Radios y televisiones locales: nuevas licencias, el mismo caos

La reciente adjudicación de 10 licencias de radio y dos de televisión pone sobre la mesa el desconcierto existente en la radiodifusión cántabra, en la que el número de emisoras pirata supera con creces las 43 firmas que operan dentro de la legalidad. La falta de control y sanciones contrastan con la complejidad normativa de un sector que el propio Gobierno regional pretende ordenar, aunque sin marcarse plazos al respecto.

Texto de Jesús García-Bermejo @chusgbh

A finales del pasado mes de diciembre, el Gobierno de Cantabria publicaba un comunicado en el que informaba de la adjudicación de 10 nuevas licencias de radio y dos de televisión –otras dos quedaron desiertas–, una resolución que servía para concluir un proceso iniciado en marzo de 2014, fecha en la que se convocaba el concurso. Los beneficiarios fueron Radio Studio Torrelavega –93.5 en Cabezón de la Sal–, Medios Autonómicos de Radiodifusión Gallegos –95.2 en Camargo–, Comunicación Radiofónica, Televisión y Prensa Escrita Cantabria –89.0 en Marina de Cudeyo y 100.5 en Noja–, Gestión de Comunicación Cantabria –88.2 en Ramales de la Victoria–, Gestora de Medios Cántabra –99.2 en Santander–, Radio Popular –104.6 en Santander y 95.2 en Torrelavega–, Altamar Radio –89.9 en Torrelavega– y María Luisa Pereda Gómez –104.2 en Torrelavega–. En lo que respecta a las televisiones, resultaron adjudicatarias Televisión Popular de Santander, que logró una licencia a nivel autonómico, y Comunicación Radiofónica, Televisión y Prensa Escrita Cantabria, que contará con una cadena local en Castro Urdiales.

Esta noticia volvía a situar en el foco mediático al sector audiovisual de la región. Y es que, a pesar de que el inicio de las emisiones en digital sirvió para limitar, al menos en parte, el caos existente en el panorama televisivo no solo de Cantabria, sino de todo el territorio nacional, la radio española continúa en un limbo legal de difícil solución. Es más, ya en 2014 la Asociación Española de Radiodifusión Comercial (AERC), en la que están representados los principales operadores privados, estimaba que en nuestro país tan solo existían 2.000 emisoras emitiendo con la licencia preceptiva frente a las más de 3.000 que lo hacían sin cumplir con la legalidad vigente, una cifra que se ha incrementado al calor de la crisis.

En la comunidad autónoma la situación es similar, y, según datos de la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, de la que depende la Dirección General de Transportes y Telecomunicaciones, tras la última adjudicación son 43 las licencias de radiodifusión en FM que existen en la región, cantidad muy inferior al total de emisoras que a día de hoy pueblan las ondas cántabras.

Procedimientos exhaustivos

La convocatoria del concurso público que afecta a las licencias audiovisuales de radio FM y TDT concedidas recientemente fue publicada en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) de marzo de 2014 –aunque su tramitación se prorrogó en varias ocasiones–, tras lo cual, en agosto, se dio a conocer un listado de sociedades admitidas para concurrir al mismo. Más adelante, en marzo de 2015, tuvo lugar el acto público de lectura de resultados de la Fase I de valoración relativa a los criterios dependientes de un juicio de valor, es decir, los que hacen referencia a la parte más subjetiva del proyecto. En esta los distintos candidatos podían obtener un máximo de 485 puntos en base a la viabilidad económica y estructural de la emisora, lo que incluye el plan de inversión para su puesta en marcha y los estados financieros previstos para su funcionamiento por un mínimo de 5 años. Además, se tendrían en cuenta las características técnicas y operativas del proyecto, es decir, las dimensiones, situación o el equipamiento de los estudios, así como la presentación de simulaciones de emisión, ubicaciones de dispositivos, utilización de nuevas tecnologías o la capacidad de emisión en distintas plataformas como teléfono móvil, Internet, etc. Las medidas previstas para la generación de empleo, la salvaguarda del pluralismo informativo o el carácter local de la programación serían otros de los aspectos a considerar.

Tras esta primera fase, firmas como Radio Marca, Ser, Azul FM, Dime Radio o Kiss FM, por citar algunas, se quedaban fuera. Entraban ya en juego los criterios evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas contemplados en la Fase II: mejora de horas de emisión diarias sobre los mínimos establecidos; porcentaje de horas semanales de repetición de programas; proporción de espacios de contenido original, autonómico, informativo o cultural; el compromiso de no transmitir ni arrendar la licencia a un tercero durante un periodo determinado; plan de despliegue técnico; variedad temática de la programación… En total, 635 puntos que podían resultar definitivos.

Una vez finalizado el complejo proceso, se procedió a enumerar la propuesta de adjudicación a favor de varios licitadores, los cuales contaban con 15 días naturales para aportar la documentación definitiva: datos relativos al capital social, su distribución y los órganos de administración de las sociedades; documentos que acreditasen estar al corriente de las obligaciones con la Agencia Tributaria; y, en caso de ser ya licenciatarios de algún servicio de comunicación audiovisual, declaraciones responsables de no haber recibido sanción por incumplir las condiciones previstas en los pliegos. Además, en el mismo plazo, los candidatos estaban obligados a aportar las garantías definitivas, las cuales, ya fuesen mediante ingreso en efectivo, valores y participaciones o avales prestados por entidades de crédito o sociedades de garantía recíproca, se mantendrían durante los 15 años de duración de la concesión. Así, los adjudicatarios propuestos para licencias de televisión autonómica debían presentar garantías por valor de 100.000 euros, 15.000 euros en el caso de la televisión local de Castro. En cuanto a las radios, los importes oscilaban entre los 45.000 euros para licencias de Santander, los 22.500 de Torrelavega y los 9.000 de Cabezón de la Sal.

Precisamente, según fuentes de la Dirección General de Transportes y Telecomunicaciones, fue un incumplimiento en este último aspecto lo que hizo perder a Canal 67 SL –Telebahía– una de las licencias de televisión autonómica, la cual quedó desierta, así como la frecuencia 104.6 de FM en Santander, que se acabó llevando Grupo Cope Cantabria. “Telebahía sabía que se quedaba fuera del concurso por no presentar las garantías económicas en el plazo establecido semanas antes de nuestra llegada al Gobierno –afirma Francisco Martín, consejero de Industria, Innovación, Comercio y Turismo–. Es más, no hemos modificado una sola coma del informe de adjudicación llevado a cabo en la anterior legislatura, tan solo hemos firmado la resolución final. De cualquier forma, todo aquel que considere que se han vulnerado sus derechos durante el proceso puede reclamar según los cauces previstos, algo que me consta que ya está haciendo la propia cadena de televisión”.

Entre los adjudicatarios definitivos destacan nombres como Gestora de Medios Cántabra, de la familia Macho, conocedora del sector de la comunicación al ser editora de El Mundo en Cantabria, y a la que le ha correspondido el 104.6 en Santander. Del mismo modo, Ernesto Pagola, que sumaba más de una década emitiendo desde Laredo, lograba regularizar su situación con dos concesiones en Noja –100.5– y Marina de Cudeyo –89.0–, caso similar al de Radio Studio, que tras 15 años en situación de alegalidad, contará con el 93.5 en Cabezón de la Sal.

Los propietarios de las 14 licencias disponen ahora de cuatro meses para presentar, el proyecto técnico a la Dirección General de Transportes y Telecomunicaciones, el cual, una vez aprobado, marcará un nuevo plazo de 12 meses para la ejecución de las obras e instalaciones necesarias para el funcionamiento de las emisoras. Cumplido este trámite, los distintos medios podrán iniciar las emisiones en prueba, siempre y cuando respeten al pie de la letra las características técnicas previamente determinadas.

Radios sin control

En conjunto, las licencias audiovisuales cántabras se ven afectadas por hasta 15 normativas distintas, tanto regionales como nacionales, y en los cuatro concursos convocados en la región desde el año 2000 los procesos han sido tan complejos y se han prorrogado tanto como en este último. Sin embargo, la multiplicidad de aspectos que consideran las distintas licitaciones y la extensa legislación que existe en la materia contrasta con el escaso control en su cumplimiento, un caos que se da en el sector radiofónico de todo el territorio nacional y que supone un importante perjuicio para aquellas emisoras que operan de acuerdo a la ley.

Esta competencia desleal trasciende al ámbito puramente económico, ya que, aunque muchas de las compañías que operan sin licencia en la región están al día en sus obligaciones contables, no han de afrontar el pago del canon estipulado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo para la utilización del espectro radioeléctrico. Además, el pasado diciembre se fijaban nuevas tasas audiovisuales en Cantabria, tanto para la concesión de licencias como para su renovación, las cuales se establecen en función de los habitantes de la zona de servicio. Desde ese momento, cualquier radio que sea licenciataria en Santander debe afrontar un único pago de 2.204,03 euros, 551,01 en el caso de poblaciones de entre 25.000 y 100.000 habitantes, y 7.714 euros de tratarse de una televisión autonómica.

Estos desembolsos, unidos a las garantías que han de presentarse, suponen esfuerzos económicos muy importantes para cualquier medio de comunicación regional, a los que hay que sumar el coste del desarrollo del proyecto presentado al concurso, realizado en la mayoría de los casos por empresas especializadas en la materia.

De cualquier forma, los factores que realmente explican el gran número de radios alegales que operan en Cantabria son, por un lado, el fácil acceso a firmas especializadas en el despliegue técnico de emisoras, las cuales, por importes que van desde los 500 euros al mes en adelante, cuentan con las herramientas para otorgar a cualquier medio una frecuencia de radiodifusión FM para un área determinada, independientemente de si este cuenta o no con licencia; por otro, la ausencia de todo tipo de control y sanciones para aquellos que no respeten la legislación vigente provoca que muchas compañías del sector no se planteen siquiera la necesidad de concurrir a un concurso público.

Desde la Consejería de Industria se asegura que existe una hoja de ruta para atajar un problema del que el propio Ejecutivo es más que consciente, aunque la escasez de medios técnicos y humanos dificulta y ralentiza cualquier posible solución. “Aquellas radios que estén interfiriendo en la frecuencia de otras que cuenten con la pertinente licencia tendrán una respuesta inmediata por parte de este Gobierno. A partir de ahí, el siguiente paso será ordenar el espacio radioeléctrico, una labor que realizaremos en colaboración con el Ministerio de Industria para que, en determinados momentos del año, se realicen inspecciones periódicas que nos permitan obtener un catálogo de las frecuencias que están siendo utilizadas, los puntos de emisión, las sociedades que están detrás y así tener una estimación real de quién está emitiendo y en qué condiciones. Una vez tengamos esa información encima de la mesa, nuestra obligación es estudiar los espacios radioeléctricos disponibles y, si existe demanda, sacarlos a concurso tantas veces como sea necesario para que todas las emisoras puedan regular su situación”, expone Francisco Martín.

El otro gran problema al que se enfrenta el sector es la falta de cumplimiento de lo establecido en los pliegos de los distintos concursos: instalaciones, potencia contratada, volumen de programación propia, contrataciones realizadas, ubicación de los estudios… De hecho, y a pesar de que las sociedades que incurran en estas faltas se arriesgan a perder la garantía económica depositada, no faltan ejemplos de radios que llegan a puntos muy alejados de la zona que establece su concesión o cuya parrilla apenas se aproxima a la descrita en su proyecto. Y no son menos las que han transmitido o arrendado su licencia sin seguir los cauces establecidos o que han realizado alguna de estas operaciones antes del plazo mínimo de dos años recogido en las bases de los concursos. “Como consejero, no me consta que esto esté ocurriendo porque no cuento con la documentación que lo acredite, pero como ciudadano sospecho que es así –asegura–. Entonamos el ‘mea culpa’ y nos comprometemos a tratar de ordenar la situación de aquí a final de legislatura, pero las limitaciones de personal provocadas por la crisis hacen que tengamos que marcarnos prioridades. Desde luego, para este Ejecutivo que la TDT, el 3G y la banda ancha lleguen a todos los cántabros es más importante que vigilar el volumen de programación propia de una emisora. Partiendo de esta base, animamos a todas aquellas radios que se sientan perjudicadas a denunciar cualquier irregularidad que se esté produciendo en el sector, en cuyo caso actuaremos de inmediato, como ya hemos hecho en el pasado”.