la determinación de la cuantía de ambas prestaciones, vienen referenciados por el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM), actualmente establecido en 600 euros mensuales. Con todo, se muestra de acuerdo en que hay que buscar una solución para aquellas personas que optan a un trabajo temporal y que tienen miedo de aceptarlo porque luego van a tardar en volver a percibir la RSB y pueden estar sin cobrarla unos meses. “Aunque tenga carácter retroactivo, tienen que vivir todos los meses”, admite.
Mejorar la comunicación
Fernández Díaz concluye su lista de peticiones reclamando al ICASS un número de teléfono específico para poder pedir cita. “Te puedes hacer viejo si esperas a que te cojan el teléfono. Siempre está comunicando”, advierte antes de reconocer que su institución mantiene una buena comunicación con la Administración, que le gustaría se hiciera también extensiva con los más pobres y excluidos. “No importa tanto cómo sea su relación con nosotros, sino la que tiene con los particulares, que no es una relación fluida”, subraya.
“Ahora no estamos mejor que hace cuatro años, cuando entró en vigor el IMV. Es verdad que desde entonces se ha registrado un trasvase de perceptores de un subsidio a otro, pero el gasto en su conjunto no se ha incrementado. La situación es peor porque las personas que antes cobraban 480 euros de la renta social básica ahora perciben de media menos de 200 euros del IMV –un informe del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones detalla, con datos referidos a octubre pasado, que la cuantía media mensual por beneficiario de esta prestación ha sido de 194,53 euros– por haber trabajado en verano”, enfatiza.
Después de recoger esta petición –“tomamos nota y buscaremos fórmulas más ágiles”, afirma– Arce desgrana los principales retos y desafíos del ICASS en esta materia. Entre ellos, apunta a la necesidad de lograr un “mejor encaje” entre la inserción laboral y la percepción de la RSB para que “no se cronifique y conseguir así la plena inserción social de las personas en situación de vulnerabilidad”, además de profundizar en el “engranaje” entre ambas prestaciones para llegar “al mayor número de personas en Cantabria”.
Igualmente, la directora del ICASS apunta al estudio en curso sobre el impacto en familias perceptoras con hijos menores de edad para mejorar la cobertura y protección de este colectivo que, según concede, en los últimos informes aparece como uno de los más vulnerables. “La protección social siempre es mejorable. Las necesidades sociales son inagotables. Ningún político serio puede sentirse conforme con lo conseguido. Hay que trabajar para llegar a más personas. El faro debe ser evitar la cronificación y conseguir la inserción laboral y social plena de las personas en exclusión”, concluye
La obra pública pierde altura en Cantabria
Tras marcar un notable récord en 2023, el total de lo invertido en obra pública por las diferentes administraciones volvió el pasado ejercicio a cotas comparables con las que han venido marcando las estadísticas de Cantabria desde el final de la crisis sanitaria, pero por debajo del nivel alcanzado cualquiera de esos años. Ese retorno al pasado deja la cifra final de 2024 un 54% por debajo de la registrada doce meses antes, un descenso achacable sobre todo al fuerte descenso de lo licitado desde la Administración central, aunque también la inversión de la autonomía se situó por debajo de la referencia de 2023. Según los datos de Seopan, solo los ayuntamientos mejoraron su dato anterior.
José Ramón Esquiaga | @josesquiaga | Marzo 2025
Como no dejan de lamentar las empresas del sector cada vez que se les pregunta sobre ello, el sube y baja en el que acostumbran a moverse las cifras de inversión pública en infraestructuras son un lastre que condiciona toda la actividad en este campo, al forzar una discontinuidad que es contraria a cualquier lógica de mercado. La influencia que en ello tienen los ciclos electorales suele citarse como el principal factor para explicar el problema, pero cuanto menos en lo que tiene que ver con Cantabria y con los datos más recientes, a veces resulta insuficiente para hacerlo. Porque las cifras de licitación pública registraron el año pasado una caída que, aunque por sus proporciones cabría calificar de desplome, queda matizada por la excepción que marcaron las del año precedente, que marcaron un récord tan notable como para poder hablar de una salvedad histórica. Es cierto que las de 2023 pueden interpretarse como inversiones marcadas por la proximidad de la concentración de convocatorias a las urnas del año pasado, confirmando por tanto la influencia de estas en el dato, pero lo cierto es que el descenso de lo licitado en Cantabria por las diferentes administraciones públicas coincide con el incremento registrado en el conjunto de España, lo que lo desmentiría.
Porque de acuerdo a las estadísticas de licitación que recoge Seopan –patronal de las grandes empresas constructoras de obra pública– la administración central, la regional y el conjunto de ayuntamientos sacaron al mercado obras por valor de algo más de 358 millones de euros durante el pasado año en Cantabria. Es una cifra menor, aunque cercana, a las registradas en los primeros años de la década, cuando las estadísticas empezaron a recuperarse de la atonía que siguió a la gran crisis financiera, pero casi un 55% menor a la de 2023, los cerca de 790 millones de euros que marcaron el nuevo récord de inversión pública en Cantabria. El contraste con lo sucedido en el conjunto de comunidades autónomas, y el argumento para cuestionar la influencia de los ciclos electorales, viene dado por el crecimiento del 4,5% registrado en el total de lo invertido en España.
Cae la inversión de la Administración central
En el detalle de lo invertido por cada una de las administraciones, y en lo que supone dar la vuelta a lo sucedido en el ejercicio precedente, lo licitado por la Administración central explica el desplome del año pasado, como explicó también la mayor parte de la subida de 2023. Los 134,2 millones de euros invertidos desde Madrid el año pasado son 655 menos que la cifra de 2023, un descenso del 83% que lastra el conjunto de la estadística.
Estadística de licitación, en España y Cantabria. En este último caso, también segmentada por administración. Datos en miles de euros. Fuente: Seopan.
En una región con el tamaño y la capacidad inversora de Cantabria, la gran influencia que en el dato de lo licitado tiene la Administración central viene marcada por la salida al mercado de actuaciones en materia de infraestructuras que, por su cuantía, tienen capacidad para desvirtuar las comparaciones entre ejercicios. Con todo, y por más que se amplíe el foco temporal para evitar ese efecto, la cuantía de lo licitado por la Administración central en Cantabria durante el pasado ejercicio se sitúa también claramente por debajo del dato de 2022 y 2021 –un 15,7 y un 38%, respectivamente revisar– y solo claramente superior a la del anómalo ejercicio de 2020. Yendo más atrás en la comparación, el dato de 2024 sí supera la media de lo invertido anualmente durante la década anterior, con la excepción de los 278 millones licitados en 2017.
Más estable en el tiempo se muestran las inversiones del Gobierno regional y los ayuntamientos. En todo caso, solo estos últimos aumentaron su inversión en infraestructuras el año pasado, concretamente el 48% que separan los 87,5 millones de 2024 de los poco más de 59 de 2023. En el caso de la Administración regional, las cifras cayeron un 18,4% el pasado año, cerrando en un dato que es también ligeramente inferior al de 2022 pero que, a diferencia de lo que sucede con lo invertido por la Administración central, mejora cualquier de los ejercicios anteriores.
El puerto eleva sus cotas de tráfico, facturación y beneficios
Los muelles santanderinos encadenan un segundo año de récord en el movimiento de mercancías, que tiene su reflejo también en nuevos máximos en el volumen de negocio y en el resultado económico del ejercicio, que superó los cinco millones de euros. El puerto, que confirma su objetivo de alcanzar los ocho millones de toneladas en un plazo de cuatro años, invirtió más de 40 millones de euros en nuevas infraestructuras durante el último ejercicio, una cifra que prevé doblar ampliamente a lo largo de 2025.
José Ramón Esquiaga | @josesquiaga | Marzo 2025
Con el único paréntesis de 2022, el puerto de Santander ha venido marcando nuevos máximos en las cifras de movimiento de mercancías en tres de los últimos cuatro ejercicios, en un encadenamiento de récords que refuerza el alcance del dato, entierra en el olvido los dieciséis años que costó volver a las anteriores a la crisis financiera de 2008 y avala el proceso de transformación –en tráficos e infraestructuras– acometido desde entonces. En lo que tiene que ver con 2024, la nueva marca supone además superar la cota simbólica de los siete millones de toneladas, y elevar la cifra de negocio y el resultado económico del ejercicio a niveles nunca antes alcanzados.
Durante el pasado año, el puerto movió 7.154.185 toneladas, mejorando en un 2,4% el dato de 2023, que era también el récord histórico de tráfico de la dársena santanderina. Para llegar a esta cifra ha habido que superar otros retos que han marcado el devenir de la actividad portuaria durante, cuanto menos, la última década, además de otros que, como los propios récords, merecerían el calificativo de históricos. Entre estos últimos, ninguno lo ha sido más que el incorporar los contenedores como un tráfico significativo para el puerto, un desafío especialmente relevante no tanto por sumar toneladas a las estadísticas como por la oportunidad que ello suponía para ofrecer alternativas logísticas a las empresas cántabras, y también para ampliar el ‘hinterland’ portuario.
Contenedores: el efecto de la terminal de Boluda
El primer ejercicio completo en el que ha estado operativa la terminal de contenedores de Boluda –que entró en servicio en abril de 2023– ha elevado este tráfico a niveles que, en la valoración del dato que hace la Autoridad Portuaria, situarían a Santander en una posición relevante entre los puertos españoles. Los 149.789 contenedores que pasaron por los muelles santanderinos a lo largo de 2024 doblan ampliamente la cifra del año anterior –53.373– y suman 1,3 millones de toneladas al volumen total de tráficos del puerto.
La aportación de los contenedores ha sido también decisiva para que 2024 cubriera un nuevo hito en la historia del puerto de la capital de Cantabria, en el que por primera vez la mercancía general se ha convertido en el principal tráfico. La mercancía que pasa por los muelles se clasifica en tres grandes categorías: graneles sólidos, graneles líquidos y mercancía en general. Entre los graneles se cuentan el carbón o los cereales, todos ellos tráficos habituales en los muelles santanderinos, así como otros que lo son menos, como los hidrocarburos. Todos tienen en común unas condiciones de transporte y manipulado que, cuanto menos en términos generales, dan lugar a actividades de menor valor añadido que las que implica operar con mercancía general, categoría en la que se encuadran los automóviles, remolques y plataformas o los propios contenedores. Como principales productos de este tipo de tráfico, la Autoridad Portuaria destaca a los químicos, alimentarios, materiales de construcción y a la maquinaria.
La terminal de contenedores de Boluda ha tenido en 2024 su primer año completo de actividad.
Dentro de la mercancía general, y contrastando con la fortísima subida de los contenedores, baja ligeramente el número de automóviles, uno de los tráficos más significativos del puerto, pero también uno de los pocos que todavía no ha logrado volver a las cifras anteriores a la pandemia. Con todo, el último año también ha dejado algunos hechos de notable importancia en este capítulo, como la llegada del primer barco con el que la marca China BYD exportaba vehículos directamente a España.
En conjunto, la mercancía general ha supuesto el 51,1% del tráfico total de la dársena santanderina, con un total de 3.652.231 toneladas que suponen un 24% más que las que está categoría sumó en 2023. Además de ser consecuencia de esta subida, al cambio en el liderazgo de tráficos del puerto ha contribuido también el descenso en el movimiento de graneles, tanto líquidos como sólidos, que disminuyeron un 21 y un 13% respectivamente.
Con un peso menor en el conjunto de las cifras portuarias, pero con la relevancia que les otorga su vinculación con el puerto y su potencial de crecimiento, suben también los tráficos de pasajeros y mercancías transportados por el ferry, e igualmente lo hace el número de cruceros. En ambos casos –ferry y cruceros– se marcan nuevos registros históricos, por más que en el segundo de los casos se haga a partir de cifras –algo más de 35.000 cruceristas y 19 buques– todavía modestas. Más relevante es la aportación de los barcos con los que Brittany Ferries cubre las diferentes líneas con salida o destino en Santander, que transportaron 368.522 toneladas de mercancías y 230.428 pasajeros en 2024, un 7,1 y un 0,6% más, respectivamente, que en 2023.
Balance económico
Los datos del movimiento de mercancías, y su condición de máximos dentro de las estadísticas históricas del puerto, han tenido un impacto equivalente en las cifras económicas de la Autoridad Portuaria de Santander, que igualmente se mueven en cotas nunca antes alcanzadas. Según el adelanto realizado por César Díaz en su valoración de los datos, todavía provisionales, el puerto habría cerrado el ejercicio con un beneficio de algo más de 5 millones de euros, tras incrementar en casi un 30% el resultado de 2023. En el caso de la facturación, la cifra provisional dada a conocer por los responsables del puerto se sitúa en los 26,5 millones de euros, un 5,81% por encima del dato del ejercicio anterior. Que la mejora del resultado económico haya sido mayor que el incremento en las ventas refleja una mejora de la rentabilidad en la actividad portuaria que hay que entender como consecuencia del cambio en la estructura de tráficos, con el mayor peso alcanzado por los de más valor añadido. Tanto en un caso como en otro –beneficio y facturación–, y al igual que sucede con el volumen de mercancías, los nuevos récords se producen tras mejorar los que se habían fijado en 2023.
César Díaz, presidente de la Autoridad Portuaria de Santander, aprovechó la presentación de resultados de 2024 para adelantar alguna de las líneas del plan estratégico en el que está trabajando la entidad, con el que quiere dibujar la hora de ruta del puerto hasta 2030. El documento, de presentación inminente y, según los responsables del puerto, resultado de un amplio proceso de participación pública, hace un análisis previo de tendencias y diagnóstico del posicionamiento competitivo del puerto para, a partir de ahí, definir un listado de acciones, priorizadas y con indicadores, para poder realizar un seguimiento a lo largo del tiempo y verificar su cumplimiento.
A falta de concretar todo lo anterior, el plan estratégico debería confirmar las previsiones de crecimiento que se han mencionado retiradamente desde el puerto, y que volvieron a ponerse sobre la mesa en la presentación del pasado enero. En lo referente a tráficos, estas contemplan alcanzar los 8 millones de toneladas en 2028, una cifra a la que debería llegarse manteniendo a la mercancía general como la mayoritaria del puerto, según reafirmó César Díaz.
Certificados de Ahorro Energético: invertir en eficiencia y vender el ahorro
La venta de los Certificados de Ahorro Energético (CAE) puede generar retornos añadidos a quien ha llevado a cabo cualquier actuación encaminada a reducir el consumo energético. Aunque el sistema se puso en marcha hace un año, lo farragoso del trámite y el desconocimiento sobre el procedimiento han hecho que apenas se haya utilizado desde entonces, pese a ser una opción abierta a cualquier consumidor. El apoyo de empresas que acompañen en el proceso es una de las claves para impulsar el sistema.
José Ramón Esquiaga | @josesquiaga | Marzo 2025
Sucede con las facturas de luz y gas, con el funcionamiento del mercado mayorista o, en general, con todo lo que tiene que ver con la generación, distribución y venta de energía: el diseño de las normas, procedimientos y fórmulas a aplicar parece concebido para que nadie lo entienda. En lo que tiene que ver con las ayudas e incentivos, esa complejidad viene a sumarse a lo farragoso de cualquier trámite con la Administración, lo que obliga a los potenciales beneficiarios a transitar por un laberinto burocrático que actúa como freno a la hora de presentar cualquier solicitud, por atractiva que pueda presentarse la convocatoria.
Situado a medio camino entre la obligación legal y el incentivo, el sistema diseñado en torno a los bautizados como Certificados de Ahorro Energético (CAE) busca promover actuaciones que garanticen una mayor eficiencia, implicando para ello tanto a las comercializadoras como a los consumidores. Aunque el modelo entró en vigor hace ahora un año, sus efectos han sido hasta ahora muy limitados, algo que puede achacarse tanto al escaso conocimiento que la fórmula tiene entre sus potenciales beneficiarios como por lo complicado y cambiante de sus requisitos.
En origen los CAE se contemplan como un procedimiento para que las empresas comercializadoras de energía cumplan con las aportaciones que obligatoriamente deben hacer al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, según un cálculo que depende de el volumen de negocio de cada una. Hasta la puesta en marcha del sistema en enero de 2024, la forma de cumplir el trámite pasaba por realizar la correspondiente aportación económica, algo que a partir de ahí puede sustituirse, total o parcialmente, por los CAE que adquieran en el mercado, al precio resultante del cruce entre la oferta y la demanda de estos.
Oferta y demanda de CAE
Más allá de la influencia que en ello pueda tener lo complicado y cambiante del procedimiento, la identidad de quienes pueden tener interés en adquirir CAE, e incluso en qué volumen pueden necesitar hacerlo, queda fijado por la normativa: son demandantes las comercializadoras –denominadas ‘sujetos obligados ‘por el sistema– que deben adquirir estos certificados en una cantidad que, además de por su facturación, depende de lo que fije el Gobierno. Más difícil es identificar a los ofertantes de estos CAE, un colectivo heterogéneo que estaría formado por cualquier consumidor de energía con capacidad para invertir en actuaciones que tengan como resultado un ahorro en el consumo que pueda certificarse. Es ese ahorro, una vez cuantificado como tal según lo que exige el complejo sistema diseñado desde el gobierno, lo que da lugar a la emisión de los certificados CAE susceptibles de ser vendidos en el mercado.
Potenciales vendedores de Certificados de Ahorro Energético serían, por tanto, las empresas que cambian determinados procesos para hacerlos más eficientes, las comunidades de vecinos que mejoran el aislamiento de un edificio o las administraciones públicas que sustituyen la iluminación urbana por otra de menor consumo. También podría serlo un particular, si bien en este caso a las dificultades que tiene la tramitación –comunes al resto de categorías– se unirían los modestos retornos que generaría ese esfuerzo, dado que el número de CAE que genera una actuación depende de la cuantía del ahorro que se consiga.
Además de lo que tiene que ver con los ofertantes y demandantes, la tercera incógnita a despejar en relación con el mercado de CAE es el precio de venta, que no está regulado y que, por tanto, depende de la forma en que se cruce esa oferta y esa demanda.
Jesús Ruiz Conde, socio director de la consultora energética Energy Watch, explica que todo lo anterior ha dado lugar hasta ahora a precios de entre 90 y 180 euros el megavatio de ahorro, un abanico que considera anormalmente amplío y propio de mercados poco consolidados. “Que existan esas diferencias no es bueno, pero en todo caso el principal problema que hace que el sistema no acabe de funcionar es lo complicado del procedimiento, los continuos cambios y los pocos recursos con que se ha dotado el ministerio para tramitarlo”, lamenta el director de Energy Watch, que ofrece servicios para acompañar a los potenciales generadores de CAE en todo el proceso hasta su venta.
No solo pueden dar lugar a un CAE las actuaciones que vayan a acometerse en el futuro, sino que también tienen esa condición las realizadas desde hace un año. En la web habilitada por el Ministerio para la Transición Energética para presentar el sistema hay un catálogo de actuaciones susceptibles de generar CAE, incluyendo el número de estos certificados a los que darían lugar. Cualquier actuación que esté fuera de ese catálogo, pero que dé lugar a un ahorro energético, también generaría CAE, si bien para ello sería necesario auditar la situación previa, el efecto de lo realizado y calcular el ahorro conseguido. “Lógicamente es todo más sencillo y más rápido en las actuaciones incluidas en el catálogo”, admite Jesús Ruiz Conde, que aun lamentando lo complejo del sistema, no deja de destacar que al final de ese camino puede haber una interesante generación de recursos como consecuencia de unas inversiones que, además, ya habrán generado un ahorro. “Una actuación que dé lugar a un ahorro de 76 megavatios, que no es mucho para el consumo de muchas empresas, podría dar lugar a más de 13.000 euros por venta de CAE, que son además compatibles con cualquier ayuda que se hubiera recibido para hacerlo”, destaca.
Alberto Quijano, director general de Medio Ambiente y Cambio Climático: «Cantabria se va a poner a la cabeza del reciclaje»
Medio Ambiente y Cambio Climático contará este ejercicio con un presupuesto de 66 millones de euros, un 26,7% más que en 2024, de los que aproximadamente una sexta parte se destinarán a proyectos de recuperación de espacios degradados. El máximo responsable de esa dirección general, Alberto Quijano, analiza en esta entrevista la futura Ley de Control Ambiental, que confía sea aprobada con un amplio consenso a lo largo de este primer trimestre; la implantación del quinto contenedor en la región, el desarrollo eólico o la futura Estrategia de Acción frente al Cambio Climático de Cantabria que, si toda va bien, avanza que estará lista este mismo año.
Manuel Casino | Marzo 2025
Pregunta.– La futura Ley de Control Ambiental nace con el propósito último de reducir la burocracia a la que se enfrentan cada día las empresas de la región manteniendo al mismo tiempo todas las garantías medioambientales. ¿En qué punto se encuentra?
Respuesta.– Está en tramitación. Hay que tener en cuenta que la ley que teníamos en Cantabria, tanto por las reformas venidas de Europa como por las trasposiciones de las normativas nacionales, era una ley absolutamente obsoleta, llena de duplicidades y de tediosas tramitaciones administrativas. El propósito de esta nueva norma es justamente ese, evitar duplicidades y adaptarla a las nuevas regulaciones europeas y nacionales y, sobre todo, proceder a la simplificación administrativa que este Gobierno regional tiene por bandera. Una simplificación es una herramienta que creo es buena tanto para las empresas y ciudadanos como también para las administraciones y que no supone una merma de ninguna garantía medioambiental. Se trata de una ley que ya tenía un trabajo previo realizado. Lo que nosotros hemos hecho es mejorar aspectos y profundizar en la ya apuntada simplificación administrativa y hacerla más accesible y más clara. Pero lo que era la base de la ley ya estaba hecha por el equipo anterior. Por ello, esperamos un consenso muy amplio en el Parlamento porque entendemos que es una ley muy buena para Cantabria. Confiamos en que pueda ser aprobada en este primer trimestre del año.
P.– Anuncia que una de sus principales novedades es la creación de la figura de la declaración ambiental responsable para proyectos de escasa relevancia ambiental. ¿Qué espera de esta figura?
R.– Lo que esperamos es que agilice mucho los trámites porque, como bien dice, son temas de escasa relevancia ambiental que hasta ahora acababan en un cajón o esperando muchos meses de tramitación sin poderse poner en marcha. Lo que va a permitir esta figura es que con una declaración responsable se pueda poner en funcionamiento la actividad sin esperar a toda la tramitación de la Comisión de Comprobación Ambiental. Esto, que puede parecer un riesgo, no es así porque en la propia ley ya hemos introducido el contrapeso. Es decir, agilizamos, pero no pretendemos una barra libre porque esa declaración tiene que llevar un informe técnico suscrito por un técnico competente que, en caso de que lo datos que nos aparte no sean ciertos, se juega la inhabilitación profesional, además de cuantiosas multas económicas para el titular de la explotación. Por ello, creemos que no se a va a hacer un uso abusivo de esta nueva figura.
P.– Otra novedad es el incremento de las multas y sanciones. ¿El que la hace lo va a pagar muy caro?
R.– A ver. Las multas ya eran cuantiosas. Ahora son quizá algo más elevadas y el que la hace evidentemente la va a pagar. Y en materia de medio ambiente se paga muy caro, no ya solo por las multas económicas que se puedan derivar directamente del expediente sancionador, sino también por las responsabilidades medioambientales de restauración de aquellos daños o perjuicios causados, que también están contemplados. Por tanto, yo no recomendaría a nadie saltarse la legislación medioambiental.
Alberto Quijano, durante la entrevista. Foto: Nacho Cubero.
P.– Tras prorrogar hasta finales de 2025 el actual Plan de Residuos, su departamento prevé aprobar uno nuevo en 2026. ¿Tiene definido ya cuáles serán sus líneas maestras?
R.– No, todavía no. Pero el nuevo plan va ir en consonancia, como no puede ser de otra manera, con toda la legislación nacional y previsiones en materia de residuos y, sobre todo, con las que marca la Unión Europea, que es la que lleva la voz cantante en materia medioambiental. Y sí, nuestro compromiso es tenerlo listo en 2026.
P.– Por otro lado, desde sectores sindicales se ha criticado que el Ejecutivo quiera poner en marcha una Estrategia Cántabra de Bioeconomía y Economía Circular sin antes disponer del Plan de Ordenación del Territorio (PROT) y de un nuevo Plan de Residuos. ¿Qué opinión le merece esta posición?
R.– No entiendo muy bien esta crítica porque se trata de una estrategia absolutamente beneficiosa para Cantabria. Supone una oportunidad económica de generación de empleo y de sinergias positivas para la economía regional, ya que puede poner en valor muchos productos que ahora son residuos y que, mediante la reutilización, podemos volver a incluir en la vida útil. Además, realmente no veo mucho la relación de esta estrategia con el PROT.
P.– Cantabria acumula ya un retraso considerable en la implantación del quinto contenedor, el destinado a residuos orgánicos. ¿Esta tardanza se justifica en la ausencia de la planta de tratamiento de este tipo de residuos que está previsto ejecutar en Meruelo o hay otras causas?
R.– Es cierto que el retraso en la implantación del quinto contenedor es muy grande. Cuando nosotros llegamos al gobierno nos encontramos con todo por hacer. Hemos partido prácticamente de cero porque solo había un proyecto piloto para la implantación de este quinto contenedor que, una vez concluido, quedó en un cajón. Tampoco MARE estaba dotada de los medios necesarios para su implantación ni tenía absolutamente nada. Todo lo hemos puesto en marcha en un tiempo récord y me siento muy satisfecho y orgulloso de la labor realizada en este tema. A día de hoy, podemos decir que MARE está en condiciones de prestar los servicios para ponerlo en marcha. Ya ha tenido contactos con la Federación de Municipios de Cantabria para los convenios con los ayuntamientos que se quieran adherir y, si bien es cierto que aún no tenemos la planta de tratamiento que pondremos en marcha a lo largo de esta legislatura, MARE tiene los convenios con Cogersa para dar el servicio correspondiente a este quinto contenedor. De hecho, ya hay municipios, como es el caso de Piélagos, que ya lo tiene implantado. Esperamos que a lo largo de este 2025 sea masiva la adhesión de ayuntamientos y la implantación del quinto contenedor en Cantabria. Nuestro compromiso es que la planta de Meruelo, que cuenta con una inversión de casi 60 millones de euros, esté en funcionamiento en esta legislatura.
P.– Cantabria incumple desde hace años todos los objetivos de reciclaje, pese a los indudables beneficios medioambientales que esta práctica comporta. ¿Por qué nos cuesta tanto reciclar?
R.– Es complejo. Es cierto que los datos no son buenos. Estamos poniendo en marcha un montón de medidas para tratar de revertir esa situación y estoy absolutamente convencido de que, con ayuda de los ayuntamientos y de los ciudadanos, Cantabria se va a poner a la cabeza del reciclaje. Estamos haciendo potentes inversiones que vamos a ejecutar a lo largo de estos años en la automatización de la planta del Mazo, en la ampliación de la red de puntos limpios, en plantas de compostaje y en proyectos de reciclaje, con lo que la apuesta este Gobierno de la presidenta Sáenz de Buruaga ha hecho por el reciclaje es absoluto. Y estoy seguro de que esa apuesta la vamos a ver en los números. Es verdad que también hace falta una mayor sensibilización, por lo que tenemos previsto realizar, con fondos europeos, una potente campaña para explicar tanto el quinto contenedor como los beneficios del reciclaje. En este asunto tenemos una idea un poco equivocada. El reciclaje es bueno medioambientalmente, pero es también una oportunidad económica de primera magnitud. Y Cantabria no se puede permitir quedar al margen de ese desarrollo económico que en el futuro, además, cada vez a ser mayor. Además, hay que tener en cuenta que no solo se trata proteger el medioambiente, sino también de mejorar. Esa es la idea con la que trabajamos en esta dirección general. Insisto en que si el reciclaje lo hacemos bien, se generan sinergias locales entre empresas que son oportunidades económicas de preservación de recursos y que, además, acercan la economía al ciudadano.
P.– ¿Cómo califica la situación de Cantabria en cuanto a la red de vertederos, sobre todo los que tienen que ver con los residuos industriales?
R.– Bueno. En MARE tratamos pocos residuos industriales, no es una de sus principales funciones. Se admiten algunos no peligrosos, pero no tiene demasiada relevancia.
P.– Cantabria ha llegado tarde a la energía eólica, lo que sin duda lastra nuestro objetivo de ser energéticamente autosuficientes. ¿Cómo estamos de cerca o de lejos de conseguir ese reto fundamental para la economía regional?
R.– Tenemos que reconocer que Cantabria ha llegado muy tarde a la energía eólica. Es una de las asignaturas pendientes. Desde este departamento hemos realizado un esfuerzo titánico para intentar revertirlo. Cuando nosotros llegamos al gobierno solo había un parque en funcionamiento con 32 MGW de potencia de los 700 que marca el Plan de Sostenibilidad Energético de Cantabria. Lo que hemos hecho es potenciar aquellos parques eólicos que son buenos para la región. De momento, ya tenemos autorizados dos de ámbito estatal, que son los del Escudo y Bustatur, y otros cinco con declaraciones de impacto ambiental favorables. Lo que pretendemos es que antes de que finalice la legislatura seguramente hayamos multiplicado por diez la potencia eólica que nos encontramos al llegar. La eólica es un recurso absolutamente necesario. Hay que señalar datos que posiblemente no se conocen. Y es que en ese mix energético, la UE ya fija unos mínimos que hay que alcanzar. Así, establece un 42,5% de este mix tiene que provenir de energía eólica. Y Cantabria está muy por debajo. Además, tenemos otros cinco o seis parques autonómicos en tramitación avanzada, aunque quiero resaltar que nosotros nos tomamos muy en serio estas tramitaciones. No autorizamos ni todo lo que nos llega ni de cualquier manera. Cuando un parque eólico no responde a las expectativas medioambientales que entendemos que debe cumplir, pues se emiten desfavorables como el que se acaba de emitir en relación al parque de Corus. No nos vale el desarrollo eólico de cualquier forma. Queremos un desarrollo ordenado y muy respetuoso con el medio ambiente porque para nosotros es primordial la defensa medioambiental de Cantabria.
P.– La Estrategia de Acción frente al Cambio Climático de Cantabria para el periodo 2018-2030 se corresponsabiliza con el objetivo de España de reducción de la emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI). ¿Cómo lo estamos haciendo?
R.– Hay que señalar que nosotros nos encontramos con la tramitación de ya una nueva estrategia, que ya tenemos adjudicada a una asesoría técnica con la que estamos trabajando para que esté lista, si todo va bien, en este 2025. Estamos ahora dando los primeros pasos para su elaboración con una descripción de la situación actual y de los objetivos que estamos definiendo. Pero es necesario y esencial prepararnos para afrontar el cambio climático. Hay que tener en cuenta que somos una región muy pequeña dentro de España, dentro de Europa y dentro del mundo. El cambio climático es un fenómeno universal que desde Cantabria combatimos como podemos, pero sabiendo que se trata de magnitudes a nivel mundial. Tenemos que aportar nuestro granito de arena, pero reitero que es un fenómeno mundial. ¿Cómo va a evolucionar? Pues no lo sabemos. Cantabria es la segunda comunidad autónoma que emite menos gases de efecto invernadero, el 2% del total nacional. Estamos por tanto en una buena posición. Estamos trabajando en ello con importantes contribuciones de las grandes empresas de la región y vamos a ver cómo esas emisiones se reducen sustancialmente durante los próximos años en Cantabria. En este sentido, hay que agradecer la responsabilidad de las empresas de la región, que están muy sensibilizadas y que cada vez aportan soluciones más eficientes.
P.– Como apunta, en Cantabria existen en la actualidad grandes proyectos industriales que plantean importantes inversiones vinculadas al medio ambiente: la transición energética de Solvay, la central de bombeo de San Miguel de Aguayo… ¿Podemos aprovechar el motor inversor que representan estas actuaciones en materia de medio ambiente?
R.– El medio ambiente es una oportunidad económica como se está viendo con las potentes inversiones que ya están llegando a Cantabria. Eso es indudable. Pero en relación a su pregunta, estimo que sí deberíamos coger ese tren porque, además de los indudables y necesarios beneficios medioambientales, puede generar muchísima riqueza.
Ayudas a la investigación industrial para aumentar la competitividad
El consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, Eduardo Arasti, visita la planta Hitachi Astemo Buelna. Foto: Miguel De la Parra.
Nueve empresas cántabras consiguen el respaldo de Sodercan para la puesta en marcha de otros tantos proyectos de innovación en productos y procesos, a los que destinarán una inversión que en conjunto suma cerca de 23 millones de euros. El programa de ayudas, que cuenta con un presupuesto de 5,3 millones de euros, tiene como objetivo incentivar la innovación mediante el apoyo a proyectos de investigación industrial y desarrollo experimental que mejoren la competitividad de las empresas. Cantabria Labs, Fieldeas, ENSA, CIC, Vitrinor, Hitachi Astemo Buelna, Edscha Santander, Teknia Ampuero y Seg Automotive, que dan empleo a casi 4.000 trabajadores en Cantabria, operan en sectores como la automoción, el menaje, las nuevas tecnologías, la energía nuclear o el desarrollo de productos farmacéuticos.
José Ramón Esquiaga | @josesquiaga | Febrero 2025
Promover y fomentar la investigación y el desarrollo de proyectos que mejoren la posición de las empresas en el mercado, y hagan su actividad más sostenible, es el objetivo de la línea de ayudas para grandes proyectos de mejora de la competitividad industrial con la que Sodercan, empresa dependiente de la Consejería de Industria, ha dado respaldo a nueve iniciativas con las que otras tantas empresas cántabras persiguen objetivos coincidentes con los de la convocatoria. En una relación que es muy indicativa de algunas de las actividades con más peso dentro del sector industrial de Cantabria, la nómina de beneficiarias de las ayudas a la inversión en I+D incluye a fabricantes de componentes de automoción, desarrolladoras de soluciones en tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), industria nuclear o laboratorios farmacéuticos. Todos los beneficiarios plantean inversiones que superan holgadamente la aportación de la ayuda pública, multiplicando así tanto las cantidades que se destinan a las actuaciones como los efectos que estas pueden tener en términos de competitividad y empleo.
Los proyectos objeto de apoyo han sido presentados por Cantabria Labs, Fieldeas, Equipos Nucleares (ENSA), CIC, Vitrinor, Hitachi Astemo Buelna, Edscha Santander, Teknia Ampuero y Seg Automotive, e incluyen actuaciones tan diversas como son los campos en los que operan, aunque todas con el punto en común de tener como objetivo el desarrollo de nuevos productos, procesos o servicios que mejoren la posición de esas empresas en sus respectivos mercados.
En conjunto, los 5,3 millones de euros con que cuenta el presupuesto de la línea de ayudas de Sodercan darán pie a inversiones por valor de casi 23 millones de euros por parte de las empresas beneficiarias. De acuerdo a lo que estipula la convocatoria, cada uno de las empresas destina cuanto menos un millón de euros a la actuación objeto de apoyo, que deberá ejecutarse en un plazo de entre 12 y 18 meses. La intensidad de la ayuda es del 25%, con una aportación que puede alcanzar un máximo de un millón de euros por proyecto.
En su presentación de los proyectos que recibirán el respaldo de Sodercan, Eduardo Arasti incidió en los objetivos que se persiguen con una línea de ayudas que, explicó el consejero de Industria e Innovación, quiere promover y fomentar la ejecución de proyectos en el ámbito de la I+D y en el de la eficiencia energética, que garanticen la competitividad de las empresas y la diversificación del tejido productivo de la región hacia polos de desarrollo industrial de excelencia en las nuevas tecnologías de vanguardia. En esa línea, Arasti hizo referencia a los “importante retos” que afronta actualmente el sector, entre los que mencionó la necesidad de aproximar las cifras de inversión de las empresas en I+D a la referencia estadística del conjunto de España, la aplicación de estos desarrollos en su actividad ordinaria, la transferencia tecnológica, la atracción y retención de talento, o la digitalización, además de los aspectos medioambientales y de ahorro y eficiencia energética. Sin avances significativos en todas estas áreas, advirtió, no se puede plantear una industria cántabra capaz de dar una respuesta competitiva en un entorno globalizado.
Además de traducir en iniciativas concretas los objetivos que quiere cubrir la convocatoria, la relación de proyectos subvencionados permite calibrar no solo el alcance de la iniciativa, sino también el potencial de innovación y desarrollo de las empresas que los promueven. Por cuantía, la mayor inversión se corresponde con el sector de automoción –un 62% del total– seguido por las tecnologías de la información –un 14%–, en un listado en el que pueden encontrarse inversiones que van desde el millón de euros que fijan como mínimo las bases del programa, hasta casi los 5 millones de euros que alcanza el proyecto de mayor cuantía.
Proyectos beneficiados
Equipos Nucleares SA (Ensa)
La empresa cántabra, una de las pocas del mundo con capacidad para competir directamente por los contratos que genera la construcción y mantenimiento de centrales, verá apoyado su proyecto de desarrollo de nuevas soluciones tecnológicas para un Desmantelamiento Seguro y Eficiente de Reactores Nucleares.
Cantabria Labs
El proyecto de Industrial Farmacéutica Cantabria, la empresa que llega al mercado con la marca Cantabria Labs, contempla el desarrollo y validación de un medicamento para la dermatitis atópica.
Seg Automotive
La empresa de Treto, una de las mayores industrias de Cantabria por volumen de empleo y generación de actividad para un amplio parque de proveedores, recibirá la ayuda de Sodercan para su transformación digital y el desarrollo de componentes para vehículos y bicis eléctricos, en el proyecto ‘Vehicle electronics systems, E-bike e Inverter Lines development’.
Edscha Santander
La empresa fabricante de componentes de automoción ha logrado el apoyo de Sodercan para el desarrollo experimental de nuevos sistemas de articulación y retención de puertas para vehículos eléctricos.
CIC
La ayuda respaldará el proyecto de la TIC cántabra para le desarrollo de módulos avanzados para la gestión de sistemas de información heterogéneos basados en Inteligencia Artificial.
Hitachi Astemo Buelna
El fabricante de frenos para automóvil de San Felices de Buelna proyecta el desarrollo experimental de nuevas soluciones tecnológicas en el ámbito de los sistemas de frenado.
Teknia Ampuero
Como SEG Automotive, Edscha o Hitachi, Teknia opera en el sector de la automoción. El proyecto que recibirá el apoyo de Sodercan plantea el desarrollo de nuevos componentes y procesos para componentes de dirección electrónica.
Vitrinor
La planta de Guriezo es una referencia internacional en la fabricación de menaje de acero vitrificado. Su proyecto contempla el desarrollo experimental de un nuevo binomio producto-proceso para la obtención de menaje de cocina en aluminio.
Fieldeas
El repaso a las iniciativas que recibirán el respaldo económico de Sodercan lo completa la presentado por Fieldeas, empresa que ofrece soluciones de digitalización para la industria y el transporte. El proyecto objeto de la ayuda contempla el uso de la Inteligencia Artificial aplicada a los procesos de optimización de la plataforma Fieldeas.
Rosa Fernández, directora de Sobaos El Macho: “El sobao es una tradición que los pasiegos no queremos perder”
La Empresaria del Año 2024 reconoce que ha crecido entre sobaos y que lo que más le gusta de su trabajo al frente de Casa El Macho es atender a los clientes en la tienda. Con una producción de 700.000 kg de sobao anuales que venden por toda España y una facturación estimada de 4,5 millones, Rosa Fernández sostiene que la principal aspiración de esta empresa familiar es conservar un producto de calidad, de sabor único y de gran jugosidad, que sea completamente natural. Entre sus preocupaciones, sobresale el desorbitado precio de la mantequilla, su principal materia prima, que, asegura, se ha triplicado en apenas unos meses y para cuyo control y estabilidad reclama la creación de una fábrica en Cantabria que, según defiende, sería viable si todos los sobadores se comprometieran a comprarle este ingrediente.
Manuel Casino | Febrero 2025
Pregunta.– La Asociación de Mujeres Empresarias de Cantabria (ADMEC) ha destacado de usted su capacidad de trabajo, su liderazgo y gestión de equipos, su proactividad, su adaptabilidad y su superación para mantener una productividad y facturación sobresalientes. ¿Con qué rasgo de todos se identifica con más fuerza?
Respuesta.– Adaptabilidad y capacidad de trabajo. Esas son mis señas de identidad. También de superación en el día a día y de innovar cosas.
P.– Es, junto a sus hermanos, la tercera generación de una empresa familiar. ¿Lo de ser empresaria le vino más por obligación o por devoción?
R.– Sí, más por obligación porque lo he vivido desde pequeña. He crecido entre sobaos. Es mi vida. Pero también he aprendido a apreciar este negocio desde que empecé a trabajar con 21 años. Es algo que me gusta mucho. Podía haber elegido otro camino, pero la verdad es que me ha gustado continuar con este actividad.
P.– Lo pasiego está de dulce, ¿o no?
R.– Bueno. Los sobaos y las quesadas son ahora mismo un sello de identidad. Nos identifican a los pasiegos. Se han convertido en productos autóctonos.
P.– En Casa El Macho mandan las mujeres. ¿La repostería artesanal se entiende mejor en femenino?
R.– Es una tradición de las pasiegas ocuparse de estas tareas. Los hombres se iban al campo y las mujeres se ocupaban de la repostería. Esa tradición aún hoy continúa. Al principio yo ayudaba a mis padres y luego he ido haciendo de todo. He estado en todas las funciones: elaborando, empaquetando, haciendo las cuentas junto a mi padre… Pero a mí la que más me gusta es atender al público en la tienda. Me gusta la relación con los clientes.
P.– ¿La principal preocupación del sector son los costes de las materia primas –mantequilla, azúcar, huevos y harina de trigo– y de la electricidad, cada vez más elevados, o hay otros asuntos que les inquietan más?
R.– No, la verdad es que es el asunto que más nos preocupa porque los precios se disparan de un día para otro. Además, sin avisar. No hay un precio constante. De repente, nos triplican el precio de la mantequilla. Podemos gestionarlo gracias a una ayuda que concede el Gobierno de Cantabria a todos los productores de Indicación Geográfica Protegida (IGP) para hacer frente a esta subida. Si no, sería un desastre. La idea es crear en Cantabria una fábrica de mantequilla para conseguir un precio estable. Ahora mismo la mantequilla la traemos hasta de Francia porque Pascual, que es nuestro principal proveedor, nos dice que no tiene suficiente.
P.- Entiendo que para pymes como la suya, y en general para todo el sector, tiene que ser muy complicado afrontar una situación como esa.
R.- Es un problema muy serio porque el precio se ha triplicado en apenas cuatro meses. Todo es pura especulación. No sé quién compra toda la materia grasa y fija el precio diciendo que no hay en el mercado. Hay que tener en cuenta que en Cantabria se consume muchísima mantequilla. El 27% del ingrediente del sobao es mantequilla. Pero, de repente, su precio ha subido de cuatro a diez euros el kilo. Tenemos que abastecernos de diferentes proveedores para poder seguir trabajando. Por eso, entre todos los sobaderos queremos hacer fuerza para intentar instalar aquí una fábrica de mantequilla comprometiéndonos todos a comprarles a ellos para que, de este modo, no jueguen con los precios y sean estables. Somos más de veinte sobaderos en Cantabria. Estamos en conversaciones para ver si conseguimos unirnos. En teoría, la cooperativa de ganaderos Agrocantabria ya montó una fábrica en Bárcena de Carriedo. El único inconveniente era que no tenía vendida la leche desnatada –para hacer mantequilla hay que desnatar la leche– y el proyecto se paró. Si tuviera una salida esa leche… Nosotros, por ejemplo, para fabricar quesadas necesitamos leche fresca recién ordeñada y tenemos nuestra propia ganadería.
Línea de producción de sobaos en la fábrica de El Macho, que produce en torno a 700.000 kilos de este producto cada año. Foto: Nacho Cubero.
P.– ¿Qué le debe el sobao y la quesada a la tecnología?
R.– Si no fuera por la automatización hoy no se podría alcanzar el volumen de producción que tenemos. Las máquinas han agilizado todos los procesos. Antiguamente todo era manual, pero ahora hay máquinas para amasar harina, para cascar huevos, robots empaquetadores, hornos… La elaboración del sobao está muy tecnificada. En el caso de las quesadas, en cambio, todo continúa siendo manual.
P.– ¿Y el comercio electrónico?
R.– A partir de la pandemia ha crecido muchísimo. Es una ventaja indudable. En menos de 24/48 horas el producto recién hecho está en cualquier punto de España. En la actualidad, en torno al 20% de nuestras ventas proceden del comercio online y hay épocas del año, como puede ser Navidad, en las que este porcentaje es incluso mayor. En cualquier caso, nuestro mes más fuerte siempre es agosto por el turismo. En el conjunto del año llegamos a producir alrededor de 700.000 kg de sobao.
P.– Ese volumen, traducido en unidades, supone entre seis y siete millones de sobaos al año. ¿El secreto está en la masa?
R.– El secreto está en utilizar ingredientes de primera calidad. Los cuatro ingredientes básicos del sobao son mantequilla, azúcar, harina y huevo. No hay más. Y fabricar un producto totalmente natural. Nosotros fabricamos dos tipos de sobaos: unos más pequeños, que llevan un mínimo de conservantes para poder estar en los lineales de los supermercados; y otros más grandes, completamente naturales, que se conservan ocho días a temperatura ambiente y tres semanas en frío. Para nosotros es muy importante mantener este sobao natural, sin conservantes, con todo lo que ello implica. El sobao también se puede congelar, que es una opción muy buena. Y preferimos eso antes que añadirles conservantes. Luchamos por eso, por conservar un sobao natural.
P.– La innovación al servicio de la tradición. ¿Por ahí pasa el futuro, también en los sobaos?
R.– Sí. Cada vez los consumidores reclaman cosas nuevas, aunque es cierto que la tradición del sobao clásico siempre se mantendrá. Hemos creado sobaos especiales que tienen mucha aceptación. En verano, por ejemplo, fabricamos sobaos con arándanos y los fines de semana de otoño, con nueces y pasas. Durante todo el año también hacemos uno con perlas de chocolate Valrhona y otro de perlas de chocolate y naranja confitada. Eventualmente, fabricamos otros con plátano y manzana que están muy ricos. Son productos que solo se venden aquí, en tienda y en ‘online’. Pero no los comercializamos.
P.– La RAE decidió incorporar el término sobao a su diccionario en 2010 definiéndolo como un “bizcocho hecho con una masa a la que se añade aceite o manteca de vaca, cocido al horno en un envase de papel”. ¿Acertaron?
R.– Sí. El sobao viene precisamente del acto de sobar, de amasar. De ahí su nombre. No lo tocaría.
P.– La quesada pasiega figura entre las siete maravillas gastronómicas de España. ¿Lo sabemos aprovechar?
R.– Lo que ocurre que la quesada es un producto que solo dura seis días. Ese es el límite que tenemos para comercializarlo y para llegar a los lugares. Hay una que se envasa al vacío, pero cambia completamente la textura. La quesada es completamente natural. Y tampoco queremos añadirle nada para que dure más tiempo. Es lo que es. Y no queremos perder esa esencia.
P.– Además de imagen de marca y de identidad del territorio, así como de ser una importante fuente de ingresos para Selaya, los sobaos y quesadas contribuyen a sensibilizar a los consumidores sobre la riqueza del ámbito rural y la oportunidad que representa para fijar población o recuperar costumbres y tradiciones. Tres valores –identitario, económico y sociocultural– en un mismo producto. ¿A cuál le da más importancia?
R.– Al de la identidad. Nos identificamos con una tradición de toda la vida que no queremos perder. Esa identidad nuestra de crear un producto que hoy en día es conocido en toda España.
Rosa Fernández, premiada como empresaria del año por ADMEC, junto a su hija Arancha en la tienda de venta al público de la fábrica de El Macho, en Selaya. Foto: Nacho Cubero.
P.– Su sector vive del turismo. ¿Verdad o mentira?
R.– Verdad. El mayor porcentaje de compradores es de turistas. Aunque hay clientes locales que lo consumen a diario, el turismo absorbe nuestro mayor volumen de ventas, especialmente en verano y Navidades. En agosto, por ejemplo, podemos llegar a fabricar hasta 50.000 sobaos diarios. Pero eso no quita para que sea un producto que consumimos muchos cántabros.
P.– Los sobaos y quesadas pasiegas son uno de los productos agroalimentarios más representativos de Cantabria. Pese a ello, ¿echa de menos un mayor apoyo institucional?
R.– No, creo que lo hemos tenido y que también lo tenemos ahora mismo. La verdad es que nos sentimos apoyados en nuestra lucha por conseguir estabilizar el precio de la mantequilla que, como apuntaba antes, es nuestro principal reto. Esa ayuda la recibimos todos los productores que fabricamos un sobao de Indicación Geográfica Protegida (IGP) solo de mantequilla 100%. Nosotros no hacemos otro tipo de sobao.
P.– Ya que lo menciona, el sobao cuenta con el sello IGP y tiene hasta cofradía propia. Lo próximo, ¿que será?
R.– Ya contamos también con el sello ‘Calidad Rural. Valles Pasiegos’. No podemos aspirar al de Denominación de Origen (DO) porque todos los ingredientes deberían ser de aquí. Nuestro principal objetivo es continuar defendiendo un producto de calidad, de sabor único y de gran jugosidad que se puede consumir a cualquier hora y en cualquier momento.
Responsabilidad empresarial sí, pero… ¿es rentable?
Un curso de formación en innovación social y sostenibilidad impulsado por el Colegio de Economistas y el Gobierno de Cantabria incide sobre el debate acerca de la ética en los negocios. Jesús Tortosa, director de la formación, asegura que a más sostenibilidad, más beneficio. Los participantes en el curso, estudiantes de administración y dirección de empresas, confían en poner en práctica lo aprendido.
Ana Bringas | Febrero 2025
¿Está el triunfo en los negocios reñido con la ética corporativa? Sin duda, se trata de una cuestión ampliamente debatida y que muchas empresas se han planteado en algún momento. El capitalismo más agresivo, basado en el beneficio a toda costa, está cediendo terreno ante la responsabilidad empresarial que han adoptado muchos gigantes del mercado. Lo cierto es que, a pesar de lo que pudiera parecer, este enfoque no tiene por qué implicar una disminución en los ingresos, sino más bien una transformación en el modelo de negocio que puede resultar beneficiosa. Más aún cuando el telón de fondo de la economía es, en muchos casos, pura incertidumbre. El cambio climático, la sustitución de puestos de trabajo por la tecnología o la ya avanzada inteligencia artificial (IA) son algunos de los retos que desestabilizan el mercado y que requieren una visión basada en la sostenibilidad.
Precisamente, de este dilema ha tratado el programa gratuito de formación en innovación social y sostenibilidad impulsado por el Colegio de Economistas y el Gobierno de Cantabria. En el curso han participado 21 jóvenes que, en cinco sesiones celebradas entre el 26 de septiembre y el 21 de noviembre en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Cantabria, han recibido información en áreas como gestión sostenible, ética empresarial o financiación responsable. Una oportunidad para que los asistentes adquieran habilidades clave y se preparen como líderes con valores sólidos, capaces de enfrentar los retos sociales y económicos de nuestro tiempo.
En las sesiones, los jóvenes han aprendido los secretos de la ética de las empresas de la mano de Jesús Tortosa del Valle, director del programa y CEO de Inchange Impact Company, quien ha hecho hincapié en la implicación y el entusiasmo de los participantes. “El desarrollo del curso me ha transmitido esperanza. Hemos reflexionado juntos sobre sostenibilidad, psicología y los valores que definen el liderazgo ético, como la empatía, la generosidad y el compromiso. También sobre la hipocresía, el cinismo y los dilemas entre hacer lo correcto y no lo fácil. Ver a los jóvenes en acción y trabajando con textos como ‘El Príncipe’ de Maquiavelo o ‘Matar a un elefante’ de Orwell ha sido una experiencia extraordinaria”. El director afirma haber percibido una juventud “cada vez más crítica y comprometida”.
En primer término, Jesús Tortosa, director del curso, junto a alguno de los alumnos participantes.
Tortosa se ha encargado de romper algunos mitos de la economía con ejemplos sencillos y aplicables también a pequeña escala y, junto a él, el programa ha contado con la participación de destacados expertos en diversas áreas, como Daniel Nieto, vicepresidente de Mastercard; Arancha Martínez, presidenta de ItWillBe; Carol Blázquez, directora de Innovación y Sostenibilidad de Ecoalf; Alexandra Entrena, asesora en el Parlamento Europeo; y Agustín Vitorica, co-CEO de GAWA Capital.
La ética empresarial genera confianza
No es difícil adivinar que cada marca o negocio proyecta una imagen en sus consumidores. Una imagen que puede marcar la diferencia a la hora de elegir dónde invertir nuestros ahorros. De hecho, el último informe anual elaborado por el Foro Económico Mundial indica entre sus páginas que los altos estándares éticos entre los líderes empresariales “pueden contribuir a generar confianza”, e identifica la falta de ética laboral como un factor problemático a la hora de hacer negocios.
Responsabilidad social o medioambiental, solidaridad, respeto al bienestar animal, valoración al producto de cercanía o mejora de la relación de la empresa con sus trabajadores son algunos de los términos que se tienen en cuenta hoy en día antes de tomar decisiones que afectan a nuestro bolsillo. Cada vez conocemos más del ADN de las empresas y, por tanto, estas están de alguna manera obligadas a cumplir con las expectativas de sus potenciales clientes para seguir manteniendo su estatus.
Al hilo de esto, Jesús Tortosa destaca que la responsabilidad social corporativa “ha muerto como ingrediente” porque ahora “está en el ADN de las empresas”, sobre todo, y centrándonos en el pequeño mercado, de las promotoras creadas recientemente ya que “para muchas de las más antiguas sigue siendo una asignatura pendiente”. Explica que es común que esos negocios sean impulsados a entrar en esta dinámica por parte de empresas grandes a las que proveen, aunque, en otros casos, son los propios valores de nuevos gerentes los que cambian el rumbo de las empresas.
Las grandes empresas influyen en las pequeñas
Los ejemplos más claros de liderazgo en responsabilidad social los encontramos en grandes compañías que han decidido marcar la diferencia. Un caso destacado es el de los supermercados Lidl, mencionado por Jesús Tortosa, quienes en 2018 tomaron la decisión de eliminar la venta de huevos provenientes de gallinas criadas en jaulas. Este cambio no solo tuvo un impacto positivo en el bienestar animal, sino que también sentó un precedente importante en el sector minorista. La iniciativa de Lidl impulsó a otras cadenas de supermercados a adoptar medidas similares, demostrando el poder de influencia que una empresa puede ejercer sobre toda una industria. Además, esta acción fomentó una mayor conciencia entre los consumidores, quienes comenzaron a valorar más el origen y las condiciones de producción de los alimentos que adquieren.
La medida, que generó una conversación sobre la sostenibilidad y la ética en la cadena de suministro, demuestra cómo una decisión estratégica puede tener un impacto transformador tanto en la sociedad como en los negocios. Esto da lugar a una ola de cambio a la que se suman pequeños negocios con políticas responsables. Ya sea por requerimiento legal, por petición de los trabajadores, para atraer a nuevos clientes o fidelizar a los antiguos, o por iniciativa propia, los pequeños negocios cántabros también están participando activamente en este movimiento.
El CEO de Inchange Impact Company señala que la ética es indispensable para la supervivencia de las empresas, incluidas las pequeñas empresas familiares. “Hoy en día, o eres mejor o eres más barato”, sentencia Tortosa, subrayando que la clave está en escuchar a los grupos de interés, principalmente trabajadores y clientes. “No requiere mayores pretensiones, solo escuchar”.
Tortosa destaca a Birla Carbon, ubicada en Gajano, como un ejemplo de ética empresarial bien implementada. Esta empresa, uno de los mayores productores de negro de carbono de alta calidad a nivel mundial, lleva más de 160 años liderando su industria. Según el director del curso organizado por el Colegio de Economistas, parte de su éxito radica en el cuidado que brinda a sus trabajadores y sus respectivas familias. Este enfoque, asegura, ha sido clave para su longevidad.
Respecto a los pequeños negocios, Tortosa considera que “desde abajo se está trabajando mucho para que sobrevivan”, mientras que “los grandes han dado pasos hacia adelante para ser más éticos y convertirse en palancas de cambio”. Hasta hace poco, esa labor de impulso recaía principalmente en los sindicatos, pero ahora también se extiende a las propias empresas.
“El momento de la ética de cara a la galería ya pasó”, añade Tortosa. “Hoy todos llevamos un móvil en la mano, y las mentiras tienen las patas muy cortas”. Como ejemplo, cita el escándalo de Volkswagen, que evidenció en 2015 los riesgos de priorizar la imagen sobre la realidad en cuestiones éticas. Cabe recordar que la empresa reconoció que cerca de 600.000 vehículos vendidos en Estados Unidos estaban equipados con un software diseñado para manipular los resultados de las pruebas de emisiones de los motores diésel y fruto de aquello pagó las consecuencias.
La filantropía esporádica provoca desconfianza
La ética se encuentra en la intersección entre el deber empresarial y las aspiraciones sociales, y al consumidor ya no le sirven los actos de filantropía esporádicos sino la integración de los valores con la operatividad diaria. Una máxima que ha quedado clara para los alumnos participantes del curso organizado por el Colegio de Economistas. Estefanía Liaño, Paula Dou o Miguel Duque coinciden: el camino hacia la responsabilidad corporativa es el futuro, como también ellos son el futuro de las empresas del mañana. Todos son jóvenes veinteañeros que están cursando el último año de sus estudios en Administración y Dirección de Empresas (ADE), aunque algunos planean aplicar los conocimientos adquiridos en otros campos que, aunque relacionados con el sector, ofrecen una perspectiva diferente.
Estefanía Liaño quiere aplicar lo aprendido en el curso al activismo rural que practica la asociación El Bardal.
Es el caso de Estefanía Liaño, quien estudia ADE en la Universidad de Cantabria (UC) y tiene la intención de utilizar lo aprendido en el curso para mejorar la gestión de La Bardal, una asociación de jóvenes que busca revitalizar y regenerar el medio rural a través de proyectos de gobernanza participativa. La inquietud de Estefanía por este enfoque fue precisamente lo que la motivó a participar en esta iniciativa, que, aunque está dirigida principalmente a empresas, ella adapta a esta plataforma centrada en los pueblos cántabros. Estefanía lleva algún tiempo colaborando en este proyecto y considera que la gestión de recursos, tema tratado durante el programa, es el área a la que más provecho le sacará. Además, valora especialmente la estructura del curso, las sesiones prácticas y las intervenciones de los invitados.
Paula Dou, alumna de último curso de la licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, y también del curso de liderazgo ético.
Paula Dou, otra de las participantes, también está en su último año de carrera y valora que el curso ha tratado temas que no se abordan en la universidad. Al igual que Liaño, coincide en que lo que más le ha gustado han sido las visitas de expertos. Paula explica que actualmente está en un proceso de reflexión sobre su futuro profesional y valora enormemente el curso, ya que le ha permitido ampliar sus horizontes y obtener una visión “más práctica y realista del sector”. Este tipo de experiencias, afirma, le ha permitido identificar áreas de interés que no había considerado previamente y pensar en cómo aplicarlas a su desarrollo tanto personal como profesional. Además, resalta que las experiencias compartidas por los expertos le han dado una visión más concreta del mundo laboral y han despertado su curiosidad por sectores que antes no había explorado.
En conclusión, ahora sabemos que ser responsable hoy significa más que donar a causas nobles; implica adoptar prácticas sostenibles, garantizar condiciones laborales dignas, respetar los derechos humanos y minimizar la huella ambiental. Las empresas que abrazan dichas prácticas no solo cosechan beneficios reputacionales, sino que construyen vínculos profundos con sus clientes, empleados y socios.
El Racing abre una nueva etapa
Con el pago del último plazo del convenio, la sociedad anónima deportiva deja atrás el concurso de acreedores declarado en 2011. A pesar de que la deuda sigue moviéndose en cotas que superan los ingresos ordinarios de cualquier temporada en segunda división, el Racing vislumbra un objetivo antes impensable: dotarse de una ciudad deportiva y volver a contar con patrimonio, casi medio siglo después de que el club lo perdiera con la venta de los Campos de Sport del Sardinero.
José Ramón Esquiaga | @josesquiaga | Febrero 2025
A falta de que se cubran los trámites judiciales que le den oficialidad, el Racing dejó atrás en diciembre el concurso de acreedores en el que estaba inmerso desde 2011, sumándose a la escasa nómina de empresas que han podido eludir la liquidación tras haber hecho frente a su insolvencia con esa figura. El abono del último pago del convenio con los acreedores, firmado en 2012 y modificado en su calendario varias veces desde entonces, supone poner fin a la que ha sido la etapa más complicada de la centenaria historia del club, con un encadenamiento de dificultades económicas y fracasos deportivos que lo situó por momentos al borde de la desaparición.
El tiempo y los avatares transcurridos desde la solicitud del concurso –durante el verano de 2011, con el equipo jugando todavía en la máxima categoría del fútbol español– dotan de una enorme carga simbólica al cumplimiento del convenio, pero el trámite tiene un alcance que va más allá de eso. Una vez confirmado judicialmente el fin del concurso, algo que desde el Racing se calcula que puede demorarse unos meses, se relajarán los criterios que el control financiero de la Liga de Fútbol Profesional (LFP) aplica a las sociedades anónimas deportivas (SAD) que están en esa condición, lo que redundará en una mayor capacidad para afrontar inversiones. En lo que sería el efecto más claro de este cambio, en una hipotética ampliación de capital o capitalización de deuda sería posible destinar la totalidad de lo invertido a gasto salarial, en lugar de limitarse al 50% como sucedió, por ejemplo, en la operación que en ese sentido realizó el actual máximo accionista –la sociedad Sebman, propiedad de Sebastián Ceria y Manuel Higuera– cuando tomó el control del club en julio de 2023.
Sebastián Ceria, máximo accionista del club, junto al presidente, Manuel Higuera, y otros miembros del Consejo de Administración de la SAD Real Racing Club.
Aun con consecuencias menos definidas y plazos más difusos, la salida del concurso da también un vuelco a las opciones que la sociedad anónima deportiva tiene para financiarse. El Racing no ha tenido nunca capacidad para afrontar los pagos del concurso con los recursos que generaba con su actividad, y ha venido dependiendo para ello de lo aportado por el que era su propietario en cada momento –Alfredo Pérez y Pedro Ortiz, primero, y Sebman, después– en lo que en la práctica suponía solo un cambio de acreedor, y no una minorización de la deuda. Lo anómalo de esta circunstancia hacía imposible tanto la externalización de parte de ese pasivo –un objetivo que ya expresaron los nuevos propietarios en la Junta de Accionistas de 2023– como el conseguir financiación bancaria para cualquier inversión.
Primer año de Sebman
El pago del último plazo del concurso de acreedores –en los últimos días de diciembre, cuatro años después de lo fijado en el primer calendario del convenio– se produjo poco después de la celebración de la junta de accionistas en la que se cerraron las cuentas correspondientes al ejercicio 2023-24 y el presupuesto de la temporada actual. El Racing facturó 14,4 millones de euros el primer año de Sebman como máximo accionista, una cifra que de acuerdo a lo presupuestado alcanzaría los 16 millones esta temporada, y que superaría los 17 según las previsiones avanzadas en la junta.
El incremento sobre el ejercicio anterior responde sobre todo a la mejora en los ingresos por publicidad, venta de entradas y abonos, capítulo este último que también es responsable de la mejora sobre lo presupuestado en julio. A esto último también contribuye el éxito de la tienda que vende equipajes, prendas y merchandising oficial del club, una fuente de ingresos no relacionada directamente con la competición que sumó 2,3 millones de euros a la cifra de negocio del Racing la temporada pasada, una cota que lleva camino de alcanzar también esta, pese a que en el presupuesto –elaborado según los criterios a los que obliga la LFP– se contemplan únicamente 1,6 millones.
Con el volumen de negocio moviéndose en cifras récord, el Racing prevé cerrar la presente temporada con un beneficio de 3,7 millones de euros, un cifra que se alcanza gracias a los 4 millones de euros que aporta el traspaso del futbolista Gerard Fernández, ‘Peque’, formalizado el pasado verano. Sin ese aporte extraordinario, y aun contando con el incremento de ingresos sobre lo presupuestado, las cuentas se moverían en un precario equilibrio, repitiendo lo acontecido en el ejercicio 2023-24, cerrado con 26.000 euros de pérdidas.
Planes futuros
Tras el pago del último plazo, la deuda del Racing se mueve en el entorno de los 24 millones de euros, toda con su accionista de referencia y en unas condiciones –al 4%, en siete años y con intereses exigibles solo al vencimiento– difícilmente mejorables por el mercado. El marco que delimitan los números de la pasada temporada y adelantan los de esta –un club capaz de generar recursos para sostener su propia actividad, pero poco más– no parece el mejor para afrontar un pasivo que supera el volumen de negocio que puede alcanzarse el mejor de los ejercicios en segunda división.
A la espera de un ascenso que cambie esto, la salida del concurso de acreedores permite cuanto menos cerrar una etapa en la que la generación de deuda era una cuestión estructural, para abrir otra en la que pueda accederse a financiación para acometer inversiones. En ese capítulo, la construcción de una ciudad deportiva que solucione las carencias de las actuales instalaciones de La Albericia es una opción que se puso de nuevo sobre la mesa durante la última junta de accionistas. Sin plazos ni planes concretos, y cuatro décadas después de la venta de los Campos de Sport de El Sardinero, volver a contar con patrimonio ha pasado de ser un objetivo utópico a una posibilidad extraordinariamente compleja, pero planteable una vez dejado atrás el concurso y, sobre todo, si se diese un ascenso de categoría. En ese cambio de perspectiva se resume buena parte del camino recorrido por el Racing en los últimos años.
Conchi López, rectora de la Universidad de Cantabria: «Queremos que la UC recupere el ritmo en un mundo en el que todo cambia muy deprisa»
Nacida en Santander en 1964, Conchi López es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Cantabria (1987), donde ha desarrollado toda su trayectoria profesional desde ese mismo año. Desde 2019, es catedrática en el área de Organización de Empresas del Departamento de Administración de Empresas. Dirige la Cátedra de Empresa Familiar desde su creación en 2009.
Manuel Casino | @mcasino8 | Febrero 2025
Pregunta.– Tras 37 años en la Universidad de Cantabria, ¿qué le ha llevado a presentarse ahora?
Respuesta.– He estado más de veinte años en gestión de primera línea de la universidad. Hace unos diez, decidí dejarlo porque ya llevaba mucho tiempo y también estaba en la fase final de mi cátedra, además de que me parecía sano cambiar el ritmo. Desde entonces, he estado de profesora investigadora y he observado, sobre todo en los últimos tiempos, que la UC está perdiendo dinamismo y ambición en muchos de sus planteamientos que no me acaban de gustar para una universidad que, creo, es de prestigio e importante para la región. Y cuando una cosa me importa, y la Universidad de Cantabria me importa, merece la pena intentar hacer lo mejor para su futuro. En este sentido, después de hablar con muchas personas que conozco de la universidad y comprobar que esta visión que yo tengo de la institución era compartida, he pensado que era el momento de presentar una propuesta de cambio y alternativa para el futuro de la UC. Pienso, en definitiva, que tengo un proyecto para conseguir que la Universidad de Cantabria vuelva a sendas de crecimiento y de excelencia como ha tenido en el pasado y que, en un entorno que está cambiando tan deprisa, no podemos permitirnos el conformismo con la situación actual.
P.– ¿Cómo ve que haya dos candidaturas?
R.– Pues muy bien. Es muy bueno y muy sano para la universidad que la comunidad educativa pueda elegir. Democráticamente y para la institución es muy sano que haya estas dos candidaturas.
P.– Como ha dicho, usted ya cuenta con experiencia de gestión en este campus –fue vicerrectora de Ordenación Académica, Profesorado e Internacionalización (2006-2013)–. ¿Qué enseñanzas ha sacado de ese desempeño?
R.– Una cosa que me ha enseñado la experiencia es que la gestión no es sencilla y que conseguir los objetivos requiere de mucho esfuerzo y perseverancia. Pero también he aprendido que cuando uno tiene una visión de lo que quiere es posible avanzar en la dirección correcta. Igualmente, he aprendido que con una colaboración leal, un trabajo constante y con un equipo que comparta tu percepción es posible hacer que las cosas cambien.
P.– Concurre con la ambición de liderar un cambio profundo de la UC que, según sostiene, reclaman numerosas personas desde todos los ámbitos de la comunidad educativa ¿Tan mal están las cosas?
R.– No es tanto que estén mal las cosas. La UC es una buena universidad y hay muchas personas muy competentes. Hay muy buenos investigadores y docentes. No es, como digo, un problema de que la Universidad de Cantabria esté mal, es un problema de que está perdiendo el ritmo en un mundo en el que todo se mueve muy deprisa. Si te quedas estancado, entonces retrocedes a doble velocidad. Y es lo que le está pasando a esta institución. No, es por tanto, que estemos en una situación dramática, que no lo estamos, afortunadamente, pero si no tomamos las medidas lo estaremos a medio plazo.
P.– ¿Tiene la UC la financiación que se merece?
R.– La financiación nunca es suficiente, por definición. Todos querríamos siempre más. Pero es cierto que el contrato-programa 2025-27 va a dar una cierta estabilidad, y eso es bueno. Pero por muy bueno que sea, la UC va a tener que seguir haciendo esfuerzos para conseguir más fondos para hacer más políticas. De hecho, tenemos seguramente una situación financiera privilegiada entre las universidad pública españolas, probablemente entre las mejores. Lo cual explica mucho menos que no se estén tomando algunas iniciativas. Esto no quita que no tengamos que ser prudentes, que hay que serlo, pero hay un equilibrio entre la prudencia y la inacción.
P.– Póngale nombre al problema de urgencia que tiene la UC.
R.– Devolver compromiso y las ganas de hacer universidad para la comunidad. Devolver el sentido de comunidad.
P.– Si gana las elecciones, sería la primera rectora desde la creación de la institución, hace ya casi medio siglo. ¿Lo considera una anomalía?
R.– Bueno, seguramente es el reflejo de una realidad porque, aunque somos muchas mujeres en la universidad, no es menos cierto que hay muchas menos en gestión. Piense que ha habido muy pocas decanas, no hay muchas catedráticas, aunque está cambiando en los últimos años; ni muchas directoras de departamento… Entonces es difícil que se llegue a la máxima posición si no hay una base suficientemente amplia. Pero también es reflejo de una realidad que está cambiando. En los equipos y órganos de gobierno ya existe paridad desde hace mucho tiempo, pero otra cuestión es quién ocupa la posición de liderazgo. Esta realidad también ocurre en el mundo de la empresa y en otros muchos ámbitos, no solo en la universidad.
P.– Su candidatura defiende impulsar el cogobierno, el liderazgo y la pluralidad y equidad. Al oírlo, da la impresión que hasta ahora ha imperado el ordeno y mando y cierta falta de transparencia. ¿Es así?
R.– Seguramente lo que ha existido ha sido una escasa escucha a las personas administradas. Piense que dirigir una universidad se parece mucho a dirigir una orquesta sinfónica, en la que cada músico es un maestro en su instrumento. La labor del director no es tanto ordenar, que sí hay que poner orden, como saber que debe dejar un espacio para las personas que están bajo su dirección. Y eso ha existido poco. Por eso hemos hecho tanto énfasis en los encuentros participativos y el cogobierno porque, habiendo tanto talento como hay en la universidad, seguramente salimos todos ganando si se escucha a los administrados y entre todos encontramos la mejor solución posible a los problemas.
P.– Anuncia que revisará el actual mapa de titulaciones. ¿En qué está pensando?
R.– Bueno. Hay que pensar si con la oferta actual la UC está cubriendo suficientemente las necesidades sociales de la región. En ese sentido, creo que hay que revisar los planes de estudios, algunos de los cuales seguramente necesitan alguna adaptación a las exigencias actuales. Estoy pensando, por ejemplo, en todos aquellos que tienen un componente tecnológico que, con independencia de que se hayan renovado los contenidos, es probable que tengan necesidad de incorporar nuevos aspectos que no existían hace quince años. Pero también está la otra cuestión de ver si estamos ofreciendo realmente todas las titulaciones que Cantabria necesita o si, aprovechando la alianza Eunice, podemos ofrecer algunas nuevas titulaciones que tengan un componente internacional que sea atractivo para los estudiantes de la región. Es muy difícil decirlo sin números, pero ya hay algunas estimaciones de qué personas se van a cursar estudios en otras universidades para hacer qué titulaciones. Y también habría que hacer una labor de escucha a la sociedad para saber que necesita la industria de Cantabria. No me atrevo a decir una titulación porque sería muy osado sin un estudio detallado.
P.– ¿Diría que la actual oferta formativa se adecúa a las necesidades de las empresas y del mercado de trabajo?
R.– Se adecúa, pero probablemente haya algunas carencias. Por mi relación con los empresarios sé que tienen muchas necesidades de personal con formación en temas tecnológicos, que seguramente no hay bastantes. Además, debemos tener en cuenta que hay una dinámica, tanto entre las universidades públicas como privadas, de oferta de nuevas titulaciones. En la UC, al no estar entrando en esta dinámica, probablemente puede estar afectando a que estemos captando menos estudiantes, especialmente en el posgrado, en el que hay que ser mucho más dinámicos.
Parte del equipo de Conchi López: Ángel Cobo, catedrático en el área de Matemática Aplicada; Conchi López; Julio Álvarez, profesor titular de Derecho Mercantil y Protección Jurídica de los Consumidores, y Rebeca Saavedra, profesora contratada doctora en el Área de Historia Contemporánea. Foto: UC.
P.– La nueva ley orgánica dice que no se puede tener más de un 8% de profesores asociados. ¿Un reto mayúsculo?
R.– Bueno. Si se excluyen los asociados de Ciencias de la Salud, que tiene una situación muy particular, la ratio está por encima, pero no dramáticamente por encima de ese umbral. Sí que va a haber que hacer ajustes, pero muy relacionados también con el hecho de que va a haber muchas jubilaciones. Hay que hacer una renovación muy importante y no siempre se está casando adecuadamente las personas que entran con las que salen. Es un problema de captación de talento. Y aquí hay un problema muy claro porque la carrera académica es muy competitiva, muy larga y no estamos ofreciendo las mejores condiciones para esas personas que, por otro lado, muchas veces tienen ofertas fuera. Además, desde la propia universidad estamos poniendo muchas trabas a que las personas jóvenes se estabilicen en un plazo razonable. Cuando la edad media de los profesores en formación roza los cuarenta años, es un problema. De hecho, nosotros aspiramos a aligerar esta estabilización de los jóvenes para hacer más atractiva la carrera académica. Hay facultades más envejecidas que otras, pero en general no se ha gestionado bien el relevo generacional.
P.– En el último ranking anual de Shanghái, la clasificación universitaria internacional más conocida del mundo, La UC mantiene su posición entre las 900 y 1.000 entidades más reconocidas, pero por detrás de otros campus públicos españoles como los de Castilla-La Mancha, Extremadura, Oviedo, Cádiz o Vigo, por citar algunos de similar tamaño. ¿Está la UC donde tiene que estar?
R.– No está mal porque es un ranking mundial muy competitivo, pero debemos aspirar a estar algún escalón por encima. Estando bien, y reconociendo ese éxito, va en la línea de la ambición. ¿Me conformo donde estoy, que estoy bien, o doy un paso más allá? Y, sobre todo, ¿voy a poder mantener esta posición en los próximos años si sigo como hoy? Probablemente, no.
P.– En su programa asume el compromiso de reforzar la vinculación con el sector productivo, un aspecto sin duda clave para el desarrollo económico y social. ¿Cómo califica la actual relación universidad-empresa?
R.– La Universidad de Cantabria tienen en su ADN el tener una relación muy estrecha con las instituciones y el tejido productivo. Pero creo que la UC ha estado en los últimos años y al nivel más elevado muy ausente del devenir de los foros económicos, empresariales e institucionales. Y creo que debemos tener una posición más activa en todos ellos. Necesitamos colaborar estrechamente por el bien de la universidad y de la región. Deberíamos hacer un esfuerzo adicional por estar mucho más pegados a la realidad para ver dónde van luego nuestros estudiantes a trabajar y poder responder por tanto a esas necesidades. Se que no es fácil, pero creo que es imprescindible. Creo que una de las labores que tenemos que hacer en la UC como universidad es dar apoyo a las pequeñas y medianas empresas de la región, a las que les cuesta más innovar y crecer, para ayudarles a ser más competitivas y, de este modo, puedan crecer más y fijar población. Por eso digo que la Universidad de Cantabria es muy importante para la región. La UC puede ayudar y colaborar mucho en ese objetivo.
P.– En las pasadas elecciones celebradas en 2020, el porcentaje de alumnos que ejercicio su derecho al voto no llegó al 2% y solo el colectivo de profesores docentes permanentes superó el 60% de participación. ¿Qué espera que ocurra ahora?
R.– En el caso de los estudiantes, que es verdad que siempre tienen una participación baja, va a ser muy difícil que suba porque la campaña electralesta siendo en época de exámenes y la votación es un día de exámenes. Está claro que este hecho va a desincentivar su participación. Ya he dicho públicamente que me parece muy mala decisión el calendario que tenemos, sobre todo porque va en contra de la participación, que siempre es buena, pase lo que pase.