Es la cara y la voz de los propietarios de viviendas de uso turístico (VUT) en Cantabria, una modalidad de alojamiento permanentemente en entredicho. Dueño de un vivienda legalizada en Mogro, reivindica el papel de las VUT para satisfacer los nuevos modos de viajar, y reclama espacio para un modelo en constante crecimiento que, pese a ello, asegura que aún presenta en la región un porcentaje sobre el total del parque inmobiliario muy inferior a la media media española.
Manuel Casino | @mcasino8 | Junio 2024
Pregunta.– Nacen con el objetivo de dar voz a los propietarios de viviendas de alquiler por estancias cortas de Cantabria. ¿Siente que hasta ahora estaban silenciados?
Respuesta.– Hasta ahora no existía una asociación que uniera a todos los propietarios de este tipo de alojamientos y, por tanto, no hemos tenido presencia en ningún organismo o foro, ni nadie nos ha consultado nada, ni siquiera de forma individual. Esperemos que a partir de ahora esta situación cambie.
P.– En apenas unas semanas ya cuentan con más de 350 asociados. ¿Se han marcado alguna meta?
R.– No. En estos momentos vamos ya por casi 450. Ahora mismo no somos una asociación de socios, sino de representados, aunque en un futuro sí nos planteamos dar servicios a los socios. No hay meta. 450 en apenas tres semanas ya es como para sentirnos muy contentos, pero estoy convencido de que llegaremos a cifras muy importantes de representación en el sector, a pesar de que acceder a nuestros posibles representados no es un camino fácil porque los listados, por la ley de protección de datos, no son públicos. En el listado del portal de Turismo del Gobierno regional aparecen 1.400 propietarios de vivienda de uso turístico (VUT) con teléfono, pero otras fuentes nos dicen que ya hay alrededor de 3.500. Es decir, existe un conjunto de propietarios al que no tenemos acceso, salvo a través de redes sociales y los medios de comunicación. Con estos condicionantes, que contemos ya con 450 es todo un éxito.
P.– Aspiran a ser un interlocutor ante la Administración. ¿Se ha puesto alguna en contacto con ustedes?
R.– No. Hemos escrito a las diferentes administraciones, al igual que también nos hemos dirigido a diferentes asociaciones del sector hostelero, partidos políticos y al colegio de Administradores de Fincas. Hasta la fecha solo se ha puesto en contacto con nosotros los grupos municipales Socialista y del PRC en el ayuntamiento de Santander y también el Partido Socialista a nivel regional para celebrar una futura reunión. No tenemos noticias de la Consejería de Turismo ni tampoco del Ayuntamiento de Santander. Pero es entendible, no les culpamos. Hemos nacido apenas hace un mes y tienen agendas complicadas. Ya saben que existimos. Ahora solo hace falta que nos reciban.
Jaime Paino, vicepresidente de Avutcan, durante la entrevista. Foto: Nacho Cubero.
P.– En su opinión, ¿cuál es la realidad del sector?
R.– Es un sector regulado. No es la ley del oeste. Existe un decreto que funciona, sólido y joven, y que en ningún momento ha sido recurrido ante los tribunales por su articulado. No entendemos por qué tiene fecha de caducidad. No sabemos las razón por la que se quiere cambiar un decreto que, como digo, funciona. El problema es que no se ha aplicado en su totalidad. Es decir, el artículo 8, que habla del régimen sancionador, se refiere a todos aquellos establecimientos que deben ser inspeccionados y sancionados si no cumplen la normativa. Y ese es el problema real. El problema no son las viviendas de uso turístico, que es una modalidad legal, regulada, de calidad y necesaria. El problema es que hay cientos o miles de alojamientos ilegales, y remarco alojamientos, porque no solo son VUT, sin también campings, hoteles o posadas, que también los hay. La cuestión es que últimamente el término ilegal solo se vincula con las VUT. Que las hay mayoritariamente, de acuerdo. Pero este problema no lo va a solucionar un nuevo decreto. Lo va a solucionar si entre todos –administraciones públicas, organismos privados, Policía Nacional, Guardia Civil y todas las asociaciones implicadas– hacemos un censo de alojamientos ilegales y dotamos de recursos y servicios a la Consejería o a quien corresponda para inspeccionar y sancionar. Mientras tanto, todo seguirá igual. Será una cortina de humo que no terminará con el problema real que, insisto, no son las viviendas de uso turístico, sino los miles de alojamientos ilegales. De hecho, creemos que el nuevo decreto, que seguramente sea mucho más restrictivo que el actual, consiga el efecto contrario: si en un futuro va a ser mucho más difícil conseguir una licencia de uso turístico, muchos pasarán a la ilegalidad. El año pasado solo se sancionaron 22 alojamientos ilegales de los 5.500 que existen, según el INE, y los más de 10.000 que sostiene Hostelería. Estamos hablando por tanto de un porcentaje tan absurdo que, mientras no corrijamos esto, nada va a cambiar.
P.- ¿Qué medios plantean para hacer aflorar esa bolsa de alojamientos fuera de cualquier regulación?
R.- Le digo varias herramientas. En primer lugar, a través de un buzón ciudadano en el que cualquier persona, de forma anónima, puede comunicar que al lado de su casa cree que hay una vivienda de uso turístico. Después, hablando con las plataformas Airbnb y Booking para que cedan, si es posible, los datos de los propietarios que tengan dados de alta. En tercer lugar, la Agencia Tributaria sabe perfectamente quién ha ejercido la actividad a través de estos portales digitales y se puede cruzar con las licencias concedidas. Cuarto, que los administradores de fincas ofrezcan el listado de viviendas de este tipo que existen en los edificios que gestionan. Es verdad que en las ciudades perseguir estas prácticas es más complicado porque los anuncios que se publican son del interior de las viviendas y las zonas que estas plataformas señalan de dónde se encuentra el piso suelen ser muy amplias. Pero en la zona rural, por las fotos, sí puedes localizar de qué vivienda se trata. Lo que ocurre es que este seguimiento requiere de unos recursos humanos y tecnológicos de los que ahora no se dispone. Y es mucho más fácil hacer un maquillaje con un nuevo decreto, que lejos de solucionar va a agravar el problema, que unirnos todos para realmente tratar de atajar esta problemática. Le acabo de enumerar cuatro o cinco medidas, pero seguramente hay otros medios para conseguir estos datos. Le cito otro: con el listado de licencias denegadas, verifiquemos si efectivamente no ejercen la actividad. Le reitero mi opinión de que este nuevo decreto va a conseguir que muchas viviendas que se podrían legalizar no lo puedan hacer. Y viendo que de forma ilegal no pasa nada, pues… Blanco y en botella.
P.– ¿Cree que está justificada la creciente preocupación social que existe en torno a este tipo de viviendas?
R.– No, no lo comparto. Le doy algún dato. En Cantabria, las VUT legales representan el 0,5% del total del parque inmobiliario, mientras que en el conjunto de España este porcentaje se eleva al 1,7%. Por tanto, estamos muy por debajo de la media española. Pero, ¿sabe cuántas viviendas vacías hay en Cantabria? 50.000, según el INE, lo que supone el 12,9% del total. Pese a ello, se nos culpa de tensionar el mercado de la vivienda. Con el 0,5% esta acusación no se sostiene. Sin embargo, si lo comparas con el número de viviendas vacías, ahí tienes a alguien más culpable que nosotros. Ahora, pregúntese qué se está haciendo para sacar esas viviendas vacías al mercado. ¿De quién son? Aquí se podría abrir otro debate. Pero le doy otro dato. El número de viviendas de protección oficial construidas en Cantabria en los últimos cinco años es de 311, mientras que el número de viviendas de obra nueva construidas solo en 2023 es de 1.017. ¿La culpa de la falta de vivienda de alquiler a largo plazo y de disponibilidad de vivienda asequible no será más bien del alto número de viviendas vacías o de que no se construyen más que de un ínfimo 0,5% de VUT? ¿De verdad que se quiere achacar a este colectivo este problema? El cóctel molotov que se ha producido en España con las leyes de Arredramientos Urbanos, de Vivienda y de Enjuiciamiento Civil hace que las personas prefieran tener las viviendas vacías antes que exponerlas a un alquiler a largo plazo.
“El problema no son las viviendas de uso turístico, que es una modalidad legal, regulada, de calidad y necesaria. El problema es que hay cientos o miles de alojamientos ilegales, y remarco alojamientos, porque no solo son VUT, sino también campings, hoteles o posadas, que también los hay”
P.– El ruido excesivo, la pérdida de privacidad, el uso indebido de las zonas comunes y la sensación de inseguridad son, a menudo, algunos de los aspectos que más perturban y tensan la convivencia entre unos y otros. ¿Ve solución a estos desafíos?
R.– La solución pasa por saber si es realmente así o no. Nos llevaríamos una sorpresa. Aquí nadie ha hablado de cuántas hojas de reclamaciones acumulan las viviendas de uso turístico versus otro tipo de alojamientos. Ni nadie tampoco ha aportado un dato de las veces que la Policía o la Guardia Civil ha tenido que acudir por una denuncia de ruidos en una VUT. Es minoritario. Lo que interesa es culpabilizarnos de algo que no creo que sea real. En primer lugar, porque los propietarios, por la normativa, tenemos que exigir unas normas en nuestra casa y, uno de ellas, es que por favor respeten el descanso de los vecinos. Somos los primeros interesados en que no se moleste a los vecinos. Es más, autoimpongámonos una monitorización de ruido. Perfecto, instalemos sensores de ruido y de movimiento. Pero es que no está pasando realmente. Nos acusan de echar a los vecinos del centro de las ciudades. Le invito a que nos demos un paseo por los portales del centro de Santander. Están llenos de despachos profesionales, de negocios empresariales que sí han desplazado al inquilino. Y están ejerciendo una actividad en una vivienda que no es vivienda, como sí en cambio son las VUT. Y veo en los portales un tráfico constante de personas que acuden a dentistas, abogados, notarías, gabinetes psicológicos o a la multitud de negocios que existen en viviendas. ¿Vamos a prohibir las VUT en los inmuebles pero vamos a dejar al resto de negocios profesionales? Ahora mismo, somos los malos de la película. Porque en la mayoría de los casos se trata de propietarios individuales. Aquí no hay grandes tenedores ni grupos de inversión. El 95% solo tiene una licencia. Son cántabros y cántabras que cotizan aquí sus ganancias. Que además de desarrollo, también contribuyen a la recuperación de inmuebles que estaban abandonados y llevan el turismo a zonas en las que antes no había. Lo que ocurre es que es mucho más fácil meterse con un individuo, que hace poco ruido, que hacerlo con grandes grupos empresariales. Quizá esta asociación ha empezado a decir que también los propietarios de VUT son un objeto de derecho.
P.– Como ha apuntado antes, la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria estimaba hace unos meses que en la comunidad existen alrededor de 10.000 viviendas de uso turístico, de las que apenas un 16% estarían legalizadas. ¿Da por buenas estas cifras?
R.– Me da igual la cifra. Como si fueran solo dos ilegales. No tiene sentido pelearse por las cifras. Nadie conoce cuántas son en realidad porque nadie ha realizado un censo, que por otro lado habría que hacer. Es preocupante en el momento en que ya exista una. No entremos en una batalla absurda de datos. Lo que hay que hacer es censarlos para poder inspeccionarlos y sancionarlos. Y una vez que lo hagamos, publicitar dichas sanciones para que el resto que actúa de manera ilegal se dé cuente de que a lo mejor no es tan barato seguir haciéndolo de ese modo. Lo que sí es cierto es que ahora se está produciendo un aluvión de solicitudes, no tanto para explotar turísticamente la vivienda, como para tener la licencia antes de que entre en vigor el nuevo decreto, como un valor de futuro.
Turistas en una céntrica calle de Santander. Foto: Nacho Cubero.
P.– Apuestan por un turismo de calidad y sostenible. ¿Encaja la proliferación de pisos turísticos con este objetivo?
R.– Claro que sí. Pero no solo es sostenible, es además necesario. Como le decía antes, el porcentaje de VUT legales en Cantabria está muy por debajo de la media nacional. Actualmente, el turismo está aumentando una barbaridad y no podemos ir contra los tiempos. Es un hecho que la forma de viajar y de visitar los lugares ha cambiado. Y hay personas que expresan su deseo de alojarse de forma diferente. Pero hay mercado para todos. Los hoteles están llenos y batiendo récords de ocupación en este primer trimestre del año. Y ahora mismo las VUT están dando un servicio demandado porque, según varios estudios, el viajero que opta por esta modalidad no se plantea hacerlo de otra forma. O le damos el alojamiento que busca, o no vendrá. Le pongo un ejemplo: una persona que viaja de camping, que le gusta este modelo de alojamiento, si no lo hay no irá a un hotel. Buscará otro lugar donde sí lo haya. ¿Vamos a renunciar al turismo cuando es nuestra principal fuente de riqueza? ¿Les vamos a decir a los turistas que no vengan este verano? Y, ¿es sostenible? Sí, en la medida que respondas a esta nueva demanda de venir a Cantabria, que está de moda.
P.– La Asociación de Turismo Rural reclama desde hace tiempo que se igualen los requisitos entre pisos turísticos y los alojamientos regulados en cuanto a infraestructuras y equipamientos. ¿Lo comparte?
R.– Es que ya lo hacemos. Lo que no ofrece una VUT es servicios de hostelería. Pero tenemos hojas de reclamaciones, extintores, damos parte de viajeros a la Policía y Guardia civil… Lo que no se puede decir es que no se hace. La mayoría de las VUT tenemos una seguro ampliado a huéspedes. ¿Qué además quieren un seguro de responsabilidad civil? Perfecto, lo que quieran. ¿Luces de emergencia? Pues si la tenemos que poner en la puerta de nuestra casa, la ponemos.
P.– La Asociación Hostelería, por su parte, solicita un mayor control sobre los viajeros que se alojan en cada vivienda, cuyo número en muchas ocasiones supera al anunciado inicialmente. ¿Alguna idea para lograrlo?
R.– No es así. No hay ningún dato que lo valide. Los propietarios somos los primeros preocupados por si eso sucede. Como ya le he dicho, hacemos un parte de viajeros y somos los primeros interesados en que no se moleste a los vecinos, en que se cumplan las normas de cada casa y en que no entren más personas de las admitidas. Y tenemos un formulario de entrada que los viajeros tienen que rellenar. Tenemos la obligación y lo hacemos.
P.– El pasado 16 de abril concluyó el periodo de consulta pública abierto por el Ejecutivo regional para aportar propuestas sobre el futuro decreto que regulará esta actividad en Cantabria. ¿Han presentado alguna?
R.– Sí. Básicamente hemos apuntado que la asociación no entiende las razones que llevan a redactar un nuevo decreto. Además, creemos que esta consulta pública está llena de vaguedades y falsedades. Que se nos atribuyen supuestas molestias sin concretar ni sostener ninguna de las valoraciones que se hacen. Igualmente, hemos advertido del peligro que supone hacer un decreto que viole nuestros derechos, por lo que explicamos la necesidad de que los servicios jurídicos hagan un trabajo profundo porque, de lo contrario, nos encontraremos con el decreto en los tribunales, como ha ocurrido con todos los publicados en España, salvo con el aún vigente en Cantabria. No se entiende que la única normativa que realmente ha sido sólida se quiera ahora cambiar. Simplemente es una cortina de humo para mirar hacia otro lado o para culparnos de la falta de vivienda. También les hemos dicho que el decreto actual es mejorable en muchos puntos. Y les hemos dicho unos cuantos. Primero, que realmente se aplique lo que se aprobó ya por consulta pública en 2022 de que no era necesaria la confirmación del administrador de fincas y que era posible cambiar la titularidad del contrato. Que, en cierta medida, estamos de acuerdo en que esta actividad se abra a sociedades siempre y cuando se limite el número de VUT a nombre de empresas o personas jurídicas. Luego, estamos diciendo que en Cantabria no se ha declarado aún ninguna zona tensionada. Por tanto, no hagamos cosas que sabemos de partida que pueden ser ilegales y que van en contra de la propiedad privada y del derecho constitucional en muchos casos. En verdad, creemos que no están buscando soluciones al problemas real, sino elaborando un decreto que de nada va a servir. Somos, insisto, los primeros perjudicados por las VUT ilegales. Finalmente, también les pedimos que defiendan nuestra modalidad de alojamiento tanto como hacen con otras porque somos igual de legales e igual de necesarias. Y, sobre todo, que no nos vinculen constantemente con la palabra ilegal. Porque no es así.
“Todos los modelos de alojamiento tienen su público. La competencia es buena. Vamos a ofrecer un turismo de mayor calidad y sostenible. Porque el turismo es de todos y para todos. No solo de unos cuantos y para los que quieren viajar de una manera determinada”
P.– ¿Qué espera entonces de este decreto?
R.– No espero nada. Más problemas y más viviendas ilegales, si cabe. ¿Qué cree que va a pasar con el nuevo decreto? ¿Que de forma mágica van a desaparecer todas las viviendas ilegales? Es ridículo. Lo que hay que hacer es luchar contra los ilegales, no contra los que crean un servicio. Lamentablemente, este decreto será nada, humo.
P.– Cuando anunció la creación de este nuevo marco jurídico, la Consejera de Turismo explicó que con este decreto no solo se trata de atajar el problema de los pisos turísticos que no cumplen con la normativa o no están registrados, sino abordar también a cuántas viviendas legales se puede dar cabida. ¿Para cuántas estima que hay espacio en Cantabria?
R.– Antes de nada habría que estudiar el número total de plazas de alojamiento, independientemente del modelo. Y habrá que aplicar esa restricción a todos los modelos. Lo que es absurdo es que a unos se les dé barra libre y a las VUT se les limite su actividad. Tendremos los mismos derechos que un hotel. Además, si miramos la realidad del mercado vemos que hay más demanda de viviendas de uso turístico que de plazas hoteleras. Porque está cambiando el modo de viajar y no podemos imponer cómo hacerlo. Las alternativas existen y coexisten en todos los sectores. Lo que ocurre es que ahora las VUT han llegado al sector hotelero. Si vamos a limitar las plazas, habrá que hacerlo de forma proporcional y en todos los modelos. Pero creo que no hace falta. El problema es si Cantabria cuenta con los servicios e infraestructuras necesarias para dar un servicio de calidad al creciente número de viajeros. A lo mejor no es el momento de limitar. Como he dicho, todos los modelos de alojamiento tienen su público. La competencia es buena. Vamos a ofrecer un turismo de mayor calidad y sostenible. Porque el turismo es de todos y para todos. No solo de unos cuantos y para los que quieren viajar de una manera determinada. Porque podemos y, sobre todo, porque es el sector económico que nos mueve.
Laboreso hace historias
El programa que promueve la estancia de alumnos de Secundaria en empresas cántabras cumplirá 20 años el próximo curso, un tiempo en el que ha propiciado que más de 10.000 estudiantes de entre 15 y 16 años establecieran así su primer contacto con el mundo del trabajo. Concebido como un medio para conectar la realidad laboral y el día a día de los institutos de enseñanza, Laboreso se plantea también como una herramienta para ayudar al alumno a orientar sus estudios pero, a decir por quienes han tomado parte en la experiencia desde uno u otro lado, termina por ser mucho más que todo eso.
José Ramón Esquiaga | @josesquiaga | Julio 2024
Pedro Rodríguez, encargado de coordinar el programa desde la Cámara de Comercio de Cantabria, no necesita hoy dar demasiadas explicaciones cuando llama a una empresa en busca de un lugar en el que pueda realizar sus prácticas alguno de los alumnos participantes en Laboreso. Nada que ver, desde luego, con lo que sucedía cuando, en 2005, se puso en marcha esta iniciativa, que promovía la estancia de estudiantes en los centros de trabajo para algo emparentado en cierto modo con las prácticas laborales, pero que tenía muy poco que ver con nada que se hubiera hecho anteriormente. La principal novedad estaba relacionada con la edad y la formación de los estudiantes: adolescentes de entre 15 y 16 años sin ningún conocimiento previo sobre el oficio o tipo de labor a realizar. Porque ese era, precisamente, el objetivo que se perseguía con una idea importada del Reino Unido y que no contaba con antecedente alguno en España: propiciar a los alumnos de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) un primer contacto con el mundo laboral, a través de estancias de 15 días en los centros de trabajo, cumpliendo el horario que correspondiera y realizando las tareas que les fueran encomendadas.
“La reacción inicial cuando lo proponemos suele ser de sorpresa, porque esto no son las prácticas de formación profesional que pueden conocer y se trata de gente muy joven. Afortunadamente contamos ya con una base de 2.500 empresas e incluso entre las que puedan no estar ahí, son muchas las que han oído hablar del Laboreso y es todo mucho más sencillo que antes”, admite Pedro Rodríguez, que coordina Laboreso desde su primera edición, en el curso 2005-2006.
Los orígenes de la iniciativa hay que buscarlos un poco antes que eso, durante la estancia en Reino Unido de Marino Pérez, profesor y orientador del Instituto de Educación Secundaria (IES) La Granja, de Heras. Marino, hoy jubilado, había obtenido en 1998 una plaza en el instituto Vicente Cañada Blanch, de Londres, lo que le permitió tomar contacto con el sistema educativo británico y, dentro de este, con lo que se conocía como ‘work experience’, el periodo de estancias en empresas que debían realizar los estudiantes que cursaban el equivalente a lo que aquí sería el tercer año de secundaria. “Uno de los criterios que guía a los centros españoles de educación en el exterior es adaptarse al lugar en el que están, y a mí me llamaron la atención sobre todo dos cosas del sistema educativo británico: la atención a la diversidad y esta estancia obligatoria de dos semanas en empresas para alumnos que tenían entre 14 y 15 años”, recuerda el profesor, que propuso trasladar esta ‘work experience’ –experiencia laboral, en su traducción literal– al instituto español de Londres en el que trabajaba. La idea fue bien acogida, lo que permitió a los estudiantes entonces matriculados en el Vicente Cañada Blanch convertirse en los primeros de un centro español que realizaban prácticas en empresas antes de haber alcanzado siquiera el último año de la educación secundaria obligatoria.
Marino Pérez, impulsor del modelo ‘work experience’ de Laboreso, en las escaleras del IES Santa Clara. Foto: Nacho Cubero.
Marino Pérez finalizó su estancia en Inglaterra en 2004 y, de vuelta a Cantabria, se trajo entre sus papeles la memoria del proyecto que había redactado a petición del consejero encargado del área educativa en la embajada española en la capital británica. Con ese documento bajo el brazo, inició un peregrinaje de despacho a despacho dando a conocer la idea y proponiendo su traslado a Cantabria. “Lo explicaba en los centros, y era bien acogido por los alumnos y por la mayoría de los compañeros profesores, aunque también hubo algunos que no lo entendían. En la consejería fue mucho más complicado, no lo veían y llegaron a decirme que era imposible, que ninguna empresa iba a aceptar a nadie”.
Aterrizaje de un modelo único
Como suele suceder en casos como este, en lo que lo más complicado es romper las inercias que impiden moverse por caminos distintos a los ya conocidos, el impulso definitivo llegó de la mano de personas concretas, y casi por casualidad: “Una compañera conocía a Isabel Cuesta, por entonces directora de Formación de la Cámara de Comercio, a la que le gustó mucho la idea. Después resultó que el secretario general de la Cámara, Antonio Mazarrasa, conocía la ‘work experience’ porque uno de sus hijos había estudiado en Inglaterra, y tenía un gran recuerdo de aquello”. Lograr la implicación de la Cámara de Comercio de Cantabria fue definitivo para que pudiera ponerse en marcha el proyecto, al salvarse así uno de los principales obstáculos: a quién correspondería la labor de poner en contacto a los centros de enseñanza con las empresas, buscando puestos que se ajustasen a lo solicitado por los estudiantes.
En Reino Unido esa labor de coordinación la realizan las ‘charities’, entidades sin ánimo de lucro que se ocupaban de la intermediación, financiándose a través de unas cuotas que abonaban a partes iguales los alumnos y los centros educativos. En Cantabria, una vez encajadas las piezas, sería la Cámara la encargada de la gestión de lo que ya se bautizó como Laboreso, y el Gobierno regional quien aportaría los fondos para financiarlo. Así las cosas, la iniciativa arrancó en el curso 2005-2006, con la participación de siete centros educativos, 58 empresas y 58 alumnos.
Pedro Rodríguez, coordinador del programa Laboreso desde la Cámara de Comercio de Cantabria. Foto: Nacho Cubero.
En aquella primera edición, y también en los cursos siguientes, el proyecto se desarrolló con algunas limitaciones y también con significativas diferencias respecto a su modelo británico, circunstancias ambas que tenían que ver el enfoque en cierto modo experimental que se dio a la iniciativa, pero también –cree Marino– con el escepticismo con que se contempló la idea en esa fase inicial por parte de los responsables de la consejería. La experiencia, por ejemplo, se limitó a los alumnos de diversificación –aquellos con necesidades educativas especiales o, en un resumen incompleto pero no del todo equivocado, a quienes les iba mal en sus estudios– y a cuarto de la ESO, en lugar de la vocación universal y para los estudiantes de tercero que tenía la ‘work experience’. Aunque fueron cambios que Marino Pérez considera que desvirtuaron la naturaleza y los objetivos del proyecto, lo cierto es que aquel arranque permitió demostrar que, al contrario de lo que pensaban algunos tanto en la consejería como en los institutos, era perfectamente posible materializar en Cantabria una idea como esa.
Aunque en buena medida ha terminado por verse de esa manera, el propósito principal de la ‘work experience’, o de Laboreso, no es tanto ayudar a los participantes a orientar sus estudios, sino enfrentarlos a la realidad del mundo laboral, a sus horarios, rutinas y a las jerarquías y organización de tareas inherentes a los centros de trabajo. Es ahí donde encaja esa vocación de universalidad que tiene el referente británico y que, aunque las sucesivas reformas han ido ampliando la base de estudiantes potencialmente beneficiarios del programa, su réplica cántabra está aún lejos de poder igualar. Con todo, tanto en las anécdotas que relata Marino Pérez como en los recuerdos de quienes han participado desde cualquiera de los lados en la experiencia son constantes los ejemplos que llevan a pensar no ya en que Laboreso cumpla con fines como esos, sino que alcanzan algunos otros que no estaban entre los inicialmente planteados.
Aprendizaje en dos direcciones
Quizá alguno de los más llamativos tiene que ver con la vía de doble sentido que Laboreso abre entre el mundo académico y las empresas. Porque el desconocimiento de lo laboral que existe en los alumnos, y que se pretende ayudar a paliar con el programa, no es mayor que el que tienen las empresas sobre los estudiantes, sus inquietudes, conocimientos e intereses. Marino Pérez recuerda, por ejemplo, la emoción del propietario de un taller de reparación naval cuando supo que había algún alumno que quería tomar contacto con ese trabajo, que hasta entonces consideraba completamente ajeno a las inclinaciones de los adolescentes. También directamente relacionadas con la distancia entre esos dos mundos, la mayoría de las reticencias que suele plantearse una empresa a la hora de acoger a uno de estos alumnos tienen que ver con la capacidad, los saberes y la actitud a esperar de chavalas y chavales de 15 y 16 años, lo que en gran medida se asienta sobre prejuicios que el programa puede ayudar a combatir.
Que Laboreso también supone un aprendizaje para las empresas es la razón de fondo que explica por qué desde la Cámara de Comercio tienen hoy más fácil encontrar centros de trabajo en los que los alumnos de Laboreso puedan realizar sus prácticas. Aquellas 58 empresas con las que nació la experiencia en 2005 son ahora más de medio millar, y ello pese al relativo frenazo a las cifras que provocó la pandemia. La mayor parte de las que han participado alguna ocasión en Laboreso, repiten, en tanto que entre aquellas con las que se contacta por primera vez –Pedro Rodríguez explica que cada año intentan sumar nombres a la lista– son ya muy pocas las que no han oído hablar de la iniciativa, y habitualmente para bien.
Aunque el trabajo de incorporar empresas al programa sea ahora más fácil de lo que fue en sus inicios, ello no significa que sea sencillo sacar adelante la edición de cada curso. Laboreso cuenta con un presupuesto de 50.000 euros, aportados íntegramente por la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria, con los que se financia la gestión del proyecto por parte de la Cámara de Comercio. A ella corresponde coordinar a los diferentes centros educativos, recoger de estos las solicitudes de los alumnos sobre las profesiones que les gustaría conocer y encajar luego estas peticiones en las empresas que colaboran con la iniciativa. Para esto último, y además del rompecabezas que supone cuadrar preferencias con disponibilidad, hay que tener en cuenta el criterio de proximidad, horarios y oferta de transporte público, al tratarse de menores de edad que tienen limitada su capacidad para desplazarse por sus propios medios.
Un proyecto ya consolidado
La decisión final sobre qué alumnos participan en el programa corresponde a los centros, aunque la iniciativa ya no se limita a alumnos de diversificación. En la edición de este curso son 556 los participantes, la cifra más alta desde la crisis sanitaria, cuando el programa se readaptó al ser imposible la estancia en las empresas. En torno a este número, calcula Erika Ceballos, responsable de Formación de la Cámara de Comercio, se mueve el máximo de participantes que podrían gestionarse con los medios actuales. “En todo caso, el proyecto está muy consolidado”, destaca.
José Luis Blanco, director de Calidad y Equidad Educativa del Gobierno de Cantabria. Foto: Nacho Cubero.
José Luis Blanco, actual director de Calidad y Equidad Educativa del Gobierno de Cantabria, ocupó también ese cargo en la legislatura 2007-2011, cuando su implicación fue decisiva, según recuerda Marino Pérez, para que Laboreso dejara de estar limitado a los alumnos de diversificación y diera un gran salto adelante. Hoy reafirma su compromiso con la iniciativa y se declara abierto a todas las opciones para darle un nuevo impulso, incluido un incremento de la cantidad económica con que está dotado el programa: “Pero no creo que el problema principal sea el presupuesto. Hay que tener en cuenta que no solo los alumnos de Laboreso demandan prácticas en empresas, tenemos a todos los matriculados en la Formación Profesional y también un tejido productivo que en Cantabria no es especialmente grande y que está constituido sobre todo por pequeñas y medianas empresas. Yo creo que es ahí donde está el gran obstáculo”, señala Blanco, que por ello valora especialmente la labor que realiza la Cámara de Comercio para encontrar centros de trabajo para los alumnos, algo que puede ser relativamente fácil en Santander y Torrelavega, pero que admite que es enormemente complicado fuera de los entornos más urbanos. En lo que no expresa duda alguna es en la capacidad del programa para favorecer los objetivos que considera debe tener cualquier sistema educativo: generar personas capaces de integrarse en la sociedad con normalidad y plena capacidad, y en eso la incorporación al mundo laboral juega un papel, destaca, de especial relevancia. “Con Laboreso hemos tenido casos de chavales que estaban pensando en dejar los estudios y que, tras la estancia en las empresas y ese primer contacto con el trabajo, han vuelto al instituto convencidos de la necesidad de acabar la ESO y seguir su formación para poder dedicarse a aquello con lo que habían tomado contacto”, recuerda el director de Calidad Educativa del Gobierno cántabro.
Tras nacer en Cantabria hace ya casi veinte años, Laboreso ha sido replicado, con ese u otro nombre, en otras comunidades autónomas españolas, siempre con el asesoramiento inicial de la Cámara de Comercio. En Navarra se hace en un formato casi idéntico al cántabro, en tanto que en Asturias y en Madrid tiene un enfoque algo diferente, con intercambio de visitas entre los institutos y las empresas, más que con estancias de trabajo propiamente dichas. Una vez jubilado, Marino Pérez sigue desde la distancia este y otros avatares por los que pasa el proyecto que contribuyó decisivamente a poner en marcha, más o menos de acuerdo con las diferentes versiones que se han dado a la idea original, pero satisfecho de que esta haya salido adelante: “Me llevaría una gran frustración y me provocaría una gran tristeza si me entero que se cancela, pero mientras tenga continuidad me parece fabuloso, porque lo importante son los resultados, y estos siempre van a ser positivos”, concluye.
Las asesorías de Cantabria reivindican que se regule la profesión
Los titulares de tres asesorías cántabras reflexionan sobre el presente y el futuro de una actividad en la que siguen echando de menos una interlocución directa con la Administración que les permita agilizar trámites, aclarar dudas y aumentar la productividad. Reconocen que la competencia ha aumentado de forma exponencial, censuran que cada vez asumen más carga de trabajo y reclaman por encima de todo la importancia del asesoramiento.
Manuel Casino | @mcasino8 | Julio 2024
Las asesorías y consultoras cántabras dan la batalla por perdida y asumen que su petición de crear un canal de comunicación directo con las administraciones y organismos públicos para agilizar trámites y aclarar o resolver dudas ha caído en saco roto. Así lo advierten los responsables de tres de estos despachos profesionales, que critican la pérdida de tiempo y de productividad que conlleva no atender esta solicitud propuesta hace ya algún tiempo. “La Administración continúa instalada en la cita previa, lo que ralentiza mucho las gestiones y hace que todo resulte más fatigoso”, coinciden en señalar los socios consultores y asesores de empresas de Cedenor, Alfonso Pariza y Pablo Girón, quienes también lamentan que el teletrabajo que impera en el sector público al menos dos días a la semana hace aún más complicado el contacto directo con el contribuyente.
“Todo sigue igual. Se imponen las nuevas tecnologías y la relación telemática por encima de la personal, lo que evidentemente tiene sus ventajas e inconvenientes”, conviene por su parte el socio y asesor fiscal de Gestisa, José Miguel Madrid, y corrobora su compañero y socio responsable del departamento jurídico de esta empresa, Javier Gurruchaga, para quien la cita previa no ha hecho más que dificultar la vida de los ciudadanos. “Debería existir una vía de acceso preferente para los profesionales que en el día a día estamos haciendo prácticamente la labor administrativa de los funcionarios. Sin embargo, lejos de contar con esto, creo que, en general, los servicios públicos se han deteriorado después de la pandemia”, subraya.
“No tener un interlocución directa con la Administración como la que teníamos antes supone una clara pérdida de tiempo”, ahonda D´Hers, antes de expresar su sensación de estar «acorralados”. “Aunque viajamos en el mismo barco, nos ven como el enemigo”, relata este profesor mercantil y auditor censor jurado de cuentas que se queja de que muchos funcionarios “piensen que somos unos señores con corbata que ganamos mucho dinero y que ayudamos a los contribuyentes a hacer trampas”.
Pablo Girón y Alfonso Pariza, socios asesores consultores de Cedenor. Foto: Nacho Cubero.
“¿Si hago la declaración de la renta, soy un asesor fiscal? ¿Qué responsabilidades y derechos tengo?”, se pregunta el director general de Seficosa, Carlos López d´Hers, para aclarar a continuación que un buen asesor es el que evita a su cliente problemas con la Administración: “No el que consigue pagar menos impuestos. O definimos un código ético y regulamos nuestra actividad o en el futuro tendremos problemas”, vaticina.
Un análisis que es compartido, aunque con matices, por el resto de asesores consultados. Así, Pariza coincide en que no hay nada nuevo bajo el sol, salvo que las dificultades para ejercer su trabajo van día a día en aumento. “Me da pereza ver cómo asuntos que se podrían resolver hablando en cuestión de unos pocos minutos se demoran por falta de interlocutores. Estamos al otro lado del mostrador, pero somos compañeros”, incide sobre la relación que hasta no hace mucho mantenían con los funcionarios y que le lleva a pensar que quienes organizan los sistemas de trabajo de las distintos organismos públicos con los que se relacionan están “muy lejos” de conocer cómo es el tejido empresarial de España. “Da la impresión de que desconocen la realidad de la calle”, enfatiza contrariado.
De su lado, Gurruchaga opina que esta falta de regulación de la profesión de asesor fiscal ha traído consigo que proliferen en el mercado muchos “piratas” y asesorías digitales que están tirando para abajo de los precios. “La competencia ha crecido de forma exponencial. Si además cuentas con una estructura como la nuestra, con alrededor de 45 trabajadores, es evidente que cada vez te cuesta más competir. La solución pasa por ofrecer un plus a nuestros clientes, aprovechar nuestra relación de confianza con ellos y ser punteros en lo que hacemos”, resuelve el socio responsable de la asesoría jurídica de Gestisa.
Reivindicar el asesoramiento
En lo que también están todos de acuerdo es en reivindicar la importancia del asesoramiento. “Nosotros no somos gestoría, somos asesoría”, aclara este abogado para evitar equívocos. Para su compañero José Miguel Madrid, el futuro de la profesión pasa por dejar de hacer trabajo material, aunque reconoce que cada vez hacen menos, para dedicarse a ser realmente asesores de las empresas e, incluso, asistir como asesor a los consejos de administración. “Tengo muchos empresas que presentan sus impuestos. Ahora una declaración de IVA de un alquiler se puede hacer por poco dinero a través de internet y en cuatro días lo hará la inteligencia artificial”, zanja este economista.
Al hilo de este asunto, y tras sostener que no hay un buen asesor fiscal que no dedique al menos un 20% de su tiempo a estudiar y leer para estar al día de la actualidad normativa, Gurruchaga expresa su preocupación por la evolución que pueda seguir la inteligencia artificial (IA) en su profesión. “Como colectivo, deberíamos transmitir que el saber humano en este campo nunca podrá ser suplido por la inteligencia artificial porque, al final, nuestro trabajo necesita en la mayoría de las ocasiones una decisión de carácter personal, al menos en mi ámbito como abogado. El asesoramiento es una cuestión de confianza, de relación personal. A un cliente puedes asesorarle sobre qué hacer con su patrimonio si lo conoces. Y eso no lo va a hacer nunca una máquina”, describe.
Por su parte, Pariza reconoce que la gran carga de trabajo que les ha impuesto la Administración a raíz de la pandemia, unido al escaso reconocimiento a la figura del asesor que, según asegura, existe en general entre los pequeños empresarios y autónomos, les han convertido en meros asesores administrativos. “Asesorar bien lleva su tiempo pero cada vez tenemos menos”, aclara este economista y socio consultor de Cedenor, quien apunta a las crecientes exigencias de unos y de otros como los principales culpables de este mal. Según explica, la Administración exige cada vez más revisiones y documentación que contribuyen a aumentar la incertidumbre y a crear un estado de confusión en el ciudadano: “Cuando, en más de la mitad de los casos, terminan en nada, se trata de requerimientos hechos a base de corta y pega de otros expedientes. o incluso de información que ya obra en su poder a la que, si quisieran, tendrían muy fácil acceso”.
Un argumento la que se suma su socio en esta empresa, Pablo Girón, a quien le gustaría que las pymes dedicaran más tiempo a la administración de sus negocios. “La digitalización ha cambiado la forma en que nos relacionamos con nuestro clientes, pero eso no significa necesariamente que sea mejor. Si antes los pequeños empresarios traían sus facturas y documentación en papel sin, en muchas ocasiones, revisar cuáles eran o no propias de la actividad, ahora lo hacen mediante multitud de correos electrónicos conforme a sus conocimientos en informática, lo que en ocasiones nos lleva más tiempo procesar”, remacha.
José Luis Magaldi, director del Departamento Laboral de Seficosa, junto al director general de esta asesoría, Carlos López d’Hers. Foto: Nacho Cubero.
D´Hers insiste también en reclamar la importancia del asesoramiento. “A nosotros nos interesa asesorar, pero el cliente rara vez viene buscando eso. Viene cuando tiene un problema con la Administración o tiene que pagar impuestos”, recalca. Según destaca, y coinciden el resto de profesionales consultados, la Agencia Tributaria ha incrementado “por tres o por cuatro” el número de inspecciones o comprobaciones en los últimos dos años, lo que les procura una carga adicional de trabajo. “No nos importa que hagan más inspecciones o solicitudes de información complementaria, el problema es que atender a estos requerimientos nos lleva mucho tiempo y nos obliga a contratar a más personal”, admite el máximo responsable de Seficosa, firma que actualmente emplea a 46 personas, cuatro más que el año pasado.
Girón, por su parte, confirma que las nuevas obligaciones en materia tributaria que vinieron por la pandemia se han quedado, y que en materia laboral y de la Seguridad Social hoy están destinando muchos más recursos para atender las necesidades y exigencias de la Administración. “La relación de los poderes públicos con el administrado se ha hecho más compleja”, apuntala Pariza para remarcar su idea de que la burocracia cada vez es mayor. “Previsiblemente en julio de 2025 entre en vigor la factura electrónica visada por la Agencia Tributaria, lo que conllevará la actualización de los sistemas y el envío inmediato de las facturas según se emitan”, recuerda el socio consultor de Cedenor.
“Estamos haciendo más por lo mismo”, subraya por su parte Madrid, para quien no se trata tanto de que haya aumentado la burocracia, sino del creciente número de declaraciones informativas que solicitan los organismos públicos. “Todo podía ser más fácil, aunque entiendo el interés de la Administración por combatir la economía sumergida. Está en todo su derecho”, concede.
Situación económica de la región
Además de en su trato con la Administración, la relación de las asesorías con sus clientes pone a estas empresas en una situación privilegiada para valorar el momento y las perspectivas de la economía. Sobre la situación económica de Cantabria, cada responsable apunta varias variables. Así, el director general de Seficosa sostiene que las empresas no están invirtiendo por la incertidumbre que existe a corto plazo. Y aunque reconoce que la morosidad se ha reducido “hasta casi ser inexistente”, asegura que otra cosa muy distinta es lo que ocurre con la productividad, la inversión o la creación de puestos de trabajo.
Sobre el mercado de trabajo, el director del Departamento Laboral de Seficosa, José Luis Magaldi, tercia en la conversación para alertar de que las dificultades que hoy existen para encontrar mano de obra en algunos sectores también se extienden o se extenderán a su profesión. “El 70% del personal que trabaja en nuestros departamentos se jubilará en los próximos diez años. Y nosotros no estamos en el mundo universitario para informar de las salidas profesionales que ofrecemos”, lamenta.
Pablo Girón, por su parte, conviene en que, a pesar de las altas tasas de desempleo, falta personal formado para ocupar puestos de trabajo en muchos sectores, aunque no especialmente en el suyo. “La desindustrialización brutal de Cantabria hace que seamos un región de servicios de empleos inestables y salarios ínfimos. Además, se están jubilando trabajadores con bases de cotización altas o muy altas y entrando a trabajar otros con bases mínimas e irregulares. Así va a resultar muy difícil que cuadren las cuentas del sistema de pensiones”, avisa antes de animarse a hacer un diagnóstico: “Sería muy necio por mi parte decir que Cantabria va bien”.
Javier Gurruchaga y José Miguel Madrid, socios del área legal y el área fiscal y contable, respectivamente, de Gestisa. Foto: Nacho Cubero.
Por último, Gurruchaga sostiene que la situación económica es mejor que hace cuatro años. “Hoy es difícil que un cliente te solicite que hagas un ERTE”, explica este asesor de Gestisa, antes de poner el acento en los concursos de acreedores de la persona física, una figura que, a diferencia de los de empresas –que, según asegura, han caído en picado– “hoy es la estrella de los juzgados de lo Mercantil”.
Su socio y economista, José Miguel Madrid, mantiene que no ha sido, en general, un mal año. “Quizá los peores sean el sector de fabricación y la exportación. Con todo, Cantabria tiene un problema que es la dimensión del tejido productivo”, enfatiza.
Dicho esto, el responsable del área jurídica de Gestisa retoma la palabra para dar su opinión sobre el futuro de las asesorías. “La tendencia en nuestro sector va a ser agruparse y establecer alianzas en los próximos años. Si las empresas quieren crecer, será de forma inorgánica mediante fusiones o adquisiciones con el propósito de ocupar un hueco que queda entre las grandes compañías y las más pequeñas. El tamaño va ser imprescindible para competir”, concluye convencido.
Cines Groucho, un oasis de cine independiente que cumple 20 años
José Pinar, propietario de los cines Groucho, celebra estas dos décadas en Santander, pero reconoce sentirse cansado de defender una oferta cinematográfica consagrada a títulos de autor que ya casi nadie ofrece en España y anuncia su venta.
Manuel Casino | @mcasino8 | Junio 2024
Los cines Groucho, un reducto de cine independiente europeo de estreno, cumple veinte años. Lo hará el próximo diciembre, pero su propietario, José Pinar, ya ha empezado a celebrarlo con eventos especiales y la publicación de un libro. Pese a la celebración, Pinar no esconde que su propuesta por un cine de autor tiene los días contados. “Somos un oasis dentro del panorama nacional. El consumo de títulos en la gran pantalla ha ido por otros derroteros y el cine independiente ha acabado arrinconado”, lamenta este empresario antes de explicar el porqué de esta situación.
“Los que hoy van al cine son mayoritariamente jóvenes y adolescentes, que se han decantado por un cine meramente superficial, de Hollywood y familiar. Por mamarrachadas. Y el público de más edad, al que le gusta otro tipo de cine, más sesudo, está en franca retirada. El cine se ha convertido en un estercolero”, resume contrariado.
Ante este panorama, Pinar deja traslucir cierto hartazgo y revela su intención de vender el cine. “No veo futuro. Tal y como estas las cosas, es muy difícil defender esta oferta de cine auténtico y exclusivo. Siempre lo ha sido, pero ya estoy cansado y creo que es un esfuerzo que no me merece la pena”, admite con tristeza.
José Pinar, propietario de los cines Groucho. Foto: Nacho Cubero.
Según explica, para sacarle rendimiento a sus salas debería cambiar su propuesta. “Tendría que mezclar títulos de autor con otros más comerciales, compartir copias, programar eventos, una sesión matinal… Y no tengo equipo –son tres personas– ni recursos”, aclara. Además, apunta a otro factor que juega en su contra: la desbandada del público de más edad. “Después de la pandemia, llevamos treinta meses de deserción absoluta de la gente mayor. Las personas de 70 años o más han desaparecido por completo de las salas y ahora ven el cine en su casa”, lamenta.
Las cifras del negocio
Pinar sostiene que para poder vivir necesitaría volver a las cifras de 2005, cuando alcanzó los 38.000 espectadores. El año pasado, explica, acabaron el ejercicio con 24.000, y para este del que se han cubierto ya los primeros cuatro meses confía en pegar un pequeño salto hasta alcanzar los 30.000, que es la media habitual de los años prepandemia. “Pero para eso necesitamos que la gente consuma cine y conseguir algún taquillazo al año (la sala se queda con la mitad de la recaudación y la distribuidora la otra mitad). Eso nos daría vidilla”, admite antes de repasar cómo están siendo estos últimos meses.
“Después de un buen invierno, marzo y especialmente abril han sido desoladores. Entre diciembre y febrero he tenido los mejores resultados desde que inauguré gracias a películas que han cosechado gran éxito”, como ‘Fallen Leaves’, ‘La sala de profesores’ o ‘Perfect days’, un título que ha permanecido tres meses en proyección, lejos aún de ‘Parásitos’, la oscarizada película surcoreana que ostenta el récord de este cine con cinco meses en cartelera. “Pero ahora he programado diez o doce títulos que solo han aguantado una o dos semanas en pantalla. Y así, pese a que cuento con tres ayudas públicas estables –de Europa Cinemas, el Gobierno de Cantabria y del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA)– apenas llego para sacarme un sueldo”, remacha.
El responsable de los Groucho reconoce que, pese a que hoy hay más oferta de títulos que nunca, el público se conforma con ver un par de estrenos. Con cuatro películas, dice, da para cubrir la mitad de las 3.600 pantallas que existen en España, unas 35 de ellas en Cantabria. “Yo ahora puedo elegir entre muchas más películas que hace ocho años, pero el público solo quiere ver unas pocas. Es una contradicción, pero es así”, sostiene. De otro lado, Pinar lamenta que no se incida más en la formación y educación audiovisual y en la diversidad. “Todo está mercadeado y apenas se permite la pluralidad y la riqueza. Hay que apostar por la formación en el cine, por ofrecer otros puntos de vista, otros estilos, otros países… Pero la gente solo quiere productos como ‘Cazafantasmas’”, insiste.
Una venta frustrada
Para tratar de explicar el porqué de su decisión de vender los Groucho, Pinar rememora lo ocurrido desde las navidades de 2022, cuando un distribuidor de Oviedo le planteó por primera vez su interés por adquirir su cine. “Este empresario, que cuenta con salas en Oviedo y Madrid, me explicó su intención de crear un pequeño circuito en el que le encajaba mis salas. En principio, le dije que me lo dejara pensar, pero a la vista de la oferta que me formuló, muy por debajo de mis expectativas, resolví dejar aparcado el tema”.
Meses después, en junio de 2023, relata que apareció otro empresario que le ofreció un poquito más de dinero, pero también insuficiente. Así estaban las cosas cuando este pasado otoño le volvió a llamar el distribuidor de Oviedo para doblarme la oferta.
“No era lo que quería, pero lo acepté. Entonces me dijo que antes tenía que abrir y poner en marcha su nuevo proyecto de salas en Oviedo y ver cómo le iban las cosas. Sin embargo, este pasado marzo me dijo que no podía cerrar el acuerdo y que se echaba para atrás porque se le había ido de las manos la inversión en esas nuevas instalaciones”, subraya.
Exterior de una de las salas del cine. Foto: Nacho Cubero.
Sin ofertas en firme, Pinar ha puesto también el cine en venta a través de una inmobiliaria de Santander, “pero en cuatro meses nadie se ha interesado aún por el cine”, comenta. “Una vez pase el aniversario, si no me lo compran, aún no he decidido lo que haré. Seguramente siga, pero espero que aparezca alguien y se aprovechen las instalaciones. Es un espacio con personalidad, en el centro de la ciudad, con buen sonido y con butacas renovadas”, concluye.
Jaime Paino, vicepresidente de la Asociación de Viviendas de Uso Turístico de Cantabria (Avutcan): “El nuevo decreto sobre viviendas de uso turístico no va a solucionar nada”
Es la cara y la voz de los propietarios de viviendas de uso turístico (VUT) en Cantabria, una modalidad de alojamiento permanentemente en entredicho. Dueño de un vivienda legalizada en Mogro, reivindica el papel de las VUT para satisfacer los nuevos modos de viajar, y reclama espacio para un modelo en constante crecimiento que, pese a ello, asegura que aún presenta en la región un porcentaje sobre el total del parque inmobiliario muy inferior a la media media española.
Manuel Casino | @mcasino8 | Junio 2024
Pregunta.– Nacen con el objetivo de dar voz a los propietarios de viviendas de alquiler por estancias cortas de Cantabria. ¿Siente que hasta ahora estaban silenciados?
Respuesta.– Hasta ahora no existía una asociación que uniera a todos los propietarios de este tipo de alojamientos y, por tanto, no hemos tenido presencia en ningún organismo o foro, ni nadie nos ha consultado nada, ni siquiera de forma individual. Esperemos que a partir de ahora esta situación cambie.
P.– En apenas unas semanas ya cuentan con más de 350 asociados. ¿Se han marcado alguna meta?
R.– No. En estos momentos vamos ya por casi 450. Ahora mismo no somos una asociación de socios, sino de representados, aunque en un futuro sí nos planteamos dar servicios a los socios. No hay meta. 450 en apenas tres semanas ya es como para sentirnos muy contentos, pero estoy convencido de que llegaremos a cifras muy importantes de representación en el sector, a pesar de que acceder a nuestros posibles representados no es un camino fácil porque los listados, por la ley de protección de datos, no son públicos. En el listado del portal de Turismo del Gobierno regional aparecen 1.400 propietarios de vivienda de uso turístico (VUT) con teléfono, pero otras fuentes nos dicen que ya hay alrededor de 3.500. Es decir, existe un conjunto de propietarios al que no tenemos acceso, salvo a través de redes sociales y los medios de comunicación. Con estos condicionantes, que contemos ya con 450 es todo un éxito.
P.– Aspiran a ser un interlocutor ante la Administración. ¿Se ha puesto alguna en contacto con ustedes?
R.– No. Hemos escrito a las diferentes administraciones, al igual que también nos hemos dirigido a diferentes asociaciones del sector hostelero, partidos políticos y al colegio de Administradores de Fincas. Hasta la fecha solo se ha puesto en contacto con nosotros los grupos municipales Socialista y del PRC en el ayuntamiento de Santander y también el Partido Socialista a nivel regional para celebrar una futura reunión. No tenemos noticias de la Consejería de Turismo ni tampoco del Ayuntamiento de Santander. Pero es entendible, no les culpamos. Hemos nacido apenas hace un mes y tienen agendas complicadas. Ya saben que existimos. Ahora solo hace falta que nos reciban.
Jaime Paino, vicepresidente de Avutcan, durante la entrevista. Foto: Nacho Cubero.
P.– En su opinión, ¿cuál es la realidad del sector?
R.– Es un sector regulado. No es la ley del oeste. Existe un decreto que funciona, sólido y joven, y que en ningún momento ha sido recurrido ante los tribunales por su articulado. No entendemos por qué tiene fecha de caducidad. No sabemos las razón por la que se quiere cambiar un decreto que, como digo, funciona. El problema es que no se ha aplicado en su totalidad. Es decir, el artículo 8, que habla del régimen sancionador, se refiere a todos aquellos establecimientos que deben ser inspeccionados y sancionados si no cumplen la normativa. Y ese es el problema real. El problema no son las viviendas de uso turístico, que es una modalidad legal, regulada, de calidad y necesaria. El problema es que hay cientos o miles de alojamientos ilegales, y remarco alojamientos, porque no solo son VUT, sin también campings, hoteles o posadas, que también los hay. La cuestión es que últimamente el término ilegal solo se vincula con las VUT. Que las hay mayoritariamente, de acuerdo. Pero este problema no lo va a solucionar un nuevo decreto. Lo va a solucionar si entre todos –administraciones públicas, organismos privados, Policía Nacional, Guardia Civil y todas las asociaciones implicadas– hacemos un censo de alojamientos ilegales y dotamos de recursos y servicios a la Consejería o a quien corresponda para inspeccionar y sancionar. Mientras tanto, todo seguirá igual. Será una cortina de humo que no terminará con el problema real que, insisto, no son las viviendas de uso turístico, sino los miles de alojamientos ilegales. De hecho, creemos que el nuevo decreto, que seguramente sea mucho más restrictivo que el actual, consiga el efecto contrario: si en un futuro va a ser mucho más difícil conseguir una licencia de uso turístico, muchos pasarán a la ilegalidad. El año pasado solo se sancionaron 22 alojamientos ilegales de los 5.500 que existen, según el INE, y los más de 10.000 que sostiene Hostelería. Estamos hablando por tanto de un porcentaje tan absurdo que, mientras no corrijamos esto, nada va a cambiar.
P.- ¿Qué medios plantean para hacer aflorar esa bolsa de alojamientos fuera de cualquier regulación?
R.- Le digo varias herramientas. En primer lugar, a través de un buzón ciudadano en el que cualquier persona, de forma anónima, puede comunicar que al lado de su casa cree que hay una vivienda de uso turístico. Después, hablando con las plataformas Airbnb y Booking para que cedan, si es posible, los datos de los propietarios que tengan dados de alta. En tercer lugar, la Agencia Tributaria sabe perfectamente quién ha ejercido la actividad a través de estos portales digitales y se puede cruzar con las licencias concedidas. Cuarto, que los administradores de fincas ofrezcan el listado de viviendas de este tipo que existen en los edificios que gestionan. Es verdad que en las ciudades perseguir estas prácticas es más complicado porque los anuncios que se publican son del interior de las viviendas y las zonas que estas plataformas señalan de dónde se encuentra el piso suelen ser muy amplias. Pero en la zona rural, por las fotos, sí puedes localizar de qué vivienda se trata. Lo que ocurre es que este seguimiento requiere de unos recursos humanos y tecnológicos de los que ahora no se dispone. Y es mucho más fácil hacer un maquillaje con un nuevo decreto, que lejos de solucionar va a agravar el problema, que unirnos todos para realmente tratar de atajar esta problemática. Le acabo de enumerar cuatro o cinco medidas, pero seguramente hay otros medios para conseguir estos datos. Le cito otro: con el listado de licencias denegadas, verifiquemos si efectivamente no ejercen la actividad. Le reitero mi opinión de que este nuevo decreto va a conseguir que muchas viviendas que se podrían legalizar no lo puedan hacer. Y viendo que de forma ilegal no pasa nada, pues… Blanco y en botella.
P.– ¿Cree que está justificada la creciente preocupación social que existe en torno a este tipo de viviendas?
R.– No, no lo comparto. Le doy algún dato. En Cantabria, las VUT legales representan el 0,5% del total del parque inmobiliario, mientras que en el conjunto de España este porcentaje se eleva al 1,7%. Por tanto, estamos muy por debajo de la media española. Pero, ¿sabe cuántas viviendas vacías hay en Cantabria? 50.000, según el INE, lo que supone el 12,9% del total. Pese a ello, se nos culpa de tensionar el mercado de la vivienda. Con el 0,5% esta acusación no se sostiene. Sin embargo, si lo comparas con el número de viviendas vacías, ahí tienes a alguien más culpable que nosotros. Ahora, pregúntese qué se está haciendo para sacar esas viviendas vacías al mercado. ¿De quién son? Aquí se podría abrir otro debate. Pero le doy otro dato. El número de viviendas de protección oficial construidas en Cantabria en los últimos cinco años es de 311, mientras que el número de viviendas de obra nueva construidas solo en 2023 es de 1.017. ¿La culpa de la falta de vivienda de alquiler a largo plazo y de disponibilidad de vivienda asequible no será más bien del alto número de viviendas vacías o de que no se construyen más que de un ínfimo 0,5% de VUT? ¿De verdad que se quiere achacar a este colectivo este problema? El cóctel molotov que se ha producido en España con las leyes de Arredramientos Urbanos, de Vivienda y de Enjuiciamiento Civil hace que las personas prefieran tener las viviendas vacías antes que exponerlas a un alquiler a largo plazo.
P.– El ruido excesivo, la pérdida de privacidad, el uso indebido de las zonas comunes y la sensación de inseguridad son, a menudo, algunos de los aspectos que más perturban y tensan la convivencia entre unos y otros. ¿Ve solución a estos desafíos?
R.– La solución pasa por saber si es realmente así o no. Nos llevaríamos una sorpresa. Aquí nadie ha hablado de cuántas hojas de reclamaciones acumulan las viviendas de uso turístico versus otro tipo de alojamientos. Ni nadie tampoco ha aportado un dato de las veces que la Policía o la Guardia Civil ha tenido que acudir por una denuncia de ruidos en una VUT. Es minoritario. Lo que interesa es culpabilizarnos de algo que no creo que sea real. En primer lugar, porque los propietarios, por la normativa, tenemos que exigir unas normas en nuestra casa y, uno de ellas, es que por favor respeten el descanso de los vecinos. Somos los primeros interesados en que no se moleste a los vecinos. Es más, autoimpongámonos una monitorización de ruido. Perfecto, instalemos sensores de ruido y de movimiento. Pero es que no está pasando realmente. Nos acusan de echar a los vecinos del centro de las ciudades. Le invito a que nos demos un paseo por los portales del centro de Santander. Están llenos de despachos profesionales, de negocios empresariales que sí han desplazado al inquilino. Y están ejerciendo una actividad en una vivienda que no es vivienda, como sí en cambio son las VUT. Y veo en los portales un tráfico constante de personas que acuden a dentistas, abogados, notarías, gabinetes psicológicos o a la multitud de negocios que existen en viviendas. ¿Vamos a prohibir las VUT en los inmuebles pero vamos a dejar al resto de negocios profesionales? Ahora mismo, somos los malos de la película. Porque en la mayoría de los casos se trata de propietarios individuales. Aquí no hay grandes tenedores ni grupos de inversión. El 95% solo tiene una licencia. Son cántabros y cántabras que cotizan aquí sus ganancias. Que además de desarrollo, también contribuyen a la recuperación de inmuebles que estaban abandonados y llevan el turismo a zonas en las que antes no había. Lo que ocurre es que es mucho más fácil meterse con un individuo, que hace poco ruido, que hacerlo con grandes grupos empresariales. Quizá esta asociación ha empezado a decir que también los propietarios de VUT son un objeto de derecho.
P.– Como ha apuntado antes, la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria estimaba hace unos meses que en la comunidad existen alrededor de 10.000 viviendas de uso turístico, de las que apenas un 16% estarían legalizadas. ¿Da por buenas estas cifras?
R.– Me da igual la cifra. Como si fueran solo dos ilegales. No tiene sentido pelearse por las cifras. Nadie conoce cuántas son en realidad porque nadie ha realizado un censo, que por otro lado habría que hacer. Es preocupante en el momento en que ya exista una. No entremos en una batalla absurda de datos. Lo que hay que hacer es censarlos para poder inspeccionarlos y sancionarlos. Y una vez que lo hagamos, publicitar dichas sanciones para que el resto que actúa de manera ilegal se dé cuente de que a lo mejor no es tan barato seguir haciéndolo de ese modo. Lo que sí es cierto es que ahora se está produciendo un aluvión de solicitudes, no tanto para explotar turísticamente la vivienda, como para tener la licencia antes de que entre en vigor el nuevo decreto, como un valor de futuro.
Turistas en una céntrica calle de Santander. Foto: Nacho Cubero.
P.– Apuestan por un turismo de calidad y sostenible. ¿Encaja la proliferación de pisos turísticos con este objetivo?
R.– Claro que sí. Pero no solo es sostenible, es además necesario. Como le decía antes, el porcentaje de VUT legales en Cantabria está muy por debajo de la media nacional. Actualmente, el turismo está aumentando una barbaridad y no podemos ir contra los tiempos. Es un hecho que la forma de viajar y de visitar los lugares ha cambiado. Y hay personas que expresan su deseo de alojarse de forma diferente. Pero hay mercado para todos. Los hoteles están llenos y batiendo récords de ocupación en este primer trimestre del año. Y ahora mismo las VUT están dando un servicio demandado porque, según varios estudios, el viajero que opta por esta modalidad no se plantea hacerlo de otra forma. O le damos el alojamiento que busca, o no vendrá. Le pongo un ejemplo: una persona que viaja de camping, que le gusta este modelo de alojamiento, si no lo hay no irá a un hotel. Buscará otro lugar donde sí lo haya. ¿Vamos a renunciar al turismo cuando es nuestra principal fuente de riqueza? ¿Les vamos a decir a los turistas que no vengan este verano? Y, ¿es sostenible? Sí, en la medida que respondas a esta nueva demanda de venir a Cantabria, que está de moda.
P.– La Asociación de Turismo Rural reclama desde hace tiempo que se igualen los requisitos entre pisos turísticos y los alojamientos regulados en cuanto a infraestructuras y equipamientos. ¿Lo comparte?
R.– Es que ya lo hacemos. Lo que no ofrece una VUT es servicios de hostelería. Pero tenemos hojas de reclamaciones, extintores, damos parte de viajeros a la Policía y Guardia civil… Lo que no se puede decir es que no se hace. La mayoría de las VUT tenemos una seguro ampliado a huéspedes. ¿Qué además quieren un seguro de responsabilidad civil? Perfecto, lo que quieran. ¿Luces de emergencia? Pues si la tenemos que poner en la puerta de nuestra casa, la ponemos.
P.– La Asociación Hostelería, por su parte, solicita un mayor control sobre los viajeros que se alojan en cada vivienda, cuyo número en muchas ocasiones supera al anunciado inicialmente. ¿Alguna idea para lograrlo?
R.– No es así. No hay ningún dato que lo valide. Los propietarios somos los primeros preocupados por si eso sucede. Como ya le he dicho, hacemos un parte de viajeros y somos los primeros interesados en que no se moleste a los vecinos, en que se cumplan las normas de cada casa y en que no entren más personas de las admitidas. Y tenemos un formulario de entrada que los viajeros tienen que rellenar. Tenemos la obligación y lo hacemos.
P.– El pasado 16 de abril concluyó el periodo de consulta pública abierto por el Ejecutivo regional para aportar propuestas sobre el futuro decreto que regulará esta actividad en Cantabria. ¿Han presentado alguna?
R.– Sí. Básicamente hemos apuntado que la asociación no entiende las razones que llevan a redactar un nuevo decreto. Además, creemos que esta consulta pública está llena de vaguedades y falsedades. Que se nos atribuyen supuestas molestias sin concretar ni sostener ninguna de las valoraciones que se hacen. Igualmente, hemos advertido del peligro que supone hacer un decreto que viole nuestros derechos, por lo que explicamos la necesidad de que los servicios jurídicos hagan un trabajo profundo porque, de lo contrario, nos encontraremos con el decreto en los tribunales, como ha ocurrido con todos los publicados en España, salvo con el aún vigente en Cantabria. No se entiende que la única normativa que realmente ha sido sólida se quiera ahora cambiar. Simplemente es una cortina de humo para mirar hacia otro lado o para culparnos de la falta de vivienda. También les hemos dicho que el decreto actual es mejorable en muchos puntos. Y les hemos dicho unos cuantos. Primero, que realmente se aplique lo que se aprobó ya por consulta pública en 2022 de que no era necesaria la confirmación del administrador de fincas y que era posible cambiar la titularidad del contrato. Que, en cierta medida, estamos de acuerdo en que esta actividad se abra a sociedades siempre y cuando se limite el número de VUT a nombre de empresas o personas jurídicas. Luego, estamos diciendo que en Cantabria no se ha declarado aún ninguna zona tensionada. Por tanto, no hagamos cosas que sabemos de partida que pueden ser ilegales y que van en contra de la propiedad privada y del derecho constitucional en muchos casos. En verdad, creemos que no están buscando soluciones al problemas real, sino elaborando un decreto que de nada va a servir. Somos, insisto, los primeros perjudicados por las VUT ilegales. Finalmente, también les pedimos que defiendan nuestra modalidad de alojamiento tanto como hacen con otras porque somos igual de legales e igual de necesarias. Y, sobre todo, que no nos vinculen constantemente con la palabra ilegal. Porque no es así.
P.– ¿Qué espera entonces de este decreto?
R.– No espero nada. Más problemas y más viviendas ilegales, si cabe. ¿Qué cree que va a pasar con el nuevo decreto? ¿Que de forma mágica van a desaparecer todas las viviendas ilegales? Es ridículo. Lo que hay que hacer es luchar contra los ilegales, no contra los que crean un servicio. Lamentablemente, este decreto será nada, humo.
P.– Cuando anunció la creación de este nuevo marco jurídico, la Consejera de Turismo explicó que con este decreto no solo se trata de atajar el problema de los pisos turísticos que no cumplen con la normativa o no están registrados, sino abordar también a cuántas viviendas legales se puede dar cabida. ¿Para cuántas estima que hay espacio en Cantabria?
R.– Antes de nada habría que estudiar el número total de plazas de alojamiento, independientemente del modelo. Y habrá que aplicar esa restricción a todos los modelos. Lo que es absurdo es que a unos se les dé barra libre y a las VUT se les limite su actividad. Tendremos los mismos derechos que un hotel. Además, si miramos la realidad del mercado vemos que hay más demanda de viviendas de uso turístico que de plazas hoteleras. Porque está cambiando el modo de viajar y no podemos imponer cómo hacerlo. Las alternativas existen y coexisten en todos los sectores. Lo que ocurre es que ahora las VUT han llegado al sector hotelero. Si vamos a limitar las plazas, habrá que hacerlo de forma proporcional y en todos los modelos. Pero creo que no hace falta. El problema es si Cantabria cuenta con los servicios e infraestructuras necesarias para dar un servicio de calidad al creciente número de viajeros. A lo mejor no es el momento de limitar. Como he dicho, todos los modelos de alojamiento tienen su público. La competencia es buena. Vamos a ofrecer un turismo de mayor calidad y sostenible. Porque el turismo es de todos y para todos. No solo de unos cuantos y para los que quieren viajar de una manera determinada. Porque podemos y, sobre todo, porque es el sector económico que nos mueve.
Ana González Pescador, directora del Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo (Icasst): «Las pymes son nuestro objetivo fundamental»
Cumplido el 50 aniversario de la fundación del Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo (Icasst), su directora, Ana González Pescador, repasa las funciones de la institución, sus logros y también sus objetivos a futuro.
Pregunta.- Conmemoramos este año el 50º aniversario de su apertura, pero ¿cómo funciona actualmente y en qué retos y objetivos se encuentra inmerso el Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo (Icasst)?
Respuesta.- Hoy las políticas de seguridad y salud laboral de Cantabria están encomendadas al Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo. El Icasst desarrolla funciones de promoción de la prevención, asesoramiento técnico, vigilancia, y control del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales (PRL), planificando y ejecutando planes y programas específicos diseñados para la ejecución de las políticas preventivas estableciendo líneas de fomento en materia de prevención de riesgos laborales. Además, es un órgano consultivo en cuyo seno se contiene y regula el Consejo Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es el órgano colegiado asesor de la Administración de la comunidad autónoma de Cantabria en la formulación de las políticas de PRL y el órgano de participación institucional en materia de seguridad y salud en el trabajo. Se trata de un órgano de participación tripartita y paritaria de representantes de la Administración y de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas de la comunidad autónoma. En cumplimiento de sus objetivos, acuerda las líneas estratégicas a desarrollar por la Administración en la política de protección de la seguridad y salud de los trabajadores, así como en el seguimiento de cualquiera de las políticas y acciones destinadas a promover el desarrollo de la seguridad y la salud en el trabajo.
P.- ¿Cuál es en la actualidad la estrategia cántabra de seguridad y salud en el trabajo?
R.- La actual Estrategia 2023-2028 fue aprobada por consenso en el Consejo Cántabro de Seguridad y Salud y cuenta con cinco objetivos fundamentales: mejorar la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales; gestionar los cambios derivados de las nuevas formas de organización del trabajo, la evolución demográfica y el cambio climático desde la óptica de la PRL; mejorar la gestión de la seguridad y salud laboral en las pymes mediante la integración efectiva y la formación; reforzar la protección de las personas trabajadoras en situación de mayor riesgo o vulnerabilidad, incorporando la perspectiva de género; y fortalecer la coordinación institucional ante futuras crisis.
P.- ¿En qué está trabajando el Icasst y cuáles son los principales retos que afronta para el efectivo cumplimiento de esa estrategia?
R.- Indudablemente, y así se recoge en la Estrategia 2023-2028, las pymes tienen más dificultades para aplicar una efectiva prevención de riesgos laborales. Ellas son nuestro objetivo fundamental. Para ello hemos diseñado un nuevo programa de subvenciones para el fomento de la PRL en pequeñas y medianas empresas, abierto permanentemente a través de tres líneas totalmente innovadoras de ayudas. La primera para incentivar las inversiones para la mejora de la seguridad y salud en el trabajo, a través de subvenciones que cubren gastos en nueva maquinaria y equipos de trabajo más seguros, líneas de vida, ventilación y motorización de equipos. Una segunda que persigue la mejora de la integración de la PRL, a través de subvenciones que incentivan que las pymes promuevan una mayor implicación de recursos propios frente a una excesiva o exclusiva externalización de actividades preventivas. Por último, la tercera línea de ayudas busca favorecer la protección, formación y entrenamiento de las personas trabajadoras con riesgo de exposición al amianto para garantizar su seguridad y salud y medidas de protección en general ante otros riesgos higiénicos, como ruidos, exposición a biológicos y cancerígenos etc… Estas ayudas se han publicado el 30 de abril y están en vigor desde el día 2 de mayo. Quiero animar a todas las pymes de Cantabria que tengan uno o más trabajadores a solicitarlas y poder así mejorar sus medios en el ámbito de la seguridad y salud laboral.
La directora del Icasst, en la apertura de la jornada celebrada para conmemorar el cincuentenario de la entidad, el pasado 26 de abril, junto al consejero de Industria, Eduardo Arasti, y alguno de los ponentes que intervinieron en el acto, entre ellos los exdirectores del Icasst Pedro Obregón y Alberto Cuartas.
P.- El Icasst juega también un papel como foro para el diálogo social en materia de prevención de riesgos, y también para favorecer actuaciones en esa línea por parte de sindicatos y asociaciones empresariales.
R.- Así es, y en ese marco comenzó, a finales de 2023, un nuevo programa de subvenciones dirigidas a financiar la realización de actividades en el ámbito de PRL conforme a la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en proyectos que son diseñados y ejecutados por las organizaciones empresariales y sindicales con presencia en Cantabria. En ellos se contemplan acciones de información para la difusión entre trabajadores y empresarios de los principios de acción preventiva de los riesgos laborales o de las normas concretas de aplicación de tales principios y también acciones de asistencia técnica dirigidas al estudio y resolución de problemas derivados de la aplicación práctica y material de las actuaciones preventivas. Además, y con apoyo de esta misma línea de subvenciones, está previsto realizar actuaciones de promoción del cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales para el fomenten el conocimiento y la aplicación por empresarios y trabajadores de las disposiciones en materia de PRL.
P.- El Icasst tiene encomendada la promoción de una cultura de prevención en todos los ámbitos, también en el educativo. ¿Es una labor centrada en la Formación Profesional (FP), como etapa más cercana a lo laboral?
R.- A comienzos de este año ha vuelto a reunirse la Comisión Sectorial de Educación del Consejo de Seguridad y Salud en el Trabajo. En esta comisión, que sí que está liderada por la dirección general de FP dada la importancia que tiene para sus alumnos en prácticas la formación acreditada en riesgos laborales, participan todos los agentes sociales (CCOO, UGT y CEOE) y tiene como fin mejorar la formación en el ámbito preventivo laboral entre todos los alumnos de Cantabria, en todas las etapas, desde primaria hasta la Universidad. Tal y como se recoge en la Estrategia, es fundamental acordar y coordinar entre todos la adecuada formación en prevención de riesgos a todos nuestros alumnos de Cantabria.
P.-¿Qué otras actuaciones se realizan desde el Icasst, pero no ya en el ámbito educativo sino en las propias empresas, en materia de formación y concienciación sobre PRL?
R.- En colaboración con todos los agentes e instituciones implicadas en la seguridad y salud laboral, se trabaja intensamente en la mejora de la determinación y detección de las enfermedades profesionales, en la reducción de la siniestralidad en los desplazamientos con la Dirección de Tráfico, e impartimos de forma permanente y gratuita formación online en PRL, además de llevar a cabo acciones formativas presenciales en este ámbito. También asesoramos a pymes y autónomos en prevención de riesgos laborales directamente y mediante el uso de la plataforma ‘Prevención_10’ que es una aplicación informática para realizar un diagnóstico del puesto de trabajo en materia de seguridad y salud laboral.
P.- Otra de las materias en las que el Icasst tiene las competencias es la investigación de la siniestralidad y la elaboración de estadísticas.
R.- En efecto. De forma permanente se llevan a cabo campañas de control de la siniestralidad en sectores concretos. Recientemente se han realizado en fabricación de productos metálicos e industria de la alimentación. Los resultados de ambas campañas han sido publicados en la nuestra web y difundidos en dos jornadas formativas celebradas tras su finalización. Además se investigan todos los accidentes graves y mortales y aquellos que, siendo leves, se investigan para establecer pericialmente el árbol de causas que los provocaron y las medidas correctoras a implantar que eviten que vuelvan a producirse.
P.- ¿Qué otras iniciativas concretas tienen previsto poner en marcha próximamente?
R.- Este año, con la Cátedra de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad, hemos acordado conjuntamente UC-Gobierno de Cantabria (Icasst) establecer un premio de investigación dotado con 6.500 euros al establecimiento de unas ‘clausulas tipo’ de referencia sobre seguridad y salud laboral para todos los convenios laborales de Cantabria. En estos días hemos iniciado además una campaña denominada ´Sílice cristalina respirable en actividades de fundición’ dirigida a empresas cuyo denominador común es la utilización de técnicas de fusión de metales (férricos y no férricos) por moldeo, sea esta la actividad principal de la empresa o simplemente una parte de su proceso productivo. La principal justificación de esta campaña es que se ha venido detectando un incremento de enfermedades profesionales relacionadas con el agente 4A (sílice cristalina respirable) en empresas en las que existe la técnica de fundición indicada, mientras que en otros sectores tradicionalmente afectados por este agente que ya han sido objeto de actuaciones en ejercicios anteriores, como las marmolerías, no se han detectado incrementos significativos.
P.- ¿Qué objetivos se persiguen en una campaña como esa?
R.- Fundamentalmente asesorar a las empresas para que puedan realizar una detección eficaz de los riesgos generados por la presencia de sílice cristalina respirable, concienciándolas de la necesidad de realizar evaluaciones de riesgos específicas. También asesorarlas en la implantación de una política de controles periódicos de la eficacia de las medidas preventivas y en la correcta gestión de sus obligaciones para con la declaración de las enfermedades profesionales.
Medio siglo de un cambio de paradigma en la gestión de los riesgos laborales
La conmemoración del cincuentenario del Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo da pie a echar la vista atrás hasta el que puede considerarse el momento fundacional del sistema con el que hoy tratan de minimizarse las posibilidades de sufrir accidentes y enfermedades profesionales en el desempeño del trabajo. La constitución en 1973 del Gabinete Técnico de Seguridad y Salud en el Trabajo, antecedente del actual Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo (Icasst), situó a Cantabria a la vanguardia en una materia que hasta entonces apenas había sido objeto de atención, y que tuvo en el centro construido en la santanderina avenida del Faro un modelo para los que después fueron poniéndose en marcha en el resto de España.
El vértigo del lienzo en blanco, pero también la amplitud del horizonte que se abre a la mirada de quienes tienen la oportunidad de partir de cero. Entre esos extremos tuvieron que moverse todos cuantos tuvieron alguna intervención en la puesta en marcha del Gabinete Técnico de Seguridad y Salud en el Trabajo de Santander, un organismo nacido en el marco del plan nacional aprobado en 1971 por el Gobierno de entonces y que suponía –como la propia ley que lo hizo posible– el primer intento de enfrentarse a los riesgos laborales con algo más que el mayor o menor empeño que en ello pusieran empresas y trabajadores. La celebración este pasado 26 de abril del cincuentenario del Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo (Icasst, el organismo que tiene ahí su antecedente) da la oportunidad de repasar la afortunada conjunción de circunstancias y voluntades que hizo posible que en la capital de la entonces provincia de Santander se dieran los pasos iniciales de un modelo en la gestión de los riesgos y enfermedades en el trabajo más cercano al actual de lo que puede llevar a pensar el tiempo pasado desde entonces.
Es obligado hacer un apunte sobre las fechas que propician el aniversario, y que coinciden solo en parte con las que dan cuenta de la historia del organismo en el que hay que buscar el origen de lo que hoy es el Icasst. Quien fuera el primer director del Gabinete Técnico de Seguridad y Salud en el Trabajo, Alberto Cuartas, recuerda que este comenzó a trabajar como tal bastante antes de que se inaugurara en octubre de 1973 el edificio de Mutua Montañesa en la avenida del Faro, de Santander, el acontecimiento que propicia la efeméride del cincuentenario.
La mención a la mutua y a su sede, en principio ajenas ambas tanto a lo que fue el Gabinete Técnico de Seguridad y Salud en el Trabajo como a lo que hoy es el Icasst, revela alguna de las claves que explican que una provincia que no contaba entonces con mucho mayor peso del que hoy tiene Cantabria pasase a contar con unas instalaciones que no solo fueron las primeras de esa naturaleza habilitadas en España, sino que se convirtieron en el modelo de las que después fueron abriéndose en el resto del territorio. Antes de que se aprobara en 1971 el Plan Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo, explica Alberto Cuartas, todo lo que se hacía en esta materia dependía de la labor de las pocas empresas que contaban con servicio médico –solo las de más de 1.000 trabajadores tenían la obligación de tener un facultativo a tiempo completo– de los poquísimos servicios técnicos existentes –también limitados a las empresas de mayor tamaño– y de la inspección de trabajo, que sumaba esa a sus muchas otras funciones, y siempre desde un punto de vista de control y sanción de los incumplimientos normativos, no de prevención.
A esto hay que añadir a algunas mutuas que, por propia iniciativa, habían decidido poner en marcha un servicio de prevención para asesorar a sus empresas. Una de las que lo hizo, en 1970, fue Mutua Montañesa. “Para ello deciden contratar a un ingeniero industrial que acababa de terminar la carrera en Bilbao: a mí”, recuerda Cuartas.
La inauguración del centro de rehabilitación de Mutua Montañesa y del Gabinete Técnico de Seguridad y Salud en el Trabajo, recogida por El Diario Montañés del 9 de octubre de 1971.
Primeros pasos de un proyecto ilusionante
En esas funciones estaba cuando en 1971 se aprueba el Plan Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, que preveía la construcción de una red de gabinetes técnicos provinciales, dirigidos cada uno de ellos por un jefe a designar desde Madrid por el responsable del programa, el doctor José González de la Puerta. Para divulgar los contenidos y actuaciones previstas en esta iniciativa, González de la Puerta se desplazó a Santander a pronunciar una conferencia invitado por la Cámara de Comercio, un viaje que aprovecha para visitar las obras del edificio de Mutua Montañesa, con Alberto Cuartas como guía.
De ese contacto, que bien puede calificarse de fortuito, nace una propuesta que Alberto Cuartas solo aceptó tras contar para ello con el beneplácito de quienes hasta entonces eran sus jefes: la de dirigir el futuro Gabinete Provincial de Seguridad y Salud en el Trabajo de Santander. Es ahí donde arranca la conexión entre dos organismos –el gabinete técnico y la propia mutua– sin ninguna relación orgánica entre ellos pero que, al menos en lo tocante a Cantabria, iban a quedar así definitivamente emparentados. Porque los vínculos entre Cuartas, sus nuevos cometidos y su antiguo trabajo iban a hacer posible el que finalmente se convertirá en principal elemento diferenciador del organismo que estaba dando sus primeros pasos: las instalaciones que en una parte del edificio de la Avenida del Faro acogerían a partir de 1973 el Centro de Higiene y Seguridad en el Trabajo, y que son las mismas donde hoy mantiene su sede el Icasst.
Los meses que pasan desde el nombramiento de Cuartas hasta la inauguración del centro son el tiempo en que se vive más intensamente aquello del lienzo en blanco y el partir de cero: el diseño de las instalaciones, su equipamiento, la contratación del personal, el esbozo de las funciones y competencias de cada cual y, en suma, el trazo de un camino todavía por recorrer.
En el relato de Alberto Cuartas abundan las anécdotas sobre aquella etapa, algunas muy significativas sobre lo novedoso de lo que estaba haciéndose, como las consultas, sugerencias e ideas que dieron lugar al diseño del primer sistema que permitió realizar audiometrías simultáneas a varias personas, un enorme salto adelante para evitar colapsos a la hora de hacer los reconocimientos médicos. O la ayuda prestada por el doctor Manuel Arroyo, ya por entonces un químico de prestigio, para el diseño de los laboratorios del centro y para dotarles de profesionales.
Los laboratorios y la sala de audiometrías eran dotaciones clave para realizar dos de las funciones que tenía encomendadas el centro en construcción: realizar los análisis ambientales que fueran necesarios para detectar y corregir los problemas que pudieran detectarse en los centros de trabajo dentro de ese ámbito, y hacer los reconocimientos médicos a trabajadores de las pequeñas y medianas empresas, que como hoy eran mayoría dentro del conjunto de la fuerza laboral, pero que no tenían acceso a ese servicio, que solo realizaban las grandes compañías obligadas a contar con servicio médico.
El doctor Manuel Arroyo colaboró en el diseño de los laboratorios del centro. Foto: Icasst.
Referencia para todo el país
El papel pionero que iba a tener el centro del Faro, consecuencia tanto de la libertad con la que pudieron trabajar los encargados de su diseño y puesta en marcha como de las posibilidades que brindó el poder contar con un espacio como el facilitado por Mutua Montañesa, dio lugar a que las de Cantabria fueran el espejo en que se miraban las instalaciones que en los años siguientes fueron constituyendo la red prevista en el Plan Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo. Felizmente, y como sucede en otro ámbito sanitario con el Hospital Marqués de Valdecilla, Cantabria había pasado a contar con una dotación que excedía con mucho lo que correspondería al tamaño de la provincia, a su peso económico o al número de empresas y trabajadores a los que se daba cobertura.
Desde aquellos momentos doblemente fundacionales –por lo que suponía organizar un centro completamente nuevo, y también por la entrada en vigor de una normativa que regulaba una materia que hasta entonces había quedado fuera del foco normativo– el marco legal de la prevención de riesgos laborales ha registrado una enorme transformación, aunque siempre avanzando en una dirección que en buena medida ya se apuntaba en el plan de los años setenta del pasado siglo. A aquel documento que venía a poner el acento en el fomento de una cultura preventiva, y no en la reacción ante el hecho consumado del accidente, le siguió en 1995 la primera ley española específicamente dirigida a regular la prevención de riesgos laborales, en 1995, en la que se establecían estructuras organizativas, funciones, procedimientos y recursos para su aplicación. En ese nuevo escenario encajó sin mayor dificultad el que fuera Centro de Higiene y Salud en el Trabajo, convertido ya en Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo.
A Alberto Cuartas, director hasta 1986, le siguieron en el cargo Pedro Obregón, Amalio Sánchez, Álvaro Plaza y Ana González Pescador, actual directora. Pero más allá de a quién cupiera en cada momento esa responsabilidad, los objetivos del organismo apenas han cambiado desde sus orígenes: promover la prevención de riesgos laborales y la mejora de las condiciones en las que desempeñan su labor los trabajadores de Cantabria. Para el cumplimiento de esos fines siguen realizándose labores de asesoramiento técnico y de promoción de la cultura preventiva y se imparten cursos de formación. El Icasst, y esto sí que marca distancias con la entidad en la que el instituto tuvo su origen, es también hoy el foro en el que a través del diálogo social se definen las estrategias de seguridad y salud en el trabajo, con la aportación de representantes de los sindicatos, la patronal y la propia Administración.
La elaboración de estadísticas y estudios convierte, hoy como ayer, la relación de tareas del Icasst en una labor que pone cifras al enorme salto que se ha dado en materia de prevención de riesgos laborales en el medio siglo pasado desde que se pusiera en marcha el antiguo gabinete técnico: en 1973, cuando echó a andar el nuevo organismo, se producían en Cantabria casi 20.000 accidentes por cada 100.000 trabajadores; el año pasado fueron poco más de 6.000. En esa evolución se resume buena parte del camino recorrido en ese tiempo.
Fortexval, un nuevo modelo para la explotación de un bosque
El consorcio Fortexval, que aúna la participación de centros tecnológicos y entidades dedicadas a recuperar formas tradicionales de trabajar en el campo, ha dado forma a un proyecto que busca impulsar el aprovechamiento forestal con la sostenibilidad como eje. Con un presupuesto de 619.000 euros y la Reserva del Saja como escenario, la iniciativa podría dar lugar a una industria transformadora de la materia prima extraída del monte, y generar hasta 300 empleos.
José Ramón Esquiaga | @josesquiaga | Junio 2024
En una región en la que es lugar común hablar de la riqueza desaprovechada del bosque, la presentación de cualquier iniciativa en este campo se recibe con una mezcla de expectación y escepticismo, alimentada la una con un potencial económico que pocos discuten y, la otra, por los discretos resultados alcanzados hasta ahora por cualquier antecedente que se contemple. El consorcio Fortexval, presentado en Ruente el pasado 9 de abril, viene a sumarse a los planes diseñados para sacar partido de la superficie forestal de Cantabria, un 70% del territorio de la región cuyo aprovechamiento se considera vital tanto en términos económicos como atendiendo a criterios de sostenibilidad o sociales, por su capacidad para fijar población en áreas rurales. De hecho, habría que buscar en el alineamiento con esos objetivos, y en una inédita conjunción de tecnología y tradición, las principales novedades del proyecto, que ha contado con ayudas europeas para su puesta en marcha.
El consorcio responsable de gestionar Fortexval está formado por la Mancomunidad de la Reserva del Saja, el Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG) y el Centro Tecnológico CTC, de Cantabria, en una combinación que puede sorprender por lo dispar de sus componentes y que, en lo tocante a la hibridación entre innovación y usos tradicionales, lo hace aún mas si tenemos en cuenta la colaboración activa en el proyecto de la Asociación Nacional de Tracción Animal y de la Asociación de Criadores de Ganado Equino Hispano Bretón de Cantabria. Lo cierto es que es precisamente en esa característica donde se asientan buena parte de las claves que pueden diferenciar a esta iniciativa de otras que hayan podido ponerse en marcha anteriormente con objetivos similares.
El proyecto Fortexval, según los objetivos explicados durante su presentación, plantea el desarrollo de un modelo de gestión forestal innovador que garantice la resiliencia de los bosques frente a posibles riesgos naturales, facilite la fijación de población y sea generador de empleo verde en las zonas rurales. Para ello, explican sus promotores, se propone un modelo alternativo de gestión que permita optimizar los recursos propios de cada zona forestal, actuando tanto en lo relacionado con la labor en el monte como en la generación de un producto que permita rentabilizar esa gestión de los montes. Con un presupuesto de 619.120 euros y un plazo de ejecución de 17 meses, el proyecto tendrá su área de ejecución en el territorio de la Mancomunidad de la Reserva del Saja.
Representantes de las instituciones que conforman el proyecto, como el Gobierno de Cantabria, la Mancomunidad de la Reserva del Saja, el Centro Tecnológico de Automoción de Galicia y el Centro Tecnológico CTC. Foto: Gobierno de Cantabria.
Extracción y valorización de materiales
En síntesis, la propuesta de Fortexval contempla el uso técnicas de tracción animal para reducir el impacto ambiental durante la recogida de materiales en el monte para después, y a partir de la materia prima de menos valor entre las así obtenidas, producir biochar, un carbón vegetal con múltiples propiedades y numerosas aplicaciones. De alcanzar los resultados esperados y dar el salto al nivel industrial, apuntan sus responsables, el proyecto podría generar 300 nuevos empleos tanto para realizar labores de gestión forestal como para participar en la generación de productos valorizados.
La implementación de actuaciones sostenibles para la extracción de recursos agroforestales es la primera fase de esta iniciativa. Con el uso de técnicas de tracción animal en lugar de maquinaria de tracción mecánica se busca eliminar de la ecuación un elemento de alto impacto sobre el terreno y la biodiversidad. Optar por los caballos para acometer este tipo de trabajos supondría además, según destacan los promotores de la iniciativa, recuperar una técnica ancestral propia de la zona de Cabuérniga y muy arraigada entre sus habitantes. Este elemento tradicional, con menos huella de carbono que la tracción mecánica y una menor degradación de suelo y pérdida de biodiversidad, se combina con el uso de equipos de última tecnología para el tratamiento de recursos forestales, en una hibridación de lo viejo y lo nuevo que es una constante en el planteamiento de esta iniciativa.
La producción de biochar, para la que se utilizarán matorrales, astillas y otros elementos de escaso valor, se realizará calentando la biomasa en un entorno de bajo contenido de oxígeno a través de un proceso de pirólisis. El producto resultante es rico en carbono y tiene un inmenso potencial de desarrollo tanto para cerrar el ciclo de los residuos orgánicos, como para incrementar el rendimiento de los cultivos o revitalizar el terreno. Entre los beneficios atmosféricos, destacan los promotores de Fortexval, el biochar reduce las emisiones de metano, los malos olores y facilita la captura de carbono. En relación con el sustrato, multiplicaría la fertilidad del suelo y frenaría la pérdida de nutrientes. De hecho, y como parte el proyecto, con el biochar así producido se experimentará también para mejorar espacios agroganaderos en terrenos de la Mancomunidad Reserva del Saja.
Investigación de propiedades y usos
El componente experimental de Fortexval se concreta también en la realización de un estudio para validar la capacidad del biochar para almacenar agua –una característica de interés frente a episodios de sequía provocados por el cambio climático–, la liberación progresiva de nutrientes y la captura de contaminantes en el suelo. A esta labor de investigación sobre las propiedades de este material, una de las áreas de conocimiento en las que destaca especialmente el Centro Tecnológico CTC, se suma la que se realizará para valorar las posibilidades de uso de biomasa de baja densidad como carga en la formulación de componentes termoplásticos para automoción con alto contenido en fibra natural, para lo que será fundamental la aportación del otro centro tecnológico que participa en el proyecto, el gallego CTAG.
Al potencial desarrollo y posibilidades económicas que puedan adjudicarse al proyecto, este une su alineamiento con varios de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, argumentos que por lo pronto le han valido el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a través de fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea.
Quima Studio: recuerdos de Cantabria en estilo ‘vintage’
Con dos años y medio de recorrido, el estudio creativo Quima Studio continúa convirtiendo paisajes y escenas cotidianas de Cantabria en coloridas ilustraciones de estilo retro en forma de láminas, postales, imanes o calcetines. Un negocio que llevan solo dos personas, que se complementa con encargos de diseño para empresas e instituciones y que afronta el comienzo del buen tiempo, su época de mayores ventas, con una tienda física en una céntrica calle de Santander.
Francisco Rouco | Junio 2024
Una buceadora frente a la Isla de Mouro. Un ciclista de camino a coronar Peña Cabarga. El Hombre Pez que observa el puente de Liérganes. La vista desde un arco de la Plaza Roja, en Torrelavega. Estas son algunas de las 24 ilustraciones de estilo ‘vintage’ o retro creadas por Quima Studio, el estudio de diseño de Lara Samperio y Marie Miqueu fundado en las Navidades de 2021 y cuyo estilo visual, de línea clara y colores alegres, resulta muy reconocible. “Nos inspiramos en los sitios turísticos de las Landas y el País Vasco francés, que están inundados de pósteres que imitan los carteles de principios del siglo XX. Como nos gustó mucho el concepto, quisimos probar lo mismo aquí, en Cantabria”, explica Lara, encargada de los diseños. Con esas primeras ilustraciones empezaron a recorrer ferias y mercados en toda la región.
Poco tiempo después, a las láminas se sumaron postales, tazas, bolsas de tela, calendarios, sudaderas y calcetines. “Empezamos a tener tantas cosas que en los mercados no nos entraba todo en el puesto, y en las tiendas que vendían cosas nuestras las tenían en un rincón y no lo ponían a nuestro gusto. Necesitábamos un espacio para enseñar todo lo que estábamos creando”, recuerda Marie, que lleva la gestión del negocio. Así que en junio de 2023 abrieron una tienda física en la calle Hernán Cortés, 30, en Santander. Su intención era tenerla lista de cara a la temporada de verano, ya que preveían que su propuesta tendría buena acogida entre los turistas. Y así fue, aunque con sorpresa. “Contrariamente a lo que se puede pensar, la mayoría de nuestros clientes son de aquí. Los turistas te compran una postal o un imán, pero quien se lleva el cuadro grande y enmarcado es alguien de aquí que normalmente vive fuera y quiere tener la imagen para recordarla”, explica Marie.
Tras un verano de 2023 en positivo, los meses de octubre y noviembre registraron un descenso de la actividad, si bien la situación volvió a cambiar en diciembre. Quima Studio fue reconocido con el Premio Santander Comercio Innovador, otorgado por el ayuntamiento de la capital y dotado con una campaña publicitaria en las marquesinas de las paradas del autobús, en vídeos del TUS y en las redes sociales de Comercio Santander. “Aunque el premio no sea económico, ayuda por la visibilidad, porque ese dinero que tendríamos que poner en publicidad se nos iría, y esto es un empujón”, reconoce Lara. A esta publicidad –en activo mientras se redacta este artículo, a finales de abril– se sumó un fenómeno inesperado en las redes sociales: los calcetines con motivos cántabros se volvieron especialmente populares como regalo navideño y para el ‘amigo invisible’. “Tuvimos a mucha gente que venía a la tienda preguntando por los calcetines de tudancas o raqueros, calcetines que ni siquiera habían visto cómo eran, y rápidamente nos quedamos sin ellos”, explica Marie, que reconoce que el éxito del producto les pilló por sorpresa, un “error por ser novatas”.
Quima Studio diseña y comercializa un amplísimo catálogo que incluye prendas de vestir, bolsas, carteles o postales. Foto: Nacho Cubero.
Un negocio a cuatro manos
Además de crear y vender las ilustraciones y los complementos, Quima también es un estudio de diseño para empresas e instituciones públicas. Suyos son los carteles del I Torneo de palas cántabras, en Miengo, o los del Circuito Internacional del Cantábrico de rugby playa, además de otros encargos para el Espacio Joven de Santander, el Año Jubilar Lebaniego o la ingeniería cántabra Arenas & Asociados, para cuyo 25 aniversario encargó a Quima que diseñara un calendario conmemorativo con algunos de sus puentes. “Tenemos nuestro porfolio con varios estilos, pero siempre nos piden el mismo. Quieren lo que hacemos en la tienda, pero para su empresa”, afirma Lara.
Quima Studio depende exclusivamente de Marie y de Lara. Marie, que estudió Ciencias Políticas en Toulouse y tiene un máster en gestión de empresas culturales, se encarga del marketing, de la relación con proveedores, de la comunicación y de las redes sociales del estudio. “No es exactamente lo mismo que gestionar un proyecto cultural, aunque al final se parece, pero con el aspecto de que es totalmente nuestro, una página en blanco que podemos rellenar como queramos. Hoy podemos pensar en una nueva línea de calcetines, la semana que viene, en una nueva lámina. No tenemos que ir a alguien y decirle cómo queremos las cosas, las ponemos como queremos nosotras. Y eso da mucho gusto”, explica.
Si la gestión del negocio depende de Marie y la elaboración de los diseños, de Lara, ingeniera de telecomunicaciones reconvertida a diseñadora e ilustradora, escoger las ideas es una tarea compartida entre las dos. “Pensamos en escenas cotidianas, en qué hace la gente, qué hago yo –explica Lara–. Pues, por ejemplo, me voy al ‘Sardi’ y paseo hasta Piquío, toco la ‘piedra’ y vuelvo”. “O la gente que sube a la Picota con su perro –añade Marie–, o a Cabo Mayor con la moto. Son historias que te cuenta la gente de aquí y que se siente representada cuando las ve”.
Lara Samperio trabajando en el ordenador. Foto: Nacho Cubero.
Con 24 ilustraciones a la venta, además de otros tantos diseños nuevos para calcetines y complementos, el proceso de trabajo ha cambiado en los últimos meses. “En las primeras láminas buscábamos imágenes muy cotidianas, ahora tenemos que rebuscar más, darle esa vuelta de tuerca a la típica imagen desde el mismo sitio”, explica Lara. “Por ejemplo, con Peña Cabarga, que no es la típica foto que encuentras en Internet, sino un sitio concreto: el lugar donde me coloco yo cuando pasa la Vuelta y quiero ver a los ciclistas, porque esa zona se llena de gente y en esa curva, que hay pendiente, es de los pocos sitios donde puedes ver algo. Ese es exactamente el lugar que aparece en la ilustración, con el ‘pirulí’ detrás”.
La diseñadora explica que muchas veces lleva más tiempo pensar en la idea que convertirla en una ilustración, un proceso que realiza casi siempre desde el ordenador. “A veces lo hago a lápiz pero me es más fácil con el ordenador, porque puedo añadir elementos y cambiarlos de sitio. La gente nos pregunta si son fotos a las que luego aplicamos filtros. No, son ilustraciones. Imito el estilo de los carteles ‘vintage’, pero los modernizo con colores degradados y detalles que solo se ven en los formatos más grandes. Por eso agradecemos cuando la gente nos compra el cuadro en vez de la postal”, subraya la diseñadora entre risas.
Nuevos proyectos y futuro
Los próximos pasos de Quima Studio pasan por potenciar los encargos de diseño para empresas, multiplicar el alcance de la web –“sobre todo nos visita gente de Cantabria”, dice Marie– y por seguir ampliando el catálogo de ilustraciones. La última en llegar fue la Grúa de piedra, de Santander, que surgió por demanda popular. “La gente nos dice que nos faltan sitios y nos los piden, especialmente sitios de interior”, afirma Lara, que añade que no es que los tengan “abandonados, es que cuesta”. A la ilustración de la Picota hace tiempo que tendría que acompañarla otra sobre los valles pasiegos, pero dos bocetos y varios meses de trabajo después, aún no les convence. “Miras la ilustración y sabes que esta terminada, pero en este caso la miro y no lo veo. Tenemos que darle más vueltas”.
Además de seguir creando ilustraciones de la región, en Quima se plantean ampliar las fronteras. “Vamos a sacar láminas de nuestros vecinos de País Vasco y Asturias. No tenemos esa cosa de vivir allí como nos sucede con Cantabria, pero estamos hablando con amigos y visitando sitios. Ya hemos estado dos veces en Gaztelugache y estamos mirando en Bilbao también. De momento tenemos bastante gente conocida que vive allí y es más fácil, pero si queremos ampliar aún más, tendremos que hacer algún viaje”, explica Lara.
En cuanto al negocio, aspiran a mejorar los resultados del año pasado, que alcanzaron los 60.000 euros, de los cuales el 40% correspondió a la tienda. “Nos da para cubrir sueldos y el alquiler, pero es un negocio muy estacional, que depende mucho del verano. Los encargos de diseño nos sirven para equilibrar la época de menos ventas de la tienda”, explica Marie, que destaca que, pese al ‘boom’ navideño de los calcetines, van poco a poco. “De momento seguimos descubriendo cosas y analizándolas más que sacando conclusiones. Veremos”.
Incentro, un modelo reconocido de gestión de personas
La consultora tecnológica de origen neerlandés, que tiene dos oficinas en Santander, obtuvo el año pasado varios reconocimientos por la forma en que gestiona su equipo. La transparencia, la jerarquía plana, el compromiso, un modelo híbrido flexible de presencialidad y “hacerlo personal” son las claves del éxito, señalan desde la consultora, que el año pasado facturó 6 millones de euros y cuenta con 80 personas en platilla en toda España.
Francisco Rouco | Mayo 2024
Si la empresa tradicional se sustenta sobre pilares como una jerarquía definida de la organización, la concentración en pocas sedes y la división de los equipos por especialidades, por citar algunos rasgos, cada vez son más las compañías, ‘startups’ mayormente, que apuestan por lo contrario: jerarquía minimizada, dispersión de las sedes (y de los propios empleados) y equipos compuestos por especialistas, sí, pero procedentes de distintas áreas de la empresa. Una de las compañías que practica este modelo de gestión de personas es la consultora tecnológica Incentro, especializada en desarrollos online y soluciones empresariales para la transformación digital. Y no es precisamente una recién llegada.
Incentro nació en Países Bajos en 1996 y aterrizó en España en 2010, en Santander, como una filial que complementaba el servicio de soporte informático que se hacía desde las oficinas neerlandesas. Hoy son tres las sedes que Incentro tiene en España: dos en Santander y una oficina comercial en Madrid, con 80 personas repartidas entre las tres localizaciones. En total, la compañía reúne a más de 500 personas en 14 oficinas: siete en Países Bajos, las tres en España y cuatro más en Kenia, Ruanda, Sudáfrica y, desde el año pasado, Indonesia.
“Empezamos como oficina de soporte para los clientes holandeses y lo mantenemos, porque esto nos permite trabajar con diversas tecnologías y ganar distintos ‘expertise’ [especializaciones]”, explica Ricardo Gala, director general de Incentro. “Creo que Países Bajos funciona como una bola de cristal, y lo que pasa ahora allí llegará en ocho años a España. Así que usamos este ‘know how’ [conocimiento] para ayudar al tejido empresarial español, donde hemos empezado a colaborar con empresas tractoras desde hace dos años”.
Ricardo Gala, director general de Incentro. Foto: Nacho Cubero.
Continua evolución
El modelo de negocio de Incentro está dividido en dos ramas. La primera se centra en el comercio online, e incluye la infraestructura tecnológica de la plataforma de venta y la experiencia de usuario (comúnmente conocida en el sector como ‘user experience’ o UX). La otra rama de negocio está más alejada del consumidor final y tiene que ver con las entrañas de las compañías: utilizar la transformación digital para mejorar sus procesos internos y reducir así los costes y optimizar los recursos. Para ello, Incentro se rodea de varias empresas colaboradoras como: Google Cloud, la división de almacenamiento en la nube del gigante estadounidense; Mendix, una tecnología para desarrollar ‘apps’ a partir de interfaces visuales intuitivas en vez del clásico código; o Alfresco, la plataforma de gestión de información (una de sus aplicaciones más conocidas es la revisión automatizada de currículos).
Entre los clientes españoles de Incentro figuran Alohas, Attraction Catamarans, Farma2Go, Imagina, ORAN Auto o Portio, que se suman a HelloFresh, Siemens, Swiftair, Wolters Kluwer o la lotería nacional de Reino Unido, entre otros clientes internacionales.
“Tenemos clientes con proyectos que iniciamos y finalizamos, pero lo que más hacemos es una combinación de desarrollo de nuevos proyectos y mantenimiento. Queremos evolucionar, nunca quedarnos quietos”, explica Ricardo.
Una de las salas de reuniones de Incentro. Foto: Nacho Cubero.
Esta idea del continuo movimiento está arraigada también en la forma en que Incentro ha ido creciendo a lo largo del tiempo. “Seguimos el modelo de células de Eckart Wintzen, que consiste en que, cuando una oficina llega a 60 personas, hacemos ‘split’ [división], como la mitosis de una célula, y abrimos una nueva oficina o célula. Así mantienes la identidad de esa oficina, que puede estar especializada en ‘ecommerce’, UX, transformación o trabajar con un ‘partner’ concreto, y creas una nueva célula con nuevas oportunidades de crecimiento y equipo directivo nuevo. Además, con este modelo evitas el ‘middle management’ [mandos intermedios] y las jerarquías”, explica el director general de Incentro.
Mediante este sistema, cada oficina funciona como una empresa autónoma, con sus propias cuentas de ganancias, resultados y KPI (indicadores clave de rendimiento, por sus siglas en inglés). “Hay una célula madre, que es el ‘board’ [panel], que está formada por el resto de los directores de todas las oficinas. Todos los meses nos reunimos y vemos cómo están yendo los KPI, y, cada tres meses, nos juntamos en la ‘leadership session’, donde vamos definiendo la dirección de la empresa como organización”.
Flexibilidad y compromiso
“La oficina abre 24/7 y nuestro modelo de presencialidad es híbrido flexible. No hay nadie detrás diciendo lo que tienes que hacer, sino que cada uno es responsable de lo suyo, lo que da flexibilidad y refuerza el compromiso”, explica Ricardo Gala. El único requisito, además de realizar los trabajos en fecha, es mantener a alguien de guardia el tiempo que dura la ventana de atención para clientes, que es de 9 a 17 horas.
Tampoco hay despachos, sino que toda la actividad se desarrolla entre salas de reuniones acristaladas y un amplio espacio diáfano con mesas corridas. Esta disposición física ahonda en la idea de la horizontalidad y también de la transparencia. “En las ‘business meetings’ [reuniones de negocio] mensuales estamos todos y compartimos los resultados, hablamos de las inversiones de la oficina, de facturación y de los gastos del mes, y tocamos cualquier tema en concreto. Fomentamos que la gente hable”, recalca el director general de Incentro.
La comunicación entre las personas que forman parte de la organización es esencial y un elemento de cohesión entre los equipos: “Para nosotros es fundamental el ‘feedback’ [comentario o valoración personal]. ¿Qué mayor compromiso hay que querer compartir tu ‘feedback’ con la empresa para mejorar? Y luego hay que predicar con el ejemplo: tener en cuenta ese ‘feedback’ y aplicarlo, lo que refuerza a su vez el compromiso”, explica Gala, que subraya que “cuando formas parte de algo donde tienes capacidad de decisión y de participación, lo asumes como algo tuyo, y el proyecto se convierte en el de todos”.
Cultura de empresa reconocida
Desde 2012, la cultura de trabajo de Incentro ha contado con el certificado Great Place To Work ininterrumpidamente. Este certificado, que expide la consultora especializada en recursos humanos del mismo nombre –llamada en España Instituto GPTW España SL–, supone un ‘reconocimiento a la excelencia en el cuidado de las personas y en el cuidado de los resultados’, según la propia la consultora.
Además de otorgar el certificado, GPTW realiza todos los años varios rankings para destacar aquellas empresas más comprometidas con lo que la consultora entiende por el ‘mejor lugar para trabajar’. En 2023, Incentro obtuvo la posición 48ª en la lista de las 150 mejores empresas para trabajar en Europa y la 2ª en la categoría de empresas españolas de 50 a 100 empleados por segundo año consecutivo. Además, también en 2023, fue reconocida por CEOE-Cepyme Cantabria con el premio Fomento de la Calidad en el Empleo.
El equipo de profesionales que trabaja en la sede de Incentro en el Zoco. Foto: Nacho Cubero.
Para Ricardo Gala, director general de Incentro, estos reconocimientos subrayan el esfuerzo de la compañía por mantener una cultura de la organización donde el activo más importante son las personas. Y señala una clave: “Lo hacemos todo muy personal. Uno de nuestros valores es la camaradería, somos una gran familia, no es solo que vengas, trabajes y te vayas, sino que buscamos diferentes formas de crear relaciones personales que van más allá del negocio y del día a día. Tratamos de conocernos como personas”.
Los reconocimientos a la cultura de la organización de Incentro culminaron un 2023 en positivo también para su negocio. El grupo facturó 61 millones de euros en todo el mundo, de los cuales aproximadamente 6 millones se produjeron en las células españolas. Las previsiones para 2024 pasan por incrementar esas cifras y el equipo en un 10 %.
Sociedades laborales: la alternativa desconocida
De entre todos los formatos de lo que se conoce como economía social, las sociedades laborales son por su regulación y condiciones la opción más próxima a la tipología de empresa convencional, pero son un modelo apenas utilizado por los emprendedores al elegir la forma jurídica de su proyecto. Quienes representan a este colectivo empresarial y quienes han optado por esta fórmula creen que el desconocimiento explica el poco uso que se da a una fórmula a la que ven más ventajas que inconvenientes. De las 769 sociedades mercantiles creadas en Cantabria en 2023, solo ocho fueron sociedades laborales.
José Ramón Esquiaga | @josesquiaga | Mayo 2024
Cooperativas y sociedades laborales tienen en común el contar con mención en la vigente Constitución, más expresa si se quiere en el caso de las primeras –”Los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas”–, pero igualmente inequívoca en las segundas, que ofrecen la fórmula jurídica más ajustada para cumplir el mandato con el que se completa ese artículo 129.2 de la Carta Magna: “También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción”.
La segunda referencia constitucional supone un incuestionable privilegio reglamentario que, en cambio, no tiene un reflejo apreciable en la práctica: las cooperativas tienen un peso relevante en algunos ámbitos, pero muy limitado en otros, en tanto que las sociedades laborales, una forma jurídica equiparable en casi todo a la de cualquier otra sociedad mercantil, apenas es utilizada para dar soporte a las iniciativas empresariales. Pueden verse ahí las huellas de un incumplimiento del imperativo constitucional, pero también las consecuencias del escaso conocimiento que existe sobre unas figuras legales que, como todas, tienen ventajas e inconvenientes que pueden no hacerlas adecuadas para todos los casos pero que también, y esta sería ya una característica singular a valorar, difumina las tradicionales fronteras entre el empresario y el trabajador.
Durante el año pasado se constituyeron en Cantabria ocho sociedades laborales, una cifra muy pequeña desde cualquier punto de vista que se la considere, y que está en línea con los datos de los ejercicios inmediatamente anteriores. De acuerdo a lo contabilizado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, en 2022 fueron siete las sociedades de este tipo constituidas, 11 en 2021 y 9 en cada uno de los cuatro ejercicios previos, con excepción de 2018, en que la cifra se quedó en ocho. Para encontrar datos significativamente mayores hay que remontarse hasta los años anteriores y posteriores al cambio de siglo, cuando reiteradamente se superaba la veintena, con el significativo caso, por excepcional, de 2001, en el que se llegó a las 45. Fueron aquellos unos años en los que era relativamente habitual que los trabajadores se hicieran cargo de empresas en crisis, o que pusieran en marcha proyectos propios capitalizando sus prestaciones por desempleo, una opción a la que por entonces solo podía recurrirse si la empresa resultante tenía esa forma jurídica.
Requisitos
Las sociedades laborales, ya sean anónimas o limitadas, son equiparables en prácticamente todo a cualquier otra mercantil, una cercanía que es algo menor en el caso de las cooperativas. A diferencia de estas, se rigen por una normativa estatal común a todo el territorio, de acuerdo a la cual para constituirse como sociedad laboral es obligado contar como mínimo con tres socios (aunque puede nacer con solo dos, siempre que incorporen a un tercero antes de 36 meses), ninguno de los cuales puede contar con más de un tercio del capital de la empresa.
En lo que probablemente es su principal elemento distintivo, la mayoría de las participaciones tiene que tener como propietarios a quienes trabajan en la empresa. Igualmente, esta figura empresarial persigue promover la participación de los trabajadores en la propiedad, por lo que establece que la mayor parte de quienes forman la plantilla sean también socios propietarios, según una fórmula que tiene en cuenta las horas trabajadas: las realizadas por trabajadores contratados por tiempo indefinido que no sean socios no podrá superar el 49% del cómputo global de horas-año trabajadas en la sociedad laboral por el conjunto de los socios trabajadores.
Cumpliendo esas premisas, las sociedades laborales pueden tener socios no trabajadores, como cualquier otra empresa, y también al igual que estas pueden obtener beneficios y repartirlos entre sus socios, aunque con la obligación legal de contar con una reserva especial a la que debe dotarse con el 10% del beneficio hasta que se alcance una cifra superior al doble del capital social.
La contrapartida a todas estas condiciones, que alguien podría interpretar como limitaciones, estaría en otras que casi cualquiera puede considerar ventajas: las sociedades laborales cuentan con exenciones fiscales en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en tanto que sus administradores, a diferencia de lo que sucede en una sociedad mercantil de otro tipo, pueden cotizar en el régimen general de la Seguridad Social como cualquier otro asalariado. Además, y cuanto menos en el caso de Cantabria, cuentan con una línea de ayudas específica.
Eduardo Bra, presidente de la Asociación de Cooperativas y Sociedades Laborales de Cantabria (ACEL). Foto: Nacho Cubero.
Al balanceo entre pros y contras que puede derivarse de esas disposiciones se unen cuestiones quizá más complejas de valorar, pero que forman parte del argumentario de quienes representan o intentan promocionar este tipo de empresas, encuadradas en lo que se conoce como economía social: un mayor arraigo con el entorno, una mejor capacidad para generar compromiso del trabajador con el proyecto y, en último término, una especial fortaleza para hacer frente a situaciones de crisis. Lo cierto es que, en cualquier caso y a la vista de las cifras, de todo ello no parece resultar una mayor inclinación a utilizar esta fórmula jurídica para dar soporte a una iniciativa empresarial.
En su valoración de los datos, Eduardo Bra, presidente de la Asociación de Cooperativas y Sociedades Laborales de Cantabria (ACEL), prefiere poner el acento en el número de sociedades laborales que consiguen consolidar su actividad antes que en cuántas se constituyen cada año, un dato este último del que tampoco hace una lectura especialmente negativa: “En los últimos diez años se han creado muchas más sociedades laborales y cooperativas que anteriormente, pasando de constituirse entre 2 y 5 sociedades laborales al año hasta una media de 10”.
Con todo, el presidente de ACEL admite que existe poco conocimiento sobre esta figura jurídica, algo que achaca tanto al propio ámbito en el que emprendedores y empresarios toman las decisiones –”Siendo críticos con nosotros mismos, quizás no conseguimos hacer la suficiente difusión entre aquellos prescriptores que organizan la creación de empresas: asesorías, gestorías…”– como a la a su juicio escasa difusión que se hace de estas figuras en las diferentes etapas del sistema educativo: “No son fórmulas jurídicas que se den a conocer en el ámbito académico, ni siquiera en aquellos estudios relacionados con el derecho, la economía y las empresas. Aunque últimamente desde la Universidad parece que esto se está corrigiendo”, admite Bra que, en todo caso, cree que esa labor divulgativa debe comenzar antes, en los institutos: “Desde ACEL realizamos diferentes proyectos pilotos en la Educación Secundaria, a través de la creación de ‘cooperativas escolares’. Pero es algo que debiera estar en el currículo académico”.
La mención que hace Eduardo Bra al creciente número de cooperativas y sociedades labores que consolidan su actividad anima a volver la mirada sobre el peso que este tipo de empresas tiene en la economía de Cantabria. Con la referencia que ofrecen las bases de datos con las que Cantabria Negocios elabora cada año su Directorio Empresarial, y teniendo en cuenta solo a las sociedades laborales –las cooperativas de trabajo no están obligadas a inscribirse en el Registro Mercantil, lo que hace que tengan menos presencia de la que correspondería en esta relación– estarían activas en la región 125 empresas que operan bajo esta forma jurídica, de un total de algo más de 10.000 sociedades mercantiles de las que se recoge información en el listado.
Ese poco más de un 1% del tejido productivo que resultaría de esa referencia es ligeramente superior al porcentaje que las laborales tienen sobre el total de empresas constituidas en los últimos cinco años, pero sobre todo es un porcentaje mucho mayor que el de las constituidas en la década anterior, lo que avalaría la apelación del presiente de ACEL al buen desempeño de las empresas participadas por los trabajadores.
Las mayores sociedades laborales de Cantabria
A esa aproximación a lo cualitativo puede contribuir también el listado de las mayores sociedades laborales de Cantabria, que desmiente cualquier tentación de identificar esa tipología societaria con empresas de pequeño tamaño o circunscritas a determinado sector. En la primera posición de ese ranking se sitúa, de hecho, la que por facturación y empleo es también una de las mayores industrias de la región, el fabricante de menaje Vitrinor.
Constituida como sociedad anónima laboral (SAL) en 1995 para dar continuidad a una de las dos plantas con que contaba en Cantabria el extinto grupo Magefesa, la empresa de Guriezo es también una de las mayores sociedades laborales españolas, y la única de Cantabria que aparece en el informe sobre las más relevantes elaborado por la Confederación Española de la Economía Social (Cepes). Vitrinor facturó algo más de 44 millones de euros en 2024, con una plantilla media de 323 trabajadores.
Son cifras que convierten a la SAL cántabra en un ejemplo singular entre las sociedades laborales de la región, pero no tanto en una excepción. En ese ranking elaborado a partir de los datos de nuestro Directorio Empresarial, la seguirían Xtratos Gestión y Medio Ambiente y Tejasa TC, amabas sociedades limitadas laborales (SLL) con facturaciones superiores al millón de euros, condiciones ambas que comparten con las cuatro que las siguen en esa relación: Servicios Técnicos Eqdis, Santandent, Work Ove y Suministros Suances.
Hay en ese ranking industrias, laboratorios dentales, mayoristas y empresas que operan en el ámbito de la construcción y la ingeniería. Abriendo el foco a las que ocuparían las siguientes posiciones en esa improvisada clasificación de las mayores sociedades laborales cántabras, se confirma una heterogeneidad de actividades que descarta cualquier tentación de encontrar ahí un perfil que identifique a este tipo de empresas: la hostelería, el ocio, la comunicación o las nuevas tecnologías están perfectamente representadas en el listado.
Que cualquier actividad sea susceptible de concretarse empresarialmente bajo la forma jurídica de las sociedades laborales, o que éstas puedan dar lugar a proyectos de largo recorrido tanto en el tiempo como en su alcance, no significa que esta figura sea adecuada en todos los casos, o que aquellos requisitos que párrafos atrás se apuntaban como posibles obstáculos no lo sean realmente en algunas situaciones. Más allá de los condicionantes que puede suponer el operar sin una mayoría clara en la propiedad, la cláusula que probablemente más dudas puede provocar entre quienes valoren constituir una sociedad laboral, o incluso entre quienes ya funcionan como tal, es la obligación de incorporar como socios a una parte significativa de quienes trabajan en la empresa con contrato indefinido.
Aunque es un requisito flexibilizado en las últimas reformas legislativas –anteriormente no era posible tener trabajadores indefinidos no propietarios en las plantillas– es esta una condición que suele señalarse como una traba para el crecimiento de las sociedades laborales. Con la regulación actual, ese 49% de horas de trabajo que pueden sumar los trabajadores no socios frente a quienes sí lo son supone, en la práctica, que es posible contar con plantillas en las que la proporción entre quienes ostentan o no la condición de propietarios se reparte a partes iguales.
El margen que ello da para contratar sin que eso suponga emitir nuevas participaciones o acciones, o la venta de alguna de las existentes por parte de alguno de sus titulares, ha removido buena parte de las trabas que pudieran limitar el crecimiento, si bien la última reforma laboral ha añadido alguna dificultad en ese sentido. “Nos ha afectado porque obliga a consolidar un puesto trabajo como indefinido a los tres meses, que es muy poco tiempo para saber si a la empresa puede interesarle que ese trabajador sea socio, y a la inversa”, advierte Eduardo Bra, que considera que ese paso debería ser más “pausado y meditado” por ambas partes: “La conversión de la condición de trabajador a socio es mucho más estable, vincula mucho más, que el mero cambio del tipo de contrato”.
La reforma, explica el presidente de ACEL, también ha afectado a las sociedades laborales en lo tocante a la capitalización por desempleo: “No sólo de las empresas de nueva creación, sino en casos en los que a los trabajadores, después de un tiempo trabajando en una sociedad laboral, no se les permitía capitalizar para incorporarse como socios”. Esto último, apunta, se ha corregido de una manera provisional, a través de una disposición adicional de uno de los Reales Decretos consolidados.
De nueva creación
Socios y trabajadores de Ynite, una de las ocho sociedades laborales constituidas en Cantabria durante el año pasado. Foto: Nacho Cubero.
Las ocho sociedades laborales creadas el pasado año –que serían una más si tenemos en cuenta que la última cuya constitución publicó el Boletín Oficial del Registro Mercantil, el pasado 2 de enero, inició su actividad en noviembre– se formalizaron atendiendo ya a esas modificaciones, y valorando los pros y contras de esa figura. Entre ellas hay restaurantes, estudios de diseño gráfico, industrias metalúrgicas, asesorías o empresas de construcción. Hay incluso una, constituida en mayo y disuelta el pasado mes de febrero, que no ha llegado a cumplir el año de vida, confirmando que esta figura societaria no es ajena a las circunstancias que comprometen la continuidad de los proyectos empresariales.
Aunque es también una de las sociedades laborales creadas el año pasado, la de Ynite SLL es una iniciativa que ya había probado su capacidad para competir en el mercado antes de constituirse como empresa. Puesta en marcha por Javier Fernández como autónomo en 2021, esta instaladora eléctrica se formaliza como empresa tras la incorporación de Esther Hernández. ¿Por qué como sociedad laboral? “Nos asesoramos, y vimos que así podíamos estar en el régimen general de la Seguridad Social y acceder a unas ayudas que nos han permitido llevar a otro nivel nuestra idea y crecer, pasar de ser tres trabajadores, más nosotros dos, a contratar otros tres más y poder ampliar nuestra cartera de clientes”, explica Esther, que con la mención a las ayudas se refiere a la línea de incentivos con la que el Gobierno de Cantabria viene apoyando desde hace más de una década la creación de sociedades laborales y cooperativas, así como sus inversiones y la incorporación de socios a estas empresas.
Ynite nació con Javier y Esther como únicos socios, de acuerdo a la normativa que permite aplazar la obligación de incorporar a un tercero antes de 36 meses, aunque asumiendo que probablemente antes de ese plazo tengan igualmente que hacerlo debido al incremento en el número de trabajadores con contrato indefinido. “Nunca hemos considerado esto un problema, nuestros valores son muy familiares y esa consideración de familia la tenemos con los trabajadores, esa es nuestra visión”, señala Esther. Javier, por su parte, confirma que, antes que un inconveniente, siempre vieron ese requisito de incorporar socios trabajadores como una ventaja: “Pensamos que la empresa somos todos, y que cuando subimos tenemos que hacerlo juntos, que los trabajadores vean que este es un proyecto de todos. No solo no nos pareció mal ese requisito, nos gustó”.