El taxi en Cantabria: regulación frente a las VTC y el reto rural
El nuevo decreto aprobado en septiembre de 2024 para la regulación de la actividad del taxi deja fuera algunas peticiones históricas de los profesionales, como la fijación de un ratio que limite el número de licencias en función de la población del municipio, el establecimiento de medidas que faciliten optar a rutas de transporte escolar o una mayor regulación de la actividad de los vehículos de alquiler con conductor.
Ana Bringas | Enero 2025
El sector del taxi en Cantabria, una de las comunidades con menor número de licencias de España, enfrenta una etapa de transformación marcada por un nuevo decreto regulador, aprobado el pasado mes de septiembre; la competencia creciente de los vehículos de transporte con conductor (VTC) con la llegada de empresas como Cabify (2019) y Uber (2024) que han alterado el equilibrio; y las dificultades inherentes al ámbito rural. Aunque los datos sugieren que la actividad se mantiene, los retos son evidentes y multifacéticos.
Según los datos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a 1 de noviembre de 2024, Cantabria cuenta con un total de 458 autorizaciones de taxi (VT) y 179 autorizaciones de alquiler con conductor (VTC). Estas cifras posicionan a la comunidad como una de las regiones con menor número de licencias a nivel nacional en ambas categorías. En el ámbito de taxis, Cantabria se encuentra muy por debajo de comunidades como Madrid (15.685), Cataluña (12.985) o Andalucía (8.955). De hecho, su cifra es la segunda más baja de España, superando únicamente a Navarra que cuenta con 440 autorizaciones. Por su parte, las ciudades autónomas Ceuta y Melilla cuentan con dos y cero licencias respectivamente.
Respecto a las autorizaciones VTC, Cantabria cuenta con 179 licencias, un número igualmente reducido frente a comunidades como Madrid, que lidera con 8.831 autorizaciones, y Cataluña, en segundo lugar con 3.726. Sin embargo, está por encima de regiones como La Rioja (85), Navarra (119), Murcia (125) o Asturias (174). Así como de Canarias que no tiene ninguna.
Cantabria representa un 0,73% de las licencias de taxi y un 0,88% de las de VTC de toda España, cifras por debajo de las correspondientes por población y peso económico de la región
A nivel nacional, el total de autorizaciones para taxis asciende a 62.251, mientras que las licencias de alquiler con conductor (VTC) suman 20.355. Cantabria representa un 0,73% de las licencias de taxi y un 0,88% de las de VTC, cifras ambas que se sitúan por debajo de las que corresponderían en función de la población o el peso económico de la región. Cantabria tiene una densidad aproximada de 77 licencias de taxi por cada 100.000 habitantes, frente a una media nacional 127, que en regiones como Madrid se eleva ligeramente por encima de las 220.
Respecto a las licencias de VTC, las 179 que operan en Cantabria suponen 30 por cada 100.000 habitante, de nuevo claramente por debajo de referencias como las de Madrid –125– y también, aunque en una medida más cercana, de la media del conjunto de España, que es de 41,6 licencias de VTC por cada 100.000 habitantes. En resumen, Cantabria mantiene una baja proporción de autorizaciones en el sector del transporte de viajeros en automóviles con conductor –ya sean taxis o VTC– en comparación con otras comunidades autónomas, lo que podría sugerir limitaciones en la oferta de estos servicios en la región.
Muchos más taxis que licencias tanto a nivel estatal como regional
Si ponemos el foco en la evolución de los datos en los últimos años, entendemos que, en términos generales, la cifra en taxis se mantiene. Si bien es cierto que sufre un ligero descenso prolongado en el tiempo, la línea marca algunos picos puntuales. En el año 2000 las licencias ascendían en la comunidad cántabra a 510, mientras que en noviembre de 2024 se quedan en 458. En ese periodo, que comprende más de dos décadas, los números bailan de manera sutil: el máximo se alcanzó en 2021 con 527 autorizaciones y el mínimo en 2005 con 447.

Un taxi recoge pasajeros en Santander. La capital de Cantabria cuenta con 230 licencias de taxi, algo más de la mitad de las existentes en toda Cantabria. Foto: Nacho Cubero.
Centrándonos únicamente en la región cántabra, Santander, como capital, concentra una aplastante mayoría, con 230 licencias, que representan algo más de la mitad del total. Este dato refleja el papel de la ciudad como el principal núcleo urbano y económico de la comunidad autónoma. Después de Santander, destaca Torrelavega, que hace gala de su posición como segunda ciudad de Cantabria con 52 licencias, consolidándose también como el segundo municipio con mayor cantidad de taxis. Su relevancia como centro industrial y comercial en la región justifica esta cifra.
En tercer lugar se encuentra Astillero, con 13 licencias, una cifra notable considerando su tamaño. La localidad tiene una alta densidad poblacional y una posición estratégica cerca de la Bahía, lo que aumenta la demanda de transporte. Del mismo modo, sobresale Camargo con 11 licencias, probablemente debidas a su cercanía al aeropuerto de Santander y su rol como área residencial y comercial; o Cabezón de la Sal y Laredo, que cuentan cada uno con 10 licencias que reflejan su importancia turística y dinamismo económico.
En el otro extremo, hay varios municipios que cuentan con una sola licencia de taxi, como Alfoz de Lloredo, Anievas, Bareyo, o Santoña, mientras que otros, como Arredondo o Cartes, no disponen de ninguna. Estas cifras son comunes en zonas rurales o con menor densidad de población.
Así, la distribución de taxis en Cantabria está claramente centralizada en los núcleos urbanos más importantes, como Santander y Torrelavega, mientras que en áreas rurales la presencia de este servicio es limitada, lo que pone de manifiesto las dinámicas poblacionales y económicas de la región, donde las mayores poblaciones concentran la actividad y movilidad.
El nuevo decreto: modernización y retos normativos
El 12 de septiembre de 2024, el Gobierno de Cantabria aprobó un decreto para regular el sector del taxi, sustituyendo la ley nacional obsoleta de 1979. Según detalló entonces el Ejecutivo, este marco busca garantizar la calidad del servicio, modernizar la tecnología de los vehículos e introducir licencias temporales para épocas de alta demanda. También permite la transmisión de licencias por jubilación, algo que según Manuel Andoni Ruiz, presidente de la Federación Cántabra del Taxi, era una necesidad urgente: “Muchas licencias desaparecieron porque los titulares no podían transferirlas al retirarse”.
Quizá el ejemplo más claro en este sentido sea el caso de Jorge Álvarez. Jorge es taxista en Ampuero desde hace tres años. Él mismo explica que al jubilarse, su padre dejó vacante una plaza en el municipio y él la retomó, aunque no la heredó. Esa es una novedad incluida en el nuevo decreto de septiembre que permite a los titulares transferir las licencias. El trabajo en Ampuero, un municipio que ronda los 4.000 habitantes y cuenta con tres taxis, se centra en transportar a personas mayores de sus casas al centro de salud. Un hecho que evidencia la mayoritaria población envejecida del mundo rural y sus particulares necesidades.

Jorge Álvarez, taxista de Ampuero, tras uno de los viajes realizados para traer vecinos a realizar gestiones en la capital de Cantabria, una de las actividades habituales en los taxis rurales. Foto: Nacho Cubero.
“No hay autobuses a todas horas, ni familiares que siempre estén disponibles para transportar a los mayores al médico, entonces nos reclaman”, apunta Álvarez, que subraya lo que aporta su actividad en un entorno rural: “Llevo a personas mayores al centro de salud, estudiantes al instituto o vecinos al aeropuerto. Aquí los taxis son una necesidad”. Ello marca distancias con el transporte ocasional que puede ser más habitual en las ciudades: “En Santander coges un taxi para llegar a tu destino más rápido, aquí es casi por obligación”, señala. Respecto a la competencia de las VTC, y aunque reconoce que se están haciendo con buena parte del mercado y es complicado luchar contra ellos, todavía no llegan a lugares como Ampuero donde, según recalca “hay el trabajo que hay, ni más ni menos”.
Dificultades económicas y normativas que erosionan el sector
La falta de rutas escolares, una fuente de ingresos clave, se suma a la carencia de medidas como el taxi a demanda, que permitiría crear rutas regulares en zonas con poca actividad. Ruiz enfatiza que esta solución no solo garantizaría ingresos fijos para los taxistas rurales, sino que también mejoraría la movilidad de los habitantes. Los concursos de transporte escolar presentan un obstáculo adicional: la subrogación obligatoria de conductores de empresas de autobuses. Esto hace que para los taxistas sea económicamente inviable optar a estas rutas, ya que, en muchos casos, tendrían que asumir indemnizaciones que superan el valor del contrato. “Llevamos mucho tiempo reclamando a la Consejería de Educación que se divida la licitación en dos lotes para evitar la competencia entre autobuses”, declara el presidente de la Federación Cántabra del Taxi, que detalla que cuando una empresa mayor se convierte en adjudicataria de una ruta “la blinda” y es inaccesible para los taxis autónomos.

Manu Andoni Ruiz, presidente de la Federación Cántabra del Taxi, en su vehículo. Foto: Nacho Cubero.
Ese es un objetivo aún por cumplir dentro de las demandas que quedaron fuera del último decreto que, aunque ha sido bien recibido en general, ha pasado por encima de algunas peticiones que Ruiz califica de “claves” como establecer un ratio que limite el número de licencias según la población. Tal y como asegura Manu Andoni Ruiz, esta omisión perpetúa la posibilidad de que algunos municipios otorguen licencias de forma indiscriminada, desbordando el mercado en ciertos puntos. A esto se suma la escasa regulación de las VTC en Cantabria, que trabajan casi sin restricciones, un tema que el sector ve como prioritario para abordar.
Además, la Federación del Taxi de Cantabria ha planteado al Gobierno otras propuestas para mejorar las condiciones del sector como la creación de tarifas concertadas para mayor transparencia, la unificación de Áreas de Prestación Conjunta (APC) –que permitirá mayor flexibilidad en el servicio– la habilitación para transporte sanitario complementario y la implantación del taxi a demanda, especialmente útil en zonas rurales.
Las VTC consolidan su presencia en Santander
El competencia entre taxis y VTC no es nuevo, pero en Cantabria la situación es singular. Según la perspectiva de los profesionales del taxi, la comunidad es una de las más liberalizadas en España, al permitir a las VTC operar sin necesidad de licencias específicas para servicios urbanos. Esto crea una competencia directa con los taxis, que deben cumplir con normativas más estrictas, incluyendo el pago de licencias municipales, la instalación de taxímetros y la revisión anual de tarifas.
Las VTC, diseñadas originalmente para ofrecer un servicio de lujo y precontratado, han adaptado sus modelos lo que, según apunta Ruiz, ha llevado a que las fronteras entre los mercados de ambas opciones se hayan difuminado casi por completo: “En la práctica no hay diferencia entre un taxi y una VTC; ambas hacen lo mismo, pero con normativas muy distintas”, asegura. Además, critica la falta de inspecciones para garantizar que las VTC cumplan con la normativa, como el retorno a la base tras cada carrera. En Santander operan dos emisoras principales a través de las que pueden contratarse los servicios del taxi (Radiotaxi y Teletaxi), un entorno y una modalidad de acceso al servicio en la que la competencia con Uber y Cabify –cuyos vehículos solo pueden transportar pasajeros que hayan contratado el viaje con antelación– es más que evidente. Sin embargo, en el ámbito rural, la situación es distinta ya que las VTC tienen poca presencia fuera de la capital.
Las demandas del sector reflejan la necesidad de adaptación del taxi a los nuevos retos de movilidad, equilibrando la competencia con las VTC y mejorando la cobertura de transporte en Cantabria, especialmente en las áreas menos conectadas. La Federación confía en que el Gobierno regional atienda estas peticiones, que asegura que no solo beneficiarían a los profesionales del taxi, sino también a los usuarios y al conjunto de la sociedad cántabra.