El último eslabón de la cadena asistencial

La directora del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), Carmen Arce, y la trabajadora social de atención primaria de Cáritas Diocesana de Santander, Alba Fernández Díaz, analizan en este reportaje la evolución de la pobreza y la exclusión social en Cantabria y la efectividad del ingreso mínimo vital y la renta social básica para evitar que se cronifiquen.

Manuel Casino | Marzo 2025

Administración y organizaciones del tercer sector comparten la necesidad de luchar contra la cronificación de la pobreza y la exclusión social. Un objetivo común que, tras la entrada en vigor a mediados de 2020 del ingreso mínimo vital (IMV), dejó de ser una cuestión exclusiva del Ejecutivo cántabro, que desde entonces ha reducido sensiblemente su presupuesto para satisfacer la renta social básica (RSB), la versión regional de la renta mínima de inserción (RMI). Así se desprende del documento difundido a principios de año por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, a partir del informe de la RMI correspondiente a 2023, elaborado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, en el que se recoge que, tras la implantación por parte del Gobierno de España del IMV, la inversión destinada a Cantabria a esta prestación económica de carácter periódico había descendido desde los más de 31,6 millones de euros en 2020 hasta los algo más de 14,2 millones de euros en 2023, lo que representa una caída superior al 55%.

Para la directora del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), Carmen Arce, esta menor inversión, que en 2025 asciende a 15 millones de euros, no conllevaría en ningún caso un «supuesto ahorro» en el presupuesto global de la Consejería, sino que el montante que antes se destinaba a la renta social básica ahora se redistribuye para cubrir otras políticas de inserción social y prestaciones sociales. Así, a modo de ejemplo, además de destacar el incremento “histórico” del presupuesto del ICASS, que ha aumentado un 6,71% sin contar los fondos europeos, cita la puesta en marcha de los programas Housing First y Housing Led para facilitar una vivienda y atención social y laboral a personas sin hogar.

“No hay una menor cobertura social”, insiste en destacar Arce, “lo que ha habido es un trasvase de beneficiarios de una prestación a otra”, precisa antes de explicar el carácter subsidiario –una persona con derecho a ayuda, tiene que cobrar con carácter previo el IMV– y complementaria –el beneficiario de esta ayuda tiene derecho a recibir también la RSB hasta el límite de la renta garantizada, que este año oscila entre los 552 euros mensuales para un único beneficiario y los 862 euros, en el caso de una unidad familiar de cinco miembros– de la prestación autonómica. “La renta social básica es una herramienta fundamental dentro de la cartera de servicios y de atención social de la Consejería de las personas”, tal y como la define la directora del ICASS, que este año, apunta, se va a ver completada con la prórroga de la prestación extraordinaria de carácter temporal para paliar los efectos del alza de precios de energía y suministros básicos aprobada en 2024 por el Ejecutivo regional.

Según especifica Arce, la vigencia de esta prórroga, que beneficiará a los aproximadamente 3.000 perceptores de la renta social básica que el Ejecutivo calcula que existen en la región, será de enero a diciembre y se concederá de oficio por el ICASS, sin que sea necesaria ninguna solicitud por parte de los interesados. “De este modo nadie con derecho a la prestación queda fuera del sistema. Es más, si analizas las cifras de personas atendidas en 2024, ves que la cobertura es incluso mayor en 2020”, opina convencida.

Mejores cifras que a nivel estatal

De otro lado, Arce, que lleva en el cargo apenas cinco meses, resalta el menor porcentaje de personas bajo el umbral de la pobreza que presenta Cantabria con relación a la media española, (15,2% frente al 20,2%), tal y como refleja el citado documento elaborado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, y corrobora el último informe de la Plataforma de Europea de Entidades Sociales que luchan y trabajan contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN, por sus siglas en inglés), en el que, según observa, Cantabria es la tercera comunidad española con un menor índice de carencia material y social severa. “Nuestra foto de la pobreza es mejor que en el resto de España, aunque no nos podemos quedar de brazos cruzados”, aclara.

Esta visión es compartida, aunque con matices, por la trabajadora social de atención primaria de Cáritas Diocesana de Santander, Alba Fernández Díaz. Esta responsable participa de que la pobreza y exclusión social es muchas veces “crónica”, como demuestra el hecho de que su institución atienda a personas a las que viene acompañando desde hace mucho tiempo. “A raíz de la pandemia se ha incrementado la cronificación y hoy atendemos a más personas que antes” –Cáritas atendió a 6.085 personas en 2024, un 10% más que el ejercicio anterior, la mayoría de ellas mujeres y casi la mitad familias con niñas y niños a su cargo, según se recoge en su memorial anual–. “Ahora hay menos posibilidades de salir de la exclusión social. Muchas personas cobran ayudas, pero los gastos a los que tienen que hacer frente se han incrementado, por lo que al final son más pobres”, razona.

Aunque asegura que no hay un perfil concreto de las personas que acuden en busca de ayuda, Fernández Díaz aclara que en la mayoría de los casos se trata de familias de media edad que viven por debajo del índice de pobreza –un parámetro estadístico desarrollado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que incluye el acceso a alimentos, disponer de una vivienda adecuada, el acceso a una educación de calidad, salud, empleo digno y otros elementos esenciales para el bienestar humano–, si bien explica que también atienden a personas jubiladas a las que no les llega la pensión y a jóvenes que trabajan el verano pero que no les da para vivir en invierno.

Con todo, apunta que en la actualidad existe una corriente “muy fuerte” de personas sin permiso de trabajo recién llegadas procedentes de otros países, especialmente de Colombia y Perú, que “no existen” para la Administración porque, como no tienen permiso de residencia, no tienen derecho a prestaciones: “Están en situación de calle y algunas con menores”, alerta sobre un problema que Arce admite conocer por boca de estas organizaciones sociales. “Llegan familias enteras”, refrenda. Un problema que, a juicio de la trabajadora de Cáritas, lejos de solucionarse se está viendo agravado por la “terrible” falta de vivienda y el incremento de la cesta de la compra, “lo que está llevando a muchas personas españolas a entrar también en la exclusión”.

“En este ámbito, hay un concepto clave, que es la brecha digital, que para Cáritas y el resto de organizaciones llamadas del tercer sector nos supone un trabajo increíble”. Según relata, muchos de los demandantes de ambas prestaciones, que recuerda se deben solicitar de forma conjunta, no disponen de teléfono móvil con datos y, si lo tienen, no saben cómo tramitar la solicitud de forma telemática. “Nosotros se la preparamos y los acompañamos en todo el proceso porque la tramitación administrativa de esta ayudas es muy farragosa y muchos de ellos se quedan por el camino. Es que la exclusión social es a todos los niveles”, enfatiza Alba Fernández.

El problema del empadronamiento

Sobre el funcionamiento del sistema de prestaciones en Cantabria, esta trabajadora social de Cáritas critica la existencia de requisitos que impiden a muchas personas beneficiarse de alguna de estas dos ayudas. El principal, en su opinión, es la necesidad de justificar un año de empadronamiento para el caso de la RSB, y de seis meses de unidad de convivencia estable, para el IMV. “Muchas de estas personas tienen dificultades para mantener el alojamiento o, si lo consiguen, lo hacen en alquiler en habitaciones cuyos propietarios no les quieren empadronar. No son pisos de Airbnb, son alquileres precarios en los que las mafias de empadronamiento, que las hay, extorsionan a las personas que necesitan cumplir con este requisito con precios de 300 o 400 euros por habitación”, argumenta. Por eso, reclama suavizar los requisitos para permitir un mayor acceso a las prestaciones. “Si se flexibilizara el empadronamiento, estoy convencida de que se produciría un incremento exponencial del número de perceptores”, admite.

En este sentido, la directora del ICASS admite que el empadronamiento es un escollo difícil de superar para muchas personas, pero arguye que algún filtro o requisito de estancia legal hay que poner para percibir la RSB. “Actualmente es este. Es verdad que se suma al problema que ya existe en torno a la vivienda. Nada es perfecto y todo es susceptible de mejora”. Por eso, avanza que su departamento está trabajando, junto con el Servicio Cántabro de Empleo, en un estudio de activación de renta social básica dirigido, precisamente, a que no se cronifique y a incentivar el trabajo para lograr la plena inserción social y laboral.

«Si se flexibilizara el empadronamiento, estoy convencida de que se produciría un incremento exponencial del número de perceptores». Alba Fernández, trabajadora social de Cáritas Diocesana

De otro lado, Fernández Díaz también reclama la necesidad de agilizar los trámites de concesión de estas ayudas que, lamenta, suelen alargarse hasta cuatro meses e incluso seis en el caso del IMV, aunque advierte de que no hace mucho estos plazos han llegado a ser incluso de un año. A este “excesivo tiempo de espera” para recibir respuesta añade además la dilación que representa los habituales requerimientos de la Administración para subsanar errores o adjuntar más documentación, “que hacen aún más interminable el proceso”.

Sobre esta petición, Arce admite esta demora en su concesión, pero destaca el carácter retroactivo de estas ayudas, al tiempo que avanza que su departamento ya está trabajando en la manera de simplificar los procedimientos. “Todo lo que se tramita en el ICASS se refiere a personas y, por eso, son de urgencia extrema”, concede.

Aumentar las cuantías

Entre sus reivindicaciones, la responsable de Cáritas Diocesana también señala el incremento de las cuantías. “Si pagan la habitación, ya les queda muy poco dinero para hacer frente a los gastos de alimentación o necesidades de ropa, especialmente si tienen menores a su cargo. Por eso, aunque cobren, muchos acuden a la Cocina Económica para poder comer porque no les llega”, relata.

Tras señalar el diferente criterio económico que se sigue en cada caso para su concesión –la RSB tiene en cuenta los ingresos en el momento de la solicitud, mientras que el IMV requiere la presentación de la declaración del IRPF o, en su defecto, de los ingresos del ejercicio anterior–, Fernández Díaz defiende la necesidad de valorar antes el coste de una habitación, de la alimentación y de los gastos del día a día y, en función de eso, establecer una cantidad. Asimismo, recuerda que muchos perceptores son personas con trabajos temporales y discontinuos, que ven cómo esos ingresos percibidos les restan posibilidades de acceso al IMV. Al final, advierte de que esta realidad desincentiva a muchos de ellos a buscar una oportunidad laboral.

Así, menciona el caso de personas que antes percibían la RSB y que ahora, por haber trabajado algunos días o meses, cobran el IMV, cuya cuantía, aunque en teoría debería ser mayor, en la práctica es bastante menor porque a la hora de fijar la prestación se tiene en cuenta si has percibido o no ingresos durante el último ejercicio, explica. “Es una cuestión que no beneficia en nada a quienes se esfuerzan por salir de la exclusión social. Muchos, de hecho, se plantean si les compensa trabajar porque, por otro lado, saben que si lo hacen, pierden el derecho a la prestación y luego, si la vuelven a necesitar, tardan demasiado tiempo en concedérsela de nuevo. El IMV está lejos de cumplir sus objetivos de mejorar la calidad de vida de las personas. Esta ahí, pero no cumple”, sostiene sin querer que sus palabras sirvan para politizar este asunto.

Sobre esta demanda, Arce explica que, tanto el reconocimiento del derecho como la determinación de la cuantía de ambas prestaciones, vienen referenciados por el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM), actualmente establecido en 600 euros mensuales. Con todo, se muestra de acuerdo en que hay que buscar una solución para aquellas personas que optan a un trabajo temporal y que tienen miedo de aceptarlo porque luego van a tardar en volver a percibir la RSB y pueden estar sin cobrarla unos meses. “Aunque tenga carácter retroactivo, tienen que vivir todos los meses”, admite.

Mejorar la comunicación

Fernández Díaz concluye su lista de peticiones reclamando al ICASS un número de teléfono específico para poder pedir cita. “Te puedes hacer viejo si esperas a que te cojan el teléfono. Siempre está comunicando”, advierte antes de reconocer que su institución mantiene una buena comunicación con la Administración, que le gustaría se hiciera también extensiva con los más pobres y excluidos. “No importa tanto cómo sea su relación con nosotros, sino la que tiene con los particulares, que no es una relación fluida”, subraya.

“Ahora no estamos mejor que hace cuatro años, cuando entró en vigor el IMV. Es verdad que desde entonces se ha registrado un trasvase de perceptores de un subsidio a otro, pero el gasto en su conjunto no se ha incrementado. La situación es peor porque las personas que antes cobraban 480 euros de la renta social básica ahora perciben de media menos de 200 euros del IMV –un informe del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones detalla, con datos referidos a octubre pasado, que la cuantía media mensual por beneficiario de esta prestación ha sido de 194,53 euros– por haber trabajado en verano”, enfatiza.

«Ningún político serio puede sentirse conforme con lo conseguido. Hay que trabajar para llegar a más personas». Carmen Arce, directora del ICASS

Después de recoger esta petición –“tomamos nota y buscaremos fórmulas más ágiles”, afirma– Arce desgrana los principales retos y desafíos del ICASS en esta materia. Entre ellos, apunta a la necesidad de lograr un “mejor encaje” entre la inserción laboral y la percepción de la RSB para que “no se cronifique y conseguir así la plena inserción social de las personas en situación de vulnerabilidad”, además de profundizar en el “engranaje” entre ambas prestaciones para llegar “al mayor número de personas en Cantabria”.

Igualmente, la directora del ICASS apunta al estudio en curso sobre el impacto en familias perceptoras con hijos menores de edad para mejorar la cobertura y protección de este colectivo que, según concede, en los últimos informes aparece como uno de los más vulnerables. “La protección social siempre es mejorable. Las necesidades sociales son inagotables. Ningún político serio puede sentirse conforme con lo conseguido. Hay que trabajar para llegar a más personas. El faro debe ser evitar la cronificación y conseguir la inserción laboral y social plena de las personas en exclusión”, concluye